Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

Expediente 1568/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1568/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • José Fausto Ramírez Alva (apoderado legal)
  • Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

Actuaciones

  1. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informe previo. Agréguese el oficio signado por el Coordinador de Actuarios de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje; atento a sus contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene rindiendo informe previo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Cecilia Ángeles Serrano Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM

  2. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés.  Prescripción de billete. Vistos el estado de autos y la certificación de cuenta que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de seis meses sin que se haya promovido el incidente señalado en el artículo 129 de la Ley de Amparo, respecto del billete N 856140 por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, que sirvió para garantizar la suspensión definitiva concedida al quejoso. Asimismo, una vez transcurrida esa temporalidad, se advierte que también transcurrieron los dos años a los que se refiere el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, para que Sergio Juárez Barbosa compareciera ante este Juzgado a recoger el billete de depósito, N 856140, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, que sirvió para garantizar la suspensión definitiva concedida al quejoso, resguardado en la caja de valores de este juzgado, bajo el número 25/2020, que se dejó a su disposición mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, sin que lo haya hecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, se obtiene que la sociedad es la exclusiva depositaria de títulos, valores o sumas en efectivo que tengan que hacerse por o ante autoridades administrativas y judiciales de la Federación y del Distrito Federal; de igual forma, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, los títulos valores, como lo es el certificado de depósito que nos ocupa, prescribe en dos años contados a partir de la fecha en que legalmente el depositante estuvo en posibilidad de exigir su devolución. Por tanto, se tiene que en el presente expediente, el término de dos años ha transcurrido, por lo que se declara que el título de valor en comento ha prescrito a favor del fisco federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, y 31 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, y en atención a la circular II/2007 de once de julio de dos mil siete, emitida por la Secretaria Técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, mediante oficio envíese endosado el billete de depósito N 856140, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, que sirvió para garantizar la suspensión definitiva concedida al quejoso, resguardado en la caja de valores de este juzgado, para que proceda a su aplicación correspondiente, previa copia certificada que del mismo se deje en autos para debida constancia; en consecuencia, solicítese de la manera más atenta el acuse de recibo de estilo y, en su oportunidad, remita las constancias que acrediten su cumplimiento debido. Háganse las anotaciones de estilo en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en observancia a la circular precitada.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ******************** apoderado legal de Unidad de Servicios Educativos del estado de Tlaxcala, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Se admite demanda de amparo. En atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales ...se admite a trámite la demanda de amparo promovida por ********************contra actos de la Junta Especial Número Uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tlaxcala y otras autoridades. Requerimiento de informe justificado con apercibimiento. Pídase a las autoridades responsables informe justificado que deberán rendir dentro del término de quince días legalmente computado y requiéraseles para que dentro del término concedido, remitan copia debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se le otorgó, se presumirá cierto el acto reclamado en términos de lo dispuesto por los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo y se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. En la inteligencia de que la copia de la demanda de amparo se adjuntará al oficio en el que se les notifique la apertura del incidente de suspensión. Causas de sobreseimiento. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no cumplir, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en el artículo señalado en la parte final del párrafo que antecede. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Incidente de suspensión -se apertura únicamente cuaderno original-. Con una copia de la demanda de amparo, tramítese por separado el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, en el entendido que únicamente se dará apertura al cuaderno original, conforme a lo dispuesto en el numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Pruebas. Por otro lado, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas las documentales que exhibe con su escrito de demanda, mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la audiencia de ley. Se ordena realizar la compulsa y certificación, de los documentos que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, para que consten en los cuadernos incidentales. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, tomo XXXII, septiembre de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)". Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación. Dese la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, practíquense todas las notificaciones que se generen en el presente juicio a la mencionada representante social por vía electrónica, a través del usuario precisado en los oficios que fueron recibidos y acordados en el cuaderno de varios 2/2023, de este Juzgado de Distrito, así también, se tiene informando el correo electrónico a fin de entablar comunicación no procesal. Tercero interesado. Ahora, conforme a lo establecido en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a ********************con domicilio para ser emplazado en ******************** Por tanto, se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este Juzgado para que se constituya en el domicilio antes señalado, a efecto de que con copia simple de la demanda y del presente acuerdo, emplace a juicio al tercero interesado de referencia; asimismo, le haga saber la fecha de la audiencia constitucional y el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a sus interés conviene, debiendo requerirle para que en el mismo acto de la diligencia, o dentro del plazo de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán mediante la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, de conformidad con los artículos 27, fracción II, con relación al 26, fracción III de la Ley de Amparo. Asimismo, resérvese proveer lo relativo al emplazamiento de diversos terceros interesados, hasta que conste en autos el expediente generador del acto reclamado. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese y electrónicamente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Cecilia Ángeles Serrano, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.AIHH*

  4. Incidental

    En Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Se ordena apertura de incidente Como se ordenó en el expediente principal del presente juicio de amparo, con copia del escrito de demanda fórmese el incidente de suspensión número 1568/2023-II-A, promovido por ********************contra actos de la Junta Especial Número Uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tlaxcala y otras autoridades. Se requieren informes previos Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda; en el entendido que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyan, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permita establecer el monto de las garantías correspondientes. Consecuencias de no rendir informe previo. En términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, se previene a las autoridades responsables que la falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; asimismo, se les apercibe que en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Requerimiento a las autoridades responsables. Desde este momento, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 143 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término señalado con antelación (cuarenta y ocho horas), remitan a este órgano jurisdiccional copia certificada de los documentos necesarios para resolver sobre la suspensión definitiva, es decir, aquéllos que justifiquen lo expresado en el informe previo que rindan. De las notificaciones a las autoridades responsables. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS. Audiencia incidental. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Cotejo y compulsa. Como se proveyó en el cuaderno principal, se ordena realizar la compulsa y certificación, de los documentos que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, para que consten en ambos cuadernos incidentales. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, tomo XXXII, septiembre de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). Así como la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 402, libro VI, marzo de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE ORDENARLA SI EL JUEZ FEDERAL OMITIÓ DISPONER, DE OFICIO, LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN A LA DEMANDA DE AMPARO. Por tanto, con apoyo en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, cuyo cotejo se ordenó en el expediente principal. Acto reclamado. En el caso, la parte disconforme reclama: . Efecto para el que se pide la suspensión La parte quejosa solicita la suspensión para el efecto de que: Atento a lo anterior, en la presente determinación se resolverá la procedencia de la suspensión únicamente en los términos en que fue solicitada; por similitud se cita la jurisprudencia del rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS". Consideración previa Con el propósito de proveer lo conducente respecto de la suspensión provisional de los actos reclamados, debe precisarse que el Juez de Distrito está obligado a pronunciarse sobre dicha medida cautelar, lo cual significa que está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Cobra aplicación a la consideración vertida la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Se concede suspensión provisional. Ahora, por lo que respecta al acto reclamado consistente en: Al respecto, debe decirse que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por la parte quejosa supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, que el acreditamiento implica que corresponde al peticionario de amparo la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer al menos indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución de los actos reclamados, dado que la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Al respecto, conviene precisar que el primero de los requisitos, prevé la demostración del interés jurídico, en el caso, la parte quejosa es parte en el juicio de origen, por tanto, para efectos del presente incidente, se tiene por acreditado el interés jurídico para obtener la suspensión de los actos que reclama. Al respecto, conviene precisar que el primero de los requisitos, prevé la demostración del interés jurídico, en el caso, la parte quejosa exhibe; por tanto, para efectos del presente incidente, se tiene por acreditado el interés jurídico para obtener la suspensión de los actos que reclama. Asimismo, se toma en cuenta que la parte quejosa solicitó expresamente la suspensión provisional, que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen las disposiciones de orden público y, que en caso de ejecutarse el acto reclamado, se ocasionarían daños y perjuicios de difícil reparación. Se afirma lo anterior, porque como se señaló en términos de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, uno de los requisitos para conceder la medida cautelar es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y el artículo 129 de dicha legislación establece, entre otros casos, cuándo se siguen esos perjuicios o se contravienen disposiciones de orden público, cuyo contenido dice: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." Sobre el particular, debe decirse que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Se concede suspensión provisional Por lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracciones I y X de la Constitución Federal; y 128 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que están, y no se ejecute la multa impuesta al quejoso el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, lo anterior, hasta en tanto, se resuelva respecto de la suspensión definitiva, siempre y cuando no se haya ejecutado dicho cobro. Si es que lo anterior no ha acontecido, y hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva, toda vez que en este momento procesal no se advierte notoriamente que se siga perjuicio al interés social ni a disposiciones de orden público, ya que no se aprecia que exista una situación específica que pueda afectar a un conglomerado humano considerable, ni que se contraríen las normas de orden público así calificadas por el legislador. En apoyo a lo anterior se cita la tesis de jurisprudencia VI. 2º. J/12, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, junio de 1995, novena época, página 368, materia común, que a la letra señala: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla, y no es el de restituirlas al que tenían antes de existir el acto reclamado. Lo que sólo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al fondo." Ahora, debe destacarse que, en la especie, de no otorgarse la medida cautelar y permitir que ésta se ejecute, se causaría a la parte quejosa, daños y perjuicios de difícil reparación, de ahí que se considere que se cumplen con los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Ahora, del contenido de la demanda, se desprende que le fue impuesto un crédito fiscal el cual resulta exigible a la parte quejosa. No se fija garantía Ello es así, dado que de conformidad con el numeral 7º de la ley de la materia, al tener la impetrante de amparo la calidad de persona moral oficial, queda exenta de exhibir la mencionada garantía puesto que aún y cuando actúe desprovista de imperio, ello no implica que pierda su calidad de persona moral oficial. Cobra aplicación al caso concreto por la razón que en la misma se contiene, la tesis XV.2o.24 K, visible en la página mil setenta y cuatro, tomo XVII, Junio de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual textualmente dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR SU NATURALEZA DE PERSONA MORAL OFICIAL, ESTÁ EXENTA DE PRESTAR GARANTÍA PARA QUE AQUÉLLA SURTA EFECTOS. Es de explorado derecho que el Estado emite actos en su calidad de entidad soberana, por medio de dictados imperativos, cuya observancia es obligatoria, pero para la realización de sus funciones, también le es necesario entrar en relaciones de naturaleza civil con los particulares. En esa última calidad, el Estado, como persona moral capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, está en aptitud de poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley concede a los particulares para la defensa de sus intereses, incluyendo el juicio constitucional. Ahora bien, el artículo 9o. de la Ley de Amparo establece que las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que la ley exige a las partes, por lo que es inconcuso que el Ayuntamiento de Ensenada, por su naturaleza de persona moral oficial, se encuentra exento de otorgar la fianza a que se refiere el artículo 125 de la ley en cita, para garantizar los posibles perjuicios que se puedan causar a los terceros perjudicados con motivo de la concesión de la suspensión, puesto que aun cuando actúe desprovisto de imperio, ello no implica que pierda su calidad de persona moral oficial." Domicilio. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Cynthia Morales Sánchez y María Del Carmen Tecuapacho Tecuapacho, por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales y, únicamente para oír y recibir notificaciones a Heriberto Gómez Rivera y Jorge Pluma Sandoval por no contar con dicho registro. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Publicación de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Cecilia Ángeles Serrano, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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