Ulises de la Rosa de la Rosa

Expediente 522/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
522/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
28/06/2022

Partes del expediente

  • Ulises de la Rosa de la Rosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; se integra a los autos el oficio y anexos de cuenta, mediante el cual la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 248/2021; así como el original del juicio de amparo en que se actúa, y un disco DVD. Ahora bien, de la ejecutoria a que se alude se advierte que el Tribunal de Alzada, resolvió en lo conducente: "[.] PRIMERO. Se confirma el fallo recurrido. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Ulises de la Rosa de la Rosa, contra los actos reclamados. [.]" En consecuencia, acúsese recibo; glósense a los autos el cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias originales, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional, por lo que procédase a la destrucción de estas últimas; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales conducentes, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y legalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia. Por otra parte, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al juzgado responsable, el disco compacto DVD que adjuntó a su informe justificado, el cual se manejó por cuerda separada. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en el cual transcribió el proveído de veintiséis de agosto del año actual, emitido en el toca en revisión 248/2021, en el que se admitió a trámite el citado medio de impugnación hecho valer por el quejoso Ulises de la Rosa de la Rosa, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes; de lo que este Juzgado queda enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Ulises de la Rosa de la Rosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en autos el siete de julio de dos mil veintiuno. Ahora bien, agréguese a este expediente una de las copias del escrito de expresión de agravios y distribúyanse las restantes entre las partes; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo. Por otro lado, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente juicio de amparo con las constancias de notificación a las partes de la determinación recurrida y del presente acuerdo, remítase el cuaderno original del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en la ciudad, para lo que a bien tenga determinar en relación al citado medio de impugnación, lo anterior dentro del término de tres días a que alude el artículo 89 de la ley de la materia, adjuntándole el original del escrito de expresión de agravios y una copia del mismo. Fórmese cuaderno de antecedentes, con copias certificadas de las constancias necesarias que permitan conocer la historia procesal completa del juicio en que se actúa. Notifíquese, y personalmente al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado.

  4. Principal

    RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la copia certificada de la audiencia privada (DVD) celebrada el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, así como la copia certificada del acta mínima de la misma; que remitió al rendir su informe justificado el Juez de Control de la Región Judicial Nueve. Asimismo, se da cuenta con la copia certificada de la carpeta de investigación CI-CPJ_VHSA-6614/2019, que remitió la autoridad Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas del Centro de Procuración de Justicia del Estado de Tabasco. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; la Secretaria da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 522/2021-7, promovido por Ulises de la Rosa de la Rosa, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con residencia en Centro, Tabasco, y otra autoridad con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, Ulises de la Rosa de la Rosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O "A).- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO JUEZ DE CONTROL DE LA REGION 9 DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. LE RECLAMO: LA DETERMINACION QUE REALlZO EN AUDIENCIA DE CONTROLJUDICIAL LLEVADA A CABO EL 04 DE MAYO DE 2021. B).- FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, ADSCRITOA LA UNIDAD DE TRAMITACION MASIVA DE CAUSAS DE ESTA CIUDAD, LE RECLAMO: EL CUMPLIMIENTO DE LA DETERMINACION DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA." A U T O R I D A D E S R E S P O N S A B L E S "A.- EN SU CALIDAD DE RESPONSABLE ORDENADORA: JUEZ DE CONTROL DE LA REGION 9 DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (.) B.- COMO EJECUTORA: 2. FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, ADSCRITOA LA UNIDAD DE TRAMITACION MASIVA DE CAUSAS (.)". (sic). SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 522/2021-7; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La determinación del Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con residencia en Centro, en audiencia de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la que confirmó el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte, en la que la fiscalía resolvió abstenerse de la investigación realizada en la carpeta de investigación CI-CPJ_VHSA-6614/2019, por el delito de fraude. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con residencia en Centro, Tabasco, y Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas del Centro de Procuración de Justicia del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado señalaron como cierto el acto reclamado. Así, el acto es cierto, pues el mismo que se corrobora con la copia certificada de un disco en formato DVD, mismo que contiene la audiencia de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, al cual se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2, pues fueron emitidas por autoridades en ejercicio de su encargo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), formulada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, denominada "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con la documental precitada. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Cabe señalar que los conceptos de violación se analizarán en atención a los hechos, puntos debatidos y al extraer de ellos sus planteamientos torales, sin necesidad de atenderlos renglón por renglón, ni en el orden en que se propusieron, en términos de lo establecido en los artículos 74, fracción II, 76 y 189, párrafo primero, de la Ley de Amparo; lo que no implica soslayar su derecho de defensa y los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos consagrados en el 17 constitucional, dado que se cumplen al estudiarse en su integridad el problema materia de la litis constitucional. En su primer concepto de violación la parte quejosa señala que se viola en su perjuicio los derechos humanos previstos por el artículo 1° de la Constitución Federal, porque se le pretende privar al libre acceso de una justicia completa y gratuita, en la que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, dejándolo en estado de indefensión. Lo anterior, porque la fiscalía tiene la ineludible obligación de investigar y podrá dispone que se lleven a cabo las diligencias que estimen conducentes para los efectos de la investigación, lo que paso por desapercibido la autoridad responsable al emitir una resolución incongruente, inobservando los artículos 129, 131 fracción III y VII y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En su segundo concepto de violación, la parte quejosa señala que la fiscalía incurrió en omisiones, y en uso de su facultad discrecional determinó abstenerse de investigar y que la autoridad ordenadora le concedió la razón, lo que es ilegal, pues basta con remitirse a la carpeta de investigación para observar que la fiscalía no realizó ningún dato de prueba que considerara pertinente para el esclarecimiento de los hechos. Por otra parte, en su tercer concepto de violación la parte quejosa aduce que se le viola la garantía de igualdad y seguridad jurídica contenida en el artículo 20 apartado A y C constitucional, toda vez que el juez de Control en la audiencia de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, debió conminar al fiscal a reiniciar la investigación con la finalidad de cerciorarse que la persona señalada como probable responsable fuese trabajador de la empresa Pemex Exploración y Producción; girándole oficio a esta para que informara si la persona Julio César Martínez Rodríguez efectivamente es trabajador de la misma, y de serlo sí se actualizaría la determinación del Ministerio Público de decretar la abstención de investigar porque los hechos pueden ser originarios de un acto de corrupción con el servidor público. Y, en caso de que no fuera servidor público sí se actualiza el delito de fraude, pues así se actualizaría el delito de fraude que le cometió y en que consistió en el engaño; ya que la referida persona se hizo pasar por un servidor público de la empresa citada, para venderle una ficha de trabajo. Son infundados los referidos conceptos de violación por las siguientes consideraciones. Ahora bien, artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Del anterior precepto constitucional transcrito, se advierte que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que debe citarse el precepto o preceptos legales aplicables al caso concreto, y por lo segundo, que debe expresarse las razones, motivos o circunstancias especiales que se hayan tenido en cuenta para la emisión de un acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o dicho de otro modo, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Materia Común, registro número 176546, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Resulta pertinente señalar que relacionado con la garantía de fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra el principio de congruencia y exhaustividad que se refiere a la conformidad entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y todas las pretensiones deducidas oportunamente por las partes, en cuanto a extensión, concepto y alcance; que no contengan resoluciones ni afirmaciones contradictorias entre sí, esto es, el análisis exhaustivo de los puntos que integran la Litis. Dicho principio tiene dos vertientes, la congruencia interna y la externa. La primera consiste en que la sentencia no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos. La segunda exige que la sentencia haga ecuación con los términos de la litis, esto es, que resuelva la controversia atento a lo planteado por las partes respecto de la resolución, la demanda y la contestación, sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer por los que controvierten. Por ende, para considerar que cualquier determinación jurisdiccional está investida de congruencia externa, por regla general, el juzgador se encuentra obligado a realizar pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los argumentos vertidos por el promovente en el medio de defensa relativo. Cabe destacar que el principio de congruencia cuenta con dos aspectos, el positivo y el negativo, el primero se refiere a la obligación de los tribunales de resolver todos los puntos controvertidos; y el segundo, la prohibición de que los juzgadores decidan cuestiones ajenas a la litis, salvo los casos en que opere, por disposición de la ley, la suplencia de la queja deficiente. Ahora bien, en la audiencia de control judicial cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el cuadernillo provisional 19/2021, promovido por la parte quejosa, en contra del acuerdo catorce de diciembre de dos mil veinte, en la que la fiscalía resolvió abstenerse de la investigación realizada en la carpeta de investigación CI-CPJ_VHSA-6614/2019, por el delito de fraude, la autoridad responsable Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con residencia en Centro determinó que compartía el criterio de la fiscal porque su determinación la fundamento con jurisprudencia 21/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se cita que no hay engaño cuando lo que se pretendía realizar es un acto ilícito, con independencia de si la persona que le ofreció la plaza al quejoso trabaja o no en la empresa Petróleos Mexicanos. Lo anterior, porque señaló la referida autoridad que con independencia de si trabaja ahí o no, el punto es que lo que se pretendía realizar era un acto ilícito y, el que un empleado público pudiera estar involucrado, podría ser hasta corrupción pero que esa no era la situación, toda vez que no consideraba que hubiera sido necesario investigar más allá acerca de si la persona trabajaba en la referida empresa porque reitera que el hecho en sí mismo, la intención de querer comprar una plaza en una institución, incluso de querer comprar un contrato por un tiempo de trabajo, es algo ilícito y con independencia de que el quejoso no conociera de leyes, es conocido que las plazas no se compran. Y, por lo anterior, señaló que el trato que realizó el quejoso era un riesgo que llevaba en sí mismo el aceptar involucrarse en este tipo de situaciones, por lo que con independencia de lo que señala de la jurisprudencia citada por la fiscal, la autoridades están obligadas a respetarla y aplicarla; también, refirió que hay un principio de derecho que reza que nadie puede obtener beneficios de su propio dolo, esto es, que si se sabe que lo que se está cometiendo es un delito y se corre el riesgo de llevarlo a cabo. Entonces, no puede ir a reclamar ante ninguna autoridad a que se me reparen los daños, a que se le devuelve el dinero porque es un riesgo que tomo sabiendo que era algo ilegal. Y, la autoridad responsable concluyó que, de acuerdo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte Justicia la Nación, citado al principio de la audiencia, lo que correspondía era confirmar el acuerdo del catorce de diciembre de veinte, en el que la fiscalía, resolvió abstenerse de continuar la investigación, en razón de que tal y como lo establece el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este acuerdo debe realizarse cuando los hechos relatados en la denuncia querella o acto equivalente no fueren constitutivos de delito; como sucede en este caso y advierto que la decisión de la fiscal estuvo debidamente fundada y motivada e incluso ese fundamento es jurisprudencia. En ese orden de ideas, se considera que contrario a lo que aduce la parte quejosa, la determinación previamente adoptada por la Juez responsable en la audiencia de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, no es ilegal ni lo deja en estado de indefensión, pues la referida determinación se encuentra debidamente fundada y motivada porque fundó su determinación en la jurisprudencia 21/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL PASIVO. El precepto citado prevé en su párrafo primero que comete el delito de fraude quien por medio del engaño se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, entendiendo por engaño el provocar mediante argucias, maquinaciones o cualquier otro medio, un falso conocimiento en el sujeto pasivo para determinarlo a realizar un acto de disposición patrimonial en beneficio del sujeto activo o de un tercero. En ese sentido, no se actualiza el engaño cuando la presunta víctima, desde antes de realizar algún acto de disposición patrimonial, tiene conocimiento de que la actividad encomendada o la promesa formulada por el activo implica una actividad antijurídica en sí misma; de tal manera que cuando los hechos en que se basa constituyen un acto de corrupción en el que conscientemente estuvo involucrado el sujeto pasivo o bien, si éste previamente conoció de la práctica de trámites irregulares del activo, verbigracia, cuando afirma que fue engañado porque entregó cierta cantidad de dinero al sujeto activo y éste incumplió la promesa de "conseguirle diversas plazas de trabajo que se obligó a obtener con base en un soborno", no puede considerarse actualizado el "engaño", en tanto que el incumplimiento de lo convenido implica actuar en un ámbito que no está permitido por las normas aplicables. Lo anterior es así, toda vez que ninguna protección debe brindarle el derecho penal a quien primero entrega dinero o un bien con la deliberada intención de beneficiarse de un acto de corrupción o de trámites irregulares y, después, ante el incumplimiento de lo pactado, acude a las instancias penales con el objeto de que se le resarza la disminución patrimonial que sufrió; pues de estimar lo contrario la norma penal no respondería a su objeto esencial de reprimir las conductas ilícitas y por el contrario serviría para avalar otra de esa misma naturaleza." Asimismo, motivo su resolución al señalar que no existía el delito de fraude porque no hay engaño cuando lo que se pretendía realizar es un acto ilícito, sin que sea necesario verificar si la persona que le ofreció la plaza al quejoso trabaja o no en la empresa Petróleos Mexicanos, porque la intención de querer comprar una plaza en una institución, o un contrato por un tiempo definido es un acto ilícito, con independencia de que el quejoso no conociera de leyes, pues es sabido que las plazas en las instituciones no se compran. Por lo anterior, son infundados los conceptos de violación referentes a que debió conminar a la fiscal a reiniciar la investigación con la finalidad de cerciorarse que la persona señalada como probable responsable fuese trabajador de la empresa Pemex Exploración y Producción, porque el delito de fraude, que prevé el artículo 190, del Código Penal vigente del estado de Tabasco, señala: "Artículo 190. Al que engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, se le aplicarán: [.]" Del anterior artículo, se desprende que se configura el delito de fraude cuando engañando a una persona o aprovechándose de su error, se hace alguna cosa o se obtiene un lucro indebido. Por otra parte, la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 21/2013, previamente transcrita resolvió que no se actualiza el engaño cuando la presunta víctima tenía conocimiento de que la actividad encomendada o la promesa formulada por el activo implica una actividad antijurídica en sí misma, esto es, cuando los hechos en que se basa constituyen un acto de corrupción en el que conscientemente estuvo involucrado la presunta víctima. En ese sentido, si la parte quejosa reconoce que pagó por una plaza y un contrato, el cual es en sí mismo un acto de corrupción, a ningún fin practico llevaría realizar tal diligencia para saber si la persona que refiere trabaja en la referida empresa, pues sea o no trabajador, no conllevaría a llegar a tener por configurado el delito de fraude. De ahí que se consideran infundados sus argumentos. Finalmente, la jurisprudencia 1a./J 27/2018 (10a.) que cita de rubro "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.", no se contrapone con lo dispuesto en el presente asunto. Por las anteriores consideraciones, se niega a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Ulises de la Rosa de la Rosa, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con residencia en Centro, Tabasco, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

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