Ulises González Saavedra
Expediente 996/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 996/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ulises González Saavedra
Actuaciones
- Principal
Vistos; la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del acuerdo de cinco de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 23 a 25); en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto que decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente principal es susceptible de destrucción el cual será destruido una vez que transcurra el término de cinco años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto invocado.
- Principal
Visto; se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado y, en su apoyo, remite copia certificada de diversas documentales que obran en el expediente laboral 32/2018 de su índice; sin que resulte necesario otorgar vista a las partes con su contenido de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dada la conclusión que se expondrá a continuación. Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de tomar todas las medidas necesarias para que la diversa autoridad Comisión Nacional Bancaria y de Valores, rinda el informe solicitado mediante oficio 4261 de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente 32/2018. Precisado lo anterior, de las constancias que remitió la autoridad responsable, en apoyo de su informe con justificación, se aprecia el oficio 214-2/SJ-9305248/2019, suscrito por el Director General Adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, residente en la Ciudad de México, a través del cual rindió el informe solicitado mediante oficio 4261 de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente 32/2018, de cuya omisión se duele la parte quejosa en la presente instancia constitucional; motivo por el cual, se estima que respecto del acto reclamado en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De ahí que, en acato a lo dispuesto en los artículos 62 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas generadas en el presente asunto; para ello, es importante citar los artículos antes precisados, que disponen: "Artículo 62. Las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En efecto, conforme al texto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, por virtud de que el Director General Adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, residente en la Ciudad de México, rindió el informe solicitado por la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, mediante oficio 4261 de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral 32/2018; por tanto, es inminente que dejó de existir el agravio que le fue causado al aquí quejoso con el acto que reclama en la presente instancia, consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de tomar todas las medidas necesarias para que la diversa autoridad Comisión Nacional Bancaria y de Valores, rinda el informe solicitado mediante oficio 4261 de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente 32/2018. Sobre este precepto debe decirse que el Alto Tribunal ha establecido que la causa de improcedencia que prevé se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad, argumento que no se contrapone a lo preceptuado en la Ley de Amparo, en términos del artículo sexto transitorio. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 103, que enseguida se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Tomo VI). Así como en la diversa Jurisprudencia P.CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 71 del tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que las autoridades que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la omisión del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Así, de las constancias exhibidas por la propia autoridad, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2° de esta última legislación, dicha inactividad procesal dejó de existir, ya que el Director General Adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, residente en la Ciudad de México, rindió el informe solicitado por la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, mediante oficio 4261 de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral 32/2018. Ahora bien, la cesación de los efectos del acto reclamado constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, en virtud del hecho que de las constancias remitidas por las autoridades responsables se advierte que el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el Director General Adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, residente en la Ciudad de México, rindió el informe solicitado por la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, mediante oficio 4261 de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral 32/2018; de ahí que en tal evento se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Sirve de sustento a esta determinación la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Consecuentemente, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional programada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE
- Principal
AVISO. SE NOTIFICA AL QUEJOSO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2019, QUE DICE: Visto; se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado y, en su apoyo, remite copia certificada de diversas documentales que obran en el expediente laboral 32/2018 de su índice; sin que resulte necesario otorgar vista a las partes con su contenido de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dada la conclusión que se expondrá a continuación. Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de tomar todas las medidas necesarias para que la diversa autoridad Comisión Nacional Bancaria y de Valores, rinda el informe solicitado mediante oficio 4261 de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente 32/2018. Precisado lo anterior, de las constancias que remitió la autoridad responsable, en apoyo de su informe con justificación, se aprecia el oficio 214-2/SJ-9305248/2019, suscrito por el Director General Adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, residente en la Ciudad de México, a través del cual rindió el informe solicitado mediante oficio 4261 de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente 32/2018, de cuya omisión se duele la parte quejosa en la presente instancia constitucional; motivo por el cual, se estima que respecto del acto reclamado en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De ahí que, en acato a lo dispuesto en los artículos 62 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas generadas en el presente asunto; para ello, es importante citar los artículos antes precisados, que disponen: "Artículo 62. Las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En efecto, conforme al texto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, por virtud de que el Director General Adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, residente en la Ciudad de México, rindió el informe solicitado por la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, mediante oficio 4261 de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral 32/2018; por tanto, es inminente que dejó de existir el agravio que le fue causado al aquí quejoso con el acto que reclama en la presente instancia, consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de tomar todas las medidas necesarias para que la diversa autoridad Comisión Nacional Bancaria y de Valores, rinda el informe solicitado mediante oficio 4261 de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente 32/2018. Sobre este precepto debe decirse que el Alto Tribunal ha establecido que la causa de improcedencia que prevé se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad, argumento que no se contrapone a lo preceptuado en la Ley de Amparo, en términos del artículo sexto transitorio. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 103, que enseguida se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Tomo VI). Así como en la diversa Jurisprudencia P.CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 71 del tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que las autoridades que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la omisión del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Así, de las constancias exhibidas por la propia autoridad, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2° de esta última legislación, dicha inactividad procesal dejó de existir, ya que el Director General Adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, residente en la Ciudad de México, rindió el informe solicitado por la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, mediante oficio 4261 de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral 32/2018. Ahora bien, la cesación de los efectos del acto reclamado constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, en virtud del hecho que de las constancias remitidas por las autoridades responsables se advierte que el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el Director General Adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, residente en la Ciudad de México, rindió el informe solicitado por la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, mediante oficio 4261 de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral 32/2018; de ahí que en tal evento se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Sirve de sustento a esta determinación la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Consecuentemente, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional programada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE
- Principal
Visto; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 996/2019 y fórmese expediente. Toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento, así como tampoco de incompetencia que impidan conocer del presente amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite el mismo. Sin tramitarse incidencia alguna por no haberse solicitado expresamente la suspensión de los actos reclamados, ni tratarse de ninguno de los supuestos en los que deba proveerse de manera oficiosa. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. En términos del artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere informes justificados a las autoridades responsables, el que deberán rendir respecto de los actos que en específico se les atribuye, en el plazo de quince días, computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Se apercibe que ante la omisión sobre el particular, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario, conforme al artículo 117, párrafo cuarto de la ley de la materia. Conforme al artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere para que en el mismo plazo, expongan las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad de los actos atribuidos y remita copia certificada de la totalidad de las constancias que acrediten la veracidad de su dicho, las que deberán ser legibles...
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