Ulises Martín Silva Vieyra
Expediente 1167/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 27 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1167/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 02/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ulises Martín Silva Vieyra
- José Juan Moreno Morales
- ULISES MARTÍN SILVA VIEYRA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Recepción de testimonio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, mediante el cual se devuelven los autos del juicio de amparo 1167/2019, un tomo de pruebas y se adjunta testimonio de la resolución pronunciada en el amparo en revisión penal ********************, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************y ********************, por los actos y autoridades a que se refiere la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************y ********************, en contra de los actos y autoridades a que se refiere la sentencia recurrida." Acúsese recibo a la superioridad; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En atención al artículo 20, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, glósense únicamente las actuaciones originales que se encuentren en el cuaderno de antecedentes y una vez hecho lo anterior, el referido cuadernillo deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude dicho artículo; mientras transcurre tal término, guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado acuerdo. En cumplimiento a los artículos 18, inciso b) y 21, inciso c), del aludido acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración y el cuaderno principal del incidente de suspensión es destruible, puesto que se dictó sentencia en la que se negó la protección constitucional en el cuaderno principal; mientras que en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar tanto provisional como definitiva; lo anterior una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del expediente. En el entendido que deberá conservarse la demanda, sentencia, resolución de alzada y el presente acuerdo. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de constancias. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la retención de las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado la magistrada de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato, en funciones de Cuarta Sala Penal (copia certificada del toca ********************), se ordena su devolución. Solicítese el acuse de recibo correspondiente.
- Incidental
Agréguese a los autos únicamente para que obre como legalmente corresponde el oficio remitido por la juez Penal de Partido en Yuriria, Guanajuato, a través del cual rinde informe previo, atento a que en auto de veintidós de septiembre pasado se acordó su proveído por haberse recibido por vía electrónica.
- Incidental
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que remite la secretaria de acuerdos de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, mediante el cual acusa recibo de la diversa misiva 10144/2021, con la que fue notificado del auto que negó la suspensión provisional a los quejosos en el presente incidente. Por otra parte, en cuanto a la solicitud que realiza la autoridad oficiante, y dado que en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles y de la jurisprudencia número P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye un hecho notorio para este juzgado federal que, en los autos del juicio de amparo del que emana este incidente, no se tiene noticia de que haya sido resuelto por la superioridad el recurso de revisión interpuesto por el autorizado de los quejosos; infórmesele lo anterior mediante oficio.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En Celaya, Guanajuato, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se encuentra en audiencia pública Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, en funciones de juez, de conformidad con los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado a través de oficio CCJ/ST/2678/2021 de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de julio de dos mil veintiuno, quien actúa asistido de César Antonio Hernández León, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrarla en el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1167/2019, en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo, sin la comparecencia de las partes, ni de su representante legítimo. Además, se destaca que ninguna de las partes solicitó que la presente se celebrara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de esta forma. Relación de constancias. A continuación, el secretario hizo relación de las constancias que obran en autos, de las que destacan la demanda de amparo presentada por ***** y ***, auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, con el que se inició la tramitación del presente incidente y se negó la suspensión provisional de los actos reclamados, así como con los informes previos rendidos por las autoridades responsables magistrada de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato, la jueza Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato y los encargados de la Dirección del Centro Estatal de Prevención Social de Irapuato, Guanajuato y de la Dirección del Centro Estatal de Reinserción Social de Pénjamo, Guanajuato, en los que los dos primeros aceptaron los actos que les fueron respectivamente atribuidos y los últimos dos los negaron. A lo anterior, el secretario en funciones de juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias y por rendidos los informes previos de las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo. Período probatorio. Enseguida se abre la etapa probatoria, en la que se hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de convicción. A lo que se acuerda: se tiene por precluido el derecho de las partes para ofertar pruebas, y se declara cerrada la citada etapa. Etapa de alegatos. Finalmente, se hace constar que ninguna de las partes presentó alegatos. A lo que se provee: se tienen por omisas a las partes de esta incidencia en formular alegatos. Con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la resolución interlocutoria que corresponde: Resolución interlocutoria. VISTOS para resolver los autos incidentales derivados del juicio de amparo número 1167/2019, promovido por ******* y *******, en contra de actos de la magistrada de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato y otras autoridades; y R E S U L T A N D O Primero. ****** y ** demandaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos de la magistrada de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato, la jueza Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato y los encargados de la Dirección del Centro Estatal de Prevención Social de Irapuato, Guanajuato y de la Dirección del Centro Estatal de Reinserción Social de Pénjamo, Guanajuato; de quienes reclamaron: La resolución dictada el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, por la Magistrada de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, en el toca número ***, en la cual se confirmó la diversa de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, que negó la libertad por desvanecimiento de datos, en los autos de la causa penal número ****** del índice del Juzgado Único Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato. Segundo. Se admitió la demanda, se ordenó formar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión; se negó la suspensión provisional solicitada; se pidió a las autoridades responsables su respectivo informe previo, los que fueron recabados; la audiencia incidental se llevó a cabo en los términos del acta precedente, y C O N S I D E R A N D O. Primero. Precisión de los actos reclamados. Con apego en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados, los siguientes: La resolución dictada el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, por la Magistrada de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, en el toca número ********************, en la cual se confirmó la diversa de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, que negó la libertad por desvanecimiento de datos, en los autos de la causa penal número *** del índice del Juzgado Único Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato. Segundo. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables encargado de la Dirección del Centro Estatal de Prevención Social de Irapuato, Guanajuato y encargado de la Dirección del Centro Estatal de Reinserción Social de Pénjamo, Guanajuato, al rendir su respectivo informe previo, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen. En consecuencia, lo procedente es negar la medida cautelar solicitada, por falta de materia sobre la cual decretarla, respecto a las citadas autoridades, por los actos anotados. Lo anterior aunado a que el peticionario del amparo no aportó medio probatorio para evidenciar lo contrario. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la magistrada de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato y la jueza Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato, pues así lo expresaron las autoridades responsables al rendir su respectivo informe previo. Cuarto. Materia de la suspensión Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, se desprende que para conceder la suspensión de los actos reclamados deben cumplirse los siguientes requisitos: a. Que la suspensión sea solicitada por la parte agraviada. b. Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. c. Que se compruebe la apariencia del buen derecho; que no es otra cosa que el juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado; y, d. Que se sopese el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. En el caso concreto, no se surte la exigencia acotada bajo el inciso b), habida cuenta que se está en presencia de un acto negativo, que son aquellos en los que la autoridad se rehúsa expresamente a obrar a favor de la pretensión del gobernado (que se traduce en un no querer o no aceptar lo solicitado por éste), y sobre los que no es procedente conceder la suspensión, en virtud que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza, por lo que de otorgarla contra ese tipo de actos no tendría el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, ya que, de acuerdo a su naturaleza, los actos negativos no requieren de ejecución material alguna y, por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada. Consecuentemente, lo procedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la citada ley reglamentaria, es negar la suspensión definitiva. Se invoca como criterio orientador la tesis I.3o.C.25 K., legible en la página 1468 del índice del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS.- Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender." Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 144, 146 y 153 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: Único. Se niega la suspensión definitiva a *** y ***, respecto de las autoridades y actos precisados en los considerandos primero y segundo; por los motivos expuestos en los considerandos primero y tercero, todos de esta resolución.
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