Ulises Mireles Marin

Expediente 656/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
656/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
06/08/2021

Partes del expediente

  • Ulises Mireles Marin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mesa VI CONSENTIDA. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que las partes dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformaron contra el proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes; por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectiva (artículo 18, fracción I, inciso b) del acuerdo en cita). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración pues se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados (artículo 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General). 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención). 4. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otra parte, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Asimismo, los cuadernos incidentales serán remitidos por separado al archivo físico junto con el cuaderno principal. Finalmente, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa VI AUTORIDAD INFORMA CUMPLIMIENTO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para la Mujer de Toluca, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia simple del oficio de cuenta y anexos, así como del presente proveído, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que las autoridades oficiantes dieron cumplimiento al fallo protector y una vez transcurrido dicho plazo, desahogada o no la vista, este órgano jurisdiccional se pronunciará sobre el cumplimiento, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA VI SE REEXPIDE OFICIO. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que no obra en autos el acuse de recibo del oficio 16981/2020, dirigido al Agente del Ministerio Público José Antonio Martínez Orive Adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres Sede Toluca, por medio del cual se ordenó notificar la sentencia emitida en autos; en consecuencia, gírese el oficio respectivo y hágase saber a la responsable el contenido de la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, que a la letra resolvió: "SENTENCIA Visto para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 656/2020-VI; y, RESULTANDOS: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federarles en el Estado de México y, turnada el veintiocho siguiente a este órgano jurisdiccional, Ulises Mireles Marín, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y los actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A) ORDENADORA. El Ciudadano Agente del Ministerio Público Lic. JOSE ANTONIO MARTINEZ ORIVE. B) EJECUTORA. El Comandante de la Policía de Investigación adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres, sede Toluca. IV. ACTO RECLAMADO: La negativa del Ministerio Público de permitirme el acceso a la carpeta de investigación NUC: TOL/FVG/VGT/107/201311/20/08, número económico 439/20, en su etapa inicial ya que fui citado para comparecer en mi calidad de imputado y con la cual pretende tomarme ml entrevista. Del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres sede Toluca, le reclamo LA ORDEN DE PRESENTACIÓN, DETENCION Y EN SU CASO DE APREHENSION, girada en mi contra, tendiente a ser privado ilegalmente de mi libertad personal o bien sujeto a sufrir alguna pena de las prohibitivas por el artículo 22 de nuestra carta Magna. Del comandante de la Policía de Investigación adscrito at Centro de Justicia para las Mujeres, le reclamo el cumplimiento y ejecución que se pretende realizar a LA ORDEN DE PRESENTACIÓN, DETENCIÓN Y EN SU CASO DE APREHENSIÓN, girada en mi contra, por si o por media de sus subordinados encomendados para el efecto de que sea privado de mi libertad personal y sus consecuencias inherentes." SEGUNDO. Derechos humanos violados. La parte quejosa señaló como derechos humanos violados, los protegidos por los artículos 14, 16, 18, 20, apartados A, fracción V, B, fracciones III, IV, VI, y C, fracciones I y II, y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida la demanda de amparo en este juzgado de distrito, por auto de veintinueve de septiemnbre de dos mil veinte, se registró bajo el número 656/2020-VI; se admitió a trámite la demanda; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y finalmente, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y forma parte de esta resolución; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como en el diverso 16/2017, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los juzgados de distrito de la materia, entidad federativa y residencia indicados. Lo anterior, porque se reclaman actos provenientes de autoridades del orden penal, en el ámbito territorial en la que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. . En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio se debe precisar cuál es el acto reclamado en el presente juicio, antes de verificar lo relativo a su existencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgado de amparo ha de observar para establecer cuál es el acto reclamado, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención de los promoventes, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en la demanda. Sobre el particular se invoca, la Jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, página 32, registro 192097, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, página 255, registro 181810, cuyo contenido es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Con base en esas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, en concordancia con las constancias allegadas al presente juicio, se concluye que la parte quejosa reclama:  La orden de presentación y/o detención y/o aprehensión decretada en contra del quejoso, así como su ejecución.  El citatorio de nueve de septiembre de dos mil veinte. Ello, sin que pase inadvertido que en auto de veintinueve de septiembre de este año, inicialmente el acto reclamado se precisó como: "La orden de citación y/o presentación y/o detención y/o aprehensión decretada en contra del quejoso, así como su ejecución así como la negativa de acceso a la carpeta de investigación NUC: TOL/FVG/VGT/107/201311/20/08", lo cual atendió a la información con la que se contaba al momento de la presentación de la demanda, sin embargo, una vez que este juzgador se ha impuesto de todas las constancias de autos, llega a la conclusión que los verdaderos actos reclamados son los antes precisados. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Los El Jefe de Grupo de la Policía de Investigación y el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa VI, ambos del Centro de Justicia para las Mujeres de Toluca, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos consistentes la orden de presentación y/o detención y/o aprehensión decretada en contra del quejoso, así como su ejecución, sin que la parte quejosa haya aportado prueba idónea tendente a desvirtuar la negativa vertida por las autoridades responsables. Por lo que con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto controvertido, resulta oportuno pronunciarse sobre la certeza de éste, pues por razón de método, en toda sentencia de amparo dicha situación debe ocurrir previamente. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68 de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de 1994, Octava Época, Materia Común, cuyos título dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. En ese orden, el acto reclamado es cierto, pues así lo externó el Agente del Ministerio Público Centro de Justicia para las Mujeres de Toluca Mesa VI, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al rendir su informe justificado respecto de del acto consistente en el citatorio de nueve de septiembre de este año. Lo cual además se corrobora con la documental que exhibió el quejoso junto con su demanda, la cual merece eficacia demostrativa plena en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Causales de improcedencia. Toda vez que las partes no los hicieron valer, ni este juzgado advierte de oficio alguna causa de improcedencia, se procede al estudio del asunto. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa son los legibles en el capítulo respectivo de la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción, sin que con ello se le deje en estado de indefensión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante, del ocurso inicial de demanda medularmente se advierte que la quejosa a título de conceptos de violación esgrime que la resolución controvertida le causa agravio por lo siguiente:  Señala que la autoridad responsable viola en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se le permitió el acceso a la carpeta de investigación, bajo el argumento que no iba acompañado de un defensor público o privado, sin embargo que pasó por alto que fue citado para comparecer en calidad de imputado y que con dicha comparecencia pretendía tomar su entrevista;  Que se vulnera su derecho a ser asistido por un abogado defensor público proporcionado por el Estado;  Que se viola en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 16 y 20, apartados A, fracción V, B, fracciones III, IV, VI, y C, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del principio de igualdad procesal en relación con el diversos numerales 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pue señala que la responsable no le reconoce la calidad de imputado en términos del artículo 112 del citado código, en términos del citatorio de nueve de septiembre de dos mil veinte;  Que se encuentra dentro de lo establecido por el párrafo tercero del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que la negativa del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación NUC: TOL/FVG/VGT/107/201311/20/08, número económico 439/20, vulnera su derecho humano a ser asistido por un abogado defensor público proporcionado por el Estado.  Que se viola en su perjuicio lo establecido en los artículos 8.2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (21) y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,(22) así como lo que ha sostenido la Corte interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la defensa, al interpretar el sentido del artículo 8.2 de la citada convención, relativo a que las personas procesadas penalmente tienen derecho a una defensa oportuna, (23) técnica, (24) eficaz (25) y material. (26); y,  Que la negativa del Ministerio Público a nombrar un defensor público lo deja en una situación de desventaja respecto a los demás sujetos procesales. Analizado tales planteamientos suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se estima que resultan fundados y suficientes para otorgar la protección constitucional. Lo anterior es así, pues si bien el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la facultad del Ministerio Público de llevar a cabo todas aquellas diligencias, para acreditar la existencia de un hecho delictuoso y la probable participación en su comisión. Tales facultades tienen como limitación lo dispuesto por los numerales 16 y 20 apartado B, de la Constitución Federal, en cuanto a que la citación debe emitirse de manera fundada y motivada. Al respecto, los artículos 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 90. Citación Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada." "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. . La citación deberá contener: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El objeto de la misma; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La firma de la autoridad que la ordena, y VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento." Del contenido de dichos preceptos se obtiene que el Agente del Ministerio Público investigador está obligado y podrá realizar todos los actos de investigación necesarios para determinar la existencia del hecho delictivo, dentro de los cuales se encuentra la citación de cualquier persona para que comparezca ante su potestad; haciéndole saber el motivo de su citación y el expediente en que ésta se dispuso, así como la advertencia que de no obedecer a lo ordenado, podrá ser conducida por la fuerza pública; lo cual deberá formularse de manera fundada y motivada. En el caso concreto, de las constancias ministeriales se advierte que dentro de la carpeta de investigación NUC: TOL/FVG/VGT/107/201311/20/08, el nueve de septiembre de dos mil veinte, el Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres, sede Toluca, Estado de México, ordenó al Director de Seguridad Pública Municipal de Toluca, para que notificara al quejoso, entre otras personas, a efecto de que compareciera en las oficinas de la autoridad aquí responsable (precisando su ubicación), en la fecha y hora señaladas para ello -viernes dieciocho de septiembre de dos mil veinte a las diecisiete horas con treinta minutos-, con la finalidad desahogar una diligencia de carácter ministerial, para lo cual debía comparecer con defensor público o privado, ambos debidamente identificados y una copia así como en compañía de la menor de identidad reservada con iniciales D.M.M., haciéndole del conocimiento que, en caso de no comparecer, se le impondría como medio de apremio una multa por treinta días de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Citatorio que constituye el acto reclamado y que es violatorio de los derechos fundamentales del quejoso dado que no cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe satisfacer. En efecto de tal citatorio se advierte que la representación social señala los fundamentos legales en que sustentó la citación reclamada, la autoridad y el domicilio ante la cual debía presentarse, así como la hora y el día en que tendría que comparecer, el procedimiento del que deriva, la firma de la autoridad que ordenó su citación y el apercibimiento en caso de no asistir. Sin embargo, no señaló en qué consistiría la diligencia ministerial en la que tendría que intervenir el hoy quejoso, ni el carácter que tiene dentro de la carpeta de investigación; así como quién o quiénes son los agraviados o en su caso, las razones y fundamentos legales que, en su caso, darían pie a la reserva de dicha información. Por tanto, al no exponerse esas circunstancias en el citatorio reclamado, se dejó en estado de incertidumbre al impetrante de amparo, pues no tiene conocimiento de cuál será su intervención en la diligencia ministerial al que fue citado, circunstancias que se traducen en un indebida motivación de tal actuación. Máxime que la orden de citación debe contener dichos requisitos, a fin de que el destinatario esté en posibilidad de una adecuada defensa. Sustenta esta determinación, la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 4 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 1289, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Décima Época, con número de registro 2000406, del siguiente rubro y texto. "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER PARA SU ADECUADA MOTIVACIÓN. De los artículos 1o. (vigente a partir del 11 de junio de 2011), 16, párrafo primero y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9.1 y 9.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en relación con el "Conjunto de Principios Para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión" adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se advierte que, para cumplir con una adecuada motivación en la orden de búsqueda, localización y presentación del indiciado para declarar dentro de la averiguación previa debe informarse a éste lo siguiente: i) que su presentación ante la autoridad ministerial es en carácter de indiciado; ii) los datos de identificación de la averiguación previa en la que le resulta ese carácter; iii) la diligencia que ha de practicarse; iv) los hechos posiblemente delictuosos que se le imputan; v) quién o quiénes se los atribuyen, y vi) que tiene derecho a contactarse inmediatamente con alguna persona de su confianza o algún abogado, para informarle la fiscalía a la cual lo trasladarán y el motivo de ello. Los anteriores son requisitos mínimos con los que toda persona debe contar al ejecutarse la citada orden, puesto que esos datos le permitirán tener la información necesaria para gozar de una defensa oportuna, para lo cual incluso debe proporcionársele copia de ella. De no satisfacerse los aludidos requisitos el mandamiento resultará violatorio de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica." Por tanto, al resultar esencialmente fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa; lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para efecto de que la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para Mujeres, sede Toluca, Estado de México, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de amparo, realice lo siguiente: Único. Deje insubsistente el citatorio reclamado, emitido en autos de la carpeta de investigación NUC: TOL/FVG/VGT/107/201311/20/08, de nueve de septiembre de dos mil veinte y, en caso de emitirlo nuevamente, cumpla con la motivación y fundamentación motivo de análisis. Realícese la autorización previa y definitiva de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar la presente al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, por los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Ulises Mireles Marín, contra los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y cuarto, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Breyman Labastida Martínez, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de Leticia Silva Ibarguen, Secretaria que autoriza, firma electrónicamente y da fe, sin perjuicio de firmarlo físicamente. Doy fe." "RUBRICAS" "DOS FIRMAS ILEGIBLES". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VI. PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, por los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a *******, contra los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y cuarto, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

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