Ulises Sirvain Grajales
Expediente 2/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ulises Sirvain Grajales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de diciembre de dos mil veinte. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveídos de veintitrés de octubre y cuatro de noviembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el diecisiete de febrero de dos mil veinte, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Ulises Sirvain Grajales. Inconforme con dicha resolución Lauro Erick Huidobro Chávez, Fiscal Décimo encargado de la Fiscalía adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Veracruz, Veracruz, en su carácter de tercero interesado, interpuso recurso de revisión, del cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien en sesión de veintitrés de julio de dos mil veinte, confirmó la sentencia recurrida en la que se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto que: "[.]1). Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictado contra el aquí quejoso en la causa penal 578/2019, por el delito de robo agravado. 2). Hecho lo anterior, en la audiencia respectiva, con libertad de jurisdicción, atendiendo a las consideraciones expuestas en el presente fallo, reitere lo que no fue materia de concesión, esto es, la existencia de datos de pruebas que revelan la existencia de un hecho que la ley señala como delito de robo agravado y, al pronunciarse sobre la probabilidad de que el quejoso cometió tal hecho, prescinda de tomar en consideración las diligencias de reconocimiento por fotografía contenidas en los oficios 6330/2019 y 7133/2019, signados por los policías ministeriales Carlos Román Cerino Salazar y Miguel Ángel Molina Torres, respectivamente; debiendo resolver lo que en derecho corresponda. Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución del auto de vinculación a proceso atribuidos al Encargado del Módulo de Prisión Preventiva de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, en Veracruz, Veracruz, al no haberse combatido por vicios propios, sino como consecuencia de su inconstitucionalidad. [.]" En esas condiciones, mediante proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así, mediante proveídos de veintitrés de octubre y cuatro de noviembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada, con las constancias remitidas por la responsable, con base en las cuales se pronuncia la presente resolución. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Así, con oficio 540/2020 de veintiuno de octubre de dos mil veinte, el juez responsable informó que dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictado contra Ulises Sirvain Grajales en la causa penal 578/2019, por el delito de robo agravado y, con libertad de jurisdicción emitió una nueva resolución en la que dictó auto de no vinculación a proceso, en base a las consideraciones que a continuación se describen. En primer término, dejó intocado lo que no fue materia de concesión en el presente juicio de amparo, esto es, la existencia de datos de pruebas que revelan la existencia de un hecho que la ley señala como delito de robo agravado (minuto 5:00 a 5:15). Seguidamente, el juez responsable analizó que la fiscalía estableció que aproximadamente entre las tres cuarenta y cinco y las cuatro horas de la madrugada, del veinticuatro de julio de dos mil diecinueve (circunstancias de tiempo) en la negociación Hotel Gaudi, ubicado en la avenida Allende, número 2040, entre calles Hernán Cortés y Francisco Canal, de la Colonia Centro, en Veracruz, Veracruz (circunstancia de lugar) dos sujetos ingresaron al área de recepción del hotel golpeando en la cabeza con un arma de fuego al recepcionista del mismo de nombre César Constantino Merino Gómez, al tiempo que le dijeron que les diera el dinero, señalándoles éste que el dinero estaba en una caja de aluminio donde había la cantidad de diez mil pesos de la cuenta del día anterior del hotel, además lo siguieron golpeando y al revisarlo entre sus ropas, le quitaron el celular de la marca Huawei Y7, color negro, con número 5612836012 y la cantidad de mil quinientos pesos de su propiedad, así como un diverso teléfono celular propiedad de una clienta; que durante el atraco un tercer sujeto más se quedó en la puerta principal y un cuarto sujeto los esperaba a bordo del taxi número 01153, en el cual todos los sujetos se dieron a la fuga (circunstancia de modo). Además, refirió que en el minuto treinta y uno con cincuenta segundos de la audiencia anterior, la fiscalía mencionó tener como referencia de la persona que se encontraba en el taxi número 01153, en el cual todos los sujetos se dieron a la fuga, a una persona robusta de playera negra; identificación que fue obtenida por actos de la policía (minuto 5:15 a 7:22). Posteriormente, la autoridad responsable estudió que en relación a la identificación por fotografía los artículos 277 y 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen las formalidades que deben observarse en los procedimientos de reconcomiendo de personas, entro ellos, la práctica de la diligencia con la mayor reserva posible, la presencia del defensor del imputado y que el acto se realice por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. Asimismo, ahondó en la naturaleza de dicho procedimiento, entendiéndolo como un acto formal en el que se intenta reconocer la identidad de una persona, mediante la intervención de otra que afirma o niega haberla visto en determinadas circunstancias, pudiendo arrojar dato positivo o negativo que aporta un elemento de convicción (minuto 7:28 a 11:28). Asimismo, analizó el factor psicológico del mismo, que a su consideración implica ser todo acto de reconocimiento entre dos imágenes, la primera que queda en la memoria del testigo en el momento del hecho y, la segunda es la actual, con ello concebido como un medio de prueba irreproducible. Así, concluyó que el reconocimiento de personas debe ser realizado por autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación para garantizar la imparcialidad en la diligencia, para obtener un resultado confiable a favor o en contra del imputado, independientemente de las líneas de investigación establecidas por el responsable de la carpeta; pues si la identificación es realizada por el titular de la investigación, quien conoce de los antecedentes, los datos de pruebas y circunstancias, se puede pensar que existen actos de inducción y coacción sobre los testigos (minuto 11:31 a 13:08). En tales condiciones, en relación a las diligencias de reconocimiento por fotografía contenidas en los oficios 6330/2019 y 7133/2019, signados por los policías ministeriales Carlos Román Cerino Salazar y Miguel Ángel Molina Torres, respectivamente, determinó que fueron efectuadas por los policías ministeriales investigadores y no por una autoridad ministerial diversa a la que dirigía la investigación, ya que la fiscalía así lo sostuvo en la audiencia inicial de diez de diciembre de dos mil diecinueve, siendo que debieron realizarse por conducto de una autoridad ministerial distinta a la policía que estaba al mando de la investigación, sin que exista evidencia contraria (minuto 13:10 a 15:31). En esa tesitura, al no encontrar medios de convicción idóneos y suficientes que demuestren la probable responsabilidad de Ulises Sirvain Grajales, en el hecho que la ley señala como delito de robo agravado contenido en el artículo 202 fracción I párrafo segundo y 205 fracción II incisos a) y b) del Código Penal para el Estado de Veracruz, aunado al principio de presunción de inocencia del artículo 20 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dictó auto de no vinculación a proceso, ordenando se emitiera la boleta de libertad correspondiente (minuto 15:32 a 24:33) Por otro lado, el Encargado del Módulo de Prisión Preventiva Veracruz, Veracruz, informó que en cumplimiento a lo ordenado por el juez responsable en audiencia de veintiuno de octubre de dos mil veinte, procedió a emitir la correspondiente boleta de libertad de Ulises Sirvain Grajales. En relatadas condiciones, se advierte que las autoridades responsables dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, el juez responsable dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictado contra el aquí quejoso en la causa penal 578/2019, por el delito de robo agravado y, con libertad de jurisdicción, reiteró lo que no fue materia de concesión, es decir, la existencia de datos de pruebas que revelan la existencia de un hecho que la ley señala como delito de robo agravado y, al pronunciarse sobre la probabilidad de que el quejoso cometió tal hecho, prescindió de tomar en consideración las diligencias de reconocimiento por fotografía contenidas en los oficios 6330/2019 y 7133/2019, signados por los policías ministeriales Carlos Román Cerino Salazar y Miguel Ángel Molina Torres, respectivamente; resolviendo lo que en derecho correspondió. Asimismo, el Encargado del Módulo de Prisión Preventiva Veracruz, Veracruz, informó que en cumplimiento a lo ordenado por el juez responsable emitió la boleta de libertad de Ulises Sirvain Grajales, de la cual remitió copia certificada para los efectos legales conducentes. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en la fracciones I inciso k) y II inciso a) del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente proveído personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, por oficio a las autoridades responsables, al Fiscal Décimo encargado de la Fiscalía adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Veracruz, Veracruz, en su carácter de tercero interesado y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesada, así por estar ordenado en autos.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, diez de diciembre de dos mil veinte. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 2/2020, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, diez de diciembre de dos mil veinte. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveídos de veintitrés de octubre y cuatro de noviembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el diecisiete de febrero de dos mil veinte, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Ulises Sirvain Grajales. Inconforme con dicha resolución Lauro Erick Huidobro Chávez, Fiscal Décimo encargado de la Fiscalía adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Veracruz, Veracruz, en su carácter de tercero interesado, interpuso recurso de revisión, del cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien en sesión de veintitrés de julio de dos mil veinte, confirmó la sentencia recurrida en la que se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto que: "[.]1). Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictado contra el aquí quejoso en la causa penal 578/2019, por el delito de robo agravado. 2). Hecho lo anterior, en la audiencia respectiva, con libertad de jurisdicción, atendiendo a las consideraciones expuestas en el presente fallo, reitere lo que no fue materia de concesión, esto es, la existencia de datos de pruebas que revelan la existencia de un hecho que la ley señala como delito de robo agravado y, al pronunciarse sobre la probabilidad de que el quejoso cometió tal hecho, prescinda de tomar en consideración las diligencias de reconocimiento por fotografía contenidas en los oficios 6330/2019 y 7133/2019, signados por los policías ministeriales Carlos Román Cerino Salazar y Miguel Ángel Molina Torres, respectivamente; debiendo resolver lo que en derecho corresponda. Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución del auto de vinculación a proceso atribuidos al Encargado del Módulo de Prisión Preventiva de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, en Veracruz, Veracruz, al no haberse combatido por vicios propios, sino como consecuencia de su inconstitucionalidad. [.]" En esas condiciones, mediante proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así, mediante proveídos de veintitrés de octubre y cuatro de noviembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada, con las constancias remitidas por la responsable, con base en las cuales se pronuncia la presente resolución. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Así, con oficio 540/2020 de veintiuno de octubre de dos mil veinte, el juez responsable informó que dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictado contra Ulises Sirvain Grajales en la causa penal 578/2019, por el delito de robo agravado y, con libertad de jurisdicción emitió una nueva resolución en la que dictó auto de no vinculación a proceso, en base a las consideraciones que a continuación se describen. En primer término, dejó intocado lo que no fue materia de concesión en el presente juicio de amparo, esto es, la existencia de datos de pruebas que revelan la existencia de un hecho que la ley señala como delito de robo agravado (minuto 5:00 a 5:15). Seguidamente, el juez responsable analizó que la fiscalía estableció que aproximadamente entre las tres cuarenta y cinco y las cuatro horas de la madrugada, del veinticuatro de julio de dos mil diecinueve (circunstancias de tiempo) en la negociación Hotel Gaudi, ubicado en la avenida Allende, número 2040, entre calles Hernán Cortés y Francisco Canal, de la Colonia Centro, en Veracruz, Veracruz (circunstancia de lugar) dos sujetos ingresaron al área de recepción del hotel golpeando en la cabeza con un arma de fuego al recepcionista del mismo de nombre César Constantino Merino Gómez, al tiempo que le dijeron que les diera el dinero, señalándoles éste que el dinero estaba en una caja de aluminio donde había la cantidad de diez mil pesos de la cuenta del día anterior del hotel, además lo siguieron golpeando y al revisarlo entre sus ropas, le quitaron el celular de la marca Huawei Y7, color negro, con número 5612836012 y la cantidad de mil quinientos pesos de su propiedad, así como un diverso teléfono celular propiedad de una clienta; que durante el atraco un tercer sujeto más se quedó en la puerta principal y un cuarto sujeto los esperaba a bordo del taxi número 01153, en el cual todos los sujetos se dieron a la fuga (circunstancia de modo). Además, refirió que en el minuto treinta y uno con cincuenta segundos de la audiencia anterior, la fiscalía mencionó tener como referencia de la persona que se encontraba en el taxi número 01153, en el cual todos los sujetos se dieron a la fuga, a una persona robusta de playera negra; identificación que fue obtenida por actos de la policía (minuto 5:15 a 7:22). Posteriormente, la autoridad responsable estudió que en relación a la identificación por fotografía los artículos 277 y 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen las formalidades que deben observarse en los procedimientos de reconcomiendo de personas, entro ellos, la práctica de la diligencia con la mayor reserva posible, la presencia del defensor del imputado y que el acto se realice por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. Asimismo, ahondó en la naturaleza de dicho procedimiento, entendiéndolo como un acto formal en el que se intenta reconocer la identidad de una persona, mediante la intervención de otra que afirma o niega haberla visto en determinadas circunstancias, pudiendo arrojar dato positivo o negativo que aporta un elemento de convicción (minuto 7:28 a 11:28). Asimismo, analizó el factor psicológico del mismo, que a su consideración implica ser todo acto de reconocimiento entre dos imágenes, la primera que queda en la memoria del testigo en el momento del hecho y, la segunda es la actual, con ello concebido como un medio de prueba irreproducible. Así, concluyó que el reconocimiento de personas debe ser realizado por autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación para garantizar la imparcialidad en la diligencia, para obtener un resultado confiable a favor o en contra del imputado, independientemente de las líneas de investigación establecidas por el responsable de la carpeta; pues si la identificación es realizada por el titular de la investigación, quien conoce de los antecedentes, los datos de pruebas y circunstancias, se puede pensar que existen actos de inducción y coacción sobre los testigos (minuto 11:31 a 13:08). En tales condiciones, en relación a las diligencias de reconocimiento por fotografía contenidas en los oficios 6330/2019 y 7133/2019, signados por los policías ministeriales Carlos Román Cerino Salazar y Miguel Ángel Molina Torres, respectivamente, determinó que fueron efectuadas por los policías ministeriales investigadores y no por una autoridad ministerial diversa a la que dirigía la investigación, ya que la fiscalía así lo sostuvo en la audiencia inicial de diez de diciembre de dos mil diecinueve, siendo que debieron realizarse por conducto de una autoridad ministerial distinta a la policía que estaba al mando de la investigación, sin que exista evidencia contraria (minuto 13:10 a 15:31). En esa tesitura, al no encontrar medios de convicción idóneos y suficientes que demuestren la probable responsabilidad de Ulises Sirvain Grajales, en el hecho que la ley señala como delito de robo agravado contenido en el artículo 202 fracción I párrafo segundo y 205 fracción II incisos a) y b) del Código Penal para el Estado de Veracruz, aunado al principio de presunción de inocencia del artículo 20 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dictó auto de no vinculación a proceso, ordenando se emitiera la boleta de libertad correspondiente (minuto 15:32 a 24:33) Por otro lado, el Encargado del Módulo de Prisión Preventiva Veracruz, Veracruz, informó que en cumplimiento a lo ordenado por el juez responsable en audiencia de veintiuno de octubre de dos mil veinte, procedió a emitir la correspondiente boleta de libertad de Ulises Sirvain Grajales. En relatadas condiciones, se advierte que las autoridades responsables dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, el juez responsable dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictado contra el aquí quejoso en la causa penal 578/2019, por el delito de robo agravado y, con libertad de jurisdicción, reiteró lo que no fue materia de concesión, es decir, la existencia de datos de pruebas que revelan la existencia de un hecho que la ley señala como delito de robo agravado y, al pronunciarse sobre la probabilidad de que el quejoso cometió tal hecho, prescindió de tomar en consideración las diligencias de reconocimiento por fotografía contenidas en los oficios 6330/2019 y 7133/2019, signados por los policías ministeriales Carlos Román Cerino Salazar y Miguel Ángel Molina Torres, respectivamente; resolviendo lo que en derecho correspondió. Asimismo, el Encargado del Módulo de Prisión Preventiva Veracruz, Veracruz, informó que en cumplimiento a lo ordenado por el juez responsable emitió la boleta de libertad de Ulises Sirvain Grajales, de la cual remitió copia certificada para los efectos legales conducentes. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en la fracciones I inciso k) y II inciso a) del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente proveído personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, por oficio a las autoridades responsables, al Fiscal Décimo encargado de la Fiscalía adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Veracruz, Veracruz, en su carácter de tercero interesado y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Con fundamento en el artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese por lista de acuerdos a las partes.Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveídos de veintitrés de octubre y cuatro de noviembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el diecisiete de febrero de dos mil veinte, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Ulises Sirvain Grajales. Inconforme con dicha resolución Lauro Erick Huidobro Chávez, Fiscal Décimo encargado de la Fiscalía adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Veracruz, Veracruz, en su carácter de tercero interesado, interpuso recurso de revisión, del cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien en sesión de veintitrés de julio de dos mil veinte, confirmó la sentencia recurrida en la que se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto que: "[.]1). Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictado contra el aquí quejoso en la causa penal 578/2019, por el delito de robo agravado. 2). Hecho lo anterior, en la audiencia respectiva, con libertad de jurisdicción, atendiendo a las consideraciones expuestas en el presente fallo, reitere lo que no fue materia de concesión, esto es, la existencia de datos de pruebas que revelan la existencia de un hecho que la ley señala como delito de robo agravado y, al pronunciarse sobre la probabilidad de que el quejoso cometió tal hecho, prescinda de tomar en consideración las diligencias de reconocimiento por fotografía contenidas en los oficios 6330/2019 y 7133/2019, signados por los policías ministeriales Carlos Román Cerino Salazar y Miguel Ángel Molina Torres, respectivamente; debiendo resolver lo que en derecho corresponda. Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución del auto de vinculación a proceso atribuidos al Encargado del Módulo de Prisión Preventiva de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, en Veracruz, Veracruz, al no haberse combatido por vicios propios, sino como consecuencia de su inconstitucionalidad. [.]" En esas condiciones, mediante proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así, mediante proveídos de veintitrés de octubre y cuatro de noviembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada, con las constancias remitidas por la responsable, con base en las cuales se pronuncia la presente resolución. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Así, con oficio 540/2020 de veintiuno de octubre de dos mil veinte, el juez responsable informó que dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictado contra Ulises Sirvain Grajales en la causa penal 578/2019, por el delito de robo agravado y, con libertad de jurisdicción emitió una nueva resolución en la que dictó auto de no vinculación a proceso, en base a las consideraciones que a continuación se describen. En primer término, dejó intocado lo que no fue materia de concesión en el presente juicio de amparo, esto es, la existencia de datos de pruebas que revelan la existencia de un hecho que la ley señala como delito de robo agravado (minuto 5:00 a 5:15). Seguidamente, el juez responsable analizó que la fiscalía estableció que aproximadamente entre las tres cuarenta y cinco y las cuatro horas de la madrugada, del veinticuatro de julio de dos mil diecinueve (circunstancias de tiempo) en la negociación Hotel Gaudi, ubicado en la avenida Allende, número 2040, entre calles Hernán Cortés y Francisco Canal, de la Colonia Centro, en Veracruz, Veracruz (circunstancia de lugar) dos sujetos ingresaron al área de recepción del hotel golpeando en la cabeza con un arma de fuego al recepcionista del mismo de nombre César Constantino Merino Gómez, al tiempo que le dijeron que les diera el dinero, señalándoles éste que el dinero estaba en una caja de aluminio donde había la cantidad de diez mil pesos de la cuenta del día anterior del hotel, además lo siguieron golpeando y al revisarlo entre sus ropas, le quitaron el celular de la marca Huawei Y7, color negro, con número 5612836012 y la cantidad de mil quinientos pesos de su propiedad, así como un diverso teléfono celular propiedad de una clienta; que durante el atraco un tercer sujeto más se quedó en la puerta principal y un cuarto sujeto los esperaba a bordo del taxi número 01153, en el cual todos los sujetos se dieron a la fuga (circunstancia de modo). Además, refirió que en el minuto treinta y uno con cincuenta segundos de la audiencia anterior, la fiscalía mencionó tener como referencia de la persona que se encontraba en el taxi número 01153, en el cual todos los sujetos se dieron a la fuga, a una persona robusta de playera negra; identificación que fue obtenida por actos de la policía (minuto 5:15 a 7:22). Posteriormente, la autoridad responsable estudió que en relación a la identificación por fotografía los artículos 277 y 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen las formalidades que deben observarse en los procedimientos de reconcomiendo de personas, entro ellos, la práctica de la diligencia con la mayor reserva posible, la presencia del defensor del imputado y que el acto se realice por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. Asimismo, ahondó en la naturaleza de dicho procedimiento, entendiéndolo como un acto formal en el que se intenta reconocer la identidad de una persona, mediante la intervención de otra que afirma o niega haberla visto en determinadas circunstancias, pudiendo arrojar dato positivo o negativo que aporta un elemento de convicción (minuto 7:28 a 11:28). Asimismo, analizó el factor psicológico del mismo, que a su consideración implica ser todo acto de reconocimiento entre dos imágenes, la primera que queda en la memoria del testigo en el momento del hecho y, la segunda es la actual, con ello concebido como un medio de prueba irreproducible. Así, concluyó que el reconocimiento de personas debe ser realizado por autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación para garantizar la imparcialidad en la diligencia, para obtener un resultado confiable a favor o en contra del imputado, independientemente de las líneas de investigación establecidas por el responsable de la carpeta; pues si la identificación es realizada por el titular de la investigación, quien conoce de los antecedentes, los datos de pruebas y circunstancias, se puede pensar que existen actos de inducción y coacción sobre los testigos (minuto 11:31 a 13:08). En tales condiciones, en relación a las diligencias de reconocimiento por fotografía contenidas en los oficios 6330/2019 y 7133/2019, signados por los policías ministeriales Carlos Román Cerino Salazar y Miguel Ángel Molina Torres, respectivamente, determinó que fueron efectuadas por los policías ministeriales investigadores y no por una autoridad ministerial diversa a la que dirigía la investigación, ya que la fiscalía así lo sostuvo en la audiencia inicial de diez de diciembre de dos mil diecinueve, siendo que debieron realizarse por conducto de una autoridad ministerial distinta a la policía que estaba al mando de la investigación, sin que exista evidencia contraria (minuto 13:10 a 15:31). En esa tesitura, al no encontrar medios de convicción idóneos y suficientes que demuestren la probable responsabilidad de Ulises Sirvain Grajales, en el hecho que la ley señala como delito de robo agravado contenido en el artículo 202 fracción I párrafo segundo y 205 fracción II incisos a) y b) del Código Penal para el Estado de Veracruz, aunado al principio de presunción de inocencia del artículo 20 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dictó auto de no vinculación a proceso, ordenando se emitiera la boleta de libertad correspondiente (minuto 15:32 a 24:33) Por otro lado, el Encargado del Módulo de Prisión Preventiva Veracruz, Veracruz, informó que en cumplimiento a lo ordenado por el juez responsable en audiencia de veintiuno de octubre de dos mil veinte, procedió a emitir la correspondiente boleta de libertad de Ulises Sirvain Grajales. En relatadas condiciones, se advierte que las autoridades responsables dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, el juez responsable dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictado contra el aquí quejoso en la causa penal 578/2019, por el delito de robo agravado y, con libertad de jurisdicción, reiteró lo que no fue materia de concesión, es decir, la existencia de datos de pruebas que revelan la existencia de un hecho que la ley señala como delito de robo agravado y, al pronunciarse sobre la probabilidad de que el quejoso cometió tal hecho, prescindió de tomar en consideración las diligencias de reconocimiento por fotografía contenidas en los oficios 6330/2019 y 7133/2019, signados por los policías ministeriales Carlos Román Cerino Salazar y Miguel Ángel Molina Torres, respectivamente; resolviendo lo que en derecho correspondió. Asimismo, el Encargado del Módulo de Prisión Preventiva Veracruz, Veracruz, informó que en cumplimiento a lo ordenado por el juez responsable emitió la boleta de libertad de Ulises Sirvain Grajales, de la cual remitió copia certificada para los efectos legales conducentes. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en la fracciones I inciso k) y II inciso a) del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente proveído personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, por oficio a las autoridades responsables, al Fiscal Décimo encargado de la Fiscalía adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Veracruz, Veracruz, en su carácter de tercero interesado y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."
- Principal
Con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa el auto de diez de diciembre de dos mil veinte, el cual dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveídos de veintitrés de octubre y cuatro de noviembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el diecisiete de febrero de dos mil veinte, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Ulises Sirvain Grajales. Inconforme con dicha resolución Lauro Erick Huidobro Chávez, Fiscal Décimo encargado de la Fiscalía adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Veracruz, Veracruz, en su carácter de tercero interesado, interpuso recurso de revisión, del cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien en sesión de veintitrés de julio de dos mil veinte, confirmó la sentencia recurrida en la que se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto que: "[.]1). Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictado contra el aquí quejoso en la causa penal 578/2019, por el delito de robo agravado. 2). Hecho lo anterior, en la audiencia respectiva, con libertad de jurisdicción, atendiendo a las consideraciones expuestas en el presente fallo, reitere lo que no fue materia de concesión, esto es, la existencia de datos de pruebas que revelan la existencia de un hecho que la ley señala como delito de robo agravado y, al pronunciarse sobre la probabilidad de que el quejoso cometió tal hecho, prescinda de tomar en consideración las diligencias de reconocimiento por fotografía contenidas en los oficios 6330/2019 y 7133/2019, signados por los policías ministeriales Carlos Román Cerino Salazar y Miguel Ángel Molina Torres, respectivamente; debiendo resolver lo que en derecho corresponda. Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución del auto de vinculación a proceso atribuidos al Encargado del Módulo de Prisión Preventiva de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, en Veracruz, Veracruz, al no haberse combatido por vicios propios, sino como consecuencia de su inconstitucionalidad. [.]" En esas condiciones, mediante proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así, mediante proveídos de veintitrés de octubre y cuatro de noviembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada, con las constancias remitidas por la responsable, con base en las cuales se pronuncia la presente resolución. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Así, con oficio 540/2020 de veintiuno de octubre de dos mil veinte, el juez responsable informó que dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictado contra Ulises Sirvain Grajales en la causa penal 578/2019, por el delito de robo agravado y, con libertad de jurisdicción emitió una nueva resolución en la que dictó auto de no vinculación a proceso, en base a las consideraciones que a continuación se describen. En primer término, dejó intocado lo que no fue materia de concesión en el presente juicio de amparo, esto es, la existencia de datos de pruebas que revelan la existencia de un hecho que la ley señala como delito de robo agravado (minuto 5:00 a 5:15). Seguidamente, el juez responsable analizó que la fiscalía estableció que aproximadamente entre las tres cuarenta y cinco y las cuatro horas de la madrugada, del veinticuatro de julio de dos mil diecinueve (circunstancias de tiempo) en la negociación Hotel Gaudi, ubicado en la avenida Allende, número 2040, entre calles Hernán Cortés y Francisco Canal, de la Colonia Centro, en Veracruz, Veracruz (circunstancia de lugar) dos sujetos ingresaron al área de recepción del hotel golpeando en la cabeza con un arma de fuego al recepcionista del mismo de nombre César Constantino Merino Gómez, al tiempo que le dijeron que les diera el dinero, señalándoles éste que el dinero estaba en una caja de aluminio donde había la cantidad de diez mil pesos de la cuenta del día anterior del hotel, además lo siguieron golpeando y al revisarlo entre sus ropas, le quitaron el celular de la marca Huawei Y7, color negro, con número 5612836012 y la cantidad de mil quinientos pesos de su propiedad, así como un diverso teléfono celular propiedad de una clienta; que durante el atraco un tercer sujeto más se quedó en la puerta principal y un cuarto sujeto los esperaba a bordo del taxi número 01153, en el cual todos los sujetos se dieron a la fuga (circunstancia de modo). Además, refirió que en el minuto treinta y uno con cincuenta segundos de la audiencia anterior, la fiscalía mencionó tener como referencia de la persona que se encontraba en el taxi número 01153, en el cual todos los sujetos se dieron a la fuga, a una persona robusta de playera negra; identificación que fue obtenida por actos de la policía (minuto 5:15 a 7:22). Posteriormente, la autoridad responsable estudió que en relación a la identificación por fotografía los artículos 277 y 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen las formalidades que deben observarse en los procedimientos de reconcomiendo de personas, entro ellos, la práctica de la diligencia con la mayor reserva posible, la presencia del defensor del imputado y que el acto se realice por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. Asimismo, ahondó en la naturaleza de dicho procedimiento, entendiéndolo como un acto formal en el que se intenta reconocer la identidad de una persona, mediante la intervención de otra que afirma o niega haberla visto en determinadas circunstancias, pudiendo arrojar dato positivo o negativo que aporta un elemento de convicción (minuto 7:28 a 11:28). Asimismo, analizó el factor psicológico del mismo, que a su consideración implica ser todo acto de reconocimiento entre dos imágenes, la primera que queda en la memoria del testigo en el momento del hecho y, la segunda es la actual, con ello concebido como un medio de prueba irreproducible. Así, concluyó que el reconocimiento de personas debe ser realizado por autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación para garantizar la imparcialidad en la diligencia, para obtener un resultado confiable a favor o en contra del imputado, independientemente de las líneas de investigación establecidas por el responsable de la carpeta; pues si la identificación es realizada por el titular de la investigación, quien conoce de los antecedentes, los datos de pruebas y circunstancias, se puede pensar que existen actos de inducción y coacción sobre los testigos (minuto 11:31 a 13:08). En tales condiciones, en relación a las diligencias de reconocimiento por fotografía contenidas en los oficios 6330/2019 y 7133/2019, signados por los policías ministeriales Carlos Román Cerino Salazar y Miguel Ángel Molina Torres, respectivamente, determinó que fueron efectuadas por los policías ministeriales investigadores y no por una autoridad ministerial diversa a la que dirigía la investigación, ya que la fiscalía así lo sostuvo en la audiencia inicial de diez de diciembre de dos mil diecinueve, siendo que debieron realizarse por conducto de una autoridad ministerial distinta a la policía que estaba al mando de la investigación, sin que exista evidencia contraria (minuto 13:10 a 15:31). En esa tesitura, al no encontrar medios de convicción idóneos y suficientes que demuestren la probable responsabilidad de Ulises Sirvain Grajales, en el hecho que la ley señala como delito de robo agravado contenido en el artículo 202 fracción I párrafo segundo y 205 fracción II incisos a) y b) del Código Penal para el Estado de Veracruz, aunado al principio de presunción de inocencia del artículo 20 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dictó auto de no vinculación a proceso, ordenando se emitiera la boleta de libertad correspondiente (minuto 15:32 a 24:33) Por otro lado, el Encargado del Módulo de Prisión Preventiva Veracruz, Veracruz, informó que en cumplimiento a lo ordenado por el juez responsable en audiencia de veintiuno de octubre de dos mil veinte, procedió a emitir la correspondiente boleta de libertad de Ulises Sirvain Grajales. En relatadas condiciones, se advierte que las autoridades responsables dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, el juez responsable dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictado contra el aquí quejoso en la causa penal 578/2019, por el delito de robo agravado y, con libertad de jurisdicción, reiteró lo que no fue materia de concesión, es decir, la existencia de datos de pruebas que revelan la existencia de un hecho que la ley señala como delito de robo agravado y, al pronunciarse sobre la probabilidad de que el quejoso cometió tal hecho, prescindió de tomar en consideración las diligencias de reconocimiento por fotografía contenidas en los oficios 6330/2019 y 7133/2019, signados por los policías ministeriales Carlos Román Cerino Salazar y Miguel Ángel Molina Torres, respectivamente; resolviendo lo que en derecho correspondió. Asimismo, el Encargado del Módulo de Prisión Preventiva Veracruz, Veracruz, informó que en cumplimiento a lo ordenado por el juez responsable emitió la boleta de libertad de Ulises Sirvain Grajales, de la cual remitió copia certificada para los efectos legales conducentes. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en la fracciones I inciso k) y II inciso a) del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente proveído personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, por oficio a las autoridades responsables, al Fiscal Décimo encargado de la Fiscalía adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Veracruz, Veracruz, en su carácter de tercero interesado y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesada, así por estar ordenado en autos.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio y anexo signado por el encargado del Módulo de Prisión Preventiva de Veracruz con sede en Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene remitiendo las constancias en vía de alcance al oficio SSP/DGPRS/MV/1310/2020, de veinte de octubre del año en curso, con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las parte quejosa y terceros interesados con el oficio y anexo respectivo con registro 8320, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Finalmente de autos se aprecia que mediante proveído de veintitrés de octubre del año en curso, se ordenó notificar personalmente a los terceros interesados a *****, sin embargo, y atención al apercibimiento contenido en auto de diecisiete de enero de dos mil veinte, las subsecuentes notificaciones deberán realizarse en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por tanto, a fin de salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena notificar a los citados terceros interesados, el auto de veintitrés de octubre del año en curso, mediante lista de acuerdos. Finalmente como esta ordenado en el presente proveído se notifica el auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, que dice: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el primero de los oficios con registro 7783, signado por el Encargado del Módulo de Prisión Preventiva en Veracruz, así como el segundo y tercero de los oficios y sus respectivos anexos ambos signados por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal oral del Decimoséptimo Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz; en atención al contenido de los mismos, se le tiene remitiendo las constancias con las cuales consideran haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, así como el disco versátil CVN1072020 el cual contiene la audiencia respectiva. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las parte quejosa y terceros interesados con los oficios y anexos respectivos con registro 7783, 7812 y 7814, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se le deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias, asimismo, dígaseles que se deja a su disposición en esta secretaría el CD de audio y video, a efecto de que se impongan de su contenido. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 26, fracciones I, inciso k) II incisos a) y III de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa, y terceros interesados, así como por oficio al Fiscal Decimoprimero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XXI Distrito Judicial de Veracruz, con residencia en Veracruz, Veracruz, en su carácter de tercero interesado. Con fundamento en el artículo 26, fracciones I, inciso k) II incisos a) y III de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio al Fiscal Decimoprimero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XXI Distrito Judicial de Veracruz, con residencia en Veracruz, Veracruz, en su carácter de tercero interesado y por lista de acuerdos a los diversos terceros interesados. Lo que se notifica a la parte tercero interesada, así por estar ordenado en autos.
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