Ulises Mendoza Hernandez

Expediente 1207/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1207/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
25/10/2023

Partes del expediente

  • Ulises Mendoza Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. I. Declaración de días inhábiles. Según se advierte de la certificación de cuenta, de conformidad con la Circular 28/2023, emitida por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, derivado de las manifestaciones realizadas por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, se declaró como días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés; asimismo, de manera retroactiva, se declararon inhábiles los días dieciséis, diecisiete y dieciocho del citado mes y año, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistirá su validez. De lo que se toma conocimiento para efectos legales a que haya lugar. II. Se agrega escrito como constancia. Glósese a los autos el escrito signado por ********************mediante el cual que este órgano jurisdiccional se pronuncie respecto de la suspensión concedida por la autoridad responsable solicitada en el amparo directo interpuesto por el quejoso, sin embargo, tan solo agréguese a los presente autos para que obre como corresponda, en razón de que el remitente no cuenta con personalidad para promover en el sumario en que se actúa.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de octubre de dos mil veintitrés. I. Recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito suscrito por ******** autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por el cual interpone recurso de queja contra el auto de desechamiento. En atención a ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer en contra el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda. II. Ríndase informe justificado. En consecuencia, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja, en el sentido de que este juzgado efectivamente emitió el acuerdo impugnado, y con fundamento en el citado artículo 101 de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del presente expediente para apoyar el contenido de dicho informe, al Tribunal Colegiado que corresponda, en turno, para la substanciación del mencionado recurso; en el entendido de que la entrega recepción de los autos al órgano colegiado, podrá realizarse incluso en horas inhábiles, dado de que sólo se trata de una cuestión administrativa con el objeto de observar la oportunidad en la remisión del recurso que nos ocupa.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, once de octubre de dos mil veintitrés. I. Tribunal de alzada informa. Agréguese a los autos el oficio 4532 con anexo, proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con transcripción del auto de seis de octubre del año en curso, del cual se advierte que informa que mediante oficio 4359 remitió la demanda de amparo y anexos que la acompañan a fin de que este órgano jurisdiccional se pronunciara respecto de la procedencia de la demanda que se trata, lo cual aconteció el veintinueve de septiembre del año en curso. Por tanto, como lo solicita la Superioridad acúsese de recibo, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, remite el escrito suscrito por ******************** autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual solicita que de manera inmediata el presente asunto sea dado de alta en la consulta electrónica bajo el usuario "********************" permitiendo llevar su seguimiento en línea. II. No ha lugar a atender solicitud. Al respecto, dígasele al ocursante que no ha lugar a proveer de conformidad, ya que en términos del artículo 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, carece de facultades para solicitar la consulta de acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, pues dicha facultad se encuentra reservada únicamente a las partes o sus representantes legales. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que lo informan, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en la tesis aislada V.2o.P.A.16 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 4962, Undécima Época, registro digital 2023245, de rubro y texto: "ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL JUICIO DE AMPARO. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITARLO, AL CORRESPONDER DICHA PETICIÓN A LAS PARTES O A SUS REPRESENTANTES [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA TESIS AISLADA 1a. CLV/2017 (10a.)]. De conformidad con los artículos 60 y 62 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las partes y sus representantes podrán acceder al expediente electrónico del juicio de amparo, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, ello está condicionado a que expresamente lo soliciten, así como a la anuencia del órgano jurisdiccional ante el que se tramite el asunto, como lo prevén los artículos 93 y 94 del propio acuerdo. Ahora, el artículo 93 citado señala que para el otorgamiento y revocación de los accesos a la consulta del expediente electrónico se atenderá a las reglas establecidas en el capítulo segundo del título primero de la Ley de Amparo, referente a la "capacidad y personería", conforme al cual existe la figura del representante legal o apoderado de las partes, así como el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la misma ley; el primero está facultado para accionar el juicio de amparo y designar autorizados en términos amplios, pues se trata de un mandatario que interviene mediante un poder general o especial que le permite actuar en nombre y representación del poderdante o por contar con dicha facultad expresa en la norma que lo legitima como representante legal y, el segundo, sólo es un autorizado procesal encargado de llevar a cabo los actos de esa naturaleza que correspondan a la parte que lo designó dentro del juicio, es decir, no constituye una representación, sino la concesión de una de las partes (quejoso o tercero interesado) para la realización de actos procesales, sin incluir la representación de los intereses del autorizante, lo cual se corrobora con la prohibición expresa prevista en el primer párrafo de dicho precepto 12, en el sentido de que no puede sustituir o delegar dicha autorización a un tercero; de ahí que no se le permita llevar a cabo los actos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como la solicitud del acceso a la consulta del expediente electrónico en el juicio de amparo. Incluso, tratándose de la solicitud de consulta del expediente electrónico presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por vía impresa o electrónica, se ha considerado que ello únicamente podrá realizarse por las partes o por sus representantes legales, pero en ningún caso por sus autorizados con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo señalado en la tesis aislada 1a. CLV/2017 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por analogía, de título y subtítulo: "EXPEDIENTE ELECTRÓNICO INTEGRADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. ASPECTOS ESENCIALES PARA SU ACCESO.", de la que se resalta que "se establecen los siguientes aspectos esenciales para obtener el acceso al expediente electrónico: a) Solicitud presentada por alguna de las partes en el juicio de amparo, por sí o por conducto de sus representantes legales, en ningún caso por sus autorizados en términos de lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Amparo". Por tanto, el autorizado en términos amplios del artículo 12 señalado carece de facultades para solicitar el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo, al corresponder dicha petición a las partes o a sus representantes."

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. I. Tribunal de Alzada remite demanda de amparo. Ténganse por recibido el oficio 4359 con anexo proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, y anexos que acompaña, entre los que se encuentra la demanda de amparo promovida por ¨****************** por propio derecho, contra actos de la Juez Segundo de Primera Instancia Especializados en Oralidad Mercantil de Querétaro. Asimismo, de las constancias remitidas, se desprende que por auto de veinticuatro de agosto del año en curso, dictado en el juicio de amparo directo 536/2023, dicho órgano jurisdiccional declaró su incompetencia legal para conocer de la demanda de amparo referida. Por tanto, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República********************1o. fracción I, 37, 45, 107 y relativos de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca al conocimiento del juicio de amparo en cuestión, para los efectos ordenados en la ejecutoria que se menciona. Acúsese recibo. II. Formación de tomo. Con las constancias remitidas por las autoridades señaladas como responsables, fórmese un tomo de prueba, identificados como TOMO I para mejor manejabilidad del expediente. III. Desechamiento. Según se advierte del análisis de la demanda de amparo, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, a la letra, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Precisado lo anterior, del análisis de la demanda se obtiene que, en el caso, el impetrante señala como autoridad responsable al Juez Segundo de Primera Instancia Especializados en Oralidad Mercantil de Querétaro, de quien se reclama:[....] Acto de autoridad respecto del que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el que a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocada o nulificadas. [.]." Así, conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, el juicio de amparo, que es un medio extraordinario de defensa, sólo es procedente, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal y la ley de la materia precisan, cuando se hayan interpuesto previamente los recursos o medios de defensa que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación del propio acto o actuación judicial. El citado precepto, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada********************y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado********************es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada********************de allí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos********************61, fracción XVIII incisos a), b), c) y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Sostiene lo así considerado, la jurisprudencia número I.60.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, materia común, que en su estricta literalidad establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión********************de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual manera, es aplicable a lo razonado, en lo conducente, el criterio aislado número I.3o.C. J/39, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra enuncia: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal********************37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos********************por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Por lo expuesto, se tiene que la parte quejosa está obligada a hacer valer el medio de impugnación en contra del auto de diez de julio del año en curso, por el cual fue desechado el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la ahora quejosa. En congruencia con lo anterior, y si en el particular, la determinación que ahora se controvierte es el auto por el cual se desechó incidente de nulidad de actuaciones, y no existe disposición expresa que disponga que es procedente el recurso de apelación********************es de concluirse, que en términos del artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, lo procedente era el recurso de revocación, en observancia al principio de definitividad que rige en el juicio constitucional. Por lo tanto, si la parte quejosa es demandada en el juicio natural radicado ante la autoridad responsable, el solicitante del amparo antes de acudir a la vía constitucional debió interponer el recurso de revocación, en contra del auto de diez de julio del año en curso, dictado en el juicio de origen, para cumplir con el principio de definitividad********************sin embargo, no lo hizo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Sin que pase desapercibido que la autoridad responsable sea el Juez Segundo de Primera Instancia Especializados en Oralidad Mercantil de Querétaro, es decir un juez especializado en juicios de oralidad mercantil, empero, de las constancias que allega se advierte que el juicio de origen de donde emanan los actos de autoridad deriva de un juicio sumario hipotecario, de ahí que las determinaciones que se emitan en éste, deberán sujetarse a los medios ordinarios y extraordinarios de defensa, por lo que sí es necesario previo a la instauración del juicio de amparo que se agote con el recurso previamente citado. Por tanto, al actualizarse clara e indudable causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, por lo que se DESECHA la demanda en términos del artículo 113 de la ley de la materia. IV. Captura de Proveído. Ahora, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito********************y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. V. Acuerdo General que rige. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VI. Domicilio y Autorizados. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene anunciando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo********************y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho y en términos restringidos de dicho numeral a la diversas personas que indica, por así haberlo solicitado. VII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. VIII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados.

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