Union Nacional de Tecnicos Y Profesionales

Expediente 582/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 37 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
582/2018
Año
2018
Actuaciones
37
Última actuación
06/06/2019

Partes del expediente

  • Union Nacional de Tecnicos Y Profesionales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de junio de dos mil diecinueve. Vistos los autos del presente expediente, se advierte que por auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En ese sentido, tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que las suspensiones provisional y definitiva se negaron. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de quince de mayo de dos mil diecinueve (foja 401), para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo, sin que ninguna de las partes hubiera ejercido ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Ahora bien, de folios ciento setenta y tres a ciento ochenta y tres, obra copia certificada del contrato colectivo de trabajo celebrado, por una parte, entre FUNDACIÓN RAFAEL DONDÉ, I.A.P., INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, representada por su apoderado legal ROBERTO GABRIEL MIRANDA FLORES y, por otra, la ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL COMERCIO Y OFICINAS PARTICULARES, representada por el SEN. ISAIAS GONZALEZ CUEVAS, en su carácter e Secretario General, en el cual, entre otras obligaciones entre las partes contratantes, se expresó la consistente en depositarlo legalmente ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Cuernavaca, Morelos, o la que corresponda, cualquiera que sea la fecha de su depósito, con vigencia para ello a partir del veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Lo hasta aquí expuesto permite concluir que si bien la Junta responsable dio por concluido el procedimiento de huelga y, en consecuencia, archivó el expediente correspondiente al emplazamiento a la patronal FUNDACIÓN RAFAEL DONDÉ, I.A.P., con nombre comercial "FUNDACIÓN DONDÉ", y ello lo hizo con base en el contrato referido resguardado en "seguro" de la Junta responsable, según la certificación realizada por la secretaria de acuerdos de sus adscripción, lo cierto es que dicho acuerdo de voluntades se llevó a cabo entre la emplazada y un sindicato diverso. Máxime que el contrato colectivo de trabajo referido se depositó en la Junta con posterioridad al emplazamiento realizado a la parte patronal, dado que en la audiencia de uno de marzo de dos mil dieciocho, ya había sido emplazada y se le había corrido traslado del pliego de peticiones para el efecto de que lo contestara o manifestara lo que a su derecho conviniera, diligencia a la que no compareció y se hizo constar lo conducente en ese sentido. Se afirma lo anterior, en razón de que conforme al artículo 923 de la Ley Federal del Trabajo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 80/98 (*), de rubro: "HUELGA. DEBE DARSE POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, EN CUALQUIER ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE, CUANDO SE ACREDITE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO POR EL PATRÓN, SI ÉSTA ES LA ÚNICA FINALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LABORES.", estableció que debe darse por concluido el procedimiento de huelga para celebrar el contrato colectivo, cuando el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, al verificar los requisitos de procedibilidad relativos, constate la existencia de un pacto colectivo celebrado con el patrón depositado en dicho órgano jurisdiccional, aun cuando esta constatación se realice con posterioridad a la admisión a trámite del emplazamiento a huelga, con el fin de evitar daños y consecuencias para las partes o terceros. Sin embargo, este criterio es inaplicable cuando el pacto contractual se depositó con posterioridad al emplazamiento, pues estimarlo así anularía el derecho a obtener la firma de un pacto colectivo más benéfico para los trabajadores, en el que se tengan mejores prestaciones a las señaladas en la ley. Así se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 82/2017 (10a.), publicada en la página 206, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2014701, que dispone lo siguiente: (...) Por tanto, contrario a lo expuesto por aquélla autoridad, el documento mencionado no satisface el objeto perseguido por el sindicato emplazante y, por ende, la Junta responsable incorrectamente dio por concluido el procedimiento y ordenó el archivo del emplazamiento a huelga. En consecuencia, se concluye que la Junta del conocimiento vulneró en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, es fundado el concepto de violación analizado y lo que procede es CONCEDER el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte justiciable, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, en el expediente laboral 02/45/18-A y una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, con base en lo expuesto en este considerando, en aras de tutelar lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En el entendido que las tesis que se citan en el presente asunto, si bien hacen referencia a preceptos de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, también es cierto que las mismas no se oponen a los preceptos de la nueva Ley de Amparo; lo anterior de conformidad con el artículo sexto transitorio de ésta." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. A fin de dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable a través de oficio JLCA/807/2019 (foja 393), remitió copia certificada de la resolución de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, en la cual dejó sin efectos el acto reclamado. y realizó un estudio para determinar cuál de los contratos colectivos de trabajo depositados depara un mejor derecho para los trabajadores conforme a lo siguiente: (.) (.)" De la digitalización anterior, es posible apreciar que la autoridad responsable, realizó un estudio comparativo entre el contrato colectivo depositado 08/231/18-A con la entidad sindical UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES -aquí quejosa-, y el contrato sujeto de emplazamiento 02/45/18-A con la representación sindical ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL COMERCIO Y OFICINAS PARTICULARES, tomando en consideración las condiciones mínimas previstas por el artículo 391 de la Ley Federal del Trabajo. Así, con plenitud de jurisdicción, arribó a la conclusión de que el contrato colectivo con el sindicato UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES, establece mejoras sustanciales a las condiciones laborales de los trabajadores al servicio de la entidad emplazada en el sumario de origen; en consecuencia, y con la finalidad de garantizar el derecho de huelga de los trabajadores determinó procedente continuar con la etapa procesal en el procedimiento de huelga incoado con la representación sindical referida -hoy quejosa-. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las documentales mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, pues acreditó haber seguido los lineamientos precisados en ella, a efecto de salvaguardar los derechos de legalidad y de seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fueron violados a la aquí quejosa. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable deje insubsistente el acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, en el expediente laboral 02/45/18-A y una vez que causara ejecutoria la sentencia aludida, con libertad de jurisdicción, determinara qué pacto colectivo resulta más benéfico para los trabajadores, y hecho lo anterior, resolviera lo relativo al procedimiento de huelga incoado por la ahora quejosa. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que emitió el dejó sin efectos el acto reclamado, y en su lugar, emitió una nueva determinación en la que estudió qué contrato colectivo resultaba más benéfico para los trabajadores y posteriormente resolvió lo relativo al procedimiento de huelga. Con base en lo anterior, de conformidad con el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas documentales por las cuales se formó un anexo, devuélvase a dicha autoridad las copias certificadas de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando el acuse de recibo respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa y tercero interesada Fundación Rafael Donde, Institución de Asistencia Privada, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso b), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve: Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de quince de mayo de dos mil diecinueve (foja 401), para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo, sin que ninguna de las partes hubiera ejercido ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Ahora bien, de folios ciento setenta y tres a ciento ochenta y tres, obra copia certificada del contrato colectivo de trabajo celebrado, por una parte, entre FUNDACIÓN RAFAEL DONDÉ, I.A.P., INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, representada por su apoderado legal ROBERTO GABRIEL MIRANDA FLORES y, por otra, la ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL COMERCIO Y OFICINAS PARTICULARES, representada por el SEN. ISAIAS GONZALEZ CUEVAS, en su carácter e Secretario General, en el cual, entre otras obligaciones entre las partes contratantes, se expresó la consistente en depositarlo legalmente ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Cuernavaca, Morelos, o la que corresponda, cualquiera que sea la fecha de su depósito, con vigencia para ello a partir del veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Lo hasta aquí expuesto permite concluir que si bien la Junta responsable dio por concluido el procedimiento de huelga y, en consecuencia, archivó el expediente correspondiente al emplazamiento a la patronal FUNDACIÓN RAFAEL DONDÉ, I.A.P., con nombre comercial "FUNDACIÓN DONDÉ", y ello lo hizo con base en el contrato referido resguardado en "seguro" de la Junta responsable, según la certificación realizada por la secretaria de acuerdos de sus adscripción, lo cierto es que dicho acuerdo de voluntades se llevó a cabo entre la emplazada y un sindicato diverso. Máxime que el contrato colectivo de trabajo referido se depositó en la Junta con posterioridad al emplazamiento realizado a la parte patronal, dado que en la audiencia de uno de marzo de dos mil dieciocho, ya había sido emplazada y se le había corrido traslado del pliego de peticiones para el efecto de que lo contestara o manifestara lo que a su derecho conviniera, diligencia a la que no compareció y se hizo constar lo conducente en ese sentido. Se afirma lo anterior, en razón de que conforme al artículo 923 de la Ley Federal del Trabajo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 80/98 (*), de rubro: "HUELGA. DEBE DARSE POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, EN CUALQUIER ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE, CUANDO SE ACREDITE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO POR EL PATRÓN, SI ÉSTA ES LA ÚNICA FINALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LABORES.", estableció que debe darse por concluido el procedimiento de huelga para celebrar el contrato colectivo, cuando el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, al verificar los requisitos de procedibilidad relativos, constate la existencia de un pacto colectivo celebrado con el patrón depositado en dicho órgano jurisdiccional, aun cuando esta constatación se realice con posterioridad a la admisión a trámite del emplazamiento a huelga, con el fin de evitar daños y consecuencias para las partes o terceros. Sin embargo, este criterio es inaplicable cuando el pacto contractual se depositó con posterioridad al emplazamiento, pues estimarlo así anularía el derecho a obtener la firma de un pacto colectivo más benéfico para los trabajadores, en el que se tengan mejores prestaciones a las señaladas en la ley. Así se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 82/2017 (10a.), publicada en la página 206, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2014701, que dispone lo siguiente: (...) Por tanto, contrario a lo expuesto por aquélla autoridad, el documento mencionado no satisface el objeto perseguido por el sindicato emplazante y, por ende, la Junta responsable incorrectamente dio por concluido el procedimiento y ordenó el archivo del emplazamiento a huelga. En consecuencia, se concluye que la Junta del conocimiento vulneró en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, es fundado el concepto de violación analizado y lo que procede es CONCEDER el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte justiciable, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, en el expediente laboral 02/45/18-A y una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, con base en lo expuesto en este considerando, en aras de tutelar lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En el entendido que las tesis que se citan en el presente asunto, si bien hacen referencia a preceptos de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, también es cierto que las mismas no se oponen a los preceptos de la nueva Ley de Amparo; lo anterior de conformidad con el artículo sexto transitorio de ésta." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. A fin de dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable a través de oficio JLCA/807/2019 (foja 393), remitió copia certificada de la resolución de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, en la cual dejó sin efectos el acto reclamado. y realizó un estudio para determinar cuál de los contratos colectivos de trabajo depositados depara un mejor derecho para los trabajadores conforme a lo siguiente: (.) (.)" De la digitalización anterior, es posible apreciar que la autoridad responsable, realizó un estudio comparativo entre el contrato colectivo depositado 08/231/18-A con la entidad sindical UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES -aquí quejosa-, y el contrato sujeto de emplazamiento 02/45/18-A con la representación sindical ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL COMERCIO Y OFICINAS PARTICULARES, tomando en consideración las condiciones mínimas previstas por el artículo 391 de la Ley Federal del Trabajo. Así, con plenitud de jurisdicción, arribó a la conclusión de que el contrato colectivo con el sindicato UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES, establece mejoras sustanciales a las condiciones laborales de los trabajadores al servicio de la entidad emplazada en el sumario de origen; en consecuencia, y con la finalidad de garantizar el derecho de huelga de los trabajadores determinó procedente continuar con la etapa procesal en el procedimiento de huelga incoado con la representación sindical referida -hoy quejosa-. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las documentales mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, pues acreditó haber seguido los lineamientos precisados en ella, a efecto de salvaguardar los derechos de legalidad y de seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fueron violados a la aquí quejosa. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable deje insubsistente el acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, en el expediente laboral 02/45/18-A y una vez que causara ejecutoria la sentencia aludida, con libertad de jurisdicción, determinara qué pacto colectivo resulta más benéfico para los trabajadores, y hecho lo anterior, resolviera lo relativo al procedimiento de huelga incoado por la ahora quejosa. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que emitió el dejó sin efectos el acto reclamado, y en su lugar, emitió una nueva determinación en la que estudió qué contrato colectivo resultaba más benéfico para los trabajadores y posteriormente resolvió lo relativo al procedimiento de huelga. Con base en lo anterior, de conformidad con el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas documentales por las cuales se formó un anexo, devuélvase a dicha autoridad las copias certificadas de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando el acuse de recibo respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de mayo de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia de diversas constancias con las cuales refiere dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexo, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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