Ulises Rosales Terreros

Expediente 478/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
478/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
18/10/2021

Partes del expediente

  • Ulises Rosales Terreros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y como de la misma se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), del ordenamiento legal invocado, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer dicho medio de impugnación en contra del auto que sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). En consecuencia, se ordena el archivo del presente expediente y se declara que este asunto es susceptible de destrucción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Octavo, del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, del veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo, el cuaderno original del incidente de suspensión debe depurarse, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la destrucción en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo; es de señalarse que de acuerdo al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la destrucción en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo. Procédase a realizar la anotación en la carátula, asimismo, agréguese copia autorizada de este acuerdo al original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, se tiene por hecha la certificación de cuenta, de la que se advierte que se aperturó incidente de suspensión, en el que se concedió la medida cautelar sin que se haya exhibido garantía alguna, asimismo, que en el presente asunto no obran documentos catalogados como originales; y, que las actuaciones del presente asunto coinciden con el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos conducentes. Finalmente, devuélvanse al juez responsable las constancias remitidas en apoyo a su informe justificado constantes de un legajo; esto en virtud de que ya no son necesarias en el presente asunto, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. En la inteligencia de que el desahogo a este requerimiento se deberá presentar de manera física en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, o en su caso, a través de la dirección de correo institucional 13jdo1ctoc@correo.cjf.gob.mx, debiendo contener las correspondientes firmas electrónicas; lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguense a sus autos el escrito presentado por el quejoso, en términos del mismo, se autoriza para oír y recibir notificaciones y documentos a las personas que señala, asimismo, se autoriza el uso de aparatos electrónicos o digitales de reproducción de imágenes para imponerse de las constancias que conforman el presente expediente, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por la circular 12/2009 emitida por el Consejo de la Judicatura Federal. Se autoriza la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa con los usuarios en consecuencia regístrese tal autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo anterior con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Finalmente, se revocan las autorizaciones que precisa en su escrito de mérito, de lo que se toma nota para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la razón de cuenta signada por la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso **** el auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno por los motivos que expone, y toda vez que, en su escrito inicial de demanda el quejoso señaló las listas que se publican en este órgano jurisdiccional; en tal virtud, túrnense los presentes autos al actuario que corresponda para que notifique por medio de lista al quejoso, el auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno y el presente proveído, en términos del artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal. Notifíquese, y por medio de lista al quejoso. SE ORDENA NOTIFICAR POR LISTA AL QUEJOSO EL PROVEIDO DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEITIUNO, QUE DICE: "Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el quejoso reclama la falta o legal notificación al incidente de pensión alimenticia y pago de pensión alimenticia vencida y no pagada, promovido por Sofía Rosales Roan, deducido del juicio de alimentos, expediente 2129/2013, del índice del Juzgado Trigésimo Tercero Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ahora, de las constancias remitidas por el juez responsable en apoyo a su informe justificado, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, se advierte que el incidente de origen, se encuentra en trámite, en tanto que no se ha dictado la sentencia respectiva. Por ende, este juzgado considera que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 172, fracciones I, V y XII, así como 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; (.) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Del análisis de lo dispuesto por dichos preceptos, en la parte y sentido citados, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. En ese sentido, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En el caso, el quejoso reclama la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, cuyo incidente natural se encuentra en trámite, en tanto que no se ha dictado la sentencia que resuelva el incidente seguido en su contra; por lo que, tal violación no puede considerársele como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que aun cuando ésta resulta ser la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, lo cierto es que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino la violación de derechos que producen únicamente efectos formales dentro del proceso, mismos que pueden ser impugnados dentro del propio juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra del fallo de primera instancia. Sustenta a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 250, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Octava Época del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo IV, Parte SCJN, visible en la página 170, de la que dice: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVES DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, en sus fracciones IV y V de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio sólo procede en dos casos de excepción, a saber: a) Cuando se trata de actos cuya ejecución sea de imposible reparación; y b) Cuando se afecte a persona extraña al juicio. Ahora bien, si se reclama la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo por la parte que se considera perjudicada, antes de que se dicte sentencia en el juicio seguido en su contra, o antes de que ésta cause ejecutoria, es evidente que tal violación no puede considerársele como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que aun cuando ésta resulta ser la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, lo cierto es que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino la violación de derechos que producen únicamente efectos formales dentro del proceso, mismos que pueden ser impugnados dentro del propio juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra del fallo de primera instancia. Por otra parte, si el promovente del amparo es el demandado en el juicio natural, resulta claro que no puede ostentarse como tercero extraño al juicio, ya que tienen ese carácter quienes no son partes en el propio juicio. En tal virtud, el medio idóneo para impugnar la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, cuando el promovente tiene conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria, es el amparo directo en los términos de lo establecido por los artículos 158, 159, fracción I, y 161 de la Ley de Amparo, mas no el juicio de garantías en la vía indirecta, pues en tales circunstancias, respecto de esta última vía constitucional, se surtiría la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la misma Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos artículos 158, 159, fracción I, y 161 antes invocados." También, es aplicable en lo conducente la tesis II.1o.C.T.44 K sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, página 396, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO, ILEGALIDAD DEL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, SI EL QUEJOSO PUEDE SER OÍDO EN EL JUICIO. El acto consistente en el emplazamiento ilegal, no es un acto de imposible reparación, pues el mismo no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, mismos que pueden ser impugnados dentro del juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra de la sentencia de primera instancia." Lo anterior, porque el quejoso, al haber tenido conocimiento de la tramitación del incidente natural, el que no se ha resulto, está en aptitud de comparecer a defender sus intereses, incluso plantear el incidente de nulidad de notificación contra la notificación al mismo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 172, fracciones I, V y XII, así como 107, fracción V, en correlación con el dispositivo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Por lo tanto, se deja sin efectos la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional, once horas del veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción para que se sirva notificar personalmente aún en días y horas inhábiles. Notifíquese, y personalmente al quejoso."

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 172, fracciones I, V y XII, así como 107, fracción V, en correlación con el dispositivo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Se deja sin efectos la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional, once horas del veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese, y personalmente al quejoso.

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