UNW Soluciones S.A.P.I. de C.V.

Expediente 1027/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1027/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
15/01/2018

Partes del expediente

  • UNW Soluciones S.A.P.I. de C.V.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, que tuvo por no presentada la demanda de amparo, transcurrió del cuatro al diez de los corrientes, sin que lo hubiese hecho Por tanto, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. En ese tenor, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero, capítulo quinto del referido acuerdo, habida cuenta que se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda; además de que a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por último, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto del capítulo quinto del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el aludido sumario al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA II. Vista la certificación, así como el estado de autos, se advierte que el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa en auto de once de diciembre del año en curso -fojas 32 a 36-, para que desahogara la prevención ahí destacada, feneció sin que cumpliera con tal providencia. En consecuencia, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto; esto es, se tiene por no presentada la demanda de amparo. En vista de lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 180, fracción III, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídico Especializada encargada del aludido sistema, capture la presente determinación, y a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa.

  3. Principal

    MESA II Vista la demanda de amparo presentada por Alfonso José Antonio Calderón Suárez, en su carácter de representante legal de UNW SOLUCIONES, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, de Capital Variable, contra actos del Fiscal Desconcentrado de Investigación en Benito Juárez de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el numeral 112, de la Ley de Amparo, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1027/2017-II-B. PREVENCIÓN A efecto de proveer respecto a su admisión, es importante tomar en consideración lo establecido en el numeral 114, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". Con base en la porción normativa transcrita, el Juez de Distrito al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir: Irregularidades, como el soslayar acreditar la personalidad con que se ostenta el promovente, Omisión de alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108, de la ley de la materia, entre ellos, el señalamiento de la personalidad del que promueve. En la especie, se estima que en la demanda que nos ocupa se actualiza el segundo de los supuestos señalados, como enseguida se demuestra. Para mayor soporte del aserto que precede, es conveniente traer a contexto la fracción I, del numeral 108, de la citada Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; (.)" De la interpretación sistemática de las porciones normativas transcritas, se conoce la obligación del promovente del amparo de acreditar con documento idóneo, la representación con la cual intenta el ejercicio de la acción constitucional, y la correlativa del Juez de Distrito de prevenir al impetrante para que exhiba tal medio de convicción o complete el presentado, cuando éste sea insuficiente para colmar el requisito precisado, a fin de garantizar el goce del derecho de impartición de justicia a favor del gobernado; sin que sea válido sostener que el apoderado acreditó su personalidad ante los tribunales del orden común, en el negocio que dé margen al juicio biinstancial; ya que debe tomarse en cuenta que éste es un juicio extraordinario de naturaleza especial y no un mero recurso que continúe la secuela del procedimiento común, que ha comenzando en una instancia anterior. Actuar en sentido contrario, esto es, omitiendo proveer las medidas conducentes a fin de que la parte afectada subsane las anomalías detectadas, la actuación del Juzgador Federal sería contraria a las normas del procedimiento y ameritará la reposición del juicio, en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo expuesto, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVIII, Quinta Época, Materia Común, página 1173, de rubro y texto: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. El apoderado del quejoso está obligado a acreditar su personalidad ante la autoridad federal a quien ocurra en vía de amparo, precisamente dentro de los 15 días que la ley concede para promover el juicio de garantías, y si no lo hiciere así, debe desecharse la demanda, sin que sea lícito, dentro de los términos establecidos por el artículo 8o., de la ley reglamentaria del amparo, que pueda justificarse dicha personalidad fuera del plazo antes señalado, y sin que valga tampoco sostener que el apoderado ha acreditado su personalidad ante los tribunales del orden común, en el negocio que dé margen al juicio de garantías; porque debe tomarse en cuenta que éste es un juicio extraordinario de naturaleza especial y no un mero recurso que continúe la secuela del procedimiento común, que ha comenzando en una instancia anterior; de aquí que la ley reglamentaria del amparo haya establecido los diversos requisitos que debe llenar la demanda con que es preciso iniciar el juicio constitucional. El hecho de no acompañar a la demanda el documento que acredite la personalidad del que promueve a nombre de otro, no es una irregularidad de aquéllas a que se refiere el artículo 72 de la citada Ley de Amparo, sino precisamente la falta de base de la acción con que se inicia el procedimiento; así es que si no se acompaña a la demanda ni se presenta dentro del término de 15 días, que la ley da para la interposición del amparo, el testimonio del poder con que se ostenta el promovente, cabe desechar la demanda, por falta de personalidad del apoderado." Lo anterior, por ser la personalidad un presupuesto procesal de análisis oficioso, que debe ser examinado al recibir la demanda para estar en aptitud de acordar lo conducente respecto a la admisión de la misma. Al efecto, el promovente Alfonso José Antonio Calderón Suárez, exhibe copia certificada del instrumento número 22759 de fecha tres de noviembre de dos mil quince, suscrito por el Corredor Público 31 de la Ciudad de México, la cual es insuficiente para acreditar su carácter, ya que se advierte que en dicha fecha, entre otras cosas, se protocolizó el acta de asamblea de accionistas celebrada en segunda convocatoria el día veintiocho de octubre de dos mil quince, en la que en el acuerdo número quince se otorgó al promovente poder como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, en el que textualmente se señaló: "...ACUERDO NÚMERO QUINCE. Se otorgan a favor de los señores Luis Enrique Martínez Ocariz, Ernesto Luis Tinajero Flores, Enrique Miguel Septién Suárez y Alfonso José Antonio Calderón Suárez en su calidad de Consejeros del Consejo de Administración los siguientes poderes: Para PLEITOS Y COBRANZAS." Ahora, en la cláusula vigésima quinta, referente a los miembros y facultades del Consejo de Administración, se determinó que los miembros del Consejo de Administración durarían en su cargo un año, pero continuarían en el mismo hasta en tanto las personas designadas para substituirlos en los términos de los estatutos, tomaran posesión de los mismos, tal como se desprende de su contenido, que es del tenor siguiente: "VIGÉSIMA QUINTA.- MIEMBROS Y FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- Los miembros del Consejo de Administración, incluyendo los cargos de presidente y secretario serán designados en una asamblea general ordinaria de accionistas en términos de estas estatutos durarán un año pero continuarán en el cargo hasta que las personas designadas para substituirlos en los términos de estos estatutos, tomen posesión de sus cargos." Bajo ese panorama, cabe resaltar que el instrumento con el que pretende acreditarse la personalidad es insuficiente porque se desconoce sí el representante legal de la quejosa fue ratificado en su cargo como Consejero del Consejo de Administración con facultades de representación, pues de acuerdo a esa cláusula y tomando en consideración que la Asamblea General Ordinaria en la que fue designado es de fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, su cargo como miembro del Consejo de Administración concluyó el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, desconociéndose si fue ratificado, sustituido o aún continua en el cargo hasta que la persona designada para sustituirlo pueda tomar posesión. Lo anterior se manifiesta porque en el acta de asamblea se hicieron ratificaciones de miembros del Consejo de Administración en los incisos C) y G), del instrumento multicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 108, fracción I, y 114, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 144, tomo VI, del Apéndice de 1995, con el rubro "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA.", requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con cuatro copias de su escrito aclaratorio, acredite fehacientemente la personalidad con la que se ostenta, exhibiendo la documental, idónea que corrobore su dicho. El requerimiento que al efecto se emite, conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, la demanda planteada se tendrá por no presentada. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE EXPEDIENTE POR EL SISTEMA ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; se autoriza a las personas que menciona para tales efectos para consultar y promover en el expediente en que se actúa por el sistema electrónico establecido para tal efecto con los nombres de usuarios que determina en el escrito inicial de demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de la Materia, se ordena que las notificaciones para la parte quejosa que sean de carácter personal se practiquen vía electrónica, por haberlo solicitado expresamente en el escrito de demanda. Ahora bien, se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12, del citado ordenamiento legal, a Federico Mendoza Aguilar, Ricardo Morales Paredes, Luis Francisco Heredia Montes, Alejandro Sánchez González, Alma Diana León Martínez y María Cristina Arroyo Olazábal, en virtud que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a las demás personas señaladas por no contar con el registro de su cédula en el sistema antes indicado; así como, a las expresamente señaladas para tal efecto. Lo anterior, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. AUTORIZACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se permite a la parte quejosa para que con cualquier medio tecnológico o innovación científica, obtenga la reproducción digital de las constancias autorizadas que obran en el expediente, y así de una manera más ágil haga uso de éstas, en aras de una impartición de justicia pronta, en términos del numeral 17 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 2847, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época, de rubro "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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