Ulises Nicolás Carmona García
Expediente 984/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 984/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ulises Nicolás Carmona García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 25 a 31), que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Ulises Nicolás Carmona García, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de DESTRUCCIÓN; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales, toda vez que no se exhibieron. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ULISES NICOLÁS CARMONA GARCÍA. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, la comparecencia del quejoso Ulises Nicolás Carmona García, mediante la cual ratifica en todas y cada uno de sus partes el escrito presentado el diez de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad y recibido en este juzgado al día siguiente ; por tanto, se tiene al referido quejoso cumpliendo con la prevención formulada en proveído de tres del mes en curso. Atento a lo anterior, se procede a determinar sobre la admisión o no de la demanda de amparo promovida por Ulises Nicolás Carmona García, por propio derecho, sin que haya lugar a registrarla en el libro de gobierno ni en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, dado que ello se hizo con anterioridad bajo el número II-984/2019. ? Análisis de procedencia del juicio de amparo. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De la lectura de la demanda, así como del escrito aclaratorio, se aprecia que la parte quejosa señala como autoridades responsables a las que se mencionan a continuación: 1. Juez Primero de lo Familiar, con sede en esta ciudad. 2. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de lo Familiar, con sede en esta ciudad. De quienes reclama el acto consistente en: ? El auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, en el que se le niega la admisión del recurso de apelación interpuesto contra el diverso de diez de julio del año en curso, dictado dentro del juicio ordinario familiar número 1175/2011 , que sobre divorcio necesario promovió María de la Paz Merino Cano en contra del quejoso Ulises Nicolás Carmona García. En el caso, respecto al acto reclamado antes precisado se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; lo cual conlleva a desechar de plano la demanda de amparo como se expondrá a continuación. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Conforme al precepto transcrito el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Cabe ponderar que dicha disposición legal consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual es obligación del gobernado interponer en contra de las resoluciones judiciales que estima lesivas de sus derechos, los recursos establecidos en las leyes ordinarias, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como es el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número I.6o.C. J/37 cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En efecto, por lo que corresponde al acto reclamado en el presente juicio que se hace consistir en el auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, en el que se le niega la admisión del recurso de apelación interpuesto contra el diverso de diez de julio del año en curso, dictado dentro del juicio ordinario familiar número 1175/2011 , que sobre divorcio necesario promovió María de la Paz Merino Cano en contra del quejoso Ulises Nicolás Carmona García, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que -como ya se dijo- establece que el juicio de amparo es improcedente, contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. Establecido lo anterior, cabe señalar que la fracción II del artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán en comento , prevé lo siguiente: "Artículo 696. El recurso de queja tiene lugar: (.) II. Contra la denegación de apelación;" Del precepto legal antes transcrito se desprende que procede el recurso de queja contra aquellos actos que denieguen la apelación. Precepto legal que resulta aplicable al caso ya que el juicio familiar dio inicio en dos mil once, de ahí que, con base en el artículo CUARTO Transitorio del decreto legislativo 554, por el que se promulgó el Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo en vigor, que señala que los asuntos en que la demanda o solicitud se hubiere presentado ante la Oficialía de Partes y turno o ante el Juzgado, en los distritos judiciales en donde no exista oficialía, antes de la iniciación de vigencia de este Código, se sustanciarán y decidirán conforme al Código vigente en la fecha de su presentación, en el caso resulta ser el Código Familiar promulgado el once de febrero de dos mil ocho a través del decreto legislativo 316, el cual en materia de recursos establece: "TÍTULO NOVENO De los recursos Artículo 927. Son aplicables a los procedimientos del orden familiar, las disposiciones contenidas en el Título Séptimo del Código de Procedimientos Civiles del Estado". Ahora, cabe referir que del escrito inicial de demanda, se advierte que ante el Juez Primero de lo Familiar de este distrito judicial, se tramitó el juicio ordinario familiar número 1175/2011, que sobre divorcio necesario promovió María de la Paz Merino Cano en contra del quejoso Ulises Nicolás Carmona García, en el que una vez seguido por sus etapas procesales, se presentó por escrito un convenio celebrado entre las partes, a fin de fijar la convivencia de la menor M.C.M. con su progenitor, aquí quejoso, y dar por terminado dicho controvertido. Convenio que fue ratificado el treinta de abril del año en curso y sancionado por el juez responsable el cuatro de junio de dos mil diecinueve. Asimismo, que ante el incumplimiento del convenio, por parte de la mencionada Merino Cano, el cuatro de julio siguiente, el quejoso presentó un escrito en el que solicitó el cambio de custodia de la menor M.C.M.. A dicha petición, recayó el proveído de diez de julio de dos mil diecinueve, en el que se le dijo que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que el juicio de origen concluyó con el convenio celebrado entre las partes y aprobado por ese órgano jurisdiccional, disolviendo el vínculo matrimonial que unía a los contendientes, estableciendo la guarda, custodia, convivencia y pensión alimenticia para la menor M.C.M., por lo que la solicitud formulada por el quejoso constituye un trámite autónomo e independiente a través de un juicio diverso. Inconforme con dicha determinación, por escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, el quejoso Ulises Nicolás Carmona García interpuso recurso de apelación, el cual fue acordado el ocho de agosto del año en curso, en el que se negó la admisión de dicho recurso. El auto antes citado constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora, como ha quedado precisado líneas atrás, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, contra el acuerdo que deniega la apelación procede un medio de defensa ordinario por virtud del cual podía ser revocada dicha determinación, a saber, el recurso de queja. En ese orden de ideas, al no haber agotado el medio de impugnación antes aludido -recurso de queja-, resulta inconcuso que no agotó el referido principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que implica que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que ve a dicho acto. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Resultan aplicables los siguientes criterios: La tesis aislada XXI.3o.8 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1117, Tomo XIII, de Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "QUEJA, EL AUTO QUE NIEGA DAR ENTRADA A UN RECURSO DE APELACIÓN ES RECURRIBLE EN, Y NO EN AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). El auto por el cual no se da entrada al recurso de apelación, se traduce en una denegada apelación; consecuentemente, con estricto apego a la fracción II del numeral 399 del Código Procesal Civil de la entidad, ese proveído es recurrible en queja y, por tanto, puede ser corregido u ordenarse su reposición mediante la resolución que se dicte en dicho medio de impugnación, tal como lo dispone la fracción VI del artículo 402 del código procesal de referencia. Por tanto, el juicio de amparo que se promueve en contra del auto que deniega dar entrada a un recurso de apelación resulta improcedente, al actualizarse la causal prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ello, es correcto que el Juez de Distrito, con fundamento en el numeral 145 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, deseche la demanda de amparo, al advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías." Y la tesis aislada I.3o.C.22 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 792, Tomo XV, de Febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO RECTOR DEL JUICIO DE AMPARO NO SE COLMA POR HABERSE INTERPUESTO CONTRA EL ACTO RECLAMADO UN RECURSO QUE FUE DESECHADO, SI CONTRA ESTA DETERMINACIÓN PROCEDE UN DIVERSO MEDIO DE IMPUGNACIÓN QUE NO SE AGOTÓ. De acuerdo con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, este medio de defensa constitucional sólo procede contra actos definitivos, entendidos éstos como aquellos contra los que no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que procediendo, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos, de no haberse obtenido la reparación solicitada; principio que no puede estimarse satisfecho con la circunstancia de que habiéndose interpuesto el medio de defensa ordinario éste se haya desechado, ya que en tal hipótesis resulta imperativo que de existir en contra de ese desechamiento algún otro recurso, éste se agote, y en el supuesto de no existir el acto reclamado en el juicio de garantías se haga consistir en esa inadmisión del recurso ordinario, ya que de otra manera no se cumpliría con el objetivo del mencionado principio que es el de preservar al juicio constitucional como un medio de defensa extraordinario al que debe acudirse sólo cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad; de otra manera podría suceder, incluso, que simplemente por formalismo se interpusiera el recurso aun en una hipótesis en que resultara improcedente, como podría ser, entre otras, la extemporaneidad, para que se tuviera por cumplido el principio de definitividad de que se trata, lo que evidentemente burlaría el objetivo antes enunciado." Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, Décima época, de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En suma, al existir medio de defensa ordinario que debía interponerse en forma previa a acudir al juicio de amparo respecto del acto reclamado atribuido al juez responsable, es que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de título: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1º constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.) , sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de rubro: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el ordenamiento 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Se autoriza al secretario firmar los oficios relativos al presente asunto. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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