Ulises Castro Galaviz
Expediente 699/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ulises Castro Galaviz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta ingresado vía electrónica por el quejoso a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por medio del cual solicita ".ME PERMITO SOLICITAR A SU SEÑORIA SE SIRVA AUTORIZAR AL SUSCRITO EL ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.". En ese tenor, hágase de su conocimiento que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que no proporcionó el "Nombre de Usuario" que creó al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 351 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las partes, sus representantes legales, e incluso las personas autorizadas, pueden solicitar el acceso al expediente electrónico. Sin embargo, para tal efecto deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" utilizado por quien realiza la solicitud al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, lo que no acontece en el caso, toda vez que el promovente no señaló dicha información en su ocurso de cuenta. Asimismo, en atención a lo dispuesto por el artículo 552 del aludido Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 1 "Artículo 35. Las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" utilizado por quien realiza la solicitud al registrarse en el Portal y el del tercero sobre el cual se solicita la autorización. La solicitud podrá formularse por vía impresa o electrónica. La solicitud respectiva podrá formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esta facultad." 2 "Artículo 55. Las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello, podrán solicitar que se les notifiquen electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para lo cual es indispensable que además de manifestar expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas, deben señalar el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en citado Portal de Servicios en Línea. Información que resulta necesaria, ya que atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 573 del Acuerdo General en consulta, el otorgamiento de permisos para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" de cada persona autorizada para tal efecto, con los datos de las partes en los sistemas electrónicos y los de los expedientes respectivos. De ahí que para el efecto pretendido por el promovente, sus autorizados en términos amplios también pueden solicitar expresamente la autorización para la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual será necesario que además de proporcionar (i) el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el multicitado Portal de Servicios en Línea, deberán contar con (ii) la facultad expresa para formular la petición en comento, jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberán señalarse sus "Nombres de Usuario". La solicitud expresa para recibir notificaciones por vía electrónica realizada en el expediente principal o en cualquiera de los integrados con motivo de los recursos o incidentes derivados de aquél, únicamente surtirá efectos en él, o en los expedientes respecto de los cuales se formule dicha solicitud." otorgada por el propio quejoso, en términos de los dispuesto por el segundo párrafo del artículo 354 del citado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, toda vez que el promovente no proporcionó la información señalada con antelación -nombre de usuario-, no ha lugar a autorizarle la consulta del expediente electrónico. Notifíquese por medio de lista que se publique en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintidós de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, expidanse las copias solicitadas
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de octubre de dos mil veinte. 1.1 Acuerda oficio. Agréguese el oficio que remite el Jefe del Departamento Comercial de Zona San Luis Potosí, de la Subgerencia Comercial División Golfo Centro de CFE Suministrador de Servicios Básicos, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en auto de catorce de octubre de dos mil veinte y al efecto, informa que existe una relación contractual entre el aquí quejoso, Úlises Castro Galavíz y la Comisión Federal de Electricidad al tenor del contrato de adhesión publicado el veintiocho de noviembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Feferación, esto desde el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. 1.2. Acuerda escrito y se tiene por no presentada demanda. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por el promovente Úlises Castro Galavíz, mediante el cual cumple con la prevención que le fue formulada y al efecto informa que la legítima representante de la niña de iniciales M.E.M.M. es Alma Rosa Madrigal Ramos, quien instará por separado un juicio de amparo en su representación. Atento a lo solicitado, se provee respecto al análisis de la demanda teniendo como quejosos exclusivamente a Ulises Castro Galavíz, por su propio derecho, y en representación de su hija de iniciales P.I.C.M. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado en auto de siete de octubre del año en curso y se tiene por no presentada la demanda de amparo por lo que hace a dicha niña. 2. Desechamiento de la demanda. Sentado lo anterior, el suscrito procede al estudio de la demanda y escritos aclaratorios en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD1 y ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO Con base en estas premisas, en el caso, el análisis integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y oficios remitidos por integrantes de la Comisión Federal de Electricidad, pone de manifiesto que el acto reclamado en este juicio es: De la Superintendencia de Zona San Luis Potosí de la Unidad de Negocio Golfo Centro de CFE Distribución, con residencia en esta ciudad: El oficio de uno de octubre de dos mil veinte, dirigido a los habitantes del fraccionamiento denominado "Privada de Colinas de Oriente" y que refiere que también es conocida como "Privada California", mediante el cual se les hace de su conocimiento que no ha sido posible la toma de lecturas de su equipo de medición por parte del personal de la Comisión Federal de Electricidad, esto en virtud de que su equipo de medición se encuentra al interior de dicha privada, sin que le sea posible acceder al personal de la Comisión, por lo cual lo requieren para que en el plazo de quince días coloque el equipo de medición al exterior del domicilio, con la finalidad de evitar estimaciones en la toma de lectura y, en caso contrario, se procederá con la suspensión del suministro de energía eléctrica. Cabe destacar que de su ocurso inicial de demanda y escrito aclaratorio se desprenden los siguientes antecedentes manifestados bajo protesta de decir verdad: I. Que el quejoso se ostenta propietario del bien inmueble ubicado en calle ** en la Delegación Villa de Pozos perteneciente al muncipio de San Luis Potosí. II. Que en agosto de dos mil diecinueve solicitó vía telefónica el servicio de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, siendole instalado el servicio ese mismo 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32, registro 192097. Tesis de Jurisprudencia. 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro 181810. mes y su contrato tiene número de servicio ** y número de cuenta III. Que cuenta con un equipo de medición instalado en el exterior de su inmueble. IV. Que la privada en mención es de acceso restringido, esto es, las personas no residentes no tienen acceso a la misma. Asimismo, de lo informado por el Superintendente de Zona San Luis Potosí de la Unidad de Negocio Golfo Centro de CFE Distribución, se desprende: V. Que el personal de CFE Distribución se encuentra imposibilitado para acceder a la privada multireferida, para tomar la lectura del equipo de medición, ello "en virtud de que dicho medidor se encuentra en el interior del domicilio, por lo que cuando se constituye el personal para tomar lectura del equipo de medición no les abren la puerta o bien no se encuentra nadie en el domicilio". Precisado lo anterior, cabe señalar que a efecto de que el juzgador de amparo pueda tramitar el juicio a fin de resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causales de improcedencia. Las razones que fundamentan las causas de improcedencia obedecen, en general, a evitar un cúmulo de asuntos innecesarios, que no tendría objeto resolver sobre la violación alegada, pues a nada llevaría su estudio ya que no se podría arribar a la restitución que el quejoso pretende. Así, por las razones expuestas a continuación, el suscrito considera que en relación con el acto reclamado, se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXIII, en relación con los ordinales 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Ello toda vez que el acto que reclama deriva de la obligaciones pactadas en el contrato de suministro de energía eléctrica de baja tensión celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el aquí quejoso y, por ende, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Los precitados preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En ese sentido, el artículo 1°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por su parte, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, señala quién o quiénes pueden ostentar la calidad de autoridades responsables en el juicio de control constitucional, siendo aquella la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- relación de supra a subordinación entre la señalada como autoridad responsable Superintendencia de Zona San Luis Potosí de la Unidad de Negocio Golfo Centro de CFE Distribución y la parte quejosa. Al respecto, es importante señalar que la creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente, aquel a quien se le considera autoridad, frente a los gobernados. Y es que, de conformidad con la doctrina, se distinguen relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, siendo que conforme a ellas, sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente los particulares, pues únicamente desde esa posición, sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En esa tesitura, como se señaló, existen tres tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) De coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) De supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) De supraordinación: Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Ahora bien, para resolver si el acto que se reclama en esta instancia constitucional, consistente en: El oficio de uno de octubre de dos mil veinte, dirigido a los habitantes del fraccionamiento denominado "Privada de Colinas de Oriente" y que refiere que también es conocida como "Privada California", mediante el cual se les hace de su conocimiento que no ha sido posible la toma de lecturas de su equipo de medición por parte del personal de la Comisión Federal de Electricidad, esto en virtud de que su equipo de medición se encuentra al interior de dicha privada, sin que le sea posible acceder al personal de la Comisión, por lo cual lo requieren para que en el plazo de quince días coloque el equipo de medición al exterior del domicilio, con la finalidad de evitar estimaciones en la toma de lectura y, en caso contrario, se procederá con la suspensión del suministro de energía eléctrica. Es o no de autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe dilucidar si fue emitido o no en el marco de una relación de coordinación, supra a subordinación o supraordinación, para lo cual es necesario analizar: 1) El origen material de dicho acto; 2) El carácter de la relación jurídica entre los sujetos; y, 3) El sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del usuario. 1) Origen material del acto. De lo expuesto por la agraviada en su escrito de demanda de amparo y de los anexos que adjuntó a la misma, así como de lo manifestado por la Comisión Federal de Electricidad en el escrito de cuenta, se advierte que el acto que aquí se reclama tiene su origen en el contrato de adhesión denominado contrato de suministro de energía eléctrica en baja tensión publicado el veintiocho de noviembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Feferación, al cual se adhirió el quejoso el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Dicho contrato constituye un hecho notorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, y por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a flojas 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, Agosto de 2000, Novena Época, registro 191452, que a la letra dice "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". Ahora bien, dicho contrato en su cláusula primera define el "equipo de medición" como "el equipo necesario para realizar la medición de la energía y la demanda del usuario y está integrado por medidores y transformadores de instrumento cuando éstos se requieren" y "Suspensión del suministro" como "los actos realizados por "LA COMISIÓN" para interrumpir el suministro en los supuestos establecidos en la cláusula Décima Cuarta de este contrato". El objeto de dicho contrato, de acuerdo con su cláusula segunda, lo es el suministro de energía eléctrica al usuario por parte de la Comisión, conforme a sus términos. Así, de conformidad con su cláusula cuarta, la Comisión instalará las acometidas, los equipos y aparatos de medición que se requieran de acuerdo con las características del suministro y, el usuario permitirá el acceso a los lugares que posea, necesarios para la instalación, conservación, verificación o retiro de las líneas y equipos que instale la Comisión, como lo son los de medición. Mientras que, en su cláusula octava, se prevé que la Comisión podrá estimar el consumo de energía eléctrica, entre otros casos, cuando por causas ajenas a la Comisión no puedan obtenerse los registros de medición. Previendo que, cuando el usuario esté inconforme con la estimación podrá presentar su reclamación en las ventanillas de atención o vía telefónica marcando el 071 y, de comprobarse errores en las estimaciones, se efectuarán los ajustes correspondientes, en un término no mayor a 10 días hábiles siguientes a la fecha de reclamación. Finalmente, la cláusula décima cuarta, contiene una aceptación de las partes, respecto a que la Comisión suspenderá el suministro de energía eléctrica, sin que se requiera para el efecto intervención de la autoridad judicial o administrativa, cuando: - " Exista falta de pago de la facturación durante un período normal de la misma, debiendo mediar comunicado previo que se consignará en el aviso-recibo. - Cuando la Secretaría de Energía determine que las instalaciones del usuario no cumplen con las normas oficiales mexicanas. - Se compruebe el uso de energía eléctrica en condiciones que violen lo establecido en este contrato. En estos últimos dos supuestos, "LA COMISIÓN" deberá dar aviso previo a "EL USUARIO" al menos con tres días de anticipación a la fecha fijada para el corte, en el cual incluirá las consideraciones por las cuales se procederá a la suspensión del suministro de energía eléctrica. FRANCISCO SACRAMENTO PARTIDA SOTO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.92.c9 11/04/21 11:34:38 11 ?????????????????????????????? - Se acredite el uso de energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los equipos de control y medición de "LA COMISIÓN"." De lo que se sigue que la Comisión Federal y el aquí quejoso acordaron que la Comisión puede estimar el consumo de energía eléctrica en caso de no poder obtener los registros de medición e incluso puede suspender el suministro de energía cuando exista falta de pago, las instalaciones del usuario no cumplan con las normas oficiales mexicanas, se compruebe el uso de energía eléctrica en condiciones que violen lo establecido en el contrato -como pudiera ser, por ejemplo, que no se permita el acceso a verificadores de la Comisión-, o se acredite el uso de energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los equipos de control y medición. Así, es claro que al no poder ingresar el personal de la Comisión a la privada en que se ubica su domicilio, no les es posible tomar la medición de su consumo ni verificar el normal funcionamiento de los equipos de medición, ante lo cual, según el acuerdo de voluntades, la Comisión puede ante el uso de energía en condiciones contrarias al contrato, suspender su servicio. Sin que pase inadvertido que el quejoso refiera que le dio llave de acceso al personal de la Comisión, empero, ello no cambia el origen material del acto, que es el contrato antes mencionado, con independencia de las situaciones o circunstancias específicas que den origen a la suspensión del servicio. En el entendido de que dicho acto jurídico, aun teniendo características de un contrato de adhesión en formato y con estipulaciones preestablecidas, es un acuerdo de voluntades de derecho privado, celebrado por dos personas, en términos del artículo 1794 del Código Civil Federal, al estatuir: "Artículo 1,794. Para la existencia del contrato se requiere: I. Consentimiento; II. Objeto que pueda ser materia del contrato. [.]". Más aún si se toma en cuenta que el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. 2) El carácter de la relación jurídica. En la especie, entablada por la Comisión Federal de Electricidad en su carácter de suministradora y la aquí quejosa en su calidad de usuaria del servicio de energía eléctrica, atento a lo anterior: en el marco de un convenio. La celebración de un convenio que genera obligaciones y derechos para ambas partes; esto las encuadra en un plano de igualdad o relación de coordinación, puesto que ninguna de ellas está forzada a dejar de expresar su consentimiento y voluntad libremente al momento de obligarse, de ahí que la Comisión Federal de Electricidad no ejerce facultades de imperio. Luego, no todo acto emitido por un organismo público (en este caso, descentralizado) constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquéllos que impliquen el ejercicio de una potestad que excluya una relación contractual de carácter privado. 3) Sentido de afectación del acto reclamado sobre la esfera jurídica de la quejosa: La afectación que podría sufrir la parte quejosa, lo es la estimación del consumo de energía eléctrica o la suspensión del suministro, ello respecto del bien inmueble ubicado en calle La Paz, número 22, del Fraccionamiento denominado "Privada de Colinas de Oriente", en la Delegación Villa de Pozos perteneciente al muncipio de San Luis Potosí, por el cual el quejoso celebró el referido acto jurídico. Sobre esas premisas, resulta que la determinación reclamada, sin duda alguna se llevó a cabo en el marco de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En virtud de ello es que no se pueda analizar en la vía constitucional, como lo pretende la agraviada, si el aludido corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, pactado en el multicitado contrato entre ella y la Comisión Federal de Electricidad, es violatorio de algún derecho de alguna de las contratantes, ya que esto es jurisdicción del juez ordinario para decidirlo y no el juez de amparo. En efecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País ha establecido en jurisprudencia firme, que de conformidad con los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, el servicio de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial y que las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generadas con motivo de dicho pacto contractual, deben decidirse en juicio mercantil. De lo anterior se concluye válidamente que la ahora quejosa, como usuaria del servicio del suministro de energía eléctrica, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 104, fracción II, de la Constitución Federal, se encontraba en la posibilidad real y jurídica de acudir, a su elección, ante los juzgados federales o del orden común a fin de demandar la actuación de la Comisión Federal de Electricidad aquí reclamada, a fin de que sea dicha autoridad jursdiccional quien decida si, dentro del marco contractual entre las partes, se está ante un supuesto de suspensión del suministro de energía eléctrica. El criterio emitido por la referida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra contenido, respectivamente, en las jurisprudencias visibles en las páginas 336 del Libro 50, Enero de 2018, Tomo I; y 890 del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, ambas de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en su Décima Época bajo los rubros y textos: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL.COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Asimismo, apoya lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 532 del Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en su Décima Época, que dice: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. En ese tenor, resulta inconcuso que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXIII, en relación con los ordinales 1°, 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que reclama, deriva de la obligaciones pactadas en el contrato de suministro de energía eléctrica de baja tensión celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad Distribución y el aquí quejoso y, por ende, aquélla no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Apoya lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 1008 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS La anterior conclusión no implica vulnerar derechos humanos consagrados en tratados internacionales, siendo ilustrativa al respecto la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, registro 2004217, página 1641, del tenor siguiente:"DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.Así como la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Notifíquese y personalmente a la parte promovente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes
- TRINIDAD MENA PARDIÑO y Otros.992/2018
- Turdialiev Farhod Davlyatovich581/2023
- Ubaldo Hernandez Gutierrez926/2020
- Uilises Jaime Barrón334/2023
- Ulises Cabrera Gallegos666/2021
- Ulises Cabrera Gallegos995/2021
- Ulises Gonzalez Salazar722/2018
- Ulises Hadiael Serrato Sánchez1226/2023
- Ulises Jaime Aranda Salazar574/2021
- Ulises Lares Santos491/2021
- Ulises Lares Santos492/2023
- Ulises Lopez Cervantes625/2021