Ulises Uriel Aguilar Morin

Expediente 442/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
442/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • Ulises Uriel Aguilar Morin

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de julio de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, en atención a su contenido se provee: Ténganse recibida la copia certificada del testimonio de la ejecutoria de veintitrés de junio de dos mil veintidós, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja 74/2022, interpuesto en contra del auto que desechó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo. Acúsese el recibo de estilo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes la llegada el contenido de la ejecutoria de amparo que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: ".UNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Ulises Ariel Aguilar Morín, por conducto de su autorizado Froylán Lárraga Aguilera, contra el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictado por la Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el expediente de amparo indirecto 442/2022-III, de su índice.." Archivo. Por otra parte y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo, y toda vez que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, por ejecutoria de veintitrés de junio dos mil veintidós, declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra dicha determinación, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obren documentos presentados por las partes que por sus características deban ser devueltos. Relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial Adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, mediante el cual transcribe el proveído dictado el trece de mayo del año en curso, en la queja ********************, de su índice, del que se advierte que acusa de recibo del oficio y anexos remitidos por este Juzgado. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de mayo de dos mil veintidós. Se agregan escritos. Vistos los escritos signados electrónicamente por Froylán Larraga Aguilera, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante los cuales interpone recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98, 99 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe, manifestando que es cierto que este Juzgado dictó un proveído en el que se desechó la demanda de amparo antes referida, lo cual aconteció el veintiuno de abril de dos mil veintidós, y para justificar lo anterior, al efecto se le remiten las constancias correspondientes. Con fundamento en los artículos 100 y 101 de la ley de la materia, remítase de inmediato al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, procédase a reproducir los ocursos de agravios y una copia de los mismos para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda promovida por Froylan Larraga Aguilera, quien se ostenta asesor jurídico de Ulises Ariel Aguilar Morín, contra las omisiones del Agente del Ministerio Publico de la Unidad de Investigación y Litigación en la Unidad Cuatro de Tramite Común; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 442/2022-III. Desechamiento. Ahora bien, la suscrita procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura integral del escrito de demanda y anexos, se advierte que el quejoso comparece a esta instancia constitucional a reclamar del Agente del Ministerio Publico de la Unidad de Investigación y Litigación en la Unidad Cuatro de Tramite Común: La omisión de emitir el acuerdo relativo a cuatro escritos (presentados el doce de noviembre del dos mil veintiuno, veintinueve y treinta de marzo del año en curso), dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/D01/10686/2020, a través de los cuales el aquí quejoso en su carácter de víctima ofreció diversos actos de investigación (pruebas), y solicitó designar un perito en medicina para analizar si hubo negligencia médica o no por parte del médico que se denunció en dicha carpeta. Ahora bien, la suscrita advierte que respecto de las omisiones reclamadas, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el Artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; [.]." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. [.]" Del primero de los citados numerales, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo, puede surgir de la propia Ley de Amparo, o como sucede en el caso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el referido numeral 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, contempla la posibilidad de la víctima o del ofendido a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, entre otras; dicho principio fue recogido por el artículo 109, fracción XXI del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, resolvió la contradicción de tesis 233/2017, y señaló que una interpretación funcional de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y el numeral 109, fracción XXI, del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Que esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Y que en este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en ese supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además de que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo que, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe o realice la actuación o determinación correspondiente. Así, de la interpretación sistemática y funcional del artículo citado se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones de la autoridad ministerial, derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto en el referido artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo cual es así, pues dicho precepto prevé el medio de defensa que tiene la víctima u ofendido para impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien, conforme a la obligación prevista en el artículo 16 constitucional, una vez que dé intervención a las partes, establezca de manera ágil y eficaz, si la actuación del órgano investigador fue legal o no y en su caso, decrete las medidas necesarias para que esa conducta omisiva cese. Por lo tanto, se determinó por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la víctima u ofendido deben agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. En el presente caso, el quejoso reclama del Agente del Ministerio Publico de la Unidad de Investigación y Litigación en la Unidad Cuatro de Tramite Común, la omisión de emitir el acuerdo relativo a cuatro escritos (presentados el doce de noviembre del dos mil veintiuno, veintinueve y treinta de marzo del año en curso), dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/D01/10686/2020, a través de los cuales en su carácter de víctima, ofreció diversos actos de investigación (pruebas), y solicitó designar un perito en medicina para analizar si hubo negligencia médica o no por parte del médico que se denunció en dicha carpeta. De la lectura de dichos escritos se advierte que las pruebas ofertadas por la víctima u ofendido tienen como objetivo allegar elementos a efecto de que se integre la carpeta de investigación aludida, y acreditar la probable responsabilidad de las personas a quienes se denunció por el hecho con apariencia de delito contra la fidelidad profesional. En ese contexto, al atribuirse a la autoridad responsable tal omisión en el marco de la investigación inicial prevista en el numeral 211, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, en consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el Artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 27/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la Contradicción de Jurisprudencia 233/2017, que a la letra dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". Sin que sea óbice a lo anterior la eventual posibilidad de ser considerado como actos de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos debe observarse el principio de definitividad. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala del Más Alta Tribunal del País, consultable en la página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el Artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Consulta del expediente electrónico, notificaciones por la vía electrónica y autorizados de la parte quejosa. Con fundamento en los artículo 36 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa para consultar el expediente electrónico a través del usuario "Froylán", y realícense las notificaciones de carácter personal vía electrónica a través de éste. Se comisiona a la analista juri´dico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que en dicho sistema ingrese el usuario respectivo para tales efectos. Por otro lado, no ha lugar a tener al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Lo anterior, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 439/2018, señaló que la Ley de Amparo establece la posibilidad del que quisiera ser notificado por medios electrónicos de expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. En ese tenor, tomando en consideración que el propio quejoso solicitó a este órgano de control constitucional, le fueran practicadas las notificaciones electrónicas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de ahí que no ha lugar a tenerlo señalando domicilio para tal efecto, pues será precisamente a través de dicho sistema (electrónico) que se le practicarán las notificaciones personales en este asunto. La contradicción de tesis en cita, dio lugar a la emisión de la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 2247, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." Incluso deviene pertinente destacar que de tener al quejoso señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, implicaría que se pudieran duplicar las notificaciones al propio promovente, ordenándolas tanto vía electrónica como en su domicilio. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del promovente a designar como único medio para oír y recibir notificaciones personales el domicilio que indica, en cuyo caso deberá solicitar que quede sin efectos la designación que hizo previamente para recibirlas vía electrónica. Ténganse como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Froylan Larraga Aguilera y Damayanty Vitales Torres, quienes cuentan con sus cédulas profesionales 5904853 y 5199172, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y en términos restringidos a Diego Armando Sánchez Espino, Zulma Esperanza Triana García y Ana Sofía Toledo Martínez, quienes no cuentan con su cédula profesional registrada en el referido sistema. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; y por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura FederalLo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

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