Ulises Martin Lares Silva

Expediente 813/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
813/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
23/09/2019

Partes del expediente

  • Ulises Martin Lares Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado en este asunto el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó el presente juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Devuélvase al Juez Quinto Mercantil en esta ciudad, el tomo de constancias que remitió como justificación a su informe. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se decretó fuera de audiencia el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa; determinación que causó estado el día de la fecha; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en el citado expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el original del mismo, es susceptible de depuración; lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en el citado expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto; por lo que deberá archivarse por separado. Asimismo, archívese por separado el duplicado respectivo, y con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Atendiendo a las particularidades del presente expediente, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado y anexo de cuenta. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que anexó en un tomo a su oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contiene- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. Ahora bien, del estado de autos se advierte que el quejoso reclama en la presente instancia constitucional: ".III. AUTORIDADES RESPONSABLES: AUTORIDAD ORDENADORA: 1.- C. JUEZ PRIMERO DEL RAMO CIVIL EN EL ESTADO. 2.- C. JUEZ SEGUNDO DEL RAMO CIVIL EN EL ESTADO. 3.- C. JUEZ TERCERO DEL RAMO CIVIL EN EL ESTADO. 4.- C. JUEZ PRIMERO DEL RAMO MERCANTIL EN EL ESTADO. 5.- C. JUEZ SEGUNDO DEL RAMO MERCANTIL EN EL ESTADO. 6.- C. JUEZ TERCERO DEL RAMO MERCANTIL EN EL ESTADO. 7.- C. JUEZ CUARTO DEL RAMO MERCANTIL EN EL ESTADO. 8.- C. JUEZ QUINTO DEL RAMO MERCANTIL EN EL ESTADO. Todas las autoridades con domicilio ubicado en la Avenida Luis Donaldo Colosio No. 305 de la Colonia ISSSTE de esta Ciudad. Código Postal 78350. AUTORIDAD EJECUTORA: 1. Área de Ejecuciones común para los Juzgados Civiles y Mercantiles de la Capital del Estado. 2. C. Actuario Adscrito al Juzgado Primero del Ramo Civil. 3. C. Actuario Adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Civil. 4. C. Actuario Adscrito al Juzgado Tercero del Ramo Civil. Todas las autoridades con domicilio ubicado en la Avenida Luis Donaldo Colosio No. 305 de la Colonia ISSSTE de esta Ciudad. Código Postal 78350. IV.- ACTO RECLAMADO. El auto de exequendo o auto de ejecución dictado en mi contra dentro de un Juicio de carácter mercantil, así como sus posibles consecuencias Jurídicas consistentes en el embargo de bienes de mi propiedad y desposesión.". Ahora bien, los Jueces Primero y Tercero del Ramo Civil; Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del Ramo Mercantil, todos en esta ciudad; Encargado del Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado y Actuarios adscritos a los Juzgados Primero y Tercero del Ramo Civil en esta ciudad, negaron la existencia de los actos reclamados. Por otro lado, de los informes justificados rendidos por el Juez Segundo del Ramo Civil y Juez Quinto del Ramo Mercantil, ambos en esta ciudad, y Actuario adscrito al Juzgado Segundo referido, se advierte la existencia de los procedimientos que a continuación se enuncian: 1. Del índice del Juzgado Quinto del Ramo Mercantil de esta ciudad, el juicio ejecutivo mercantil 794/2019, promovido por Norma Hilda Puente Castillo, por conducto de su endosatario en procuración Emmanuel Alejandro Torres Montejano, en contra del aquí quejoso Ulises Martín Lares Silva, en el cual el dieciséis de julio del año actual, se admitió a trámite la demanda y se ordenó el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la parte demandada. 2. Del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil de esta ciudad, el juicio extraordinario civil 563/2019, promovido por Ruth Miriam González Silva, en contra del aquí quejoso Ulises Martín Lares Silva, en el cual se reclama la rescisión del contrato de arrendamiento, desocupación y entrega de inmueble, así como el pago de pensiones rentísticas, entre otras. De lo expuesto se arriba a la conclusión de que el acto reclamado precisado en el punto 1 es autónomo y distinto entre sí con el diverso contenido en el punto 2, ya que el primero versa sobre un juicio ejecutivo mercantil en el que se dictó auto requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en contra del aquí quejoso, y el segundo respecto de un juicio extraordinario civil con tramitación especial por recisión de contrato de arrendamiento, desocupación y entrega de inmueble, pago de pensiones rentísticas y demás prestaciones. Lo que conlleva que la materia del análisis constitucional versará en el primero sobre la existencia del auto de exequendo que haya ordenado el embargo de bienes propiedad del quejoso y su desposesión, y, de ser al caso, dilucidar si ante ello se viola alguna de las garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga para su protección, y en el segundo, el cual no está relacionado de ningún modo con el primero, si en el aludido juicio extraordinario civil con tramitación especial por recisión de contrato de arrendamiento, desocupación y entrega de inmueble, pago de pensiones rentísticas y demás prestaciones, se ven afectados derechos del quejoso con la desposesión de bienes de su propiedad. Por lo anterior, resulta incuestionable que los aludidos actos que por esta vía constitucional se reclaman son inconexos, lo que trae como consecuencia que técnicamente no pueden ser analizados y resueltos en un solo juicio de amparo. En consecuencia, se ordena, de oficio, separar los autos del juicio de amparo en que se actúa con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". El citado artículo establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal (Ciudad de México), y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Lo anterior en relación con la jurisprudencia 76/97, sustentada por el Pleno del máximo tribunal del país, publicada en la página 118, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, dispone: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Dando origen a dos demandas de amparo, resultando que: a) En la primera, serán los actos que el quejoso Ulises Martín Lares Silva, atribuye de los Jueces Primero y Tercero del Ramo Civil; Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del Ramo Mercantil, todos en esta ciudad; Encargado del Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado y Actuarios adscritos a los Juzgados Primero y Tercero del Ramo Civil en esta ciudad; así como del Juez Quinto del Ramo Mercantil de esta ciudad, el auto de exequendo dictado el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, en el juicio ejecutivo mercantil 794/2019, promovido por Norma Hilda Puente Castillo, por conducto de su endosatario en procuración Emmanuel Alejandro Torres Montejano. b) En la segunda se reclama del Juez Segundo del Ramo Civil y Actuario adscrito a dicho juzgado, el auto de exequendo dictado en el juicio extraordinario civil 563/2019, promovido por Ruth Miriam González Silva, y su ejecución, respectivamente. En consecuencia, continúese conociendo de la demanda de amparo únicamente en lo atinente a los actos reclamados de las responsables precisadas en el inciso a). Expídanse copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, hasta el presente proveído inclusive, para que con apoyo en la jurisprudencia por contradicción P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, página 117, de rubro: SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA, se remitan tales reproducciones mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, a fin de que por medio del sistema computarizado, registre la demanda identificada en el inciso b) y la turne al Juzgado de Distrito que corresponda por razón de turno. Sin que lo aquí expuesto genere un impedimento para que el órgano jurisdiccional que reciba el juicio de amparo derivado del que se actúa, resuelva lo que estime conducente en relación con los actos reclamados cuyo conocimiento le corresponda.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: Visto el estado de los autos, particularmente el contenido del informe justificado y anexo remitidos por la Juez Quinto del Ramo Mercantil en esta ciudad, el suscrito considera que en el presente caso se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VI del artículo 107, interpretada en sentido contrario a su texto, ambas disposiciones de la Ley de Amparo. En este asunto, el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio de origen señalando como acto reclamado el auto de exequendo dictado en su contra, el cual comprende la orden de requerimiento de pago y ante falta de éste el embargo de bienes de su propiedad que baste para garantizar las prestaciones reclamadas y enseguida se emplazamiento. Es así pues aduce desconocimiento de algún procedimiento jurisdiccional seguido en su contra e invoca su garantía de audiencia previa ".ya que nunca se me ha llamado a juicio.". Los preceptos citados son del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;". De las normas transcritas deriva la regla de procedencia del juicio de amparo que atañe a las personas que se ostentan extrañas al procedimiento, entendiéndose por éstos a quienes son distintos de los sujetos de la controversia que se ventila, por lo tanto, la idea de tercero extraño es opuesta a la de parte procesal; es decir, es aquella persona que no ha figurado en el juicio de origen como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, quien siendo formalmente parte en el juicio, no fue emplazado o fue emplazado incorrectamente, de modo que ya no esté en posibilidad de defenderse en dicho procedimiento; a esta última se le ha reconocido como persona extraña al juicio por equiparación. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia número P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 56, aplicable en términos del Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En efecto, el evento primordial que da el carácter de tercero extraño, tanto a la persona que no ha figurado en juicio, como a quien, siendo parte, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, es que desconocen las actuaciones del juicio, lo que les impidió acudir a tal procedimiento en defensa de sus intereses. Ello es así porque en las jurisprudencias 2a./J.47/2011 (10a.) y 1a./J.67/2013 (10a.), la Segunda y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvieron, esencialmente, que para que el promovente del amparo pierda el carácter de extraño al juicio con que se ostenta, basta que antes de que se dicte sentencia tenga conocimiento completo y exacto del juicio seguido en su contra, pues en ese caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho fundamental de audiencia. Dichos criterios son del contenido siguiente: Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2000293, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, tesis 2a./J 47/2011 (10a.), página 1627, de rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2004274, Primera Sala, jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, tesis: 1a./J. 67/2013 (10a.), página: 729, del contenido siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". Jurisprudencias que son aplicables al caso aun cuando en las ejecutorias correspondientes se examinó el supuesto de procedencia del juicio, previsto en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo abrogada , pues dicho numeral es idéntico al diverso 107, fracción VI, de la Ley de Amparo en vigor , dado que ambos contemplan la procedencia del medio de control constitucional en caso de personas extrañas. En el presente caso, de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 794/2019, del índice del Juzgado Quinto del Ramo Mercantil en esta ciudad, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 , 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones , se desprende lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el dos de julio de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, el cual por turno se remitió en ese día al Juzgado Quinto del Ramo Mercantil en esta ciudad, Norma Hilda Puente Castillo, por conducto de su endosatario en procuración Emmanuel Alejandro Torres Montejano, demandó en la vía ejecutiva mercantil al ahora quejoso como deudor principal, y a Armando López Ramírez como aval, por el pago de la cantidad de $325,000.00 (trescientos veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, más intereses moratorios, costas y gastos. 2. Por auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, se radicó la demanda con el número 794/2019, y se previno a la actora para que proporcionara los datos necesarios para la correcta identificación del domicilio del demandado. 3. Desahogada la aclaración referida, mediante acuerdo de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, se admitió la demanda y se decretó auto con efectos de mandamiento en forma, para que se requiriera a los demandados en sus domicilios por el pago inmediato de las prestaciones reclamadas, o en su defecto por el señalamiento de bienes de su propiedad suficientes para garantizarlas, y para el caso de así hacerlo, se trabara embargo sobre dichos bienes, apercibidos que de no hacerlo, el derecho de señalar bienes pasará a la parte actora, y hecho lo anterior se les notifique y emplace. 4. Sin que a la fecha se haya llevado a cabo tal diligencia de requerimiento de pago, y ante la falta de éste embargo, y emplazamiento. De lo expuesto se advierte que en contra del aquí quejoso y otro, se encuentra instado el juicio ejecutivo mercantil 794/2019, ante el Juzgado Quinto del Ramo Mercantil en esta ciudad, promovido por Norma Hilda Puente Castillo, por conducto de su endosatario en procuración Emmanuel Alejandro Torres Montejano, el cual se admitió por auto de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, en el que se ordenó se requiriera a los demandados en sus domicilios por el pago inmediato de las prestaciones reclamadas, o en su defecto por el señalamiento de bienes de su propiedad suficientes para garantizarlas, y para el caso de no hacerlo, se trabara embargo sobre dichos bienes, y hecho lo anterior se les notifique y emplace, sin que se haya logrado su emplazamiento a dicho controvertido, y por tal motivo no se ha dictado sentencia definitiva, ni existe resolución que ponga fin a éste. Sobre tales bases ante el hecho de que el quejoso aún no han sido emplazado al juicio de origen y que no se ha dictado sentencia o resolución que ponga fin a éste, es indiscutible que al solicitante del amparo no le asiste el carácter de tercero extraño, ni siquiera por equiparación, al juicio ejecutivo mercantil 794/2019, del índice del Juzgado Quinto del Ramo Mercantil en esta ciudad, pues al ser parte formal del procedimiento (demandado) y tener conocimiento del mismo, así como del estado en que este se encuentra, es claro que está en aptitud jurídica, una vez que se apersone, a deducir sus derechos. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 9/2012 (10a), ya transcrita, intitulada: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)". Y siendo ello así, es evidente que en el caso no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo establecido en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, acorde con la diversa jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), igualmente ya reproducida bajo el rubro: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA". En este orden de ideas, toda vez que la parte aquí quejosa estima contar con interés jurídico sobre el juicio de origen, y que además, dicho juicio aún se encuentra en trámite; entonces, por tal razón, no le asiste el carácter de tercero extraño, ni siquiera por equiparación, y por ello la violación impugnada en el juicio ejecutivo mercantil 794/2019, del índice del Juzgado Quinto del Ramo Mercantil en esta ciudad, admite ser reclamado a través del medio ordinario de defensa ante la autoridad responsable o mediante el juicio constitucional que se llegue a promover en su oportunidad. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis II.T.39 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, Novena Época, página 1603, en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE TAL CARÁCTER EL QUEJOSO QUE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO ANTES DE QUE SE EMITA LA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO EN EL JUICIO NATURAL Y, EN TAL VIRTUD, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO. Cuando el demandado en el juicio natural promueve amparo indirecto contra la falta o ilegalidad del emplazamiento antes de que se emita sentencia definitiva o laudo, no puede tenérsele como persona extraña a juicio por equiparación, pues esta figura, creada jurisprudencialmente con apoyo en una aplicación analógica del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, a fin de darle oportunidad al quejoso de aportar pruebas durante el juicio biinstancial para acreditar tal omisión o defecto, presupone que ya se hubiere dictado en su contra sentencia definitiva o laudo condenatorio. Lo anterior se fundamenta en que la mencionada figura jurídica tiene su justificación en la violación a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; luego, si ordinariamente el único acto privativo que ameritaría que el demandado fuese oído y vencido en juicio es la sentencia definitiva o laudo condenatorio dictado en su contra, y éste no se ha emitido, es improcedente entrar al estudio del fondo del asunto, esto es, examinar si realmente no fue emplazado o si lo fue defectuosamente, pues aunque ello se evidenciara, no se haría aún patente la inobservancia a la citada garantía de audiencia y, por ende, procede sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral 114, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo". Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados del Juez Quinto del Ramo Mercantil en esta ciudad, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VI del artículo 107, interpretada en sentido contrario a su texto, ambas disposiciones de la Ley de Amparo, de conformidad con el diverso artículo 63, fracción V de la citada norma. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de los Jueces Primero y Tercero del Ramo Civil; Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del Ramo Mercantil, todos en esta ciudad; Encargado del Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado y Actuarios adscritos a los Juzgados Primero y Tercero del Ramo Civil en esta ciudad, ya que al rendir sus informes de ley negaron la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, Tomo VI Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". No sobra señalar que en el caso, el sobreseimiento decretado no desatiende la jurisprudencia 1a./J.49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el primero de diciembre de dos mil diecisiete, ubicada en publicación semanal, en la página web del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO", toda vez que se estima que la misma no es aplicable al caso concreto, ya que ésta se refiere a la negativa simple de la autoridad, pero no a casos en que se ofrece prueba plena que demuestra que la existencia del acto reclamado, es atribuible únicamente a otra autoridad, como en el caso particular acontece. Por todo lo expuesto, se deja sin efectos la fecha y hora fijada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con veinte minutos del dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, quedando sin efecto la misma.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado y anexo de cuenta. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que anexó en un tomo a su oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contiene- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. Ahora bien, del estado de autos se advierte que el quejoso reclama en la presente instancia constitucional: ".III. AUTORIDADES RESPONSABLES: AUTORIDAD ORDENADORA: 1.- C. JUEZ PRIMERO DEL RAMO CIVIL EN EL ESTADO. 2.- C. JUEZ SEGUNDO DEL RAMO CIVIL EN EL ESTADO. 3.- C. JUEZ TERCERO DEL RAMO CIVIL EN EL ESTADO. 4.- C. JUEZ PRIMERO DEL RAMO MERCANTIL EN EL ESTADO. 5.- C. JUEZ SEGUNDO DEL RAMO MERCANTIL EN EL ESTADO. 6.- C. JUEZ TERCERO DEL RAMO MERCANTIL EN EL ESTADO. 7.- C. JUEZ CUARTO DEL RAMO MERCANTIL EN EL ESTADO. 8.- C. JUEZ QUINTO DEL RAMO MERCANTIL EN EL ESTADO. Todas las autoridades con domicilio ubicado en la Avenida Luis Donaldo Colosio No. 305 de la Colonia ISSSTE de esta Ciudad. Código Postal 78350. AUTORIDAD EJECUTORA: 1. Área de Ejecuciones común para los Juzgados Civiles y Mercantiles de la Capital del Estado. 2. C. Actuario Adscrito al Juzgado Primero del Ramo Civil. 3. C. Actuario Adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Civil. 4. C. Actuario Adscrito al Juzgado Tercero del Ramo Civil. Todas las autoridades con domicilio ubicado en la Avenida Luis Donaldo Colosio No. 305 de la Colonia ISSSTE de esta Ciudad. Código Postal 78350. IV.- ACTO RECLAMADO. El auto de exequendo o auto de ejecución dictado en mi contra dentro de un Juicio de carácter mercantil, así como sus posibles consecuencias Jurídicas consistentes en el embargo de bienes de mi propiedad y desposesión.". Ahora bien, los Jueces Primero y Tercero del Ramo Civil; Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del Ramo Mercantil, todos en esta ciudad; Encargado del Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado y Actuarios adscritos a los Juzgados Primero y Tercero del Ramo Civil en esta ciudad, negaron la existencia de los actos reclamados. Por otro lado, de los informes justificados rendidos por el Juez Segundo del Ramo Civil y Juez Quinto del Ramo Mercantil, ambos en esta ciudad, y Actuario adscrito al Juzgado Segundo referido, se advierte la existencia de los procedimientos que a continuación se enuncian: 1. Del índice del Juzgado Quinto del Ramo Mercantil de esta ciudad, el juicio ejecutivo mercantil 794/2019, promovido por Norma Hilda Puente Castillo, por conducto de su endosatario en procuración Emmanuel Alejandro Torres Montejano, en contra del aquí quejoso Ulises Martín Lares Silva, en el cual el dieciséis de julio del año actual, se admitió a trámite la demanda y se ordenó el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la parte demandada. 2. Del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil de esta ciudad, el juicio extraordinario civil 563/2019, promovido por Ruth Miriam González Silva, en contra del aquí quejoso Ulises Martín Lares Silva, en el cual se reclama la rescisión del contrato de arrendamiento, desocupación y entrega de inmueble, así como el pago de pensiones rentísticas, entre otras. De lo expuesto se arriba a la conclusión de que el acto reclamado precisado en el punto 1 es autónomo y distinto entre sí con el diverso contenido en el punto 2, ya que el primero versa sobre un juicio ejecutivo mercantil en el que se dictó auto requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en contra del aquí quejoso, y el segundo respecto de un juicio extraordinario civil con tramitación especial por recisión de contrato de arrendamiento, desocupación y entrega de inmueble, pago de pensiones rentísticas y demás prestaciones. Lo que conlleva que la materia del análisis constitucional versará en el primero sobre la existencia del auto de exequendo que haya ordenado el embargo de bienes propiedad del quejoso y su desposesión, y, de ser al caso, dilucidar si ante ello se viola alguna de las garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga para su protección, y en el segundo, el cual no está relacionado de ningún modo con el primero, si en el aludido juicio extraordinario civil con tramitación especial por recisión de contrato de arrendamiento, desocupación y entrega de inmueble, pago de pensiones rentísticas y demás prestaciones, se ven afectados derechos del quejoso con la desposesión de bienes de su propiedad. Por lo anterior, resulta incuestionable que los aludidos actos que por esta vía constitucional se reclaman son inconexos, lo que trae como consecuencia que técnicamente no pueden ser analizados y resueltos en un solo juicio de amparo. En consecuencia, se ordena, de oficio, separar los autos del juicio de amparo en que se actúa con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". El citado artículo establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal (Ciudad de México), y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Lo anterior en relación con la jurisprudencia 76/97, sustentada por el Pleno del máximo tribunal del país, publicada en la página 118, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, dispone: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Dando origen a dos demandas de amparo, resultando que: a) En la primera, serán los actos que el quejoso Ulises Martín Lares Silva, atribuye de los Jueces Primero y Tercero del Ramo Civil; Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del Ramo Mercantil, todos en esta ciudad; Encargado del Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado y Actuarios adscritos a los Juzgados Primero y Tercero del Ramo Civil en esta ciudad; así como del Juez Quinto del Ramo Mercantil de esta ciudad, el auto de exequendo dictado el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, en el juicio ejecutivo mercantil 794/2019, promovido por Norma Hilda Puente Castillo, por conducto de su endosatario en procuración Emmanuel Alejandro Torres Montejano. b) En la segunda se reclama del Juez Segundo del Ramo Civil y Actuario adscrito a dicho juzgado, el auto de exequendo dictado en el juicio extraordinario civil 563/2019, promovido por Ruth Miriam González Silva, y su ejecución, respectivamente. En consecuencia, continúese conociendo de la demanda de amparo únicamente en lo atinente a los actos reclamados de las responsables precisadas en el inciso a). Expídanse copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, hasta el presente proveído inclusive, para que con apoyo en la jurisprudencia por contradicción P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, página 117, de rubro: SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA, se remitan tales reproducciones mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, a fin de que por medio del sistema computarizado, registre la demanda identificada en el inciso b) y la turne al Juzgado de Distrito que corresponda por razón de turno. Sin que lo aquí expuesto genere un impedimento para que el órgano jurisdiccional que reciba el juicio de amparo derivado del que se actúa, resuelva lo que estime conducente en relación con los actos reclamados cuyo conocimiento le corresponda.

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