Ulises Omar Gamíz Noriega

Expediente 1558/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1558/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
09/12/2022

Partes del expediente

  • Ulises Omar Gamíz Noriega

Actuaciones

  1. Principal

    AVISO PERITO POR LA PARTE TERCERA INTERESADA ACUERDO DE FECHA CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Victoria de Durango, Durango, a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo procede a celebrarla de Distrito en el Estado, quien actúa asistida de secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Jueza declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. ABIERTA LA AUDIENCIA: el secretario hace una relación oral de todas y cada una de las constancias que obran en este juicio. Se da cuenta con el escrito del apoderado legal del tercero interesado de la Parra registrado con el folio 22111, mediante el cua,l objeta de falsa la firma que aparece al calce del escrito de demanda. LA JUEZA ACUERDA: Téngase por hecha la relación de constancias que de manera verbal efectuó el secretario; la que atendiendo al principio de la economía procesal no habrá de transcribirse, ya que no existe precepto legal alguno que obligue a ello. Se tiene al tercero interesado objetando de falsa la firma que calza el escrito de demanda. En mérito de ello, con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo, se suspende la presente audiencia constitucional, para dar margen a la substanciación del incidente de falsedad respectivo. Por tanto, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la reanudación de la audiencia constitucional. En el entendido que se fija dicha fecha, tomando en consideración un tiempo prudente para efecto de que en primer término, este órgano jurisdiccional cuente con perito oficial y en segundo, para que éste pueda rendir y ratificar su dictamen. Hágase saber a las partes la determinación antes adoptada para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que el tercero interesado ofreció la prueba pericial en grafoscopía, se admite por estar anunciada en tiempo. En tal virtud, requiérase al perito del oferente , para que dentro del término de tres días computados de manera legal, comparezca a este juzgado a aceptar el cargo conferido, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, o bien, de no manifestar el impedimento legal que para ello tenga, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la ley de la materia, se le impondrá multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Hágase saber a las demás partes que dentro del término de tres días, computado de manera legal, podrán nombrar perito para los efectos del artículo 120 de la Ley de Amparo o bien adherirse a la opinión del perito oficial. Distribúyanse entre las partes copias del ocurso donde se ofrece la prueba en comento, el cual contiene el interrogatorio y los puntos sobre los que versará dicha prueba. A fin de que este juzgado cuente con perito de su parte, gírese atento oficio al Director de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, para que dentro del término de tres días, proporcione el nombre de una persona con conocimiento en grafoscopía que pueda fungir como perito por parte de este órgano jurisdiccional; apercibido que de incumplir, se impondrá multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, de acuerdo a lo que disponen los preceptos 237 fracción I y 259, ambos del mismo ordenamiento legal.- Dos firmas electrónicas.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ** por propio derecho, contra actos de la Fiscal General del Estado y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1558/2022. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a) Por no existir manifestación de la voluntad. Ahora, del contenido de la demanda de derechos fundamentales de que se trata, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6 del propio ordenamiento legal, teniendo en cuenta que no contiene firma electrónica del promovente **** por lo que procede desechar la demanda de amparo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto dichos artículos refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." (.) "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita" De la lectura del último precepto se advierte que la promoción del juicio de amparo es personalísimo, esto es, que sólo podrá promoverse por el directo interesado o, en su caso, su representante legal o su apoderado, salvo en excepción de que se trate de una causa criminal y en los que la propia ley lo permita. Al efecto, es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa" Principio que reproduce el diverso artículo 6 de la propia Ley de Amparo, al estatuir que el juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, su representante legal o apoderado, principio que rige en todos los casos, salvo las causas criminales y los casos que expresamente lo permita la propia ley. En tal sentido, las personas físicas dentro de los procedimientos por escrito expresan su voluntad al plasmar su firma, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; cuando no saben hacerlo o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, puesto que, de lo contrario, no existe la manifestación de voluntad del interesado. En el caso, la demanda de amparo no se encuentra firmada electrónicamente por el promovente**** por lo que no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 108, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por carecer de este requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa extraordinario; de ahí que si ésta no se encuentra suscrita autógrafamente por la interesada, su representante legal o su apoderado, debe entenderse que no existe la manifestación de la voluntad respecto de dicha promovente; por tanto, la demanda resulta improcedente. Deficiencia que no puede mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el artículo 108 del indicado ordenamiento legal. A mayor abundamiento, el artículo 3 de la Ley de Amparo prevé que es optativo para el promovente formular su escrito en forma impresa o electrónica y que, en el segundo supuesto, deberá realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica que, por disposición del propio precepto, produce los mismos efectos que la firma autógrafa, de ahí que cuando se promueve el juicio de amparo indirecto, vía electrónica, es necesario contar con la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda de donde se advierta indubitablemente la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) con la que se suscribió o, en su caso, la e.firma (antes denominada FIEL), para estimar satisfecho el principio de instancia de parte agraviada; de lo contrario, deberá desecharse la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que reza: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO" PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En las condiciones apuntadas, al advertirse tal motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia que dice: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." No pasa a la consideración de la suscrita juzgadora que en el caso en concreto, del escrito inicial de demanda se desprende la firma digitalizada del promovente; sin embargo, al haber optado por la promoción de ésta, en la vía electrónica, la falta de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o, en su caso, la e.firma (antes denominada FIEL), no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, acorde con lo establecido en la jurisprudencia P./J. 8/2019 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada con antelación. Sin que con lo anterior se desatiendan los criterios de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), SE DEBE PREVENIR A LA QUEJOSA." y "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LÍNEA. SI CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA, PERO EXISTE INDICIO DE QUE SE FIRMÓ DE MANERA AUTÓGRAFA, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE FUE FIRMADA POR EL QUEJOSO Y, POR TANTO, NO DEBE DESECHARSE, SINO REQUERIR AL PROMOVENTE.", ya que tanto la jurisprudencia 1a./J. 24/2018, emitida por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal, como la tesis aislada I.6o.P.13 K emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, contienen criterios contrarios a lo establecido en la jurisprudencia invocada (P./J. 8/2019 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y, que acorde con el artículo 217 de la ley que rige la materia, es de observación obligatoria para la suscrita y preferente sobre las demás. A más de que dichos criterios establecen que la ausencia de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) es un requisito equiparable a los previstos en el artículo 114 de la Ley de Amparo y que la existencia de una firma autógrafa da la presunción de la manifestación de la voluntad, ambos subsanables a través de la figura de la prevención, por lo que son contrarios a la jurisprudencia del Pleno del Máximo Tribunal del País. Notifíquese personalmente.

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