Ulises Azamar Cortes
Expediente 82/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 82/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ulises Azamar Cortes
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA FIRME el proveído que desechó la presente demanda de garantías, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este expediente susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se encuentra contemplado en la hipótesis prevista en el artículo vigésimo primero, inciso d), del citado Acuerdo, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la destrucción en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo, pues no constituye un asunto de relevancia documental, y procédase a realizar la anotación en la carátula como se ordena en el acuerdo antes referido. Por lo que en cumplimiento de este último acuerdo general conjunto se ordena el archivo del presente expediente y se declara que es susceptible de ser destruido. Se tiene por hecha la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que en el presente asunto no obran documentos catalogados como originales; y, que las actuaciones del presente asunto coinciden con el expediente electrónico, para los efectos conducentes. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a sus autos la razón signada por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de ocho de febrero del presente año, por los motivos que expone; en esas condiciones, túrnense los presentes autos al actuario que corresponda para que notifique por medio de lista a la parte quejosa, el auto citado y el presente proveído, en términos de la fracción III inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto se sirva señalar nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta Ciudad. Notifíquese, y por medio de lista a la parte quejosa. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: "Ciudad de México, ocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de garantías promovida por **, contra actos del JUEZ Y ACTUARIO ADSCRITOS AL JUZGADO CUADRAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en los artículos 1, 14, 16 Y 17 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico; y regístrese en el libro de gobierno con el número 82/2022. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado consiste en el auto dictado el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, por el Juez Cuadragésimo Primero Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través del cual requiere al demandado hoy quejoso para que dentro del término de cinco días, computados a partir de que sea legalmente notificado, desocupe y entregue en forma voluntaria a la parte actora, el departamento arrendado, apercibido que de no hacerlo, se procederá a la desocupación forzosa, proveído dictado en el periodo de ejecución relativo a la controversia arrendamiento inmobiliario seguida contra el demandado Ulises Azamar Cortés, en donde éste fue emplazado a dicha controversia e incluso contestó la demanda, como lo afirma en los hechos de su demanda de oído y vencido en juicio. Al respecto, cabe precisar que al examinar la demanda se debe analizar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia y por ende este órgano de control constitucional lleva a cabo su examen de manera oficiosa, atento a lo ordenado por el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En razón de la naturaleza del acto que se reclama, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.- "Artículo 107.- El amparo indirecto es procedente: [...] IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. - - - Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. - - - En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De los artículos transcritos, se desprende que tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento de tal manera que el juicio de garantías es improcedente cuando se reclama cualquier resolución intermedia que se dé en ese periodo de ejecución. De lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusión de que en el caso concreto la demanda de garantías que se provee, resulta notoriamente improcedente, toda vez que el acto reclamado consiste en el auto dictado el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, por el Juez Cuadragésimo Primero Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través del cual requiere al demandado hoy quejoso para que dentro del término de cinco días, computados a partir de que sea legalmente notificado, desocupe y entregue en forma voluntaria a la parte actora, el departamento arrendado, apercibido que de no hacerlo, se procederá a la desocupación forzosa, proveído dictado en el periodo de ejecución relativo a la controversia arrendamiento inmobiliario seguida contra el demandado Ulises Azamar Cortés, en donde éste fue emplazado a dicha controversia e incluso contestó la demanda, como lo afirma en los hechos de su demanda de amparo, por lo que el demandado fue oído y vencido en juicio. Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV de la citada Ley de Amparo, por las siguientes razones: De acuerdo con lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, antes trascrito, señala que si se trata de actos de ejecución de sentencia, solamente puede promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; lo cual significa, en sentido contrario, que no está permitido legalmente promover juicio de garantías en contra de resoluciones que, dictadas en la fase de ejecución de sentencia, no constituyan la última que se dicte en ese procedimiento; ya que las violaciones que pudieran cometerse durante el propio procedimiento que dejaren sin defensa al promovente, pueden reclamarse en la misma demanda de amparo que se interponga contra la última resolución aludida, que en el caso sería la que aprobara o reconociera el cumplimiento total de lo sentenciado o la que en su caso declarara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En el caso, se advierte que el juicio de origen se encuentra dentro del periodo de ejecución de sentencia, por ello puede observarse claramente que el acto reclamado no se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, antes transcrito, puesto que no se ha dictado la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia, ni la que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordene el archivo definitivo del juicio de origen, por lo que al tratarse de una resolución intermedia dictada dentro de ese procedimiento de ejecución de sentencia, no debe obstaculizarse el cumplimiento de una sentencia firme que es cosa juzgada y, por ende, constituye la verdad legal; entonces, es evidente que se actualiza perfectamente la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, antes transcrito. Es aplicable la tesis de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1999, página 1262, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia." Consecuentemente, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo aludida, con fundamento en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, segundo párrafo y 113, todos de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene a la ocursante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. De igual forma, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo; en el entendido que al momento de promover en el presente expediente, deberán contar con su cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En otro aspecto, se hace del conocimiento de las partes que conforme al artículo 3º del Acuerdo General 21/2020, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes, desahogo de comparecencias o requerimientos, por lo que sólo se podrán consultar los expedientes en los términos indicados en el dispositivo en cita y cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas en el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020. De igual forma, en caso de que las partes no tengan acceso a medios electrónicos para la consulta de los expedientes electrónicos, se hace de su conocimiento que cuando tengan cita podrán hacer uso del equipo de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrá para tal efecto, el cual podrá destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible transiten hacia la actuación de Servicios en Línea, pues la intención es dar continuidad a la tramitación de los expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; así como a que proporcionen medios de contacto como un número telefónico y correo electrónico. Tomando en consideración que en el Acuerdo General 76/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de cinco de noviembre de dos mil tres y publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de noviembre del mismo año, se modificaron los artículos 19 y tercero transitorio del diverso acuerdo 30/2003 del mismo Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información para los órganos del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el modificado artículo 19 antes aludido, dígase a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; así como también el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar dentro del término de tres días hábiles, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de sus datos; cabe precisar que en términos del artículo 18 del acuerdo general precitado, los asuntos de naturaleza familiar, constituyen información reservada por el plazo de doce años contados a partir de su conclusión. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de la notificación ordenada en el presente proveído. Notifíquese y personalmente al promovente."
- Principal
SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo aludida, con fundamento en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, segundo párrafo y 113, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente al promovente.
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