Ulises Emmanuel Duarte Jaime
Expediente 2821/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2821/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 02/05/2019
Partes del expediente
- Ulises Emmanuel Duarte Jaime
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el diez de diciembre de dos mil dieciocho, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, éste se considera susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Por último, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la licenciada Elisa Georgina Álvarez Maldonado, funge como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo estipulado en el oficio CCJ/ST/1513/2019, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo además en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
- Principal
PRIMERO. Se sobresee. SEGUNDO. En términos del último considerando de este fallo, se ordena su publicación con supresión de datos personales.
- Principal
Vista lo de cuenta, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito de cuenta signado por Rodrigo Tostado Velázquez, apoderado de la parte quejosa en el presente juicio, a través del cual solicita la devolución del testimonio que exhibió como prueba en este sumario. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver los documentos que se solicita, dejando en su lugar copia certificada, previo recibo o razón que se otorgue en autos, para lo cual se autoriza su entrega por conducto de la persona que al efecto señala en el escrito de cuenta.
- Principal
Visto lo de cuenta, se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión dentro del término legal en contra de la sentencia dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en la que por un lado se sobreseyó y por el otro se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º; se decreta que ha causado ejecutoria, para todos los efectos de ley. Una vez expresado lo anterior, este órgano de control constitucional precisa sus alcances y determina qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida para su cumplimiento, ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno acatamiento de la sentencia de amparo, de conformidad con el artícul 192 y 193 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para los efectos siguientes: "(.) Procede concederle el amparo y protección de la justicia de la unión respecto del numeral aludido, para el efecto de que sea desincorporada de la esfera jurídica del quejoso el impuesto tildado de inconstitucional. (.) La protección constitucional debe hacerse extensiva al acto de aplicación reclamado por la parte quejosa, consistente en el recibo oficial A 36379997, de doce de enero de dos mil dieciocho, expedido por la de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, para el efecto exclusivo de que se le devuelva a la quejosa la cantidad que haya pagado por concepto del impuesto y derechos referidos en la presente sentencia relativos a la adquisición de vehículos automotores usados, pues la concesión del amparo contra las normas legales consideradas inconstitucionales, debe comprender también el acto de su aplicación." En esas condiciones, no es dable requerir a las responsables Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Jalisco, por el cumplimiento del fallo protector, habida cuenta que su intervención en los actos reclamados únicamente versó sobre su participación en el proceso de creación de la norma declarada inconstitucional, por lo que tales autoridades no pueden dar cumplimiento a dicha ejecutoria. ,Ahora bien, toda vez que este órgano de control constitucional tiene la facultad y la obligación de precisar y determinar qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida, para lograr el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, y una vez analizados los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se concluye que la siguiente autoridad Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, debe realizar lo siguiente: Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa el artículo 11 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis. Deje insubsistente el pago realizado por la parte quejosa que ampara el recibo oficial A 36379997, emitido a su nombre por la referida Secretaría. En su lugar, emita otro en el que se aplique la tarifa del 1%, por ser esta la cantidad mínima que establece el artículo 11 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el año dos mil dieciséis. Reintegre al quejoso la cantidad que haya pagado en demasía por la adquisición de vehículos automotores usados. En el entendido que tal cantidad se deberá entregar junto con las actualizaciones correspondientes. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite a este Órgano Jurisdiccional, haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos señalados en los incisos precedentes. En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se le apercibe que de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, se requiere al Gobernador del Estado de Jalisco, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad obligada al cumplimiento, para que le ordene cumplir con la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de garantías, bajo el apercibimiento que de no demostrar que la conminó a que cumpliera el fallo protector, se le impondrá a su titular una multa en los mismos términos descritos en el párrafo que antecede. Finalmente, se tiene por recibido el escrito signado por Juan Alberto Núñez Vázquez, quejoso en el presente asunto y en atención a lo que solicita, dígasele que se esté a lo ordenado en líneas precedentes.
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