Ulises Dominguez Fuentes
Expediente 1138/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1138/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ulises Dominguez Fuentes
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1138/2022-VIII. Puebla, Puebla, siete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo; sin embargo, ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia emitida en audiencia constitucional de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. Valoración documental. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2 . Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se sobreseyó en el juicio. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Devolución de cuadernos auxiliares. Toda vez que no existen constancias remitidas por la autoridad responsable que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión. Conforme al artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción por haberse negado la suspensión definitiva. En virtud de lo anterior, glósense las constancias relativas del cuaderno original de dicho incidente de suspensión a este expediente, las cuales serán destruidas cuando hayan transcurrido [treinta días] después de fenecido el plazo de conservación, esto es, pasados tres años del dictado de este acuerdo, al depurar o destruir el expediente principal - según sea el caso-. Por su parte en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), el duplicado será destruible dentro del plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de este acuerdo. Como en este proveído se acordó lo relativo al destino de los cuadernos incidentales, se ordena agregar copia de este proveído a dichos cuadernos para los efectos legales correspondientes. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones en los libros de gobierno. Se instruye a la oficial judicial "A" para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar por conducto del personal a su cargo que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación de este proveído. Por último, se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal puede ejercer dado que ha quedado firme el proveído que sobreseyó fuera de audiencia, por lo que este acuerdo habrá de notificarse por lista al peticionario de amparo, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Asimismo, se deja establecido que resulta innecesario girar oficio alguno que derive de este auto, porque todas las actuaciones que se generen, se notifican a través de la lista en las instalaciones de este juzgado, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, por lo que las partes están aptitud de consultar las mismas para imponerse de su contenido, aunado a que en este proveído no se otorgan derechos procesales a favor de ninguna de las partes en este expediente y porque no se ha hecho requerimiento alguno a éstas. Con independencia de lo anterior, si alguna autoridad requiere de copia de este auto podrá solicitarlo por oficio a este juzgado y se le expedirá. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
RESOLUTIVOS: Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103, 107 de la constitución federal; 63, 74, 75, 124 de la Ley de Amparo; y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por XXXX, por derecho propio, debido a la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, conforme a lo establecido en los puntos considerativos segundo y tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de este fallo.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1138/2022-VIII. Puebla, Puebla, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho, contra actos de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 21/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARSCoV21 que causa la enfermedad COVID19. Exhortación para la tramitación del juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARSCoV2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento parcial. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Cierto, el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, determina que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO."3 Ahora, la lectura integral que se hizo a la demanda de amparo permitió detectar que el reclamo planteado por el quejoso consiste en la orden de aprehensión, presentación, reaprehensión o citación librada en su contra, por autoridades judiciales y administrativas. Lo anterior es así, pues el acto reclamado consistente en el "citatorio" (previsto por los artículos 90, párrafo primero y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales4 ) debe establecerse -por una parte- que éste no es un acto susceptible de combatirse en esta vía de amparo, porque ello contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el agente del ministerio público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Así, cuando se cita a una persona en la investigación inicial en calidad de imputado, a diferencia del anterior sistema, su declaración no es una prueba o testimonio, sino una entrevista realizada con fines de investigación. Por esa razón, la citación para ser entrevistado, no guarda las mismas formalidades que una citación para rendir una declaración en el sistema escrito, ya que no se trata de una prueba que permanecerá en el proceso ni adquiere pleno valor probatorio. Incluso, el artículo 113, fracción V, del código invocado, prevé como el momento oportuno para hacerle del conocimiento al imputado los hechos que se le atribuyen y los derechos que le asisten, no en el citatorio, sino cuando es detenido, o bien, una vez que comparece ante el Ministerio Público. Por tanto, en caso de que se trate de un acto efectuado en la integración de la investigación como tal, éste se escapa al control constitucional. Esto es así, pues dicho acto de investigación (la citación girada conforme a los artículos 90 y 91 del código adjetivo penal nacional), por regla general, implica una facultad constitucional por parte del agente del ministerio público para la investigación de hechos con apariencia de delito, y como consecuencia, de existir suficientes datos de prueba, ejercer acción penal ante autoridad judicial -si así lo considera la autoridad competente-. Estimar lo contrario, y llevar un estudio de dicho acto reclamado, implicaría entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al ministerio público. Máxime que la investigación de los delitos es de interés general de la sociedad. Asimismo, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí que se actualizaría sobre ese específico acto, una causal de improcedencia en el presente asunto, aunado a que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las mismas es de oficio por parte del órgano jurisdiccional de amparo. Ello así se estableció en la tesis (X Región) 2o.1 P (10a.), consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, agosto de 2016, tomo IV, materia común, página 2592; cuyo rubro "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO". Lo mismo ocurriría en tratándose con la citación prevista en la fracción I (citatorio) del precepto legal 141 antes mencionado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada mediante una diversa citación ante un juez, en donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del ministerio público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Lo anterior se obtiene de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales.5 Incluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden dictada afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del ministerio público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, en ese supuesto, se trataría de un acto fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en lo conducente, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 78/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 239, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Penal, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el epígrafe "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]6 Por tanto, de conformidad con el numeral 61, fracción XXIII, vinculado al diverso 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 108, fracción VI, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu y 21, de la constitución, se desecha de manera parcial la demanda de amparo, porque el acto reclamado consistente en el citatorio actualiza una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Pronunciamiento respecto de las autoridades administrativas señaladas como responsables Ahora, del escrito de protección se observa que el quejoso señaló a diversas autoridades -no judiciales- como responsables ordenadoras (administrativas). De modo que el reclamo planteado por el quejoso está circunscrito a una orden de aprehensión, presentación o reaprehensión, emitida por las autoridades administrativas que se mencionaron como autoridades responsables ordenadoras, lo cual por la fecha en que se dieron los hechos -trece de octubre de dos mil veintidós-, hace evidente que esas órdenes se regirían (en su caso) bajo las reglas del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial. En efecto, esa hipótesis normativa (el desechamiento por una causa de improcedencia) se actualiza frente a los actos que se reclaman a las citadas autoridades responsables. Es así, pues debe tenerse en cuenta que una orden de aprehensión, presentación o reaprehensión, como las que reclama el quejoso no pueden ser emitidas por una autoridad administrativa como las señaladas como responsables, porque éstas no tienen facultades jurídicas en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio para librar tales órdenes. De tal manera que con independencia de la denominación que se le dé a esa orden, debe destacarse que la restricción de la libertad de la parte quejosa únicamente se da con la diversa orden de aprehensión, presentación o reaprehensión, librada por una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, o inclusive, con la detención ordenada por un agente del ministerio público en tratándose de caso urgente, pero los anteriores constituyen sucesos distintos a los actos reclamados de las autoridades en mención. Habida cuenta que dichas autoridades administrativas carecen de facultades jurídicas para emitir una orden de aprehensión, presentación o reaprehensión, como tales (es decir, en sí mismas consideradas), contra un gobernado en el aludido nuevo sistema de justicia penal acusatorio. De ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, vinculado al diverso 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu y 21, de la constitución federal. Por tanto, de conformidad con el numeral 61, fracción XXIII, vinculado al diverso 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu y 21, de la constitución, se desecha de manera parcial la demanda de amparo -respecto de las autoridades administrativas señaladas como ordenadoras-, porque los actos que les reclama (orden de aprehensión, presentación o reaprehensión), actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. En tales condiciones, en el presente asunto no se librarán oficios para las autoridades administrativas señaladas como ordenadoras, por los términos antes precisados. Sin que se estime que la presente determinación deje en estado de indefensión al quejoso, pues en los siguientes párrafos se acordará respecto al trámite del presente expediente en los términos ahí precisados. Luego, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Admisión parcial de la demanda. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, y debido a que la demanda de amparo cumple los requisitos legales establecidos, se admite a trámite de manera parcial. Materia del juicio. Los actos reclamados en términos de lo precisado en los apartados precedentes, comprenden a) La orden de aprehensión, presentación o reaprehensión libradas en su contra y; b) La ejecución de las mismas. Precisión de las autoridades responsables que habrán de emplazarse. Por otro lado, el quejoso también señaló en su demanda como autoridades ordenadoras a todos los jueces de control de esta región judicial (centro); empero, la Jueza de Control *****, adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, informó que las causas tramitadas en los distintos juzgados del sistema penal acusatorio, no requieren de un juez específico, porque el diseño del sistema penal acusatorio descansa en una serie de etapas, para las cuales basta la participación de cualquier juez de control del Poder Judicial del Estado de Puebla. De ahí que la citada jueza hubiera rendido en forma individual, los informes previo y justificado que se requirieron a los jueces de control de la Región Judicial Centro, en el juicio de amparo e incidente de suspensión ******* de este órgano -el cual se invoca porque constituye un hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo-. Entonces, resulta irregular el señalamiento que hizo el quejoso, pues debió limitarse a precisar al Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla. Asimismo, el quejoso señaló en su demanda con carácter de ejecutoras a "Agencia Estatal de Investigación, Adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla"; "Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla"; "Dirección de Atención a Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado". Sin embargo, constituye un hecho notorio para este operador jurídico que, de conformidad con los artículos 25, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la ejecución de las órdenes de aprehensión y demás mandamientos judiciales, se encuentra asignada a los elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, a cargo del Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Con motivo de lo anterior y a efecto de evitar mayores dilaciones en la substanciación de este juicio constitucional, se delimitan las autoridades responsables que habrán de emplazarse en este juicio constitucional, para quedar de la forma siguiente Con el carácter de ordenadora 1. ******, Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla. Con el carácter de ejecutora 2. Director de la Agencia Estatal de Investigación Adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla. Por lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de este juzgado, que realice las anotaciones correspondientes en el sistema respecto a la correcta denominación de las autoridades que habrán de tenerse como responsables en este juicio. Apertura del incidente de suspensión. Ante la solicitud de la medida cautelar, con copia simple de la demanda y copia autorizada del presente acuerdo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo a este juicio; constancias conforme a las cuales habrá de resolverse lo relativo a dicha medida cautelar. Notificación a la fiscal adscrita. Se ordena notificar en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y copia de la demanda de protección de derechos. Ello, conforme a las medidas especiales que se han adoptado por la situación actual de contingencia sanitaria. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables su informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación7 . En este, deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad de los actos reclamados. Lo anterior bajo el apercibimiento que de no rendir el informe justificado o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá a la omisa una multa de cien a mil unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se prescinde remitir copia de la demanda, porque la misma será anexada al oficio por el cual se les requiera el informe previo. Medidas especiales para rendir el informe justificado. Se hace saber a las autoridades responsables que a fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid19, en el sentido de que debe privilegiarse el trabajo a distancia con las herramientas electrónicas que resulten necesarias, su informe justificado deberá ser remitido únicamente por vía electrónica, al correo electrónico oficial de este juzgado 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Por el mismo medio se les acusará recibo el mismo día si el correo se recibe de nueve a quince horas, o al día siguiente si es con posterioridad. Sin embargo, de ser necesaria la presentación física del mismo por contener anexos que no puedan digitalizarse y remitirse vía electrónica, deberán hacerlo en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. De igual manera y con el mismo fin, se ordena a la actuaria encargada de este expediente que los oficios generados durante la tramitación del juicio, dirigidos a las autoridades foráneas (responsables o terceras interesadas), sean remitidos por correo electrónico, ya sea a una dirección oficial o la proporcionada por quien se encuentre de guardia en la respectiva dependencia. Además, debe confirmar su recepción y levantar razón de ello. En tanto los oficios dirigidos a las autoridades locales (responsables o terceras interesadas), deberá intentar su envío también por correo electrónico, y sólo que fuera imposible entonces habrá de notificarlos de manera física. Para ello, deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y hacer uso del kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Requerimiento de antecedentes. Se requiere a las autoridades responsables informen en un plazo de cinco días, si en el procedimiento de donde emanan los actos reclamados, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de desatender dicho requerimiento, se le impondrá a la omisa una multa de cincuenta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Requerimiento de informe sobre terceros interesados. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a las autoridades responsables que en el plazo de cinco días8 , contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionen el nombre y domicilio de las personas que puedan tener el carácter de terceros interesados en este juicio (agraviados, ofendidos o víctimas), para ello deberán remitir las constancias de donde se desprenda tal información. Se insiste, dicho informe debe ser enviado al correo electrónico oficial del juzgado 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo, se apercibe a las responsables que de no cumplir lo requerido en párrafos anteriores en el plazo señalado, sin causa justificada, se le impondrá a la omisa una multa de cien a mil unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. Notificación a las autoridades responsables. Con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, se hace saber a las responsables que en el presente juicio sólo les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial (las que se ubiquen en la ciudad de Puebla o su zona conurbada, mientras que las foráneas serán notificadas por correo electrónico), las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito9 . Además, de negarse a recibir alguna notificación ordenada en este juicio, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28 fracción I párrafo segundo, de la Ley de Amparo. También, como lo ordena el artículo 24510 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la renuente una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Tercero interesado Una vez que se reciba la información requerida, habrá de proveerse el emplazamiento de quien tenga el carácter de tercero interesado -si procede-, en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Al respecto, es menester precisar que, de conformidad con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 21/2022) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia constitucional se celebrará de manera tradicional, a partir de los escritos presentados de manera física o electrónica por las partes, esto es, sin la presencia de estas. Sin embargo, en términos de los artículos 25 y 26 del citado acuerdo general, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, es decir, por ser necesaria para el desahogo de una probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal únicamente en supuestos previstos por el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo por regla general, su desahogo se realizará a través de videoconferencia. Por ello, los intervinientes del sumario constitucional que se ubiquen en alguno de los supuestos precisados, deberán proporcionar un número telefónico y correo electrónico para establecer contacto, así como contar con equipo de cómputo que cumpla al menos con los requerimientos tecnológicos necesarios11; o a través de un dispositivo móvil (celular inteligente o tableta); en este último caso, deberán descargar previamente la aplicación "Webex Meetings"12; lo anterior, a fin de que se realicen las gestiones pertinentes para que puedan acceder a la visualización por videoconferencia de la audiencia respectiva. Para preparar lo anterior, la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. Por último, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes y no sea posible desahogar la audiencia a través de videoconferencia, de manera excepcional podrá llevarse a cabo de manera presencial; pero de antemano deberán registrar la cita respectiva en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto es, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ". Requerimiento sobre causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. No cumplir lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional, que el acceso a las instalaciones del juzgado está sujeto al artículo 3 del invocado Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 21/2022), que regula el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física, la cual será mediante previa cita, que podrán registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de promociones de manera física, será en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, acorde a los lineamientos de acceso establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Domicilio procesal y autorizados. El quejoso señala dos medios para oír y recibir notificaciones - un correo electrónico y otro por usuario en línea-, sin embargo resulta improcedente tener ambos, puesto que debe existir certeza del lugar en donde se lleven a cabo las notificaciones personales. Por tanto, a fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid19, en el sentido de que debe privilegiarse el trabajo a distancia con el uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como vía para recibir notificaciones, así como para consultar el expediente electrónico, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "******", dada la solicitud expresa del quejoso. Luego, se instruye a la secretaria que habilite la notificación electrónica al usuario referido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual modo, como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *******, pues el quejoso le otorgó esa facultad, aunado a que se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Las demás personas, quedan autorizadas sólo para oír y recibir notificaciones en su nombre, en términos restringidos, dado que la parte quejosa así lo solicito en su escrito de demanda. Comunicación con las partes. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente y a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 21/2022) del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. Se hace la precisión que el correo electrónico que proporciona el quejoso, sólo será para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran, pero las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Bajo este contexto, se tiene el correo electrónico proporcionado en la demanda, como medio de contacto con los defensores del quejoso para el trámite de este juicio. En consecuencia, se determina que ese medio de contacto deberán considerarlo los actuarios de este juzgado, en específico cuando sea necesario ubicar al quejoso por alguna circunstancia que lo ameritara. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto13 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de este juzgado, que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Integración de la demanda original al expediente. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID19, se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo de manera física, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; de manera personal al quejoso y cúmplase.
- Incidental
INCIDENTE DE SUSPENSION 1138/2022-VIII. Puebla, Puebla, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Formación del incidente. Como se ordenó en esta fecha en el expediente principal y con copias de la demanda de protección, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1138/2022-VIII, promovido por *******, por propio derecho, contra actos del Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla y otra autoridad. Informe previo. En términos de los artículos 128, 130, 136, 138, 140, 142 y 143 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables presenten su informe previo, el cual deberá cumplir los requisitos legales establecidos, y rendirse por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente acuerdo. Por tanto, envíese a las responsables copia de la demanda, adjunta al oficio que contiene esta determinación. Con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se les apercibe que de no rendir su informe previo en el plazo señalado, le será impuesta a la omisa una multa de entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario). Medidas especiales para la rendición del informe previo. Se hace saber a las autoridades responsables que a fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid-19, en el sentido de que deberá privilegiarse el trabajo a distancia con las herramientas electrónicas que resulten necesarias, su informe previo (y cualquier otro oficio) deberá ser remitido únicamente por vía electrónica, al correo electrónico oficial de este juzgado: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Por el mismo medio se les acusará recibo -el mismo día si el correo se recibe de nueve a quince horas, o al día siguiente si es con posterioridad-. Sin embargo, de ser necesaria la presentación física del mismo por contener anexos que no puedan digitalizarse y remitirse vía electrónica, deberán hacerlo en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. De igual manera y con el mismo fin, se ordena a la actuaria encargada de este expediente que los oficios generados durante la tramitación del mismo, dirigidos a las autoridades foráneas (responsables o terceras interesadas), sean remitidos por correo electrónico, ya sea a una dirección oficial o la proporcionada por quien se encuentre de guardia en la respectiva dependencia. Además, debe confirmar su recepción y levantar razón de ello. En tanto los oficios dirigidos a las autoridades locales (responsables o terceras interesadas), deberá intentar su envío también por correo electrónico, y sólo que fuera imposible entonces habrá de notificarlos de manera física. Para ello, deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y hacer uso del kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Requerimiento a las autoridades responsables. De resultar ciertos los actos reclamados, en términos del artículo 168, fracción I, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables informen: La naturaleza, modalidades y características del delito o delitos imputados al quejoso, y si fueren de carácter patrimonial, deberá informar el monto del daño causado y si este ya fue cubierto a la parte agraviada. Si el delito imputado es de aquéllos considerados de prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 constitucional, o si está catalogado grave en la legislación estatal. Requerimiento de antecedentes. Con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables que en el mismo plazo de cuarenta y ocho horas y en el oficio donde rindan su informe previo, manifiesten si tienen conocimiento de algún diverso incidente donde ya se hubiera resuelto sobre la suspensión de los actos reclamados, por lo que toca al quejoso y, de ser posible, envíen copia certificada de las resoluciones correspondientes. Se les apercibe que de no hacerlo, se le impondrá a la omisa una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización a razón de su valor diario, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que sea celebrada la audiencia incidental. Materia del incidente. Los actos reclamados por el quejoso, en términos de la demanda y el proveído de admisión, comprenden: a) La orden de aprehensión, presentación o reaprehensión libradas en su contra y; b) La ejecución de las mismas. Concesión de la suspensión provisional. Con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 138, 139, 162, 163, 164 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional respecto de la orden reclamada, para los efectos siguientes: a) Si alguna orden contra el quejoso fue emitida por una autoridad judicial, en una causa donde tiene la calidad de inculpado porque de los registros de investigación existan datos de prueba de los que se desprenda la probabilidad de que cometió o participó en la comisión de un hecho señalado por la ley como delito, por el que proceda decretar de oficio su prisión preventiva en términos del artículo 19 constitucional, o se trate de delitos graves conforme a una norma secundaria, con fundamento en la fracción I del citado artículo 166 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional sólo producirá el efecto de que una vez detenido el quejoso, quede a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal en el lugar donde sea recluido o internado y a disposición del juez de control para continuar el procedimiento que se le instruya. Con la salvedad de que si la orden de captura se libró por el inicio del procedimiento -conforme lo establecido por la norma adjetiva secundaria-, la autoridad judicial deberá comunicar al director del centro penitenciario donde se interne el quejoso que deberá mantenerla recluido en un área de prisión preventiva, distinta de la asignada a los sentenciados. b) Si la orden fue emitida por una autoridad judicial contra el quejoso, en una causa donde tiene la calidad de imputado porque de los registros de investigación existan datos de prueba de los que se desprenda la probabilidad de que cometió o participó en la comisión de un hecho señalado por la ley como delito, pero que no amerite la prisión preventiva de oficio, o no se trate de delitos graves conforme a una norma secundaria, con fundamento en la fracción II del citado artículo 166 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional tendrá el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentra y no sea detenido, por lo que quedará a disposición de este juzgado en cuanto a la libertad personal, hasta que las autoridades responsables sean notificadas de la suspensión definitiva. Por otra parte, en términos del artículo 166, último párrafo de la Ley de Amparo, si los actos reclamados consisten en una orden o medida de protección dictadas conforme a la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional, para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación a que refiere el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión no surtirá efectos. Lo mismo sucederá si se sorprende al quejoso en la comisión de flagrante delito. Medidas de aseguramiento y garantía. Como medidas de aseguramiento y para evitar la evasión del quejoso a la acción de la justicia, en caso de negársele la protección, en términos del artículo 162 de la Ley de Amparo, deberá presentar escrito en el plazo de tres días donde acredite con documental idónea y eficaz su domicilio particular, ocupación e ingreso o salario percibido. Lo anterior deberá acreditarlo por escrito ante este juzgado con las constancias idóneas para ello y dentro del mismo plazo, bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así, quedará sin efectos la suspensión y podrán las responsables ejecutar la orden reclamada. La suspensión concedida surtirá efectos desde luego, pero el quejoso deberá exhibir en el plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación de este auto, una garantía por la cantidad de ****** en cualquiera de las formas establecidas por la ley. En el entendido que, de no cumplir con la exhibición de la garantía en mención, dentro del plazo antes señalado, quedará sin efectos la suspensión y las autoridades responsables estarán en aptitud de ejecutar la orden combatida. Por lo que deberá acompañar dos fotocopias del documento donde conste dicha garantía, para asegurar su presentación ante la autoridad correspondiente que lo reclame, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente, de conformidad con el invocado artículo 162 de la Ley de Amparo. Cantidad que se fija de manera discrecional, pues se prescinde de la información para decretarla. Por ello, se estima que la garantía es discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y, a la vez, garantizar que el quejoso no pretenda evadir la acción de la justicia, la cual deberá aportar a satisfacción de este juzgado federal, en cualquiera de las formas establecidas por la ley; además, se considera asequible de momento para el quejoso. Sólo resta decir que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, estableció que la garantía deberá estimarse en forma discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y a la vez garantizar que la parte quejosa no pretenda evadir la acción de la justicia; como se desprende de la ejecutoria dictada en el recurso de queja ****, del citado tribunal. Además, también estimó que el número de autoridades, la designación de algún profesionista en derecho para intervenir a nombre del quejoso, el número de autorizados y el domicilio procesal, no son factores que sirvan para demostrar la capacidad económica de un quejoso, pues independientemente del número de autoridades se puede carecer de recursos monetarios, así como el que haya señalado defensor particular y autorizados tampoco es determinante para tal efecto, toda vez que no se puede conocer si estos reciben una remuneración y cuál es el monto, como tampoco el que se señale un domicilio procesal indica la capacidad económica de los recurrentes. Por otro lado, de resultar cierta la orden reclamada, con apoyo en el artículo 162 de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que acuda física y personalmente dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que rinda informe la autoridad emisora, a rendir declaración en la causa penal instruida en su contra, o en su caso, para intervenir en las diligencias de investigación por algún hecho. Lo cual también deberá acreditar por escrito presentado a este juzgado, en el referido lapso de tres días hábiles, en el que deberá demostrar con el medio de prueba idóneo su comparecencia personal ante dicha autoridad; porque de no hacerlo quedará sin efectos la suspensión provisional y podrán las responsables ejecutar la orden reclamada. Se hace notar que la obligación de comparecer ante la autoridad responsable será exigible sólo en el caso de que sea cierta la orden reclamada. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis jurisprudencial 149/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ". Además, se requiere a dicho quejoso, con apoyo en el referido artículo 162 de la ley de la materia, que se presente ante la autoridad emisora de la orden reclamada (en caso de que ésta sea cierta) cuantas veces les sea así solicitada. Para el cumplimiento a los requerimientos efectuados en este apartado, se hace saber al quejoso que la presentación de escritos podrá realizarla de manera física en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Además, es menester precisar que el billete de depósito debe contener el nombre del quejoso, el número de expediente de este incidente y que se advierta que el mismo es para garantizar la suspensión provisional. Autorización de copia. Por último, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se autorizan la expedición de un solo tanto de copias del presente auto, previa razón e identificación oficial que por su entrega y recibo se asiente en autos (misma que podrá efectuarse con sus autorizados); pues de conformidad con el primero de los preceptos señalados, no se advierte que la suscrita tenga la obligación de expedir a las partes más de un tanto de copias. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis 1.10Oc.13K, publicada a página 1374, del Tomo XXIV, Octubre de 2006, materia común, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con el rubro y siguiente: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." Ahora, se le hace notar que de conformidad al esquema de atención al público general establecido en los artículos 31 y 62 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 16/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para el acceso a los órganos jurisdiccionales, las partes deberán generar una cita para el desahogo y comparecencia de entrega de copias, a través del siguiente link: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJuris diccionales/citas. En ese micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para la consulta de expedientes o comparecencia, se le generará un Código QR que le permitirá el ingreso a este juzgado a partir del veintinueve de agosto de dos mil veinte, de conformidad con el artículo 2, fracción VII del citado acuerdo general. En el entendido que las citas obtenidas conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 6 del acuerdo general mencionado, durará un máximo de veinticinco (25) minutos, asimismo deberá tomar en consideración que el horario de labores asignado a este órgano jurisdiccional culmina a las trece horas (para las citas), por tanto, deberá agendar la última cita disponible en la fecha seleccionada así como estarse a la disponibilidad del personal que acompañe a los solicitantes al centro de copiado, en el entendido que dicho servidor público deberá regresar a las instalaciones de este juzgado dentro del horario mencionado. Sin perderse de vista, también, que el acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse; aunado a que dicho acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Lo anterior se le puntualiza a fin de maximizar el derecho de acceso a la justicia, tutelado en el artículo 17 de la constitución federal. Además, se le reitera que en el proveído de admisión se autorizó la toma de fotografías de este juicio, debido a que la normatividad vigente lo permite, de ahí que podrá realizar la toma correspondiente. Se hace saber al quejoso que a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, podrá descargar los archivos digitalizados que integran el presente expediente, el cual contiene la evidencia criptográfica respectiva para darle validez. Notifíquese y cúmplase.
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