Ulises Cabrera Espinosa
Expediente 778/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 20 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 778/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 10/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Ulises Cabrera Espinosa
- Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
pral.778/2019 mesa 2 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintiuno. 1. Ejecutoria del Colegiado. Agréguese el oficio 419/2021, del secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, al que acompaña a) el juicio de amparo 778/2019, promovido por *****, b) testimonio de la ejecutoria dictada el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el recurso de revisión 86/2020, de su índice, c) un tomo anexo que contiene copia certificada del expediente de queja DDHPO/1333/(09)/OAX/2019 y d) un disco en formato DVD; acúsese recibo, preferentemente vía interconexión. 2. Destino del cuaderno de antecedentes. A fin de no duplicar las actuaciones judiciales, incorpórense al expediente principal las constancias que obren en el cuaderno de antecedentes, posteriores al envío al Tribunal de Alzada; y en relación con las constancias restantes del cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto, como carece de objeto su existencia, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes al plazo de seis meses previsto en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales. 3. Se hace del conocimiento de las partes la resolución del órgano revisor. Toda vez que la superioridad confirmó la sentencia dictada en audiencia celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, firmada y autorizada el veintitrés de diciembre siguiente, en la que, por una parte, se sobreseyó en este juicio de amparo y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ***; hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 4. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia dictada en este juicio estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal1, ni obligaciones de transparencia revistas en la citada ley. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15, 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino. Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable; por tanto, será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 6.1. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Precisándole que deberá cerciorarse que en la carátula del expediente se asiente la leyenda de que el mismo es depurable. 7. Notificación a la autoridad responsable y al (la) agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (a). Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en su vigencia por los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021); se ordena que las notificaciones que deban practicarse a a) la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional, b) autoridad responsable y c) autoridades que, en su caso, deban tener intervención en este juicio de amparo, se realicen preferentemente vía correo electrónico, para lo cual, el (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado deberá enviar el oficio digitalizado mediante la utilización de la firma electrónica, y cerciorarse de las direcciones de correo electrónico de los destinatarios, para posteriormente elaborar la razón en la que conste nombre y cargo de la persona que reciba las comunicaciones oficiales que se envíen; en su caso, deberá observarse el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate a la enfermedad generada por el virus sars-cov2 (covid 19)", emitido el diecisiete de abril de dos mil veinte por la Secretaría de la Función Pública. Además, se faculta al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que consulte los concentrados de correos electrónicos institucionales de las dependencias federales y de las entidades federativas, autorizados por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para efectos de la práctica de notificaciones en términos de los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo. O, en su caso, para que verifique en el portal de servicios en línea si la autoridad responsable tiene celebrado convenio de interconexión pues, de ser así, podrá realizar la notificación por ese medio. Sin que ello implique la restricción para la práctica de notificaciones por oficio vía acelerada, ordinaria o personales, siempre y cuando sea necesario para la eficacia de la notificación. 8. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia en que se encuentra este país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 9. Seguridad (actuario -a-). Para el desahogo de las actuaciones personales, y dado que ello implicaría contacto personal, indíquese al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo general 21/2020 ya multicitado. 10. Devolución de documental. Quejosa. Toda vez que la parte quejosa ofreció como prueba en la demanda de amparo, la documental consistente en: a) Copia simple de un oficio de siete de junio de dos mil diecinueve, firmado por el coordinador Operativo de las Defensorías dependiente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (fojas 12 y 13). 2) Escrito fechado el uno de agosto de dos mil diecinueve, con sello de recibido de cinco de agosto siguiente (fojas 14 y 15); y, 3) Oficio 010993, del citado coordinador Operativo (foja 16). Aun cuando no todos esos documentos son originales, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas documentales; para ello se le concede el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, y dentro del cual, sino se presentan para tal fin, sin previo acuerdo, se procederá a su desincorporación y destrucción con las constancias relativas, ya que este expediente es depurable. Para ese efecto, deberá obtener su cita con código qr para tener acceso al edificio en el que se encuentra este Juzgado de Distrito, mismo que podrá obtener en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Autoridad responsable. Por su parte, la autoridad responsable, titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a través del coordinador General de Defensoría Adjuntas y Especializadas, remitió copia certificada del expediente de queja DDHPO/1333/(09)/OAX/2019, misma que obra en un tomo por separado; por lo que se ordena la devolución de esa documental a la citada autoridad, ya que carece de objeto su permanencia en este órgano de control constitucional. 11. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
PRINCIPAL NOTIFICACIÓN PERSONAL PREVIO AVISO AUTO 10-03-2021 pral.778/2019 mesa 2 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintiuno. 1. Ejecutoria del Colegiado. Agréguese el oficio 419/2021, del secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, al que acompaña a) el juicio de amparo 778/2019, promovido por *****, b) testimonio de la ejecutoria dictada el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el recurso de revisión 86/2020, de su índice, c) un tomo anexo que contiene copia certificada del expediente de queja DDHPO/1333/(09)/OAX/2019 y d) un disco en formato DVD; acúsese recibo, preferentemente vía interconexión. 2. Destino del cuaderno de antecedentes. A fin de no duplicar las actuaciones judiciales, incorpórense al expediente principal las constancias que obren en el cuaderno de antecedentes, posteriores al envío al Tribunal de Alzada; y en relación con las constancias restantes del cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto, como carece de objeto su existencia, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes al plazo de seis meses previsto en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales. 3. Se hace del conocimiento de las partes la resolución del órgano revisor. Toda vez que la superioridad confirmó la sentencia dictada en audiencia celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, firmada y autorizada el veintitrés de diciembre siguiente, en la que, por una parte, se sobreseyó en este juicio de amparo y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ***; hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 4. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia dictada en este juicio estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal1, ni obligaciones de transparencia revistas en la citada ley. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15, 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino. Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable; por tanto, será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 6.1. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Precisándole que deberá cerciorarse que en la carátula del expediente se asiente la leyenda de que el mismo es depurable. 7. Notificación a la autoridad responsable y al (la) agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (a). Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en su vigencia por los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021); se ordena que las notificaciones que deban practicarse a a) la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional, b) autoridad responsable y c) autoridades que, en su caso, deban tener intervención en este juicio de amparo, se realicen preferentemente vía correo electrónico, para lo cual, el (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado deberá enviar el oficio digitalizado mediante la utilización de la firma electrónica, y cerciorarse de las direcciones de correo electrónico de los destinatarios, para posteriormente elaborar la razón en la que conste nombre y cargo de la persona que reciba las comunicaciones oficiales que se envíen; en su caso, deberá observarse el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate a la enfermedad generada por el virus sars-cov2 (covid 19)", emitido el diecisiete de abril de dos mil veinte por la Secretaría de la Función Pública. Además, se faculta al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que consulte los concentrados de correos electrónicos institucionales de las dependencias federales y de las entidades federativas, autorizados por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para efectos de la práctica de notificaciones en términos de los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo. O, en su caso, para que verifique en el portal de servicios en línea si la autoridad responsable tiene celebrado convenio de interconexión pues, de ser así, podrá realizar la notificación por ese medio. Sin que ello implique la restricción para la práctica de notificaciones por oficio vía acelerada, ordinaria o personales, siempre y cuando sea necesario para la eficacia de la notificación. 8. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia en que se encuentra este país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 9. Seguridad (actuario -a-). Para el desahogo de las actuaciones personales, y dado que ello implicaría contacto personal, indíquese al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo general 21/2020 ya multicitado. 10. Devolución de documental. Quejosa. Toda vez que la parte quejosa ofreció como prueba en la demanda de amparo, la documental consistente en: a) Copia simple de un oficio de siete de junio de dos mil diecinueve, firmado por el coordinador Operativo de las Defensorías dependiente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (fojas 12 y 13). 2) Escrito fechado el uno de agosto de dos mil diecinueve, con sello de recibido de cinco de agosto siguiente (fojas 14 y 15); y, 3) Oficio 010993, del citado coordinador Operativo (foja 16). Aun cuando no todos esos documentos son originales, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas documentales; para ello se le concede el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, y dentro del cual, sino se presentan para tal fin, sin previo acuerdo, se procederá a su desincorporación y destrucción con las constancias relativas, ya que este expediente es depurable. Para ese efecto, deberá obtener su cita con código qr para tener acceso al edificio en el que se encuentra este Juzgado de Distrito, mismo que podrá obtener en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Autoridad responsable. Por su parte, la autoridad responsable, titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a través del coordinador General de Defensoría Adjuntas y Especializadas, remitió copia certificada del expediente de queja DDHPO/1333/(09)/OAX/2019, misma que obra en un tomo por separado; por lo que se ordena la devolución de esa documental a la citada autoridad, ya que carece de objeto su permanencia en este órgano de control constitucional. 11. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
PRAL 778/2019 2-B [] Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con doce minutos del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 778/2019, se ******************** R e s u e l v e :********************Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el quejoso **********, contra el acto reclamado al a) titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, consistente en la negativa de expedirle copia certificada de todo lo actuado en el expediente ********/(*********, en términos del considerando tercero de esta sentencia. ********************Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege al quejoso ************, contra el acto reclamado al b) b) coordinador Operativo de las Defensorías dependiente de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, relativo a la negativa de expedirle copia certificada de todo lo actuado en el expediente *********, en términos del considerando séptimo de esta resolución. ********************Tercero. En su oportunidad dese cumplimiento al considerando último de este fallo; asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno.********************Notifíquese personalmente.********************
- Principal
NOTIFICACION A LA PARTE TERCERA INTERESADA. Visto, para resolver el juicio de amparo número 778/2019; y, R e s u l t a n d o : 1. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en este municipio y turnado en la misma fecha a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ulises Cabrera Espinosa, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los siguientes actos reclamados: a) La tramitación del expediente número DDHPO/1333/ (09)/OAX/2019, en el que, dice, se vulnera su derecho fundamental de audiencia (foja 3). b) La negativa para tenerlo por apersonado en el citado expediente (foja 3). c) La recomendación verbal o escrita que tenga como efecto la remoción, despido, o cualquier otra acción que atente contra el desempeño de su trabajo (foja 4); y, d) La negativa de expedirle copia certificada de todo lo actuado en el expediente DDHPO/1333/(09)/OAX/2019. Los que atribuyó al: I) Defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; y, II) Coordinador Operativo de las Defensorías de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Así como e) la ejecución de los actos señalados con los incisos a), b) y c), al (foja 3): III) Secretario de Salud y director General de los Servicios de Salud de Oaxaca. IV) Director del Hospital General de Puerto Escondido, Oaxaca. V) Jefa de Recursos Humanos del Hospital General de Puerto Escondido, Oaxaca. VI) Directora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca. VII) Coordinador General de Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios de Salud de Oaxaca; y, VIII) Jefa de la Jurisdicción Sanitaria número cuatro, Costa, de los Servicios de Salud de Oaxaca. 1.2. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 8, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes (fojas 4 y 7 a 9). 2. Trámite de la demanda de amparo. 2.1. Se desechó la demanda respecto de diversos actos reclamados. Por auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 19 a 31) se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró en el libro de gobierno con el número 778/2019 y se desechó la demanda de amparo respecto de los siguientes actos reclamados y autoridades responsables: - La tramitación del expediente número DDHPO/1333/(09)/OAX/2019, en el que, dice, se vulnera su derecho fundamental de audiencia (foja 3). - La negativa para tenerlo por apersonado en el citado expediente (foja 3). - La recomendación verbal o escrita que tenga como efecto la remoción, despido, o cualquier otra acción que atente contra el desempeño de su trabajo (foja 4). Mismos que reclamó al: * Defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; y, * Coordinador Operativo de las Defensorías de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Así como por d) la ejecución de esas determinaciones, que combatió del: * Secretario de Salud y director General de los Servicios de Salud de Oaxaca. * Director del Hospital General de Puerto Escondido, Oaxaca. * Jefa de Recursos Humanos del Hospital General de Puerto Escondido, Oaxaca. * Directora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca. * Coordinador General de Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios de Salud de Oaxaca; y, * Jefa de la Jurisdicción Sanitaria número cuatro, Costa, de los Servicios de Salud de Oaxaca. Determinación que se declaró firme en proveído de veinte de septiembre de este año (fojas 58 y 59). 2.2. Se admitió la demanda en relación a un acto combatido. Asimismo, en dicho auto se admitió la promoción inicial constitucional, respecto del diverso acto combatido por el quejoso, relativo a la negativa de expedirle copia certificada de todo lo actuado en el expediente DDHPO/1333/(09)/OAX/2019, lo que reclamó del a) defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y b) coordinador Operativo de las Defensorías de esa dependencia (foja 27 reverso); se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, quien no formuló pedimento; se solicitó de las autoridades señaladas como responsable su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Ampliación de la demanda de amparo y desechamiento. Mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve (fojas 83 a 102), el promovente del amparo amplió el escrito de demanda, por cuanto hace a los actos consistentes en: a) La violación a la garantía de audiencia, por no darle intervención como parte en el expediente número DDHPO/1333/(09)/OAX/2019, lo que, dice, se traduce en un nulo acceso a la justicia; y, b) La orden verbal o escrita, a manera de medida precautoria o colaboración, que tenga como efecto la remoción, suspensión, inhabilitación, reasignación, despido o cualquier otra acción que atente contra el desempeño de su trabajo como enfermero de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Hospital General de Puerto Escondido de los Servicios de Salud de Oaxaca, que tenga como origen el trámite del expediente DDHPO/1333/ (09)/OAX/2019. Sin embargo, en acuerdo de dieciocho del mismo mes y año (fojas 103 a 112) se desechó esa ampliación, por los motivos ahí expuestos, lo que causó firmeza el cuatro de noviembre siguiente (foja 116). 4. Emplazamiento. El veintiuno de noviembre de este año (fojas 123 a 125) se ordenó emplazar a esta instancia constitucional a I) Miriam Noemí Ortiz Cortés y II) al director del Hospital General de Puerto Escondido de los Servicios de Salud de Oaxaca, en su carácter de terceros interesados, por lo que la primera de los mencionados se apersonó por escrito presentado en este Juzgado el veintinueve del mismo mes y año (foja 130); previos los trámites relativos, se llevó a cabo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y los actos reclamados emanaron de autoridades residentes en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se precisa que el acto reclamado por el que se admitió la demanda de amparo y por el cual se realizará el análisis relativo, como se advierte de ese ocurso y de las constancias que aparecen en este expediente, es: La negativa de expedir al aquí quejoso Ulises Cabrera Espinosa, copia certificada de todo lo actuado en el expediente DDHPO/1333/(09)/OAX/2019. Mismo que reclamó al a) defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y b) coordinador Operativo de las Defensorías de esa dependencia. Tercero. Inexistencia del acto reclamado respecto de una autoridad. No se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, a) titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, pues si bien en su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye (fojas 73 a 76), consistente en la negativa de expedir al aquí quejoso Ulises Cabrera Espinosa copia certificada de todo lo actuado en el expediente DDHPO/1333/(09)/OAX/2019; sin embargo, del escrito en el que el quejoso realizó esa petición (fojas 76 y 77 del tomo anexo I), se advierte que está dirigido al coordinador Operativo de las Defensorías de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Lo anterior revela que aun cuando en el ocurso de petición de uno de agosto de dos mil diecinueve, recibido el cinco del mismo mes y año (fojas 76 y 77 del tomo anexo I), se advierten el sello de recepción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, lo cierto es que el quejoso no ejerció el derecho de petición previsto en el artículo 8° constitucional ante el titular de esa dependencia, pues expresamente fue dirigido al coordinador Operativo de las Defensorías de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; razón por la que, en su caso, el agraviado debió demostrar que ejerció ese derecho, para que surja la obligación de la primera autoridad responsable de dar respuesta al mismo y, a su vez, este órgano jurisdiccional se encuentre en la posibilidad de exigir el cumplimiento del citado artículo constitucional. Máxime si se considera que el acuerdo dictado el ocho de agosto de este año (foja 78 del tomo anexo I), en el que se negó la expedición de la copia certificada que el aquí quejoso solicitó, fue suscrito por el coordinador Operativo de las Defensorías de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y no por el titular de esa dependencia. En esas condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado, lo procedente es sobreseer en esta instancia constitucional, respecto del titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, conforme a lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, volumen 139-144, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, INEXISTENCIA DE LOS, AUN CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES MANIFIESTEN QUE SON CIERTOS, SI DEL TEXTO DEL INFORME RESULTA QUE NO LOS ORDENARON. Aun cuando la autoridad responsable hubiere manifestado en su informe justificado que los actos que las quejosas le imputan son ciertos, si de la lectura de su citado informe no aparece que haya dictado los actos que se le reclamaron en su carácter de autoridad ordenadora; en tales condiciones, el informe de la aludida responsable debe tenerse por rendido en el sentido de que niega tales actos". Cuarto. Certeza del acto reclamado. Informe justificado. La autoridad responsable, b) coordinador Operativo de las Defensorías dependiente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (fojas 73 a 76), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto por el que se admitió la instancia constitucional. Al efecto, manifestó que se negó a expedir al aquí quejoso la copia certificada de las constancias que solicitó, toda vez que no tiene reconocida alguna personalidad en el expediente DDHPO/1333/(09)/OAX/2019, dado que la queja fue presentada por una diversa persona contra una autoridad, por la probable vulneración a los derechos humanos referentes a la honra, respeto a la dignidad humana, legalidad y los relativos a los trabajadores en el ámbito laboral (foja 74). De igual forma, refirió que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca no se encuentra facultada para conocer de conflictos de carácter laboral, como el que el aquí quejoso presenta respecto de su puesto de trabajo de enfermero con Miriam Noemí Ortiz Cortés y que tampoco se encuentra obligada a entregar pruebas a algún particular que no sea parte en el expediente respectivo (foja 75). También adujo que en términos de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, ese órgano protector de los derechos humanos está facultado para resolver si entrega o no la copia que le sea solicitada por las partes, excepto cuando el peticionario o sus familiares en línea ascendente o descendente en cualquier grado o colaterales hasta el segundo grado ofrezcan como medio de convicción en un procedimiento jurisdiccional, las pruebas que integraron el expediente de queja, supuesto en el que, dice, no se encuentra el aquí quejoso, al no ser familiar de Miriam Noemí Ortiz Cortés; máxime que, señala, conforme a lo previsto en los diversos numerales 8 del referido ordenamiento legal y 7, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, el personal de esa Defensoría debe manejar con estricta confidencialidad la información y documentación que conozca (incluidos los expediente internos) y reservar los datos personales de las víctimas o de cualquier persona (foja 75). Por último, la citada autoridad señaló que la negativa de proporcionar al quejoso la copia certificada del expediente de queja que solicitó, se encuentra apegada a derecho, pues con ello se protege la confidencialidad y los datos personales de la peticionaria, aunado a que el promovente del amparo no tiene legitimación para solicitarla, pues de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Defensoría, su Reglamento Interno y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, únicamente pueden hacerlo las partes del procedimiento interno. Para justificar su aseveración remitió copia certificada de constancias deducidas del expediente DDHPO/1333/(09)/OAX/2019, que obra en un tomo por separado. Quinto. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, es procedente estudiar las causales de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las hagan valer o se realice de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, en atención a lo dispuesto en el artículo 61, último párrafo, de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte que exista causal de improcedencia invocada o que deba analizarse de oficio; por lo que, lo procedente es entrar al estudio del acto reclamado. Sexto. Conceptos de violación. Se estima innecesario transcribir los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, ya que con ello no se transgreden los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo; atento a la jurisprudencia 2ª/J 58/2010, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" . Séptimo. Análisis de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por el quejoso son jurídicamente ineficaces para resolver acorde a su pretensión. En ellos afirma que se vulnera en su perjuicio (foja 7): a) El derecho fundamental de petición previsto en el artículo 8º de la Constitución Federal, toda vez que, dice, no se le autorizó la expedición de la copia del expediente de queja que solicitó; y, b) Su garantía de audiencia establecido en el numeral 14 de la ley suprema, ya que manifiesta que con la negativa para expedirle esa documental, no se le permite conocer plenamente los hechos que se le atribuyen, lo que implica que no esté en aptitud de controvertir cualquier orden dada por las autoridades responsables que devengan del trámite de la queja presentada por la aquí tercera interesada. Primer concepto de violación. Para evidenciarlo, debe decirse que, respecto del primer concepto de violación, el derecho de petición previsto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiende a asegurar ese ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de emitir una respuesta, caracterizado por lo siguiente: La petición debe: 1. Formularse de manera pacífica y respetuosa. 2. Dirigirse a una autoridad. 3. Proporcionar un domicilio para recibir respuesta. La contestación debe: a. Emitirse en breve término. b. Ser congruente con la petición. c. Ser notificada en el domicilio señalado para ese efecto. Sin embargo, ese derecho humano no constriñe a la autoridad a que resuelva en determinado sentido. De ahí que no asista razón al quejoso, cuando asevera que la negativa de la autoridad responsable para expedirle la copia certificada que solicitó vulnera el derecho fundamental de petición establecido en el artículo 8º de la Carta Magna, toda vez que el coordinador Operativo de las Defensorías de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca acató lo previsto en ese imperativo constitucional, pues en atención a la solicitud que el promovente del amparo realizó por escrito fechado el uno de agosto de dos mil diecinueve, presentado el cinco del mismo mes y año (fojas 76 y 77 del tomo anexo I), emitió un acuerdo el ocho de agosto último (foja 78), en el que no acordó de conformidad su petición, por los motivos ahí expuestos; determinación que le fue notificada el trece de agosto siguiente, en el domicilio que señaló para tal efecto (foja 78 del tomo anexo I). Por lo que el hecho de que esa responsable no resolviera en sentido favorable la solicitud que formuló el aquí quejoso, no constituye una vulneración a su derecho de petición. Es aplicable al caso, la tesis XV.3o.38 A, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 2519, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD SÓLO ESTÁ OBLIGADA A DAR RESPUESTA POR ESCRITO Y EN BREVE TÉRMINO AL GOBERNADO, PERO NO A RESOLVER EN DETERMINADO SENTIDO. La interpretación del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite sostener que a toda petición escrita de los gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en breve término, a fin de evitar que ignoren la situación legal que guarda aquélla; empero, el derecho de petición no constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y en breve término al peticionario". Segundo concepto de violación. El quejoso alega, en esencia, que la autoridad responsable vulnera su garantía de audiencia establecido en el numeral 14 de la Constitución Federal, en virtud que refiere que con la negativa para expedirle la copia certificada de las constancias deducidas del expediente DDHPO/1333/(09)/OAX/2019, no se le permite conocer plenamente los hechos que se le atribuyen, lo que implica que no esté en aptitud de controvertir cualquier orden dada por las autoridades responsables que devengan del trámite de la queja presentada por la aquí tercera interesada. El artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) Art. 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. (ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. (ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. (ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: N. DE E. POR DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL D.O.F. DE 11 DE JUNIO DE 2013, ESTE PÁRRAFO CON SUS RESPECTIVAS FRACCIONES PASÓ A SER APARTADO "A". (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: (REFORMADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. (ADICIONADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (ADICIONADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. (REFORMADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución. (REFORMADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. (ADICIONADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. (ADICIONADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. (ADICIONADA [N. DE E. CON LOS PÁRRAFOS QUE LA INTEGRAN], D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. (.)". Por su parte, el artículo 14 constitucional dispone lo siguiente: "Art. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. (REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2005) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho". La porción normativa transcrita en primer orden (artículo 6º de la Constitución Federal) implica la obligación del Estado de difundir y garantizar que las entidades de cualquier índole brinden a toda persona la posibilidad de conocer aquella información que tenga un carácter público y sea de interés general, es decir, todos los datos, hechos, noticias, opiniones e ideas que puedan ser difundidos, recibidos, investigados, acopiados, almacenados, procesados o sistematizados por cualquier medio, instrumento o sistema, en posesión de cualquier persona física, jurídica o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, por causa del ejercicio de funciones de derecho público. En suma, el derecho a la información constituye un derecho fundamental que asiste a todo aquel sujeto que se encuentra en la situación de gobernado, respecto del cual constituye el sujeto pasivo u obligado el Estado, el cual está constreñido a garantizar que se permita o proporcione dicha información, por lo que el referido derecho se traduce en la obligación de informar, lo cual corre a cargo de las entidades jurídicas, privadas, oficiales o de cualquier otra índole, que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad. El citado artículo establece diversos principios jurídicos que soportan la normatividad secundaria destinada a hacer operativo el mandato constitucional de que se trata, tales como el de presunción de publicidad (fracción I), reserva de la información (fracción I), privacidad (fracción II) y máxima publicidad (fracción I). Así, conforme al principio de presunción de publicidad, toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, jurídica o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad en dichos ámbitos, es pública. Dicha circunstancia se concibe como una presunción, porque el propio artículo 6 constitucional preceptúa, desde una primera perspectiva, que la información referida es pública, pero enseguida agrega la salvedad de que habrá cierta información reservada que obviamente deja de ser pública. El principio de reserva de la información consiste en que determinados datos que estén en posesión de cualquier autoridad podrá ser guardada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En cambio, el principio de privacidad estriba en que determinada información que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, jurídica o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad en dichos ámbitos, y que se refiera a la vida privada y a los datos personales, será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Por último, el principio de máxima publicidad consiste en que cuando se requiera interpretar el derecho a la información, el intérprete debe guiarse por ese principio, es decir, procurar que dentro del marco normativo aplicable y sin menoscabo de los anteriores principios, prevalezca en lo máximo posible la publicidad de la información. Acorde a lo anterior, las autoridades deben dar prioridad a los principios consignados en la Constitución Federal, frente a las leyes secundarias de Transparencia y Acceso a la Información Pública, concibiendo el aludido derecho, bajo la lógica de que la regla general debe ser la máxima publicidad de la información y disponibilidad, de modo que en aras de privilegiar su acceso, han de superarse los meros reconocimientos formales o procesales que hagan nugatorio el ejercicio de este derecho; en la inteligencia que sobre la base no formalista de un fundamento de hecho y una interpretación dinámica y evolutiva según las circunstancias, debe prevalecer la esencia y relevancia del derecho fundamental. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier autoridad o sujeto obligado, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda es pública y, solo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificado bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa. Las fracciones I y II del apartado A, del numeral 6 constitucional, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse por: a) El interés público y seguridad nacional; b) La vida privada y los datos personales. Como se desprende de su lectura, dichas fracciones solo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al derecho en comento, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. El precepto constitucional citado en segundo orden (artículo 14 constitucional) consagra el derecho fundamental de audiencia, mismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido como la obligación de las autoridades, antes de la emisión de un acto privativo, a seguir un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; formalidades que, de no cumplirse, se infringiría el referido derecho humano, cuya finalidad es evitar que el particular quede en estado de indefensión. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 47/95, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, de registro 200234, que establece: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." En el caso, se estima que el acto reclamado por el quejoso, consistente en la negativa de expedirle copia certificada de todo lo actuado en el expediente DDHPO/1333/(09)/OAX/2019 no vulnera el derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 de la Constitución Federal. Ello es así, dado que el derecho a la información no es absoluto, es decir, no puede ser garantizado indiscriminadamente en todos los casos, sino que el respeto de su ejercicio encuentra limitantes que lo regulan y, a su vez, garantizan, atendiendo a la materia a que se refiera, pues también se debe proteger y garantizar el derecho a la privacidad de cualquier persona de acuerdo con la fracción II de esos mismos apartado y precepto, en relación con el artículo 16 constitucional. Apoya tales consideraciones, en lo conducente, la tesis XXXVI/2019, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2327, del Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de registro 2019997, cuyo texto y contenido son del tenor literal siguiente: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU PREVALENCIA CUANDO ENTRA EN CONFLICTO CON EL DERECHO A LA PRIVACIDAD. El artículo 6o., apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado debe actuar con base en el principio de máxima publicidad de la información en posesión de cualquier autoridad; sin embargo, este derecho a la información no es absoluto, pues también se debe proteger y garantizar el derecho a la privacidad de cualquier persona de acuerdo con la fracción II de esos mismos apartado y precepto, en relación con el artículo 16 constitucional. No obstante lo anterior, cuando estos dos derechos entran en conflicto, para determinar cuál de ellos prevalece, la autoridad deberá considerar las actividades o actuaciones que los sujetos involucrados en esa contraposición realizan, así como la relevancia pública o de interés general que la información en cuestión tenga para la sociedad. Al respecto, es importante precisar que el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales se aplica tanto en el mundo real como en el digital, sin que se manifieste un cambio en la naturaleza o una disminución de estos derechos. Por tal motivo, su interpretación y los parámetros de protección rigen de igual forma sin importar dónde se ejerzan." Sobre tales premisas resulta claro que no toda la información que generen los entes públicos pueden ser materia de difusión general, debiéndose restringir a sus receptores especificados por la legitimación que les es exigida para poder acceder a la información deseada. Asimismo, la ley que regule el acceso a cierta información no debe ser el simple camino procesal de acceso a la información que garantice la libertad e igualdad en su recepción, sino también el instrumento protector de aquellas materias y en particular de los intereses de terceros, constituyéndose así, por razones lógicas, en una directa y quizá la más intensa limitante posible del ámbito del derecho a recibir información. Lo anterior permite concluir que el derecho a la información que garantiza el Estado, como cualquier derecho fundamental, está encausado dentro de los valores que el propio artículo 6º constitucional resguarda, lo que justifica que el Estado cuente con atribuciones para vigilar que se ejerza en beneficio de la sociedad y que no se atente contra el interés público, ni se ataquen los principios éticos o los derechos de terceros, así como que no se provoque algún delito. Los artículos 8 y 11 de la Ley de la Defensoría de los Derecho Humanos del Pueblo de Oaxaca regulan la expedición de pruebas y constancias relativas a los procedimientos seguidos ante la referida Comisión, sujetando esta expedición a su discrecionalidad, pero esa facultad discrecional, en primer lugar, ha de entenderse regulada, a su vez, por los principios de reserva y confidencialidad a que se refiere el diverso artículo 7, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, de cuyo análisis sistemático y relacionado dependerá que la mencionada Comisión resuelva sobre la procedencia de la expedición de las constancias solicitadas. Dichos preceptos legales disponen lo siguiente: LEY DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHO HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA. "Artículo 8. El personal de la Defensoría deberá manejar confidencialmente la información o documentación relativa a los asuntos de su competencia. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Ley de Protección de Datos Personales. Artículo 11. La Defensoría no estará obligada a entregar ninguna de sus pruebas a la autoridad a la cual dirigió una Recomendación o a algún particular. Si dichas pruebas le son solicitadas, resolverá si son de entregarse o no, excepto en los casos en que el quejoso o sus familiares en línea ascendente o descendente en cualquier grado o colaterales hasta el segundo grado, ofrezcan como medio de convicción en un procedimiento jurisdiccional las pruebas o constancias que integraron la queja ventilada ante la propia Defensoría". LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA. "Artículo 7. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: VI. Los organismos públicos autónomos del Estado". La discrecionalidad legal de que dispone la mencionada Defensoría en virtud de las invocadas disposiciones, debe aplicarse a los individuos que no hayan sido parte en el procedimiento respectivo o resulten terceros ajenos al mismo, pues cuando quien tiene el carácter quejoso o agraviado en dicho procedimiento solicita constancias relativas a su propia gestión y a sus intereses, le asiste la correspondiente legitimación para impugnar la negativa que en su caso se resuelva, en virtud que dicha negativa incide en su interés de allegar elementos probatorios en la causa o acción que en conveniencia hubiese ejercido. El principio de reserva y confidencialidad a que hacen referencia los citados artículos, deben interpretarse en el sentido de que la información que se manejen en los expedientes que se tramiten ante la Defensoría de los Derecho Humanos no sea divulgada indiscriminadamente y pase a ser del dominio público, sino que debe ser restringida a las partes que intervengan en el procedimiento, ya sea en su carácter de quejosos, denunciantes o bien a aquellas personas que de alguna manera hayan intervenido en el trámite del asunto respectivo. En conclusión, dichos preceptos no disponen que las partes que de algún modo hubieran intervenido en los procedimientos substanciados ante la propia Comisión, con cualquier carácter, no puedan obtener constancias de los expedientes relativos a sus asuntos y con ello obstruir sus garantías de oportunidad de defensa y probatoria, sino que en razón de los principios de confidencialidad y reserva preservados también en la misma ley, se confiere a la referida Defensoría la discrecionalidad para determinar la procedencia de la expedición de constancias relativas a los procedimientos ante ellas seguidos, con la finalidad de procurar el sigilo y reserva de datos de las partes que no deban ser divulgados. El quejoso se duele en esta instancia constitucional, que la negativa de la autoridad responsable para expedirle la copia certificada del expediente de queja que solicitó, limita sus posibilidades de defensa para exhibirlas como prueba en ese procedimiento. Sin embargo, por lo expuesto resulta jurídicamente ineficaz su argumento para resolver acorde a su pretensión, pues la negativa del coordinador Operativo de las Defensorías para expedir al aquí quejoso la copia solicitada, en modo alguno constituye una transgresión a su derecho fundamental de audiencia, dado que: a) No tiene el carácter de parte en el expediente de queja DDHPO/1333/(09)/OAX/2019. Sin que obste lo alegado por el quejoso, en el sentido de que la copia que solicitó la requiere para conocer plenamente los hechos que se le atribuyen en el expediente de queja y así estar en aptitud de controvertir cualquier orden dada por las autoridades responsables que devengan del trámite de la queja presentada por la aquí tercera interesada, pues, dice, la determinación que en su caso se dicte tendrá efectos en sus derechos como trabajador del Hospital General de Puerto Escondido, Oaxaca (foja 7). Ello es así, ya que la recomendación que se llegue a emitir con motivo de esa queja no es vinculante, toda vez que de ninguna forma impondrían obligación jurídica y directa alguna para que la autoridad deba cumplir con una recomendación determinada; aspecto que, de ser así, sí generaría, modificaría o extinguiría una situación jurídica concreta. Pero, en el caso, al ser las recomendaciones que emite la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca meras afirmaciones no vinculatorias, las autoridades tienen amplia libertad para acatar o no la misma; incluso, para cumplir o no con ellas, por lo que, en su caso, si se crea, modifica o extingue una situación jurídica en particular, ello es derivado de la propia intención de la autoridad o servidor público que decide aceptar y cumplir una recomendación, pero no de la recomendación en sí misma. Por tanto, ante el carácter declarativo y jurídicamente no obligatorio de las recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, resulta inviable que las mismas puedan constituir actos de autoridad que vulneren los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ya que, finalmente, si, en dado caso, el quejoso resultara afectado en sus derechos fundamentales, tendría además la oportunidad de acudir ante las instancias jurisdiccionales competentes para la defensa de sus derechos sustantivos, en el entendido de que dichas instancias sí podrían crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas determinadas. Y, además, porque: b) El artículo 8º de la Ley de las Defensorías de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en que la autoridad basó su actuar (foja 78 del tomo anexo I), así como el diverso precepto 11 de dicho ordenamiento legal, sujetan las facultades discrecionales de la Defensoría de los Derechos Humanos en la expedición de constancias, en el sentido de que no está obligada a entregar las pruebas o copia certificada de constancias relativas a los expedientes tramitados ante la propia Defensoría a la autoridad objeto de recomendación o a algún particular, pues si bien les fueron solicitadas, podrán entregarlas o negarse a ello, según resuelva discrecionalmente, en atención al principio de confidencialidad y reserva de los datos personales de las partes. No es óbice para esta determinación, el criterio jurisprudencial que el quejoso cita en la demanda de amparo, de rubro: "PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CUANDO LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DESECHA UN RECURSO DE IMPUGNACIÓN POR IMPROCEDENTE", pues se estima que dicho criterio jurisprudencial, esencialmente, parte de la consideración que los particulares tienen derecho a que la Comisión tramite las inconformidades con apego a la ley, cuestiones distintas a las considerada en este juicio de amparo, toda vez que lo que se está controvirtiendo es la negativa de expedirle copia certificada de las constancias deducidas de un expediente de queja. En consecuencia, ante la ineficacia de los conceptos de violación que vertió el quejoso, sin que en el caso se actualice motivo alguno que conlleve a suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con lo previsto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Octavo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e : Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el quejoso Ulises Cabrera Espinosa, contra el acto reclamado al a) titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, consistente en la negativa de expedirle copia certificada de todo lo actuado en el expediente DDHPO/1333/(09)/OAX/2019, en términos del considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege al quejoso Ulises Cabrera Espinosa, contra el acto reclamado al b) b) coordinador Operativo de las Defensorías dependiente de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, relativo a la negativa de expedirle copia certificada de todo lo actuado en el expediente DDHPO/1333/(09)/OAX/2019, en términos del considerando séptimo de esta resolución. Tercero. En su oportunidad dese cumplimiento al considerando último de este fallo; asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este órgano de control constitucional.
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Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
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- Ulises García Otero1003/2021
- Ulises Gutiérrez Padilla127/2019
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- Ulises Juan Bonilla Martínez y Otros.1191/2022
- Ulises López Ángeles417/2021