Ulises Magno Galeana
Expediente 692/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 692/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ulises Magno Galeana
Actuaciones
- Principal
Vistos; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por el que hace saber que por acuerdo de uno de agosto del año en curso, asumió la competencia para conocer del juicio de amparo 692/2017 que se le remitió por incompetencia, al que le correspondió el número 691/2017 de su índice. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y archívese el expediente por tratarse de un asunto totalmente concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Ulises Magno Galeana, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 692/2017, que le corresponde. En principio, resulta preciso destacar que las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional. La competencia constitucional de los Jueces de Distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en los numerales 37 y 38 de la Ley de Amparo. Los aludidos preceptos establecen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" Este precepto es claro al establecer que el juicio de amparo se promoverá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. LEY DE AMPARO: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trata de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Del análisis del precepto 37 se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación en el orden siguiente: (. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; (. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en el lugar en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y se siga ejecutando en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. (. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por lo cual, en principio, debe calificarse el acto reclamado a fin de establecer si posee ejecución material o bien, si se trata de un acto que tenga efectos meramente declarativos. En caso de que el acto reclamado conlleve una ejecución material, se deben analizar las características de ésta. El análisis de la ejecución se debe llevar a cabo vinculando los efectos de los actos reclamados con la garantía constitucional que se encuentre en juego, es decir, se deben ponderar las consecuencias directas que produce el acto, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. De lo anterior, se advierte que el lugar de ejecución del acto impugnado juega un papel preponderante para determinar la competencia por territorio de los jueces; empero, no obstante esa singular relevancia, también debe atenderse a la naturaleza jurídica de los referidos actos, pues existen casos en los que se impugnan actos dictados en un juicio o procedimiento que se tramita en el ámbito de competencia de un determinado Juez de Distrito, pero que puede tener diversas consecuencias legales en otras circunscripciones territoriales, supuesto en el que debe analizarse cuál es la materia sobre la que versará el juicio de amparo, es decir, debe verificarse cuál es el acto principal atrayente y, fundamentalmente, quién es la parte que ejerce la acción de garantías. De la demanda de amparo en examen, se advierte que el promovente en el capítulo de autoridades y actos reclamados, manifiesta lo siguiente: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- COMO ORDENADORAS, se señalan: a).- PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA... b).- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUB PROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. c).- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTUGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, ADSCRITO A LA SUB PROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. d).- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE LA MONEDA, ADSCRITO A LA SUB PROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. e).- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUB PROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. f).- EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA AGENCIA PRIMERA DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN EN ACAPULCO DEL ESTADO DE GUERRERO. g).- EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA AGENCIA SEGUNDA DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN EN ACAPULCO DEL ESTADO DE GUERRERO. h).- EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA AGENCIA TERCERA DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN EN ACAPULCO DEL ESTADO DE GUERRERO. i).- EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA AGENCIA CUARTA DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN EN ACAPULCO DEL ESTADO DE GUERRERO. j).- DELEGADO ESTATAL EN GUERRERO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. k).- JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO. l).- JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO. m).- JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO. n).- JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO. o).- De la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Agencia Ministerio Público del Fuero Común Sector Central. p).- De la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Agencia Ministerio Público del Fuero Común Sector Barrios Históricos. q).- De la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Agencia Ministerio Público del Fuero Común Sector Costa Azul. r).- De la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Agencia Ministerio Público del Fuero Común Sector Mozimba. b) COMO EJECUTORAS, se señala: a).- COMANDANTE DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL ADSCRITO A LA FEDERACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PENALES "B" DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. b).- C. ENCARGADO DE LA SUBSEDE DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. c).- C. COORDINADOR ESTATAL DE LA POLICÍA FEDERAL. d).- SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO. e).- COMANDANTE ENCARGADO DEL CUARTEL REGIONAL DE LA POLICÍA ESTATAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO CON SEDE EN ACAPULCO, GUERRERO. f).- EL C. COMANDANTE REGIONAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL. IV. ACTOS RECLAMADOS, de las ordenadoras reclamo la ilegal orden de localización y/o presentación y/o detención y/o aprehensión dictada en mi contra carente de fundamentación y motivación que el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las ejecutoras se reclama el cumplimiento que pretenden darle a la misma." Así, se advierte que el quejoso reclama, fundamentalmente, las órdenes de localización y/o presentación y/o detención y/o y su cumplimiento y cita con el carácter de responsable ordenadora al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero del Vigésimo Primer Circuito. Por tanto, la competencia para conocer del juicio constitucional que nos ocupa debe fijarse acorde a lo establecido en el ordinal 37 antes transcrito, pero al considerar lo estipulado en el precepto 38, en cuanto dispone que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueve contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Luego, es evidente que este tribunal carece de competencia para conocer del presente juicio, toda vez que los actos que por esta vía constitucional se reclaman, son atribuidos a este órgano jurisdiccional, pues se le tiene señalado como autoridad ordenadora, lo que implica que no puede tener el doble carácter de parte procesal y juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 51, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se concluye que en este caso, nos encontramos en la hipótesis prevista en el artículo 38 de la ley de la materia. En las anotadas condiciones, se ordena remitir la demanda con sus copias que la acompañan al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de esta sede, a fin de que en términos de lo dispuesto por el artículo 52 de la citada ley, resuelva si acepta o no el conocimiento del asunto, toda vez que es el único juzgador que no se señaló como responsable y que tiene residencia en este puerto. Por otra parte, sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que en el líbelo actio el quejoso solicitó la suspensión del acto reclamado; sin embargo, no es dable pronunciarse sobre la medida provisional solicitada, toda vez que se declaró incompetente para conocer del sumario, además los actos aquí impugnados no son de los que contempla el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni aquellos referidos en los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo, por lo que no exige su tramitación de manera inmediata. Como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se cita, y por autorizados en términos del numeral 12 de la ley de la materia, a las personas que señala. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009 signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.1°.A.23.K (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el veinticuatro de abril de dos mil quince, materia común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran." Igualmente, por lo que respecta a la parte quejosa, dígase que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimientos de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, la parte quejosa deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. Se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. De conformidad con los ordinales 1, 2, 3 y 9°de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, de treinta de marzo de dos mil cuatro, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes, que a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis, el presente juicio de amparo se incorporará con el expediente electrónico, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.
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