Ulises Murillo Zepeda

Expediente 407/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
407/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
23/02/2022

Partes del expediente

  • Ulises Murillo Zepeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintitrés de febrero de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta y uno de enero de esta anualidad, dictada en este expediente. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 2 EXPEDIENTE PRINCIPAL Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, conforme a lo establecido en el numeral 196, cuarto párrafo, de la ley de la materia, una vez que transcurra el plazo a que se refiere el dispositivo 202 de la propia legislación. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó y se negó el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DEPURABLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 181, fracción l, inciso b) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo en el que se ha negado la protección constitucional al quejoso, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. 1 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales.[.] JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 3 ??????????????? Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 252, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la 2 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 4 parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Devuélvase a las autoridades responsables Fiscal Investigador número 04, adscrita a la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Tapachula y Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, los anexos que remitieron en apoyo a su informe justificado, por no tener razón su permanencia en este juzgado. Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 407/2021. RESULTANDO: PRIMERO. Trámite. Mediante escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnado al siguiente día, Ulises Murillo Zepeda, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Procurador de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, y de la Presidenta del Desarrollo Integral de la Familia Municipal Tapachula, ambas con sede en esta ciudad, los cuáles precisó en su escrito de demanda. SEGUNDO. En proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, se registró la demanda con el número 407/2021, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien quedó emplazado del presente asunto y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante escrito recibido en este Juzgado el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa, amplió la demanda de amparo respecto a otros actos y autoridades (fojas 26 a 37); por auto de veinticuatro de septiembre del citado año, se tuvo por ampliada la demanda respecto a nuevos actos y autoridades responsables, se requirió informes con justificación a las responsables, y se les hizo del conocimiento la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 42 a 45). Finalmente tuvo verificativo la audiencia constitucional, previos diferimientos, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; toda vez que los actos reclamados se atribuyen a autoridades residentes dentro de la jurisdicción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste aquél, atendiendo a la integridad de la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis. Sirve de sustento a lo expuesto, la Jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En tal virtud, del análisis integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en el presente juicio de amparo son los siguientes: Del Procurador de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, y de la Presidenta del Desarrollo Integral de la Familia Municipal Tapachula, ambas con sede en esta ciudad: La falta de respuesta al escrito de catorce de junio de dos mil veintiuno, presentado en esa fecha en la Oficialía de Partes de la Procuraduría de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de Tapachula. RESPECTO A LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA: De la Procuradora de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de Tapachula, con sede en esta ciudad: El oficio DIF/PMPDNNAF/3024/2021, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se dio respuesta al escrito de fecha catorce de junio de dos mil veintiuno. Del Juez Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula: El acuerdo o medida cautelar en el que haya instruido a la Procuraduría de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de Tapachula, con sede en esta ciudad, para retener a la menor de identidad protegida de iniciales R.E.M.L. y al menor B.T.L.R. en las instalaciones del albergue CAMACS del Sistema DIF Municipal de Tapachula, derivado del expediente 61/2020. De la Fiscal del Ministerio Público Investigador número cuatro, adscrita a la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Tapachula: La orden dada mediante oficio 583/2021 de fecha cinco de junio de dos mil veintiuno, a la Procuraduría de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de Tapachula, con sede en esta ciudad, para retener a la menor de identidad protegida de iniciales R.E.M.L. y al menor B.T.L.R. en las instalaciones del albergue CAMACS del Sistema DIF Municipal de Tapachula, derivado del registro de atención R.A. 177-089-0510-2021. Del Director y/o Encargado del Albergue Casa CAMACS del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Municipal de Tapachula, con sede en esta ciudad. La ejecución de tales actos. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No es cierto el acto reclamado de la Presidenta del Desarrollo Integral de la Familia Municipal Tapachula, con sede en esta ciudad, consistente en la falta de respuesta al escrito de catorce de junio de dos mil veintiuno, signado por el quejoso, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 102). El Juez Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, al rendir informe con justificación negó el acto que se le reclama, consistente en el acuerdo o medida cautelar en el que haya instruido a la Procuraduría de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de Tapachula, con sede en esta ciudad, para retener a la menor de identidad protegida de iniciales R.E.M.L. y al menor B.T.L.R. en las instalaciones del albergue CASA CAMACS del Sistema DIF Municipal de Tapachula, derivado del expediente 61/2020 (foja 69). Ahora bien, cabe destacar que si bien, la negativa de las responsables de mérito, por sí sola, no es determinante para tener por acreditada la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que su certeza puede ser demostrada por las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, o incluso apreciada directamente de las constancias de autos; en el caso concreto, no obra medio de convicción del que se advierta la existencia del acto reclamado a la Presidenta del Desarrollo Integral de la Familia Municipal Tapachula, con sede en esta ciudad, consistente en la falta de respuesta al escrito de catorce de junio de dos mil veintiuno, signado por el quejoso, ya que dicho escrito, fue presentado ante diversa autoridad, esto es, a la Procuradora de Protección de Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, en esta ciudad, quien fue la que le dio respuesta a su petición (fojas 14 a 15 y 38). Asimismo, el Juez Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en esta ciudad, en su informe justificado, negó que haya dictado acuerdo o medida cautelar en el que le instruyera a la Procuraduría de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de Tapachula, con sede en esta ciudad, para retener a la menor de identidad protegida de iniciales R.E.M.L. y al menor B.T.L.R. en las instalaciones del albergue CASA CAMACS del Sistema DIF Municipal de Tapachula, derivado del expediente 61/2020. También indicó que mediante oficio DIF/PMPDNNAF/1574/2021, recibido el catorce de junio de dos mil veintiuno, signado por la licenciada Bárbara Ramos Hernández, Procuradora Municipal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia delo Sistema DIF, Tapachula, le informó que el veintiséis de mayo de ese año, tuvo conocimiento mediante oficio 01355/1555/2021, de una denuncia anónima por la posible comisión de hechos delictuosos y derivado de ello, por conducto de la trabajadora social, adscrita a esa dependencia, realizó informe entorno social, para verificar la veracidad de la queja, con posterioridad Margarita Concepción López Rodríguez, presentó a sus hijos de identidad protegida de apellidos B.T.R.L. y R.E.M.L., y una vez que los hubo escuchado en declaración la licenciada Yulisa González Pérez, determinó ponerlos a disposición del albergue Casa Masac perteneciente al sistema DIF Municipal de esta Ciudad, en donde se encuentran actualmente a fin de resguardar el estado físico emocional de los menores. Para demostrar lo anterior, remitió copia certificada del expediente 61/2020, relativo al juicio de la guarda y custodia provisional y definitiva, promovido por Ulises Murillo Zepeda, en representación de su menor hija de identidad protegida de iniciales R.E.M.L., en contra de Margarita Concepción López Rodríguez, entre las que se encuentra, el oficio DIF/PMPDNNAF/1574/2021, signado por la licenciada Bárbara Ramos Hernández, Procuradora Municipal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF, Tapachula, dirigido al dicho Juez, en el que le informó que la licenciada Yulisa González Pérez, Fiscal del Ministerio Público Investigador 04 de la Unidad de Violencia Familiar y Delitos Sexuales Tapachula, mediante oficio 583/2021 procedente del Registro de Atención 0177-089-510-2021, ordenó el ingreso de los menores de identidad protegida de iniciales B.T.R.L. y R.E.M.L., de diez y cuatro años, respectivamente en el albergue "CASA CAMACS", a fin de resguardar su integridad física, hasta en tanto se resolviera su situación (fojas 144 y 145, y 151 del anexo 2). Documentales que se les otorga valor probatorio en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el diverso 2, de la Ley de Amparo. Por consiguiente es evidente que el acto reclamado al Juez responsable es inexistente, ya que la orden dada a la Procuradora Municipal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF, Tapachula, de ingresar y resguardar a los menores de identidad protegida de iniciales B.T.R.L. y R.E.M.L., en el albergue "CASA CAMACS", fue ordenada por la Fiscal del Ministerio Público Investigador 04 de la Unidad de Violencia Familiar y Delitos Sexuales Tapachula, mediante oficio 583/2021. En ese tenor, aun cuando la simple negativa de las autoridades responsables no produce la improcedencia del juicio de amparo, lo cierto es que la sola manifestación de la inexistencia de los actos reclamados no desvirtuada por el peticionario de amparo, sí constituye elemento suficiente para declarar la improcedencia del juicio constitucional. En efecto, la demostración de las violaciones constitucionales corresponde a la parte quejosa, ya que el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer mediante el informe de la autoridad, la existencia de los actos que reclama y a justificar con pruebas su inconstitucionalidad, de modo que cuando las autoridades responsables los acepta, la carga de la prueba que corresponde a la parte quejosa, se centrará en la inconstitucionalidad del acto, por el contrario, si las autoridades niegan los mismos, la carga de la prueba que recae en el quejoso versará sobre la existencia de los actos reclamados, esto es, desacreditar la negativa vertida por las autoridades y enseguida, la inconstitucionalidad de los mismos; por ende, si el quejoso es omiso en desacreditar la negativa de las autoridades, no proporciona al órgano jurisdiccional materia sobre la cual versa la instancia constitucional. . RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto al acto y autoridad responsable mencionados con antelación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno del más alto Tribunal del País, visible en la página 305, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Sexta Época, Materia Común, Registro 1002350, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, de rubro y texto:... CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Procuradora de Protección de Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema Integral DIF Tapachula, con sede en esta ciudad, al rendir informe con justificación aceptó el acto que se le reclama consistente en el oficio DIF/PMPDNNAF/3024/2021, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual dio respuesta al escrito de fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, signado por el ahora quejoso (fojas 49 a 51). Asimismo, mediante diverso oficio DIF/PMPDNNAF/3248/2021 (foja 61), recibido en este Juzgado, el uno de octubre de dos mil veintiuno, dicha responsable negó el acto consistente en la falta de respuesta al escrito del quejoso de fecha catorce de junio de la citada anualidad, sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada, ya que la respuesta a la petición formulada por el impetrante (foja 54), fue realizada en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (ocho de septiembre de dos mil veintiuno). Además dicha responsable acompañó a su informe copia certificada del oficio DIF/PMPDNNAF/3024/2021, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno; por lo tanto, se tiene por cierto dicho acto atribuido a la mencionada responsable. La Coordinadora del Centro de Asistencia Social a Niñas y Adolescentes Mexicanas (CASANIM), del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Municipal de Tapachula, con sede en esta ciudad, al rendir informe con justificación negó el acto que se le reclama, sin embargo, debe tenerse por cierto, dado que del contenido del mismo, se advierte que hace manifestaciones que revelan su existencia (foja 103). La Fiscal del Ministerio Público Investigador número cuatro, adscrita a la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Tapachula, con sede en esta ciudad, al rendir informe con justificación negó el acto que se le reclama (fojas 80 a 83), empero su negativa se encuentra desvirtuada con el contenido del propio informe, y con las constancias que acompañó a su informe con justificación, consistentes en copia certificada del Registro de Registro de Atención 0177- 089-510-2021, y carpeta de investigación 402-089-0501- 2021, entre las que obra el oficio 583/2021 de fecha cinco de junio de dos mil veintiuno, en el que se ordenó a la Directora General del Sistema DIF, así como a la Coordinadora del Albergue Casa CAMACS recibiera a los menores de iniciales R.M.L.L. y B.T.R.L. en dicho albergue. Probanzas que alcanzan pleno valor probatorio en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el diverso 2, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que a la 1 Publicada en el Apéndice 1995, Tomo VI, Quinta Época, localizable en la página letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO..." Así como la tesis de rubro y texto: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe"2. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. Las causas de improcedencia son de orden público y se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional federal en el juicio de control constitucional, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. 153. 2 Octava Época, Registro: 211004, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación XIV, Julio de 1994, Materia(s): Común, Página: 391. Así, quien aquí resuelve oficiosamente advierte que respecto a los actos reclamados consistentes en: 1. La falta de respuesta al escrito de catorce de junio de dos mil veintiuno, presentado en esa fecha en la Oficialía de Partes de la Procuraduría de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de Tapachula. 2. La orden dada mediante oficio 583/2021 de fecha cinco de junio de dos mil veintiuno, a la Procuraduría de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de Tapachula, con sede en esta ciudad, para retener a la menor de identidad protegida de iniciales R.E.M.L. en las instalaciones del albergue CAMACS del Sistema DIF Municipal de Tapachula, derivado del registro de atención R.A. 177-089-0510-2021. Se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que es de la literalidad siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Al respecto, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL... Para constatar la acreditación de la causal de improcedencia destacada, conviene precisar que respecto al acto reclamado consistente en la falta de respuesta al escrito de catorce de junio de dos mil veintiuno, presentado en esa fecha en la Oficialía de Partes de la Procuraduría de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de Tapachula, se actualiza la causal de improcedencia precisada con antelación, ya que de las constancias remitidas por la Procuradora responsable, se desprende que mediante oficio DIF/PMPDNNAF/3024/2021, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dirigido a Ulises Murillo Zepeda, hoy quejoso, le dio respuesta al escrito de fecha catorce de junio de dos mil veintiuno (foja 54). De igual forma se desprende que oficio fue recibido por el aquí quejoso en esa misma fecha, ya que al calce inferior izquierdo aparece el nombre de Ulises Murillo Zepeda, la fecha y una firma. Además, el propio impetrante amplió la demanda de amparo, por la respuesta dada a su petición. Entonces, es evidente que la omisión que la parte quejosa reclamó en este juicio, ya cesó en sus efectos, toda vez que mediante oficio DIF/PMPDNNAF/3024/2021, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se le contestó su petición. Asimismo, dicha causal de improcedencia se actualiza respecto al diverso acto reclamado de la Fiscal del Ministerio Público Investigador número cuatro, adscrita a la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Tapachula, consistente en la orden dada mediante oficio 583/2021 de fecha cinco de junio de dos mil veintiuno, a la Procuraduría de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de Tapachula, con sede en esta ciudad, para ingresar a la menor de identidad protegida de iniciales R.E.M.L. en las instalaciones del albergue CAMACS del Sistema DIF Municipal de Tapachula, derivado del registro de atención R.A. 177-089 0510-2021. En efecto, de las constancias remitidas por la Fiscal responsable, consistentes en copia certificada del Registro de Registro de Atención 0177-089-510-2021, y carpeta de investigación 402-089-0501-2021, se advierte que mediante oficio 583/2021 de fecha cinco de junio de dos mil veintiuno, la Fiscal del Ministerio Público Investigador número cuatro, adscrita a la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Tapachula, ordenó a la Directora General del Sistema DIF, así como a la Coordinadora del Albergue CASA CAMACS recibiera a los menores de iniciales R.M.L.L. y B.T.R.L. en dicho albergue, hasta en tanto se resolviera el registro de atención, al cual se dio inicio por la posible comisión de hechos delictuosos (denuncia anónima), en contra de quien o quienes resulten responsables de hechos ocurridos en esta ciudad (foja 24). De igual forma, obra en autos copia certifica del expediente 61/2020, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Familiar en esta ciudad, netre las que destacan las siguientes: Ulises Murillo Zepeda, en representación de su menor hija de identidad protegida de iniciales R.E.M.L., en la vía de controversia familiar demandó de Margarita Concepción López Rodríguez, la guarda y custodia provisional y definitiva de dicha menor, así como el pago de alimentos a favor de la misma y del promovente (fojas 2 a 8 del anexo 2). En auto de veinticuatro de enero de dos mil veinte, se ordenó formar el expediente y se requirió al promovente (foja 10 del anexo 2). En proveído de catorce de febrero de dos mil veinte, se admitió la demanda a trámite, se ordenó a la actuaria adscrita a dicho juzgado emplazar a la parte demandada para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al en que quedara notificada contestara la demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por contestada en sentido negativo, se señaló fecha y hora para la audiencia de desahogo de pruebas; se dio la intervención al Ministerio Público y a la Procuradora Regional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia X Soconusco, Chiapas, así como a la Trabajadora Social adscrita al Juzgado; asimismo, se decretó la custodia provisional de la menor de identidad protegida de iniciales R.E.M.L., a su progenitor Ulises Murillo Zepeda, y se fijó pensión alimenticia (fojas 16 a 21 del anexo 2). Por escrito signado por Ulises Murillo Zepeda, dirigido al Juez, le informó que llevó a la menor de identidad protegida de iniciales R.E.M.L., con su mamá para que conviviera con ella, sin embargo, ésta le arrebató a la menor, posteriormente llegó una patrulla, y no le permitieron llevársela consigo; por lo que solicitó que por conducto del actuario adscrito al Juzgado le requirieran a la madre la entrega de la infante (fojas 32 y 33 del anexo 2). En auto de doce de enero de dos mil veinte, el juez negó acordar favorable la petición del promovente y ordenó que la menor permaneciera en el lugar donde se encontraba con su madre y ordenó a la actuaria realizar el emplazamiento (fojas 35 y 36 del anexo 2). Mediante escrito signado por Margarita Concepción López Rodríguez, dio contestación a la demanda, ofreció pruebas y opuso excepciones y defensas y solicitó medida provisional a fin de que la menor permanezca a su lado donde se encuentra (fojas 56 a 64 del anexo 2). En auto de cinco de mayo de dos mil veintiuno, se decretó la convivencia provisional solicitada por Ulises Murillo Zepeda, con la menor de identidad protegida de iniciales R.E.M.L., los días sábados y domingos de cada quince días a partir de las diez horas del día sábado y será entregada el domingo a las diecisiete horas, convivencia que comenzara a partir del sábado veintidós de mayo de ese año, comprometiéndose a recogerla en el domicilio que habita con su progenitora, y entregarla al término de la convivencia (fojas 121 a 123 del anexo 2). Auto de siete de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito signado por Ulises Murillo Zepeda, y en cuanto a la entrega de la menor de identidad protegida de iniciales R.E.M.L., se determinó que la convivencia se materialice en las instalaciones del DIF Tapachula, para lo cual se ordenó girar oficio a la Procuradora Municipal de Protección de los Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF del Municipio de Tapachula, para designar personal que lleve el control de la bitácora (fojas 138 y 139 anexo 2). Oficio DIF/PMPDNNAF/1574/2021, de once de junio de dos mil veintiuno, dirigido al Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas, signado por la Procuradora Municipal de Protección de los Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF del Municipio de Tapachula, mediante el cual le informó que con fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 01355/1555/2021, de una denuncia anónima por la posible comisión de hechos delictuosos (violencia familiar), se realizó entorno social, a fin de verificar la veracidad de la queja; posteriormente fueron presentados los menores de iniciales B.T.R.L. y R.M.L., por su progenitora Margarita Concepción López Rodríguez, y una vez que fueron escuchados, en el Registro de Atención 0177-89-0510-2021, la Fiscal a cargo licenciada Yulisa González Pérez, determinó ponerlos a disposición del albergue Casa Camacs, perteneciente al Sistema DIF Municipal de Tapachula, en donde se encuentran actualmente a fin de resguardar el estado físico y emocional de los menores, lo cual señaló hace del conocimiento del Juez ya que la progenitora de los infantes refirió tener la custodia en dicho expediente. Oficio al que acompañó diversas documentales, entre ellas, el oficio 583/2021, de cinco de junio de dos mil veintiuno, signado por la licenciada Yulisa González Pérez, Fiscal del Ministerio Público Investigador 04 de la Unidad de Violencia Familiar y delitos Sexuales en esta ciudad, a fin de que recibiera en el albergue Casa Camasc, a los menores de identidad protegida de iniciales B.T.R.L. y R.M.L. (fojas 144 a 145 y 151 del anexo 2). Auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, en el que se agregó el oficio DIF/PMPDNNAF/1574/2021, signado por la Procuradora Municipal de Protección de los Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF del Municipio de Tapachula y anexos (foja 173 del anexo 2). Escrito signado por Ulises Murillo Zepeda, de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en el que en atención al estado que guarda el expediente y en atención a que con fecha tres de junio de dos mil veintiuno, la Procuradora del DIF Municipal exhibió el Registro de Atención 0177-89-0510-2021, se haga el cambio y reconocimiento de la guarda y custodia provisional a su favor, para efecto de que la menor de identidad protegida de iniciales R.E.M.L., pueda convivir en un núcleo familiar sano, y se reincorpore a sus clases de forma virtual (fojas 175 a 177 del anexo). Acuerdo de siete de julio de dos mil veintiuno, en el que tuvo por hechas las manifestaciones del promovente, y se reservó pronunciarse respecto a la petición de guarda y custodia solicitada, hasta en tanta obre la declaración de los menores y ordenó girar oficio a la Procuradora Municipal de Protección de los Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF del Municipio de Tapachula, y a la licenciada Yulisa González Pérez, Fiscal del Ministerio Público Investigador 04 de la Unidad de Violencia Familiar y delitos Sexuales en esta ciudad, para efecto de que dentro del término de tres días, la primera remita copia certificada de la declaración de los infantes y la segunda copia de las diligencias practicadas que llevaron a ordenar el ingreso de los menores de identidad protegida de iniciales B.T.R.L. y R.E.M.L. a fin de proveer lo conducente (foja 178 y 179 del anexo 2). Escrito signado por Ulises Murillo Zepeda, de seis de septiembre de dos mil veintiuno, en el que le solicitó girara atento recordatorio a la Procuradora del DIF Municipal para que la convivencia con su menor hija pueda llevarse a cabo en las instalaciones del propio DIF, tomando en cuenta que su menor hija se encuentra en el Albergue del DIF Municipal (foja 213 del anexo 2). Acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se ordenó girar oficio a la Procuradora Municipal de Protección de los Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF del Municipio de Tapachula, para hacerle saber que la convivencia provisional decretada a favor de Ulises Murillo Zepeda, con su menor hija de identidad protegida R.E.M.L. se llevará a cabo en las instalaciones que ocupa dicha Procuraduría, e informe si se lleva a cabo dicha convivencia (fojas 219 a a 220 del anexo 2). Escrito signado por Ulises Murillo Zepeda, de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en el que le solicitó que se habilitara al Actuario adscrito al Juzgado, para que se le requiera a la Procuradora Municipal de Protección de los Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF del Municipio de Tapachula, incorpore a la menor de identidad protegida R.E.M.L. al domicilio del promovente y en caso de incumplimiento la aperciba con las medidas conducentes, para hacer efectiva la medida cautelar que se le otorgó (fojas 229 a 231 del anexo 2). Proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se agregó el escrito de Ulises Murillo Zepeda, y se le indicó que no es procedente acordar su petición de conformidad, ya que ninguna de las partes ha dado cumplimiento al auto de siete de julio de esa anualidad, ya que no han procurado la gestión de los oficios correspondientes ordenados en ese acuerdo; por lo que ordenó elaborarlos de inmediato y hacer entrega de los mismos por conducto del actuario (fojas 232 del anexo 2). Acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se ordenó girar oficio a la Procuradora Municipal de Protección de los Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF del Municipio de Tapachula, para hacerle saber la convivencia decretada a favor de Ulises Murillo Zepeda, con la menor de identidad protegida R.E.M.L., dentro de las instalaciones del Albergue Casa Masac los días sábados y domingos de las diez a las doce horas, mientras se reciben los informes ordenados en auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, y una vez que ello suceda se proveerá lo conducente respecto a la custodia provisional y régimen de convivencia (fojas 234 y 235 del anexo 2). Proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por agregado el oficio PPDNNAF/SDIE/267/2021, signado por la Procuradora de los derechos de las Niñas, Niños Adolescentes y la Familia, del Sistema DIF Tapachula, en esta ciudad, mediante el cual informó de los registros de la convivencia de Margarita Concepción López Rodríguez, con su niña de iniciales R.E.M.L.; asimismo, se tuvo por recibido el diverso oficio de la citada Procuradora, en el que indicó que al momento de proveer se tome en consideración el interés superior de la niña de iniciales R.E.M.L. y se le entregue de manera física a la madre, ya que al escuchar la declaración de la menor de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la que estuvo presente el Juez, la Fiscal del Ministerio Público, psicólogo adscrito al Juzgado y la promovente, y en dicha diligencia la niña en todo momento quiere estar con su madre, y ésta ha asistido a las convivencias establecidas; por lo que en atención a dicha petición, así como que en la carpeta de investigación 402-089-0510-2021, la cual se instruye en contra de Margarita Concepción López Rodríguez, por el hecho con apariencia de delito denominado violencia familiar cometido en agravio de los menores B.T.R.L. y R.E.M.L., se encuentra en trámite, debido a que está pendiente el resultado de los estudios interdisciplinarios que se le practicaran a Ulises Murillo Zepeda; por lo que al considerar que no se encuentra probado que la actora en dicho juicio represente un peligro para el normal desarrollo de la citada menor, y tiene la responsabilidad que le imponga el ejercicio de la patria potestad de resguardar su integridad y no hay elementos para privarla de su custodia, y a fin de no causarle una afectación a la menor, por la relación afectiva con su progenitora y el entorno en el que se ha desarrollado y tomando en cuenta el sexo, la corta edad, y toda vez que se encuentra decretada la medida provisional de la niña de iniciales R.E.M.L., a favor de Margarita Concepción López Rodríguez, ordenó reintegrarle la custodia, por lo que determinó reintegrarla al domicilio de su progenitora; por lo que requirió a la Procuradora de los derechos de las Niñas, Niños adolescentes y la Familia, del Sistema DIF Tapachula, para que en el acto de la entrega de la infante levantara el acta respectiva. Además, estableció un grado de convivencia provisional entre la niña de iniciales R.E.M.L., con su progenitor Ulises Murillo Zepeda, los días sábados y domingos de cada semana en el horario comprendido de las diez a las doce horas del día en las instalaciones del DIF Municipal de esta ciudad, a donde Margarita Concepción López Rodríguez, hará entrega y recepción de la niña a su progenitor (fojas 244 a 247 del cuaderno de antecedentes). De tales constancias se obtiene que respecto al acto precisado, también se actualiza la causal de improcedencia señalada, ya que la retención o alojamiento de la menor de identidad protegida de iniciales R.E.M.L., en las instalaciones del albergue CASA CAMACS del Sistema DIF Municipal de Tapachula, derivado del registro de atención R.A. 177-089- 0510-2021, ha cesado en sus efectos, dado que se ordenó a la Procuradora de los derechos de las Niñas, Niños adolescentes y la Familia, del Sistema DIF Tapachula, la salida del albergue citado y la entrega de la infante antes mencionada a su progenitora Margarita Concepción López Rodríguez, y se estableció un grado de convivencia provisional entre la niña de iniciales R.E.M.L., con su progenitor Ulises Murillo Zepeda, los días sábados y domingos de cada semana en el horario comprendido de las diez a las doce horas del día en las instalaciones del DIF Municipal de esta ciudad. Las argumentaciones planteadas con anterioridad, llevan a concluir que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la ley que rige el juicio constitucional, en virtud de que los actos reclamados cesaron en sus efectos al haberse emitido la contestación al escrito de petición que presentó ante la responsable, y al haberse ordenado la salida de la menor del albergue donde se encontraba alojada y señalado el régimen de convivencia con el ahora quejoso, por consiguiente los efectos de los actos reclamados ya señalados han desaparecido, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella; en esas circunstancia que se insiste materializa la citada causa de improcedencia. En las circunstancias narradas en el apartado que antecede, con apoyo en lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, por los actos y autoridades precisados, en términos de lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, de la propia legislación de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto a los actos de ejecución reclamados a la Coordinadora del Centro de Asistencia Social a Niñas y Adolescentes Mexicanas (CASANIM), del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Municipal de Tapachula, con sede en esta ciudad, por no reclamarse por vicios propios. Corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causa de sobreseimiento indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causas de sobreseimiento), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho fundamental al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales relativos Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre de dos mil doce, Tomo 1, página 525, de título y texto siguientes: DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Aunado a ello, esta juzgadora está impedida para analizar los conceptos de violación formulados por la parte inconforme, dado que ello implica analizar el fondo del asunto, lo cual no es posible dado el sobreseimiento decretado. Sirve de apoyo a lo anterior, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis II.3o. J/58, publicada en la página 57, número 70, Octubre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. SEXTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El acto reclamado que se analizara consiste en el oficio DIF/PMPDNNAF/3024/2021, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual la Procuradora de los derechos de las Niñas, Niños Adolescentes y la Familia, del Sistema DIF Tapachula, dio respuesta al escrito de fecha catorce de junio de dos mil veintiuno. El impetrante a guisa de queja, sustancialmente refiere que, en el oficio reclamado a la citada autoridad responsable, no aborda su solicitud realizada en el escrito de catorce de junio de dos mil veintiuno, desde una perspectiva constitucional, sin tocar cuestiones de fondo, por lo que es ambigua, y no es apegada al interés superior de la niñez, ya que la responsable no funda ni motiva el razonamiento lógico que satisfaga su derecho de petición, porque si bien se le indica que se está en espera de lo que resuelva el Juez Tercero Familiar en el expediente 61/2020, relativo al juicio de guarda y custodia de su hija de identidad protegida de iniciales R.E.M.L., que promovió en contra de Margarita Concepción López Rodríguez, por hechos completamente ajenos a los que motivaron que los menores estén a disposición de la Presidente del Dif Municipal Tapachula y/o albergue CASA CAMACS. De igual forme, señaló que la responsable cuenta con facultades para responderle de manera fundada y motivada sobre su petición, ya que expuso su deseo de tener a su hija de identidad protegida de iniciales R.M.L., bajo sus cuidados viviendo en su mismo techo, es decir, ser integrada al núcleo familiar; sin que en el caso haya sido notificado ni requerido en algún acto de investigación en lo que se refiere al registro R.A 0177-089-0510-2021. A fin de analizar la queja vertida, es importante transcribir el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente dispone, lo siguiente: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. .". Como se observa, los actos de molestia, entre otros requisitos, deben ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado, expresándose como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe. A su vez, el derecho público subjetivo que se consagra en la norma transcrita, en términos generales, establece el derecho fundamental de legalidad cuyos requisitos deben respetar las autoridades frente a los gobernados, al emitir cualquier acto de molestia que incida en su esfera jurídica, destacando entre los requisitos preceptuados el que el documento escrito en el que se exprese el acto de molestia, se encuentre debidamente fundado y motivado. Al respecto tiene aplicación la tesis jurisprudencial VI.2º. J/43, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 769, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, del marzo de 1996, cuyo rubro y texto son los siguientes: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.. Es así que el derecho fundamental de legalidad que deben cumplir todas las autoridades en los actos de privación o molestia que realizan, y que afectan la esfera jurídica de los gobernados en los bienes jurídicamente tutelados por nuestro orden constitucional, descansa primordialmente en la fundamentación y motivación de su actuar, consistiendo en expresar las razones y los motivos de hecho que justifican la decisión de la autoridad para actuar de cierta forma. La fundamentación radica en el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los ordenamientos y preceptos jurídicos que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad; y la exigencia de motivación ha sido referida a la manifestación de las razones y motivos particulares, así como las causas inmediatas por las cuales la autoridad considera que los hechos en que se basa se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar al caso concreto. Ambos deberes, tienen que ser acatados por toda autoridad administrativa y judicial que realiza actos de molestia en el ámbito de los derechos que tienen los gobernados, no se excluyen uno del otro, sino que por el contrario, deben coexistir en el oficio en el cual se plasma el acto de afectación, resaltando que su expresión debe adecuarse entre sí, es decir, no basta que se motive, sino que los cuerpos jurídicos y las normas precisas que se están aplicando al caso concreto deben corresponder a las razones, motivos, circunstancias especiales o causas inmediatas que motivaron a la autoridad a realizar el acto de molestia, o viceversa, siendo imprescindible que se plasmen en el oficio que se dirige al gobernado. Resulta aplicable a lo anterior la tesis VI. 2o. J/248, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo 64, del mes de abril de 1993, página 43, que establece: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado. Es conveniente hacer hincapié en la diferencia que existe entre la falta de fundamentación y motivación y la incorrecta fundamentación y motivación, la cual consiste esencialmente en que, la primera, es una violación formal diversa a la indebida, y la segunda, es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de la primera, es decir, de la falta total de fundamentación y motivación, debe hacerse de manera previa. De ahí que, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados; pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta y la correspondiente a su incorrección. En ese sentido, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. El artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone el derecho humano de legalidad, al establecer que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De ese modo, para cumplir con el derecho humano de legalidad, es necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143, tomo 97-102 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 238212, de rubro y texto: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Así como, la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 57, tomo 30 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 238924, de rubro y texto: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca. En el caso, en atención al escrito presentado por el quejoso Ulises Murillo Zepeda, ante la responsable, ésta emitió el oficio DIF/PMPDNNAF/3024/2021, de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, en los siguientes términos: C. ULISES MURILLO ZEPEDA PRESENTE Por medio del presente y en atención a su escrito de fecha 14 de junio de 2021, hago de su conocimiento lo siguiente: En cuanto al primer párrafo, como se le informó verbalmente el mismo 14 de junio de 2021, efectivamente los menores de identidad protegida B.T.R.L. y R.M.L., se encuentran alojados en el Albergue Casa CAMACS del Sistema Dif Municipal de Tapachula, derivado de intervención de Fiscal del Ministerio Público como consecuencia de asunto que se encuentra conociendo como consecuencia de denuncia anónima. Respecto al segundo párrafo, como también se le enteró en la misma fecha a usted, que con fecha 11 de junio de 2021, se hizo del conocimiento de Juez del 3º., Familiar quien se encuentra a cargo del expediente 61/2020 y otro expediente que conoce el juzgado familiar, en cuanto al menor de identidad protegida B.T.R.L., que los menores de identidad protegida B.T.R.L. y R.M.L., se encuentran alojados en tanto se resuelve la situación jurídica en el Albergue Casa CAMACS del Sistema Dif Municipal de Tapachula, y por qué razón se encuentran en dicho lugar y que como consecuencia esta Procuraduría estaba a la espera de las indicaciones del Señor Juez 3º. Familiar esto respecto de lo hecho de su conocimiento en relación de las circunstancias de los menores. En relación al párrafo tercero he de pedir respetuosamente que tal petición se realice ante la Fiscal del Ministerio Público del conocimiento de la R.A 0177-089-0510-2021, quien se encuentra integrando dicho registro y lo puede localizar en CEJUM, y asimismo, hiciera las manifestaciones que considerará convenientes. Por otro lado, se le sugirió diera seguimiento a su asunto en Juzgado Familiar. Por lo que es el párrafo cuarto se tuvo por recibido lo entregado mediante escrito de fecha 14 de junio de 2021, lo cual se le hizo llegar a los menores de manera inmediata al albergue, así como se le ha hecho llegar lo demás que usted ha traído para los menores en fechas posteriores a la primera entrega que refiere. En cuanto al punto último, continuamos en espera de su solicitud y manifestación que haga ante la Fiscal del Ministerio Público del conocimiento para que derivado de ello se proceda con estudios multidisciplinarios correspondientes si así lo considera procedente la Fiscal del Ministerio Público. Sin otro particular, me permito enviar un cordial saludo. Lic. Bárbara Ramos Hernández Procuradora para la Protección a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Dif del Municipio de Tapachula, Chiapas. De lo anterior se advierte que contrario a lo manifestado por la parte quejosa, la autoridad responsable sí fundó y motivó debidamente su respuesta, ya que en principio respondió en congruencia con lo solicitado. Es decir, contestó que con relación a solicitud de visitar a su menor hija de identidad protegida de iniciales R.M.L., se le indicó que tal petición la debe realizar ante la Fiscal del Ministerio Público del conocimiento de la R.A 0177-089-0510- 2021, quien se encuentra integrando dicho registro derivado de una denuncia anónima, y la puede localizar en el CEJUM. También le señaló, que con fecha once de junio de dos mil veintiuno, se le hizo de su conocimiento, que el Juez Tercero del Ramo Familiar en esta ciudad, se encuentra a cargo del expediente 61/2020 y de otro expediente en cuanto al menor de identidad protegida B.T.R.L., y que la autoridad oficiante se encuentra a la espera de las indicaciones de citado Juzgador respecto de lo hecho de su conocimiento en relación de las circunstancias de los menores. Por lo que le hizo de su conocimiento que debe acudir ante el Juez Tercero Familiar en esta ciudad, para dar seguimiento a su asunto en dicho Juzgado. En ese sentido, es de advertirse que, contrario a lo aseverado por el quejoso, el oficio emitido en contestación a su petición, sí se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que la responsable le señaló que acudiera ante la autoridad competente para hacer valer sus manifestaciones y su petición de convivencia y custodia de la menor. Lo cual, no significa que sea una respuesta ambigua, dado que el propio quejoso, en el escrito de catorce de junio de dos mil veintiuno, hizo del conocimiento de la Procuradora responsable, la existencia del expediente 61/2020, radicado ante el Juzgado Tercero Familiar en esta ciudad, y que en ese asunto, se había ordenado la convivencia con su menor hija de identidad protegida der iniciales R.M.L.; por lo tanto, como lo señaló la responsable, debe acudir ante el citado juzgador a fin de que acuerde lo atinente a la convivencia y guarda y custodia de la menor, para que tome todas las medidas necesarias que le permitan priorizar y proteger los derechos e intereses de los infantes. Asimismo, cabe señalar que en relación a la manifestación del quejoso en el sentido que el alojamiento de los menores en el albergue Casa Camacs, fue por hechos completamente ajenos al juicio 61/2020, radicado ante el Juzgado Tercero Familiar en esta ciudad, sin embargo, la procuradora responsable, también le indicó en el oficio que se analiza, que debe dirigirse ante la Fiscal del Ministerio Público del conocimiento del registro de atención 0177-089- 0510-2021, quien se encuentra integrándolo derivado de una denuncia anónima y que se está en espera de su solicitud de convivencia y manifestación que haga ante el Fiscal del conocimiento, para que derivado de ello se proceda con estudios multidisciplinarios correspondientes si así lo determina procedente el Ministerio Público. De igual forma, la responsable le señaló que, los artículos presentados para los menores les fueron entregados de manera inmediata en el albergue, así como los demás que ha llevado en fechas anteriores. De ahí que contrario a lo alegado por el quejoso el oficio reclamado, si satisface los requisitos del artículo 16 de la Carta Magna, ya que si bien en el mismo, no se señaló algún precepto legal, sí se expusieron las razones y circunstancias que motivaron debidamente la respuesta a la petición formulada en su escrito de fecha catorce de junio de dos mil veintiuno; además, le señaló que el resguardo de los menores lo ordenó la Fiscal del Ministerio Público del conocimiento del registro de atención 0177-089-0510-2021 y que ante ella debe dirigirse, ya que únicamente se encuentra acatando una orden dada por una autoridad ministerial. De ahí que la responsable no puede abordar el análisis de cuestiones de fondo referentes a la entrega de la menor a su progenitor y al régimen de convivencia; lo cual no transgrede el interés superior de la menor de identidad protegida der iniciales R.M.L.; ya que cuando se toma una decisión que le afecta a los menores en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. En efecto, debe destacarse que el derecho el interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas, lo anterior en observancia a lo dispuesto en el artículo 4 de la Carta Magna y, 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes". Sin que pase inadvertido para esta Juzgadora que la Fiscal Investigadora número 04 adscrita a la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Familiar Tapachula, al rendir informe con justificación (fojas 80 a 83), informó que el uno de octubre de dos mil veintiuno, recibió un escrito del ahora quejoso, en el que realizó una serie de manifestaciones, exhibió el acta de nacimiento de la menor de identidad protegida der iniciales R.E.M.L., para acreditar su parentesco y para solicitar visitas a su hija y al menor de identidad protegida B.T.R.L. También, no pasa desapercibido que entre las constancias remitidas por el Juez responsable, consistentes en copia certificada del expediente 61/2020, entre la que destaca el proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se ordenó reintegrar a la menor de identidad protegida de iniciales R.E.M.L. al domicilio de su progenitora; asimismo, se requirió a la Procuradora de los derechos de las Niñas, Niños adolescentes y la Familia, del Sistema DIF Tapachula, para que en el acto de la entrega de la infante levantara el acta respectiva. Además, estableció un grado de convivencia provisional entre la niña con su progenitor Ulises Murillo Zepeda, (hoy quejoso), los días sábados y domingos de cada semana en el horario comprendido de las diez a las doce horas del día en las instalaciones del DIF Municipal de esta ciudad, a donde Margarita Concepción López Rodríguez, hará entrega y recepción de la niña a su progenitor (fojas 244 a 247 del cuaderno de antecedentes). Por lo tanto, ante lo infundado de la queja vertida, procede en consecuencia, negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, respecto al acto analizado y autoridad a la que se le atribuye en mismo. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ulises Murillo Zepeda, contra los actos y autoridades precisados en el considerando cuarto de este fallo constitucional. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ulises Murillo Zepeda, contra el acto y autoridad precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente...

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a quince de diciembre de dos mil veintiuno. Visto con fundamento en el artículo 3º., de la Ley de Amparo, agréguese a los autos, el oficio firmado por el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula y anexos que acompaña, con el cual comunica el proveído de diez de diciembre del año en curso, dictado dentro del juicio 61/2020, acumulado al expediente 212/2020, relativo al juicio de custodia de menor promovida por Ulises Murillo Zepeda en contra de Margarita Concepción López Rodríguez, en el que en relación a la custodia provisional de la menor de iniciales R.E.M.L., se ordenó la entrega de la misma a la progenitora. Toda vez que el presente juicio se encuentra en proyecto para el dictado de la sentencia correspondiente; se ordena la apertura de un cuaderno de antecedentes, dentro del juicio para efecto de agregar el oficio de cuenta. En atención a lo relatado en el párrafo que antecede, se tienen por hechas las manifestaciones de la potestad de cuenta; mismas que serán tomadas en cuenta al resolver en definitiva el presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas con treinta minutos del seis de diciembre de dos mil veintiuno, Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Mario Francisco García Cancino, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 407/2021, promovido por Ulises Murillo Zepeda, por su propio derecho, contra actos de la Procuradora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y la familia, con sede en esta ciudad y de otras autoridades. El Secretario hace constar la inasistencia de la partes. De inicio, la Secretaría hace constar que obran agregados a los autos: 1.- Escrito inicial de demanda. 2.- Constancias de emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación, de las autoridades responsables y de la tercera interesada. 3.- Informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida, la Jueza acuerda: Se tiene por realizada la anterior relación de constancias, para los efectos a que haya lugar. Por otro lado, abierto el período de pruebas, el Secretario hace constar que las ofrecieron las autoridades responsables Procuradora de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Familia [fojas 49 a 65], Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula [foja 69], Fiscal Investigador número 04, adscrita a la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Tapachula [fojas 82 a 85] y Coordinadora del Centro de Asistencia Social a Niñas y Adolescentes Mexicanas (CASANIM) [fojas 103 a 111], todos con sede en esta ciudad, al momento de rendir sus respectivos informes justificados así como la parte quejosa en proveídos de diez y veinticuatro de septiembre del año en curso [fojas 16 a 20 y 42 a 45] y la tercera interesada en proveído de tres de diciembre del presente año [fojas 122 a 195]. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en este acto se tienen por relacionadas y admitidas las pruebas de referencia y por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. Sin más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrado este período. Acto continuo, en el período de alegatos, se hace constar que los formuló la parte quejosa en proveído de diecinueve de octubre del presente año [fojas 94 a 97] y la parte tercera interesada Margarita Concepción López Rodríguez en proveído de tres de diciembre del año en curso [fojas 194 a 195], por lo que se les tiene por precluido tal derecho a las demás partes, con lo anterior se cierra este período. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se ordena turnar los autos para dictar la sentencia correspondiente. 13407/2021. 407/2021 ROSA PATRICIA CÓRDOVA RANGEL. JUEZA PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

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