Ulises Pineda Mariano
Expediente 260/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 260/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ulises Pineda Mariano
Actuaciones
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de este juicio, se advierte que ha transcurrido el término que alude el numeral 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído del veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el ordinal 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado al encontrarse debidamente integrado el expediente físico y electrónico de este juicio; archívese como concluido. En términos de los preceptos 12 y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, es susceptible de destrucción, en virtud de que se desechó la demanda, lo que podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes y colóquese la caratula correspondiente. Sin que se estime necesario realizar mayor pronunciamiento sobre la devolución de documentos originales, toda vez que de la certificación inicial se advierte que no obra alguno. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Mariano Villanueva Araujo, Secretario encargado del despacho, conforme al punto cuarto del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se determina la lista de las y los aspirantes aceptados al Segundo concurso interno de oposición para la designación de magistradas y magistrados de Circuito conforme a la reforma judicial y al oficio CTA5IGU-210/2023, del uno de septiembre de dos mil veintitrés, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por *** por conducto de quien se ostenta como su apoderado legal ***, por derecho propio, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Arcelia, Guerrero, y otra autoridad; regístrese bajo el número 260/2023-III y realícense las anotaciones respectivas. Al respecto, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario de la Ley de Amparo. Ahora, de los artículos invocados, interpretados en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos meramente adjetivos o procesales. Por ello, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que en su caso se promueva en contra de la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Bajo esa tesitura, la determinación reclamada no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos, en tanto que no incide de modo directo en la esfera jurídica de derechos sustantivos del quejoso. Los actos tienen una ejecución de imposible reparación, por regla general, cuando afectan de forma directa alguno de los derechos subjetivos públicos tutelados por la Constitución Federal; de ahí que, se puede concluir que cuando los actos que se reclaman en un juicio de amparo no tienen una ejecución de imposible reparación, el juicio es improcedente de conformidad con la citada fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ahora, si en este asunto se tilda de inconstitucional el acto reclamado consistente en la determinación del siete de julio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ***, del índice del juzgado responsable, por medio de la cual se declaró improcedente el recurso de reconsideración hecho valer contra el acuerdo del tres de noviembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por inexistente una prueba documental ofertada por la parte quejosa, es indudable que únicamente origina consecuencias de índole procesal dentro del procedimiento de origen, toda vez que no genera una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del quejoso porque no se impide el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente. Dicho de otro modo, el acto que reclama el quejoso no constituye un acto de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, puesto que se trata de un acto intraprocesal dentro del procedimiento natural, con lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la legislación aplicable se desecha la demanda de amparo. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente por encontrarse dentro de la residencia de este órgano de control; asimismo, por autorizadas a la personas que menciona para los efectos que establece; en el entendido que de facultarlas en amplios términos deberán contar con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en el numeral 21 de la legislación de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que se realicen las notificaciones que ameriten ser practicadas de manera personal. De conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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