Ulises Perez de la Torre

Expediente 308/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
308/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
13/04/2018

Partes del expediente

  • Ulises Perez de la Torre

Actuaciones

  1. Principal

    TODA VEZ QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA INTERPONER EL RECURO DE REVISIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE SOBRESEYO FUERA DE AUNDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. EN CONSECUENCIA, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO. SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL MISMO.

  2. Principal

    NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEIDO DE 16 DE MARZO DE 2018, A LA PARTE QUEJOSO.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio HCE/DAJTA/0075/2018, signado por el Director de Asuntos Jurídicos, Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Tabasco, en representación de éste, mediante el cual hace diversas manifestaciones en relación al incidente de inejecución de sentencia relacionado con el presente juicio de amparo, informa en un sentido cronológico lo actuado por parte del Poder Legislativo en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el incidente de inejecución de sentencia emanado del juicio en que se actúa; en lo que al caso medularmente interesa, respecto a la desaparición del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco, así como la creación de un Consejo Municipal en la citada municipalidad. Por lo cual, adjunta entre otras constancias, copia certificada del expediente HCE/DAJTAIP/PP/001/2018, dentro de las que obra el Decreto 188, a través del cual quedó integrado el citado Consejo Municipal de Paraíso, Tabasco, así como los funcionarios que lo conforman (Ramiro López Contreras, Primer Concejal, propietario; Candelario Carrillo Pérez, Suplente del Primer Concejal; Julio César Contreras Santos, Segundo Concejal, propietario; Enrique Pérez Ortíz, Suplente del Segundo Concejal; Rosa María Arias Palma, Tercer Concejal, propietario; y, Karen Cristhel Gómez Ávalos, Suplente del Tercer Concejal). Por otra parte, téngase por recibido el acuerdo de doce de febrero de dos mil dieciocho, recibido vía MINTERSCJN (módulo de intercomunicación), signado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Secretario General de Acuerdos, respectivamente, dictado en el incidente de inejecución de sentencia 105/2017, a través de cual solicita a este Juzgado de Distrito, que en el momento oportuno, se lleve a cabo la notificación respectiva a la nueva integración del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco y que una vez realizado ello, se remitan a este Alto Tribunal las constancias de notificación respectivas. Por tanto, en atención a lo ordenado por el Tribunal de la Nación, se acuerda: Tomando en consideración lo informado por el responsable del Congreso del Estado de Tabasco, en relación a la desaparición del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco, así como la designación de un Concejo Municipal que se hará cargo de la administración y gobierno del municipio en comento, a partir del dieciséis de febrero al cuatro de octubre del año en curso, mismo que quedó integrado con los funcionarios señalados en líneas precedentes; y, por otra parte, advirtiéndose del estado de los autos, que la sentencia concesoria de amparo dictada el treinta de agosto de dos mil trece, por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Cancún, Quintana Roo, en auxilio de este Juzgado de Distrito, fue para el efecto siguiente: ".(I) dé inmediato cumplimiento al laudo dictado en veintinueve de agosto de dos mil cinco, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en el expediente 44/2001 de su índice, consistente en la reinstalación de los quejosos Evenecer Jiménez Hernández, Primitivo Olan Alejandro, Matilde Izquierdo Domínguez, Plutarco Palma de la Cruz, Francisco Díaz Gómez, Ana Laura García Domínguez, Carlos Flores Trinidad, Leticia del Carmen Jerónimo Pérez, Eleuterio Alejandro Almeida, Juana Sánchez Segura, Gloria Córdova Hernández, Alisben Díaz Gómez, Mariel de la Cruz Arias, Pedro Lizarraga Angulo, Luz María Ortiz de la Cruz, Roger Domínguez Domínguez, Claudia de la Cruz Pérez, Moisés Oyosa Márquez, Concepción Hernández Angulo, Primitivo Olan Palma, Alicia Díaz Arias, Elias González Hernández, Juan Pablo Hernández Gómez, Candelaria Ávalos de la Cruz, Adriana Arias de la Cruz y Alberto Vázquez García; (II) igualmente, realice el pago de la cantidad que hasta el momento sea liquidado y su actualización a la fecha de pago de todos los quejosos y al peticionario Guadalupe Flores Javier (fallecido). Ahora, en caso de no existir partida presupuestal para realizar el pago o crear las plazas respectivas, se incluya en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil catorce, en el entendido que la cantidad que debe presupuestarse debe ser igual a la condenada en el laudo en cita, sus liquidaciones y actualizada a la fecha de pago en el año entrante. Cabe señalar, que como se vio la concesión de amparo alcanza a Guadalupe Flores Javier, quien a la fecha de la presentación de la demanda ya había muerto, ello porque no se advierte que se hayan nombrado beneficiarios, y en ese sentido José Luis Morales Gerónimo cuenta con su representación." En consecuencia, con apoyo en el artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase a los integrantes del Concejo Municipal de Paraíso, Tabasco: Ramiro López Contreras, Primer Concejal, propietario. Candelario Carrillo Pérez, Suplente del Primer Concejal. Julio César Contreras Santos, Segundo Concejal, propietario. Enrique Pérez Ortíz, Suplente del Segundo Concejal. Rosa María Arias Palma, Tercer Concejal, propietario. Para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que le sea hecha la notificación del presente proveído, procedan a dar total cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos; esto es, que demuestren que ya reinstalaron a los trabajadores con excepción de aquellos que en la secuela procesal han fallecido; y, que ya pagaron todas y cada una de las indemnizaciones a que fueron condenadas o, en su caso, que las incluyan en el presupuesto de egresos respectivo. Apercibidas que de no hacerlo en el término ya señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo; es decir, se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, donde se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su caso, se implementarán las penas a que hace referencia el arábigo 267 de la ley de la materia. Por lo anterior, dichas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo amparador antes mencionadas, deberán dentro del término de tres días contados a partir del en que tengan conocimiento del presente auto, remitir a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias con las que acrediten fehacientemente el pago total de la cantidad establecida en el laudo de marras, actualizada al momento en que se realice el pago, a favor de los actores y aquí quejosos: Evenecer Jiménez Hernández. Primitivo Olan Alejandro. Matilde Izquierdo Domínguez. Plutarco Palma de la Cruz. Francisco Díaz Gómez. Ana Laura García Domínguez. Carlos Flores Trinidad. Leticia del Carmen Jerónimo Pérez. Eleuterio Alejandro Almeida. Juana Sánchez Segura. Gloria Córdova Hernández. Alisben Díaz Gómez. Mariel de la Cruz Arias. Pedro Lizarraga Angulo. Luz María Ortiz de la Cruz. Roger Domínguez Domínguez. Claudia de la Cruz Pérez. Moisés Oyosa Márquez. Concepción Hernández Angulo. Primitivo Olan Palma. Alicia Díaz Arias. Elias González Hernández. Juan Pablo Hernández Gómez. Candelaria Ávalos de la Cruz. Adriana Arias de la Cruz. Alberto Vázquez García. Guadalupe Flores Javier, este último a través de quien cuenta con su representación. En el entendido, que como se estableció en la ejecutoria de quince enero del año en curso, emitida en el incidente de inejecución sentencia 105/2017, del índice del máximo Tribunal del País, en el sentido de que, además de las obligaciones impuestas en la sentencia amparadora antes referida, el citado Concejo Municipal requerido, para su debido cumplimiento, en cuanto al monto que se debe cubrir a los trabajadores y aquí quejosos, deberá atender a la cantidad debidamente actualizada en el momento en que realice el pago respectivo. Sirve de sustento en lo que al caso aplica, la Jurisprudencia 2ª./J. 47/98, de la Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Julio de 1998; materia Común, Constitucional, página 146, de voz y contenido que dicen: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo". Al igual, apoya la anterior determinación, la tesis I.3º.(I Región) 3 K (10ª.), sustentada por el TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, de la Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, Materia Común, página 2047, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS EJECUTORIADAS. PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO LOS ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL TIENEN FACULTADES PARA REQUERIR A AUTORIDADES DIVERSAS DE LAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, QUE SE ENCUENTREN VINCULADAS A ESOS FALLOS. De la reforma al párrafo segundo del artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se advierte un nuevo diseño respecto del tratamiento que debe darse a los derechos humanos, atendiendo al contenido normativo ahí previsto y, en su caso, a los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano sobre este rubro, en aras de beneficiar en cualquier momento a todas las personas y así poder proporcionarles una tutela mayor. Así, por imperativo constitucional, debe procurarse que la interpretación se haga conforme al principio pro persona, que también se encuentra contenido en el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, en el que se establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial. En estas condiciones, se concluye que el derecho a la administración pronta y expedita de justicia es una prerrogativa fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos reconocidos en los pactos internacionales en forma no limitativa sino enunciativa, ya que no puede circunscribirse al simple significado del vocablo, pues es el continente de un sinnúmero de derechos y obligaciones tanto internos como externos, es decir, inter país y a nivel internacional. Consecuentemente, si se atiende al artículo 17 de la Carta Magna, en el que se consignan, entre otros derechos fundamentales, el relativo a la administración pronta y expedita de justicia, a fin de que se cumplan cabalmente las sentencias ejecutoriadas, se estima que los órganos de control constitucional tienen facultades, no sólo para precisar los alcances de esos fallos, sino también para requerir a autoridades diversas de las señaladas como responsables, que se encuentren vinculadas a éstos, y conseguir su eficaz, completo y pronto acatamiento". Del mismo modo, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 5/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 10, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento". Así como, la jurisprudencia P./J. 6/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. SI LA FALTA DE RECURSOS IMPIDE HACERLO, UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEBEN REMITIRSE LOS AUTOS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA ANALIZAR, PRIMERO, SI ES EXCUSABLE EL INCUMPLIMIENTO POR ESE MOTIVO, Y SEGUNDO, SI SE ESTÁ EN EL CASO DE REQUERIR A LAS AUTORIDADES QUE PUEDEN DISPONER DE LOS RESPECTIVOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS. Tratándose de una sentencia de amparo cuyo cumplimiento implique el pago de una suma de dinero, a las autoridades que carecen de recursos económicos para hacer frente a la respectiva obligación pecuniaria no les es imputable el incumplimiento del fallo, por lo que su omisión de pago no debe perjudicarlas por razones de equidad aplicables en los procedimientos encaminados al cumplimiento de dichas sentencias. En estas condiciones, si tanto la autoridad vinculada originalmente al acatamiento del fallo protector, como sus superiores jerárquicos, acreditan la insuficiencia de la partida presupuestal aplicable para el pago de esas sentencias, el órgano jurisdiccional que conozca del procedimiento de ejecución deberá enviar los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se determine, primero, si es excusable el incumplimiento por falta de fondos autorizados y, segundo, si se está en el caso de requerir a las autoridades que pueden disponer de los correspondientes recursos presupuestarios, y se determine cuál es la autoridad a la que asiste la atribución para realizar las adecuaciones presupuestales necesarias para cumplir el fallo constitucional, conforme a la facultad que tiene el juzgador de amparo para vincular a cualquier autoridad que deba intervenir en el cumplimiento". Para lo cual se comisiona al actuario adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en el edificio que ocupa el Palacio Municipal de Paraíso, Tabasco; y, en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, proceda a notificar mediante oficio a los servidores públicos que ocupen actualmente el cargo en dicho Concejo Municipal de Paraíso, Tabasco (por tratarse de autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia protectora emitida en este asunto); al que se acompañará fotocopia certificada de la sentencia amparadora de treinta de agosto de dos mil trece y de la ejecutoria de quince de enero del año en curso, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el incidente de inejecución de sentencia 105/2017, asentando la razón actuarial correspondiente. Cumplido lo anterior, remítanse las constancias de notificación respectivas, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales procedentes, a través del Sistema Informativo de Intercomunicación denominado MINTERSCJN. Por último, glósese a los autos el escrito de los quejosos de veinte de febrero actual, presentado en esta propia data y en atención a su contenido, dígaseles que deberán estarse a lo acordado en párrafos anteriores; pues lo que solicitan esencialmente es que se requiera al Concejo Municipal de Paraíso, Tabasco, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en cuanto a que no han realizado las adecuaciones correspondientes en el presupuesto de egresos de 2018, para los efectos del debido cumplimiento a la sentencia amparadora, ya que no se ha realizado adecuación alguna en relación al presupuesto para el pago total del laudo emitido en el juicio obrero de origen, con sus actualizaciones; pues se reitera, en líneas precedentes, se ordenó requerir a dicho Concejo Municipal de la citada municipalidad, el cumplimiento del fallo protector, en los términos antes señalados. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Edgar Salvador Vargas Valle, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa en compañía de la secretaria Herminia de los Ángeles Bobadilla Bolívar, que autoriza y da fe.

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