Ulises Sócrates Vivar Lemus
Expediente 1140/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1140/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ulises Sócrates Vivar Lemus
Actuaciones
- Principal
Agréguese el escrito signado por el quejoso Ulises Sócrates Vivar Lemus, a través del cual solicita la devolución de los documentos que refiere presentó con su escrito inicial de demanda de amparo; en consecuencia, como lo solicita hágase devolución de la documental que refiere el promovente, previa constancia que por su recibo se deje en autos y autorizando para recogerla a la persona que menciona.
- Principal
Se ordena notificación por lista. Vista la razón actuarial, signada por el actuario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de notificar al quejoso el proveído de doce de marzo del año en curso, por las razones que expone; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda. En consecuencia, dado que no fue posible la localización del quejoso en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación del acuerdo de doce de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, la del presente auto y las subsecuentes, se le practiquen por lista que se publique en los estrados de este juzgado federal.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante Circulares CAP/2/2020 y CAP/3/2020, signadas por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, signadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo de conocimiento que la Comisión Especial decretó la suspensión de plazos y términos procesales en este Circuito -con las salvedades ahí apuntadas-, durante el periodo comprendido del diecinueve de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno. Con base en lo expuesto, las medidas que debieron adoptarse en ese periodo, de manera destacada, son las siguientes: 1. Regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Esto implicó dar trámite a los escritos iniciales que se calificaron como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y dar seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, recibir y tramitar los casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones. Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. Asimismo, cabe precisar que a través de la Circular SECNO/10/2021, de trece de febrero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron las medidas especiales a adoptarse del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, entre las que destacan las marcadas con los números 16 y 17, que indican: 16. A partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/20202 y 37/2020. 17. Se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. En el mismo sentido, mediante acuerdo 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con relación al periodo de vigencia, se ampliaron las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021. Atento a lo anterior, se reanudan plazos y términos procesales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en los términos contemplados en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia se amplió por los diversos 25/2020, 37/2020 y 21/2021. En consecuencia, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica a las partes en el asunto en que se actúa, se reanuda el presente procedimiento en la etapa en que se encontraba. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Ulises Sócrates Vivar Lemus, contra actos del Presidente municipal de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1140/2020-V. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede a analizar íntegramente el escrito inicial de demanda, de la que se obtiene que el promovente reclama de todas y cada una de las autoridades Presidente Municipal, encargado del despacho de Industria y Comercio, Jefe de Área de Mercados y Supervisora y/o Ejecutora adscritos a la Dirección de Industria y Comercio, todos del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, lo siguiente: ".el iniciar un nuevo proceso administrativo en mi contra con número de expediente VCHS/JM/PIP/002/2020, cuando ya existe un procedimiento administrativo, por los mismos hechos, persona y jurisdicción territorial con número de expediente VHCS/DCN/CE/PAD/000216/2018." Del análisis de los actos reclamados, se pone de manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal, en relación con el 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención a que el solicitante del amparo no agotó los recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la presente contienda constitucional, como enseguida se expondrán. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior (.)" Del precepto transcrito, se conoce que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado es pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y, en su contra proceda algún recurso, juicio o medio de defensa a través del cual puede ser revocado, anulado o modificado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, sin importar si el acto en sí mismo es o no susceptible de ser suspendido. Por su parte, los artículos 186, 229, 230, 231 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establecen: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. De los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. De las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos 20 días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales." "Artículo 230. Serán partes en el juicio: I. El actor; II. El demandado. Tendrá ese carácter: a) La autoridad estatal o municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. b) La autoridad estatal o municipal que omita dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares. c) La autoridad estatal o municipal que expida el reglamento, decreto, circular o disposición general. d) El particular a quien favorezca la resolución cuya invalidez pida alguna autoridad fiscal de carácter estatal o municipal. e) La persona que se ostente como autoridad estatal o municipal, sin serlo. III. El tercero interesado, que es cualquier persona cuyos derechos e intereses legítimos puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal." "Artículo 231. Sólo podrán intervenir en juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público e interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico, tanto de un sujeto determinado como de los integrantes de un grupo de individuos, diferenciados del conjunto general de la sociedad." Los citados preceptos legales, establecen la procedencia del juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra de actos dictados por autoridades administrativas y fiscales. Como se dijo, el peticionario del amparo, sustancialmente se duele del inició de un nuevo proceso administrativo en su contra con número de expediente VCHS/JM/PIP/002/2020, cuando ya existe un procedimiento administrativo, por los mismos hechos, persona y jurisdicción territorial con número de expediente VHCS/DCN/CE/PAD/000216/2018; lo cual evidencia que, como se indicó, previo a la promoción del juicio de amparo, tales actos deben ser combatidos a través del recurso de inconformidad ante la autoridad responsable o mediante juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en términos de los artículos 186, 229, 230, 231 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Apoya a la anterior consideración la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, visible en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, página 902 de registro 187016 que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En efecto, el juicio contencioso o los recursos previstos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México deben agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, al no establecer dicho ordenamiento mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, junio de 2013, tomo I, página 933, de la Décima Época, registro 2003858, con rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad." En el caso, no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad previstas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Ello es así, porque en la especie, al quejoso no le reviste el carácter de tercero extraño, pues el mismo reconoce que ya existe un procedimiento administrativo previo en su contra, y dio los números de identificación de los procedimientos por lo que, es inconcuso que tuvo conocimiento del procedimiento seguido en contra del establecimiento mercantil que defiende. Por otra parte, es importante establecer que la ley por la cual, prevé que se puede nulificar el acto reclamado, no exige mayores requisitos ni plazo legal para suspenderlo, que los previstos en la Ley de Amparo, como ya quedó precisado; el acto reclamado no es del orden penal, no se está en alguno de los casos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, tampoco se reclama la inconstitucionalidad de alguna ley. Tampoco se hacen valer violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que hace concluir, que antes de acudir a la presente vía el accionante del amparo, debe agotar el recurso de inconformidad ante la autoridad responsable o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en términos de los artículos 186, 229, 230 y 231 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Por lo que fuera de los casos de excepción a que se refieren los numerales citados, el solicitante de amparo está obligado a agotar previamente a la interposición del juicio de amparo, el recurso, juicio o medio ordinario de defensa que establezca la ley del acto reclamado para lograr su modificación, revocación o anulación, sin que sea óbice para ello, que el acto de autoridad que reclama le depare perjuicios de imposible reparación. Cierto, la irreparabilidad de un acto se relaciona con la afectación que produce en el conjunto de derechos del gobernado, y es por ello que configura excepción al principio de definitividad, pues de presentarse una afectación de tal naturaleza o magnitud (irreparable), no será necesario esperar hasta la última resolución (aquella que decida en forma terminal el fondo del procedimiento) para impugnar el acto procesal que produce dicha afectación; sin embargo, dicho concepto es autónomo e independiente a la diversa regla de definitividad, que tiene que ver con la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos y medios ordinarios de defensa contra un acto de autoridad, previstos en la ley que rige el acto reclamado, pues esta tiene que ver precisamente con la existencia de un medio de impugnación ordinario que sea eficaz, idóneo y suficiente para anular, revocar o modificar el acto reclamado, es decir, no guarda relación el grado de afectación sino que se refiere y privilegia el derecho de defensa o de acceso a la justicia, mediante la existencia del recurso efectivo. La conclusión apuntada se corrobora tomando en cuenta que el artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y el numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establecen el principio de definitividad primeramente referido, tratándose de actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no reconocen como supuesto de excepción que faculte al gobernado para acudir al amparo, sin agotar previamente los medios ordinario de defensa, el que los actos reclamados ocasionen perjuicios de imposible reparación, tal como se aprecia de la literalidad de dichos preceptos: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" Por tanto, cuando no opera alguna de las salvedades o excepciones previstas, el quejoso debe promover el recurso, medio ordinario de defensa o en el caso, juicio de nulidad contra el acto reclamado, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México antes de acudir a la instancia constitucional, porque de no hacerlo, la acción de amparo resultará improcedente por incumplimiento al principio de definitividad. En consecuencia, atento a lo dispuesto por los artículos 61 fracción XX y 62, en relación con el artículo 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ulises Sócrates Vivar Lemus. Toda vez que el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, hágansele esta y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado de distrito. Sin embargo, dada la trascendencia de la resolución, por única ocasión, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos a este juzgado para que con copia simple de ésta determinación lo notifique en el domicilio ubicado en calle norte 11, manzana 1207, lote 8, colonia Santa Cruz, Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. Se tiene por autorizado en los términos amplios que dispone el artículo 12, de la Ley de Amparo, a Raúl Cuellar González, toda vez que acredita tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación.
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