Ulises Francisco Lgunas Guadarrama
Expediente 77/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 77/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/02/2018
Partes del expediente
- Ulises Francisco Lgunas Guadarrama
Actuaciones
- Principal
V. Toluca, Estado de México; doce de febrero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio cual el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, hace del conocimiento que por auto de treinta de enero pasado, aceptó la competencia declinada, por lo que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Ulises Francisco Lagunas Guadarrama, asimismo que dicho expediente quedó radicado con el número de juicio de amparo 87/2018 de su índice; por tanto, se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales procedentes. En virtud de lo anterior, toda vez que no existe diligencia pendiente en el presente cuadernillo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese como asunto definitivamente concluido. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. Este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, pues este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto y en esta fecha se tuvo conocimiento que diverso órgano aceptó la competencia declinada (punto vigésimo, fracción I, párrafos primero y segundo). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del acuerdo general conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Principal
V. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
V) (AVISO PARTE QUEJOSA). Toluca, Estado de México; veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Radicación. Vista la demanda promovida por Ulises Francisco Lagunas Guadarrama, contra actos del Juez de Control del distrito Judicial de Toluca, con residencia en el Municipio de Almoloya de Juárez y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno como amparo indirecto 77/2018-V. Incompetencia. Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda, estimando que debe remitirse con sus copias al Juzgado de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, en turno, ya que se considera que a él compete avocarse a su conocimiento, por lo que debe enviarse a ese órgano de control constitucional. Lo anterior, sin proveer sobre su admisión ni respecto a la suspensión de los actos reclamados, por no actualizarse las hipótesis del artículo 15 de la Ley de Amparo en vigor. Para sustentar lo anterior, en principio, conviene señalar que el numeral 37 de la Ley de Amparo, establece: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De lo anterior, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario; la naturaleza del acto reclamado, por lo que en principio debe calificarse ésta, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de actos meramente declarativos; y posteriormente, se analizan las características de la ejecución. Además, debe decirse que el análisis de la ejecución del acto reclamado, se lleva a cabo considerando las consecuencias directas o inmediatas del acto, y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa considerando lo que de manera directa e inmediata se vinculan a éste. Por último, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno. Y bien, lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia transcritas de la tercera, es que en esta última, el acto o resolución reclamado no requiere ejecución material, mientras que la procedencia de las otras exige esta ejecución o que trate de ejecutarse; y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla en cita se refiere a todos los supuestos en que deba ejecutarse el acto, sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda se refiere a la ejecución que pueda darse en dos distritos diferentes. En el caso a estudio, el quejoso hace consistir esencialmente el acto reclamado en: La orden de aprehensión o presentación girada en su contra y su ejecución. Establecido lo anterior, se considera que en el caso a estudio, tiene aplicación la regla para determinar la competencia de los Jueces de Distrito consistente en el lugar en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Lo anterior es así, pues si los efectos del acto reclamado son de naturaleza ejecutiva y si esa ejecución se llevará a cabo en la Ciudad de Pachuca de Soto, en el Estado de Hidalgo (lugar en el que se encuentra recluido el quejoso), se colige que, conforme a la primera de las hipótesis antes precisadas, la competencia se actualiza a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, en turno, toda vez que de la debida imposición del escrito que se atiende, precisamente en el capítulo correspondiente a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó: ". fui llamado al área de locutorios del Centro de Readaptación Social de Pachuca., en el cual me encuentro recluido". En esa tesitura, si las consecuencias de los actos reclamados se ejecutaran fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito, es obvio que en la especie este Juzgador carece de competencia para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa; por lo que se estima, que quien es competente para tal efecto, es el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en donde, se pretenden ejecutar los actos reclamados. Por lo que, dado que los efectos del acto reclamado son de naturaleza ejecutiva y esa ejecución se pretende llevar a cabo en el Estado de Hidalgo, se concluye, que conforme a la primera de las hipótesis antes precisadas, la competencia se actualiza a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, en turno, porque el lugar en donde habrá de ejecutarse el acto reclamado queda comprendido dentro de su jurisdicción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, tomo 1, agosto de 2013, página: 383, cuyo rubro es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE: Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." También sustenta la presente determinación la jurisprudencia número 1a./J. 37/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 90, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, Novena, que establece: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN: De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida." Por tanto, se estima que el Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, en turno, a favor de quien se declina la competencia es quien debe conocer del presente asunto, según lo dispuesto en el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por lo que deberá remitirse la demanda de que se trata sin proveer sobre su admisión. Con copia simple de la papeleta, demanda y de la presente determinación, fórmese el cuaderno de antecedentes, y envíese el original en que se actúa al Juzgado de Distrito que corresponda, suplicándole se sirva acusar el recibo de estilo, así como la resolución que tenga a bien emitir al respecto, a fin de acordar lo que en derecho corresponda. Señalamiento de domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Señalamiento de autorizados. Atento a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Edwin Escobar Sánchez, Erik Javier Bueno Rodríguez y Guillermo Díaz Bautista, puesto que sí cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas que señala, en términos restringidos del numeral en cita, es decir, para el único efecto de oír y recibir notificaciones, hasta en tanto registren su cédula profesional en el sistema adoptado. Transparencia.- Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretariao José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
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