Ulises Ehecatl Leon Benitez

Expediente 392/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
392/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
07/04/2017

Partes del expediente

  • Ulises Ehecatl Leon Benitez

Actuaciones

  1. Principal

    sin que el promovente hubiese recurrido el proveído de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual este Juzgado de Distrito ordenó desechar por improcedente la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. Se declara que el citado auto ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.

  2. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE CITA: agréguese el escrito signado por el quejoso, mediante el cual refiere subsanar la prevención formulada al escrito inicial de demanda por auto de nueve de marzo de este año. dígase al promovente que no ha lugar a tener por subsanado el requerimiento señalado en el párrafo que antecede, toda vez que no proporciona la totalidad de la información que le fue requerida en autos; no obstante lo anterior, de la lectura integral al escrito de cuenta y a la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que sin proveer sobre la admisión de misma, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, se desecha la demanda de amparo de que se trata. el asunto de que se trata resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que en relación con el acto reclamado, el quejoso no promovió el juicio constitucional dentro del término de que quince días que para tal efecto establece la Ley de la Materia. En efecto, de la lectura integral al escrito inicial de demanda, se puede apreciar que el promovente de amparo reclama la resolución de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictada en el expediente ***, por el Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, en la que dicha autoridad omitió decretar un régimen de convivencias entre el quejoso y sus menores hijas ***. Ahora bien, conviene señalar que la interpretación del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, debe complementarse con lo señalado por los artículos 17, fracción III y 18 del propio ordenamiento, que fijan los plazos o "términos" para la promoción de la demanda de amparo. Atendiendo a lo dispuesto por los mencionados preceptos legales, debe decirse que el gobernado consiente el acto de autoridad cuando no promueve oportunamente en su contra, la acción de amparo, resultando improcedente el juicio que en todo caso se interponga una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo. Por tanto, cuando una persona sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, y deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, tal conducta se tiene como manifestación de conformidad con la mencionada actuación lesiva de sus derechos. En esa tesitura, debemos atender a lo que dispone la legislación de amparo en cuanto a los términos para la interposición de la demanda que da origen al juicio constitucional, para así estar en condiciones de concluir si en el caso éstos se respetaron. Señalan los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que la demanda de amparo deberá presentarse dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame, o dentro de los quince días siguientes al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado, la agraviada sabedora de los mismos, salvo el caso de la fracción I, del artículo primero citado, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, de un estudio integral al contenido del escrito aclaratorio de la demanda de amparo, se advierte que el impetrante de amparo confiesa libre, espontánea y voluntariamente, que el siete de febrero de dos mil diecisiete, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución que ahora pretende reclamar a través del juicio de amparo, en la que el juez responsable omitió decretar un régimen de convivencias entre el quejoso y sus menores hijas; por tanto, si bien el promovente no aclara la fecha en que fue notificado, se enteró o tomó conocimiento de la citada resolución, tal como le fue requerido en autos, lo cierto es que dicha fecha (siete de febrero de dos mil diecisiete), puede tomarse como punto de partida para determinar si la demanda de amparo que se provee fue presentada dentro del plazo legal previsto por la Ley de Amparo, toda vez que al siete de febrero de este año, el quejoso ya tenía conocimiento del contenido de la resolución reclamada, puesto que pretendió impugnar la misma a través del medio ordinario de defensa previsto por la ley que rige la tramitación del expediente de origen. Consecuentemente, a partir de ese día (siete de febrero de dos mil diecisiete) el quejoso quedó sujeto al término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda de que se trata. Con base en lo antes expuesto, se concluye que si el siete de febrero de dos mil diecisiete el impetrante de amparo tuvo conocimiento de la resolución en la que el juez responsable omitió decretar un régimen de convivencias entre el quejoso y sus menores hijas, el término de quince días para interponer su demanda de amparo transcurrió del ocho al veintiocho de febrero de la presente anualidad, sin contar los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis del mismo mes y año, por ser inhábiles; de ahí que este órgano jurisdiccional concluya que el ejercicio de la acción de amparo es extemporáneo, pues la demanda de que se trata se presentó hasta el ocho de marzo actual. No es óbice a lo anterior, que las consecuencias jurídicas de lo reclamado en esta instancia constitucional, es decir la omisión de decretar un régimen de convivencias entre el quejoso y sus menores hijas, se trate de actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo; sin embargo, esa circunstancia no implica que el quejoso pueda promover la demanda de amparo en cualquier momento, mientras el juez primigenio continúe incurriendo en la omisión que se le atribuye, puesto que para efectos de la presentación de la demanda de amparo, el cómputo debe hacerse a partir de los momentos que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que desde que el quejoso tuvo conocimiento de la resolución generadora del acto de molestia, estuvo en posibilidad de impugnarla, y si no lo hizo, debe considerarse consentida tácitamente, pues así lo dispone el artículo 61, fracción XIV, de la referida ley. Además, cabe precisar que el artículo 17 de la Ley de Amparo, no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de él, por lo que la consecuencia jurídica derivada de la resolución emitida en el juicio de origen (omisión de decretar un régimen de convivencias entre el quejoso y sus menores hijas) no es relevante para la temporalidad del juicio de amparo, sino únicamente el acto que los produce. En consecuencia, al quedar acreditado que el quejoso no ejercitó la acción de amparo dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de la Materia, es que queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, del cuerpo normativo en cita; de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Ulises Ehecatl León Benítez, por su propio derecho y en representación de sus menores hijas ***, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por consentimiento tácito del acto de molestia.

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