Ulises Artegaga Delgado
Expediente 457/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 457/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ulises Artegaga Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de junio de dos mil quince. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 457/2015-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintidós de mayo de dos mil quince, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintidós de mayo del dos mil quince, que en lo conducente dice: Se tiene a la vista para resolver el juicio de amparo 457/2015-I-B, promovido por Ulises Arteaga Delgado, Leonardo Santoyo Martínez, José Luis Martínez Ramírez Ramírez, Vivian Berenice Villa Capistran y Ramcel Orozco Ocampo por conducto de su apoderado legal Hansel Francisco Antonio Rojas Brito y; RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el dos de marzo de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido en esa fecha, por razón de turno, compareció Ulises Arteaga Delgado, Leonardo Santoyo Martínez, José Luis Martínez Ramírez Ramírez, Vivian Berenice Villa Capistran y Ramcel Orozco Ocampo por conducto de su apoderado legal Hansel Francisco Antonio Rojas Brito, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tercer Árbitro y Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que hizo consistir en: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME (acto reclamado).- Consiste en la omisión de la responsable en emitir el acuerdo que ordene el requerimiento de pago aplicando las medidas de apremio que se encuentran señaladas en el artículo 124° de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en contra del Ayuntamiento Constitucional de Tlaquiltenango, Morelos; para que pague el crédito laboral de mis mandantes y que se encuentra cuantificado el mismo en términos del laudo de fecha 24 de Junio del 2014 como interlocutoria de fecha 24 de Septiembre del 2014; petición, que se le solicito en términos de la promoción de fecha 20 de Febrero de los corrientes dentro del expediente natural- que se encuentra registrado con el número 01/1192/13; y que hasta la fecha no ha emitido el mismo en los términos solicitados, a pesar, que ya se le solicito para llevar a cabo esa ejecución del laudo." SEGUNDO. La demanda se registró bajo el expediente 457/2015-I-B; el tres de marzo de dos mil quince, se admitió, por lo que se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó al tercero interesado y, se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional que se inició en términos del acta que antecede y; CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 114 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en cuyo numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a una autoridad residente en el lugar del juicio. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, en criterio jurisprudencial, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda integralmente, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar el alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que al enunciarla se haga sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en ocasiones esto es insuficiente, por lo que se deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable al caso la jurisprudencia P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, del tomo XIX correspondiente a abril de dos mil cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro y cuyo texto son del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías es necesario fijar adecuadamente los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, de la lectura íntegra del escrito de demanda de garantías, atendiendo a los aspectos explicados en líneas precedentes, se precisa que el acto que se reclama en esta instancia es: La omisión del Tercer Árbitro y Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos de apercibir al Ayuntamiento condenado conforme a lo que establece el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. La omisión del Tercer Árbitro y Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos de acordar el escrito el veinte de febrero de dos mil quince, dentro del expediente laboral 01/1192/13. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO. Es cierto el acto reclamado al Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos que consiste en la omisión del Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos de apercibir al Ayuntamiento condenado conforme a lo que establece el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, dentro del expediente laboral 01/1192/13, ya que está probado en autos que el veintiuno de noviembre de dos mil catorce, el presidente responsable emitió un acuerdo por el cual, por medio del cual decretó la ejecución del laudo y comisionó al Actuario de su adscripción para que acompañado de la parte actora, requiriera de pago y en caso de negativa, apercibió a la demandada que tomaría las medidas necesarias para dar cumplimiento, conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil. De igual forma, es cierto el acto reclamado, consistente en la omisión de acordar el escrito presentado por la parte quejosa el veinte de febrero de dos mil quince, dentro del expediente laboral 01/1192/13, ya que en esa fecha, la responsable recibió el escrito de la parte trabajadora; en respuesta a lo solicitado, la responsable emitió el acuerdo correspondiente el veinticinco de febrero de dos mil quince. La demanda de garantías fue presentada el dos de marzo de dos mil quince. El veintiséis de marzo de dos mil quince, la autoridad responsable notificó a la parte actora de los autos mencionados en párrafos que anteceden. De dichas constancias obran agregadas copia certificada en autos, las cuales ameritan valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º. Con relación a lo anterior, es de observarse el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 3/94, publicada en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Además así lo aceptó la autoridad responsable al rendir su respectivo informe justificado. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de estudio preferente. Así, el suscrito juzgador advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXI, del ordenamiento legal invocado en líneas precedentes, conforme a la cual, el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] ...Fracción XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." Se actualiza dicha causal porque el acto reclamado consistente en la omisión del Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos de apercibir al Ayuntamiento condenado conforme a lo que establece el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, dentro del expediente laboral 01/1192/13, se advierte que en auto de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, el presidente responsable emitió un acuerdo por el cual decretó la ejecución del laudo y comisionó al Actuario de su adscripción para que acompañado de la parte actora, requiriera de pago y en caso de negativa, apercibió a la demandada que tomaría las medidas necesarias para dar cumplimiento, conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil. Asimismo, el acto que hizo consistir en la omisión de acordar la promoción presentada el veinte de febrero de dos mil quince por la que el apoderado legal de la parte actora solicitó se comisionara al Actuario para que requiriera de pago al Ayuntamiento demandado y en caso de negativa se procediera a imponer las medidas de apremio contenidas en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ello dentro del expediente laboral 01/1192/13. Con relación a lo anterior, la responsable ofreció como prueba copia certificada del auto de veinticinco de febrero de dos mil quince, en el cual, no acordó de conformidad con lo solicitado, toda vez que en auto de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, se decretó la ejecución del laudo sin que se hubiese diligenciado; asimismo, informó al promovente que los autos se encontraban a su disposición a efecto de solicitar a la fedataria una cita y dar cumplimiento al auto mencionado. En estas condiciones, es claro que al haberse emitido el auto de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, dentro del expediente 01/1192/13 por el cual apercibió al Ayuntamiento demandado con las medidas de apremio establecidas en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil; haber emitido el auto de veinticinco de febrero de dos mil quince por el cual acordó la promoción de los quejosos de veinte de febrero dedos mil quince y haberlos notificado veintiséis de marzo de dos mil quince, cesaron los efectos de la omisión reclamada, destruyendo en forma total e incondicional todos sus efectos. La anterior consideración encuentra apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época cuyos rubro y texto son de la literalidad siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el mismo sentido, resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, correspondiente a la Novena Época, cuyos rubro y texto se trascriben a continuación: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Sin que sea óbice a la anterior determinación, las manifestaciones vertidas por el apoderado legal de los quejosos en el sentido de que la autoridad responsable acordó desfavorablemente a la petición de veinte de febrero de dos mil quince; asimismo refiere que no emitió un requerimiento con el cual aperciba al municipio demandado con las medidas de apremio establecidas en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, puesto que, como se analizó en el presente considerando, en auto de veintiuno de noviembre la autoridad apercibió al Ayuntamiento demandado con tomar las medidas para cumplir el laudo como lo establece el artículo que mencionan los quejosos; asimismo, en auto de veinticinco de febrero de dos mil quince por el cual acordó la promoción de los quejosos materia del acto reclamado; aunado a ello, que no obra constancia en la que se acredite que los quejosos hubiesen solicitado una cita a la fedataria adscrita a la responsable para llevar a cabo diligencia de requerimiento de pago, o en su caso, que en dicha diligencia, la demandada se haya negado a cumplir con el laudo y, por ende, la autoridad responsable tuviese que imponer una de las sanciones previstas en el referido numeral de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Por tanto, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, con relación a la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Ulises Arteaga Delgado, Leonardo Santoyo Martínez, José Luis Martínez Ramírez Ramírez, Vivian Berenice Villa Capistran y Ramcel Orozco Ocampo, contra los actos que reclamó al Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por los razonamientos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. En cumplimiento al acuerdo general 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogó los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinó el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura para ser agregada a los autos y, en su oportunidad, archívese el expediente como concluido. Así lo resolvió y firma el Licenciado el Licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos; hoy veintidós de mayo de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa ante Francisco René Marmolejo Vázquez, Secretario que da fe...
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Ulises Arteaga Delgado, Leonardo Santoyo Martínez, José Luis Martínez Ramírez Ramírez, Vivian Berenice Villa Capistran y Ramcel Orozco Ocampo, contra los actos que reclamó al Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por los razonamientos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de marzo de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento de veintitrés de marzo del dos mil quince, remite copia certificada de la audiencia de treinta de marzo del año en curso, dentro del expediente laboral 1128/2011, del que se advierte que corrió traslado a la parte actora con copia del acuerdo de dieciocho de marzo del año en curso; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En tales condiciones, se advierte que la autoridad responsable se encuentra realizando actos tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, es procedente requerir a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que a los tres días siguientes al vencimiento del término concedido a la parte actora, remita copia certificada del acuerdo conducente que emita dentro del expediente laboral 1128/11. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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