Ulises Antipatro Solis Quintal

Expediente 61/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
61/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
25/09/2019

Partes del expediente

  • Ulises Antipatro Solis Quintal

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por el Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio judicial de la resolución pronunciada el cinco de septiembre del presente año por ese Cuerpo Colegiado, en la queja número 47/2019, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por el quejosa ULISES ANTIPATRO SOLÍS QUINTAL, por conducto de su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo GENNY MARIEL BENITEZ MONTERO, en contra del acuerdo dictado treinta y uno de enero del año en curso, de la que aparece que la citada Superioridad, en su único punto, declaró infundado el recurso de que se trata. Por ende, con apoyo en el artículo 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto concluido. Asimismo, como lo solicita la Superioridad, acúsese recibo de la resolución de cinco de septiembre del presente año. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto Número uno de dos mil nueve, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, y que por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, este expediente se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio número oficio 1152/2019, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con el que comunica que recibió y admitió en ese Tribunal el recurso de queja interpuesto por el quejoso ULISES ANTIPATRO SOLÍS QUINTAL, contra del auto de dieciocho de enero del año en curso, integrándose la queja número 47/2019 de su índice, y declaró su competencia legal para conocer del asunto.

  3. Principal

    MESA II.Agréguese a estos autos el escrito signado por GENNY MARIEL BENITEZ MONTERO autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con dos copias y sin anexos, mediante el cual interpone recurso de queja, en contra de acuerdo de dieciocho de enero del presente año; en mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 97 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL RECURRENTE, toda vez que en el proveído de referencia, se desechó la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, ya que no se ha dictado el último acto en el período de ejecución, como será la resolución que apruebe el cumplimiento total de lo condenado en el laudo o reconozca la imposibilidad jurídica o material para ello. En el presente caso, el aquí quejoso hizo consistir como actos reclamados a la autoridad responsable, la omisión de realizar las acciones necesarias para lograr la ejecución del laudo dictado en el juicio, de aplicar los medios de apremio que la Ley establece para hacer cumplirlo, así como decretar la apertura de un procedimiento de embargo de los bienes de la demandada; y que se vale de actos y procedimientos innecesarios para dictar acuerdos en cumplimiento del laudo. Por ello no pueden considerarse dentro de los casos de excepción a que se ha hecho referencia, ya que la característica propia de ellos es que no tengan el propósito de ejecutar la sentencia o el laudo dictado en el juicio natural. Por lo que, de los razonamientos anteriores se concluyó que no procedía el amparo indirecto contra tales actos reclamados, porque no culmina la fase de ejecución del laudo. Asimismo, en contra del acto reclamado al Cabildo del Ayuntamiento de Umán, Yucatán, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Ya que, se advierte que el solicitante de amparo reclama de la autoridad responsable, en etapa de ejecución, la omisión de celebrar una sesión extraordinaria en la que se prevea lo conducente para el pago del laudo a que fue condenado; sin embargo, el referido acto deriva de una relación de coordinación que surge entre el trabajador y la parte patronal, Ayuntamiento de Uman, Yucatán, derivado de una relación laboral que se suscitó entre ambos. Por lo que, derivado del plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales (patrón- trabajador) y la igualdad procesal inmersa en ellas, se hace extensiva al ámbito de ejecución de laudos. De ahí que, en la etapa de ejecución de laudo, el Ayuntamiento demandado sigue manteniendo una relación de coordinación con el operario, aquí quejoso, esto es, en un plano de coordinación e igualdad; por ende, no actúa con el carácter de autoridad sino que se asemeja al de un particular en contra del cual se dictó un laudo que debe cumplir, mediante el procedimiento de ejecución. Y no será hasta en tanto no se sustancie y culmine el procedimiento de ejecución conforme a las formalidades legales establecidas y agotadas todas las herramientas a sus alcance por el citado Tribunal, que el Ayuntamiento de Uman, Yucatán, seguirá manteniendo una relación de igualdad procesal con el quejoso. De lo que se sigue, que el Ayuntamiento demandado no actúa con el carácter de autoridad en esa etapa procedimental, sino solo como un ente particular, que debe cumplir obligatoriamente con el laudo dictado en su contra y que lo vincula a su cumplimiento forzoso; abarcando de igual forma esta relación de particular al Cabildo del Ayuntamiento de Uman, Yucatán. Por consiguiente, el incumplimiento por parte de la autoridad señalada como responsable a un laudo dictado en su contra, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo; lo que hace improcedente el mismo. En tal virtud, a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, se ordena remitir a la Superioridad, copia certificada de las constancias señaladas por la parte quejosa en su escrito de mérito, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, así como el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa su agravio, y la copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad al artículo 100 del ordenamiento legal citado. De igual forma, obténgase copia del escrito de interposición del recurso de queja aludido y agréguese a estos autos; lo anterior, a fin de que se pueda constatar la fecha en la que se interpuso tal recurso.

  4. Principal

    MESA VI.Vista la demanda de amparo promovida por ULISES ANTIPATRO SOLIS QUINTAL, con cuatro copias y sin anexos, contra el acto que reclama del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios y otra autoridad. Fórmese expediente, regístrese con el número 61/2019 que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo , el cual dispone que este juzgador se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al efecto, SE ACUERDA: en el presente asunto procede desechar de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A consideración del suscrito, por lo que se refiere a los actos que en forma genérica reclaman al tribunal responsable consistente en la omisión de realizar las acciones necesarias para lograr la ejecución del laudo dictado en el juicio, de aplicar los medios de apremio que la Ley establece para hacer cumplirlo, así como decretar la apertura de un procedimiento de embargo de los bienes de la demandada. Se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no se ha dictado el último acto en el período de ejecución, como será la resolución que apruebe el cumplimiento total de lo condenado en el laudo o reconozca la imposibilidad jurídica o material para ello. En efecto, el primero de los artículos antes invocados establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley. Por otra parte, el numeral 107, fracción IV, de la ley de la materia dispone: Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; Respecto de este precepto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, de manera general, que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento. Este último acto se ha interpretado como aquél que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad de cumplirla, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31 del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro, 190,035, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Además, también se han emitido diversas jurisprudencias en las que se ha sostenido que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, aun cuando se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada, por lo que, incluso en estos casos, el amparo procede contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución. Así lo demuestra la jurisprudencia 2a./J. 17/9, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 187, del Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 196,530, que dice: EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie. De igual manera, se ha sustentado el criterio de que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante. En estos casos, también debe promoverse el amparo contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en los términos antes señalados. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 75, del Tomo XX, Julio de 2004, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 181,144, que informa: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada. No obstante lo anterior, también se han establecido algunas excepciones. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquéllos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Como ejemplo de la regla de excepción antes mencionada, se puede citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de la que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente no contiene un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia. También cabe en el supuesto antes mencionado la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. Las consideraciones anteriores fueron tomadas de la ejecutoria de la Primera Sala del Máximo Tribunal, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 23/2005, visible en la página 231, del Tomo XXI, Mayo de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 178,441, que establece: INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa. De lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. En el presente caso, los aquí quejosos hicieron consistir como actos reclamados a la autoridad responsable, la omisión de realizar las acciones necesarias para lograr la ejecución del laudo dictado en el juicio, de aplicar los medios de apremio que la Ley establece para hacer cumplirlo, así como decretar la apertura de un procedimiento de embargo de los bienes de la demandada; y que se vale de actos y procedimientos innecesarios para dictar acuerdos en cumplimiento del laudo. Por ello no pueden considerarse dentro de los casos de excepción a que se ha hecho referencia, ya que la característica propia de ellos es que no tengan el propósito de ejecutar la sentencia o el laudo dictado en el juicio natural. De los razonamientos anteriores se concluye que no procede el amparo indirecto contra tales actos reclamados, porque no culmina la fase de ejecución del laudo. Por ello, las ilegalidades ahora alegadas, deben reclamarse a través del amparo que se promueva en contra de la última resolución dictada en ese período, ya sea que declare que tiene por cumplido el laudo o la imposibilidad de hacerlo, y entonces sí, vía conceptos de violación, se combatan las ilegalidades en que haya incurrido el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, obligado a ejecutar el laudo. Por otra parte, las omisiones genéricas del Tribunal Burocrático de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, podrían considerarse actos inexistentes al momento de presentarse la demandada y, además, de realización incierta, en razón de que el inicio y prosecución del referido procedimiento, conforme al artículo 162 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, depende del impulso del ejecutante y, en tal virtud, no podrían tenerse por actualizadas las omisiones genéricas atribuidas a la autoridad responsable. Para los efectos que legalmente procedan, se citan las jurisprudencias siguientes: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." (Época: Décima Época, Registro: 2000011, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 15/2011 (10a.), Página: 2771) AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." (Época: Décima Época, Registro: 2010025, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: PC.I.L. J/10 L (10a.), Página: 844) PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO BUROCRÁTICO. CORRESPONDE AL EJECUTANTE SU INICIO Y PROSECUCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. El citado numeral de la Ley Federal Burocrática, dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, requiera a la demandada el cumplimiento de la resolución, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa hasta por mil pesos, en términos del artículo 148 del referido ordenamiento laboral; de ahí que no sólo corresponda a la ejecutante la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también, se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, al resultar necesaria su asociación con el Actuario comisionado por el Tribunal burocrático, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Además de que estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 114, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal, y si bien es cierto que en términos del artículo 150 de la ley burocrática, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el artículo 14 constitucional." (Época: Décima Época, Registro: 2010031, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, Materia(s): Laboral, Tesis: PC.I.L. J/9 L (10a.), Página: 845) En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR la demanda promovida por ULISES ANTIPATRO SOLIS QUINTAL, contra los actos que reclaman del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Apoya al anterior razonamiento, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por otra parte, respecto de los actos que se reclaman al Cabildo del Ayuntamiento de Umán, Yucatán, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Previo a determinar la actualización de la causal de improcedencia antes invocada, cabe señalar que las manifestaciones de la demandada bajo protesta de decir verdad, se advierte que el quejoso promovió junto con otras personas, juicio laboral ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, demandado el pago de diversas prestaciones al H. Ayuntamiento de Uman, Yucatán. Ahora bien, los artículos que se estiman actualizados, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.). En ese contexto, conforme a los dispositivos inicialmente citados se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente en contra de actos de autoridades, concepto éste que, precisamente, es el que, en este caso, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado en este juicio de amparo. Para demostrar lo anterior, es preciso tener en cuenta diversas puntualizaciones que se vinculan necesariamente con tal premisa, como son las relativas a los conceptos de autoridad responsable, acto de autoridad y a la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. La definición del concepto autoridad responsable a que se refiere el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XXVII/974. Al tomar en cuenta las consideraciones contenidas en el criterio invocado, es dable concluir que una autoridad para efectos del juicio de amparo es la que cuyas funciones estén determinadas por una norma jurídica general, la cual le confiere la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Lo anterior, válidamente permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Sus funciones estén determinadas por una norma general, cuyo ejercicio sea irrenunciable por ser pública la fuente de dicha potestad; b) Las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar, crear, modificar o extinguir situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omitir el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados; y, c) Los actos que dicten lo sean de manera unilateral y obligatoria con lo cual afecten la esfera jurídica del gobernado. En ese tenor, el concepto de autoridad, si bien incluyen actos de particulares, también es cierto que como aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, es necesario que las funciones de éstos estén determinadas por una norma jurídica general, y sean emitidos de manera unilateral y obligatoria con afectación a la esfera jurídica del gobernado. Ahora, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo líneas arriba, resulta necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos reclamados en el presente juicio no son de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Carta Magna establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. Ahora, en la especie, se advierte que el solicitante de amparo reclama de la autoridad responsable, en etapa de ejecución, la omisión de celebrar una sesión extraordinaria en la que se prevea lo conducente para el pago del laudo a que fue condenado; sin embargo, el referido acto deriva de una relación de coordinación que surge entre el trabajador y la parte patronal, Ayuntamiento de Uman, Yucatán, derivado de una relación laboral que se suscitó entre ambos. Por lo que, derivado del plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales (patrón- trabajador) y la igualdad procesal inmersa en ellas, se hace extensiva al ámbito de ejecución de laudos. De ahí que, en la etapa de ejecución de laudo, el Ayuntamiento demandado sigue manteniendo una relación de coordinación con el operario, aquí quejoso, esto es, en un plano de coordinación e igualdad; por ende, no actúa con el carácter de autoridad sino que se asemeja al de un particular en contra del cual se dictó un laudo que debe cumplir, mediante el procedimiento de ejecución. Y no será hasta en tanto no se sustancie y culmine el procedimiento de ejecución conforme a las formalidades legales establecidas y agotadas todas las herramientas a sus alcance por el citado Tribunal, que el Ayuntamiento de Uman, Yucatán, seguirá manteniendo una relación de igualdad procesal con el quejoso. De lo que se sigue, que el Ayuntamiento demandado no actúa con el carácter de autoridad en esa etapa procedimental, sino solo como un ente particular, que debe cumplir obligatoriamente con el laudo dictado en su contra y que lo vincula a su cumplimiento forzoso; abarcando de igual forma esta relación de particular al Cabildo del Ayuntamiento de Uman, Yucatán. Por consiguiente, el incumplimiento por parte de la autoridad señalada como responsable a un laudo dictado en su contra, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo; lo que hace improcedente el mismo. Apoya lo antes considerado la tesis con el rubro y texto siguientes: AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor... En mérito de lo anterior, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de celebrar una sesión extraordinaria para proveer el pago de realizar las acciones suficientes para la ejecución del laudo dictado en el expediente laboral de origen, atribuido al Ayuntamiento de Uman, Yucatán, al materializarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso con el 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, del ordenamiento jurídico antes invocado. En esas condiciones, al haberse actualizado motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda promovida por ULISES ANTIPATRO SOLIS QUINTAL, por cuanto al Cabildo del Ayuntamiento de Umán, Yucatán, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado las causales de improcedencia previstas en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario y el diverso 5°, del citado ordenamiento legal. Apoya lo antes considerado la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Regístrese y fórmese el expedientillo de rigor. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ÁNGELA CAROLINA MALDONADO CACHÓN, EDWIN GABRIEL ZOZAYA GOZÁLEZ, GENNY MARIEL BENITEZ MONTERO; así como con las limitaciones que establece la parte final del artículo antes citado a JAHURI ELINOR GONZÁLEZ SOLÍS, CARLOS ENRIQUE ORTEGÓN MEDINA, ISIANA NAVARRETE CONSUELO, SELENE ITZEL DÍAZ MARNEAU y DIANA CONCEPCIÓN KU CHI. Así mismo, en cuanto a su diversa solicitud, consistente en que se permita el uso de medios electrónicos para tomar fotografías del presente expediente; con apoyo en la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se accede a lo instado. De igual forma, tómese nota que el aquí quejoso, manifiesta, que no se opone a la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente.

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