Ulises Garzón Méndez
Expediente 1279/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1279/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 25/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ulises Garzón Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
"... Vista la certificación secretarial de cuenta y las constancias de autos, se advierte que por auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, el cual no fue recurrido por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido..."
- Principal
"... Visto el estado de autos se advierte que en el presente juicio la parte quejosa reclama del Juez presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, esencialmente lo siguiente: La resolución de cuatro de octubre de dos mil veintidós, celebrada en la causa penal *****, donde se declaró improcedente el cese de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a ***** el dos de septiembre de dos mil veinte, al habérsele dictado auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado cometido en agravio de la víctima con iniciales *****. No obstante, de la revisión de las constancias de autos se aprecia que contra tal acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque, si bien es cierto, subsiste el acto reclamado éste no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En efecto, la causa de improcedencia citada se actualiza ante la presencia de un hecho extraordinario que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, ha desaparecido, por lo que ya no es dable que el acto lesione al quejoso. Tiene como base la imposibilidad de que se realicen o se continúe la ejecución de los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto del mismo. En relación con esta causa de improcedencia existe la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, novena época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, registro digital: 173858, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS... En la especie, las constancias de autos demuestran lo siguiente: - El dos de septiembre de dos mil veinte, el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso ***** por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado cometido en agravio de la víctima con iniciales ******; asimismo, en dicha fecha le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de forma definitiva. Cabe precisar que el justiciable fue detenido el treinta de agosto de dos mil veinte. - Luego, mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, la defensa promovió el cese de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por haber transcurrido el plazo de dos años a que se refiere el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución General, sin que se le dictara sentencia. - El cuatro de octubre de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva, donde la responsable declaró improcedente la petición de la defensa y determinó la continuación de vigencia de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta el dos de septiembre de dos mil veinte. Resolución que constituye el acto reclamado. - Sin embargo, durante la tramitación del presente juicio de amparo, el juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, Oaxaca, remitió oficio PJEO/CJ/TEVC/00489/2023-J, de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual informó que el once de enero de dos mil veintitrés se dictó sentencia condenatoria en contra del justiciable ***** y otro; acusados de ser responsables de la comisión del delito de secuestro agravado cometido en agravio de la víctima con iniciales *****; la cual informó no ha quedado firme por haber sido apelada por la defensa de los sentenciados (foja 139). Como se ve, con el dictado de la sentencia en el juicio natural, el entorno en el que fue emitida la negativa de cese de la medida cautelar, con motivo de que no se había dictado resolución, ha sido modificado. Se afirma lo anterior porque no debe perderse de vista que el justiciable solicitó el cese de la medida cautelar precisando que el motivo de ello era por haber transcurrido el plazo de dos años a que se refiere el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la constitución General, sin que se le dictara sentencia. En efecto el artículo constitucional citado establece lo siguiente: "Artículo 20. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. (.)." -Énfasis añadido.- Sobre el tema existe la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.), undécima época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el trece de mayo de dos mil veintidós, registro digital: 2024608, de rubro y texto siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN... Del precepto constitucional y jurisprudencia transcritos se sigue que cuando ha transcurrido el plazo de dos años a que se refiere el artículo 20, apartado B, fracción IX, Constitucional, sin que se dicte sentencia en el proceso, procede revisar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para determinar si ésta cesa o se prolonga. Para tal efecto, la autoridad jurisdiccional debe analizar los siguientes elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades. Donde, con relación a la complejidad del asunto deberá analizarse, entre otras cuestiones, la dificultad de las pruebas y de su desahogo, la pluralidad de los sujetos procesales o la cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, las características del recurso correspondiente establecidas en la legislación y el contexto en el que ocurrieron los hechos. Respecto a la actividad procesal del interesado y la actuación de las autoridades, tendrá que estudiarse la conducta del inculpado en el proceso, en donde imperan su derecho de defensa, así como la diligencia procesal del juzgador en la instrucción del juicio y de los diferentes recursos (valorando la complejidad del caso y la actividad investigativa) y el accionar de otras autoridades que puedan influir en el proceso. Sin embargo, en el caso concreto ya no es posible que el juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, Oaxaca, analice tales elementos a fin de determinar si procede el cese o la prolongación de la medida cautelar. Ello, pues al haberse dictado sentencia en la causa penal *****, ya no es posible estudiar si el asunto es complejo, si la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y si la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso; en consecuencia, el juez responsable ya no puede estudiar el motivo por el cual el quejoso solicitó el cese de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, esto es, por haber transcurrido el plazo de dos años previsto en el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la constitución General, sin que se dictara resolución. De ahí que jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estima violada por ya haberse dictado sentencia en la causa penal. Sin que lo anterior desconozca el contenido del artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que cuando el sentenciado recurra la sentencia condenatoria, continuará el seguimiento de las medidas cautelares impuestas hasta que cause estado la sentencia, sin perjuicio de que puedan ser sujetas de revisión; por consiguiente, el dictado de la sentencia no actualiza un cambio de situación jurídica. Sin embargo, ello no pugna con la causa de improcedencia en análisis, toda vez que se insiste en que el motivo por el cual el impetrante de amparo solicitó el cese de la medida cautelar ya ha sido rebasado al dictarse la sentencia de primera instancia; por tanto ya no es dable analizar dicho tópico a la luz del artículo 20, apartado B, fracción IX, de la constitución General y jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. No obstante, ello no genera perjuicio al justiciable porque está en oportunidad de solicitar la revisión de la medida cautelar por causa diversa atendiendo a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales como lo establece el propio numeral 180 citado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio. Tiene aplicación, por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE... En esas condiciones, lo que procede es dejar sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (once horas con treinta minutos del catorce de abril de dos mil veintitrés..."
- Principal
"... Vistos; se aprecia que en auto de veintisiete de febrero del año en curso se dio vista a las partes con los registros de audio y video de la causa penal *****, remitidos por el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento en materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, Oaxaca, con residencia en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, como complemento a su informe justificado; lo anterior por el plazo de ocho días con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora, como en el presente juicio le corresponde el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, mediante oficio que al efecto se libre, notifíquesele dicha determinación para no dejarlo en estado de indefensión. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXIV.2o.8 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible a foja 1764, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 41, abril de 2017, Tomo II, de la Décima Época, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES POR OFICIO A LA AUTORIDAD QUE TENGA EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DE REALIZAR LA RELATIVA AL AUTO EN QUE SE TENGA POR RENDIDO EL INFORME JUSTIFICADO, ASÍ COMO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA QUE, EN SU CASO, SE PROVEA, ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, POR TRASCENDER AL RESULTADO DEL FALLO... En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración..."
- Principal
"... Agréguese el oficio con terminación ***** con anexo, suscrito por el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento en materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, Oaxaca, con residencia en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; mediante el cual remite un disco versátil digital (DVD) certificado, que contiene los archivos de audio y video de la audiencia de cuatro de octubre de dos mil veintidós, desahogada en la causa penal ***** de su índice; como apoyo a su informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por el plazo de ocho días, se da vista a las partes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por exhibido el disco versátil digital (DVD), que remite la autoridad responsable, el cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza..."
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