Ulises Álvarez Molina

Expediente 57/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
57/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
20/02/2019

Partes del expediente

  • Ulises Álvarez Molina
  • Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Xalapa, Veracruz

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que el auto de treinta y uno de enero del año en curso, que se desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido por la parte promovente y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones I y II, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que obra agregadas diversas documentales exhibidas en original por la parte quejosa; al respecto, hágase de su conocimiento que, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo capitulo quinto del acuerdo general 1/2009, tiene un término de noventa días, contado a partir de que surta efectos la legal notificación del presente auto para acudir a este órgano jurisdiccional a recoger las citadas documentales apercibido que en caso de no hacerlo las mismas se destruirán junto con el expediente.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Ulises Álvarez Molina, en su carácter de quejoso, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en torno al acto reclamado; al respecto, téngase por desahogada la prevención formulada en autos para los efectos legales conducentes. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este Juzgador confieren los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. Ahora, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda, sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Por otra parte, cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que los solicitantes de amparo expusieron hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación dla quejosa de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis armónico de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama esencialmente lo siguiente: La omisión de guardar y hacer guardar las leyes supremas en el estudio y análisis del artículo 1° de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz, para el Ejercicio Fiscal 2019. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Una vez analizada la demanda de amparo se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales son del tenor siguiente: Ley de Amparo. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. Sustenta el anterior argumento, la tesis 2a. XCI/2015, que contempla lo siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Por su parte, la disposición constitucional señalada contempla el principio de división de poderes, al establecer que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; además de consignar que no podrá reunirse dos o más de esos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo. Resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 78/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLOS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA. El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo individuo o corporación. Sin embargo, ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte que la división funcional de atribuciones que establece dicho numeral no opera de manera rígida, sino flexible, ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de los poderes no constituye una separación absoluta y determinante, sino por el contrario, entre ellos se debe presentar una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado. Como se advierte, en nuestro país la división funcional de atribuciones no opera de manera tajante y rígida identificada con los órganos que las ejercen, sino que se estructura con la finalidad de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas, mediante un régimen de cooperación y coordinación que funcionan como medios de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público, garantizando así la unidad del Estado y asegurando el establecimiento y la preservación del estado de derecho. Por su parte, el artículo 133 de la Constitución Federal consagra el principio de supremacía, que impone su jerarquía normativa a la que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que, el hecho de que la división de poderes opere de manera flexible sólo significa que entre ellos existe una colaboración y coordinación en los términos establecidos, pero no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro poder, sino solamente aquellos que la propia Constitución les asigna. De este modo, para que un órgano ejerza ciertas funciones es necesario que expresamente así lo disponga la Constitución Federal o que la función respectiva resulte estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas por efectos de la propia Constitución, así como que la función se ejerza en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva la facultad propia." En ese tenor, resulta conveniente indicar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1359/2015, indicó que el Tribunal Pleno ha distinguido entre omisiones legislativas absolutas y relativas. Las primeras se presentan cuando el órgano legislativo simplemente no ha ejercido su competencia de crear leyes en ningún sentido, ni ha externado normativamente ninguna voluntad para hacerlo. En cambio, las omisiones legislativas relativas ocurren cuando el órgano legislativo ha ejercido su competencia, pero de manera parcial o simplemente no realizándola de manera completa e integral, impidiendo así el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. Asimismo, el Tribunal Pleno distinguió entre omisiones legislativas de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, en función de si existe una obligación de actuar o si se trata de una facultad discrecional. Así, de la combinación de ambas clasificaciones, podrían distinguirse cuatro tipos distintos de omisiones legislativas: 1. Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio; 2. Relativas en competencias de ejercicio obligatorio; 3. Absolutas en competencias de ejercicio potestativo; y, 4. Relativas en competencias de ejercicio potestativo. La clasificación anterior puede apreciarse en la jurisprudencia P./J. 11/2006, igualmente pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece lo siguiente: "OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. En atención al principio de división funcional de poderes, los órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un lado, puede darse una omisión absoluta cuando aquéllos simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo; por otro lado, puede presentarse una omisión relativa cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. Ahora bien, combinando ambos tipos de competencias o facultades -de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo-, y de omisiones -absolutas y relativas-, pueden presentarse las siguientes omisiones legislativas: a) Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o deficiente; c) Absolutas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga; y, d) Relativas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente." Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo. Asimismo, dicho órgano colegiado afirmó que puede sostenerse la improcedencia del juicio de amparo contra omisiones legislativas porque los tribunales de amparo no tienen facultades para obligar al Poder Legislativo a legislar, lo que es acorde con el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 constitucional, puesto que los órganos de gobierno sólo pueden ejercer las competencias y funciones que les son otorgadas. En este sentido, si la Constitución atribuyó la función de legislar al Poder Legislativo (con la colaboración del Ejecutivo), podría argumentarse que los tribunales, al conceder un amparo por omisión legislativa, estarían interviniendo en el proceso legislativo sin que haya sustento constitucional para ello y, de esa manera, estarían violando el principio de división de poderes. No obstante, dicha Primera Sala estimó que los tribunales de amparo tienen facultades constitucionales para ordenar la restitución de los derechos de los quejosos cuando éstos sean violados por una omisión legislativa absoluta o relativa en competencia de ejercicio obligatorio, dado que en un Estado constitucional de derecho todas las autoridades deben respetar la Constitución. Así, aun cuando el Poder Legislativo tenga una función de la máxima importancia dentro nuestro orden constitucional y ésta se le haya encomendado de manera exclusiva -aunque con cierta intervención del Poder Ejecutivo-, también se encuentra sometido a la Constitución. En consecuencia, en estos casos el Poder Legislativo no es libre para decidir no legislar. En efecto, cuando la Constitución establece un deber de legislar respecto de algún tema en específico a cargo del Poder Legislativo, el ejercicio de la facultad de legislar deja de ser discrecional y se convierte en una competencia de ejercicio obligatorio. En este orden de ideas, la única manera de mantener un estado de regularidad constitucional es que los tribunales de amparo estén en aptitud de determinar si en un caso concreto una omisión de legislar se traduce además en una vulneración a los derechos de las personas. Así, cuando exista un mandato constitucional dirigido al Poder Legislativo en el que se le imponga claramente el deber de legislar o de hacerlo en algún sentido específico, los tribunales de amparo tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución, particularmente tienen el deber de proteger a las personas frente a las omisiones del legislador, garantizando que éstas no se traduzcan en vulneraciones de sus derechos fundamentales. En el presente asunto, se establece como acto reclamado por parte del Congreso del Estado, la omisión de guardar y hacer guardar las leyes supremas en el estudio y análisis del artículo 1° de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2019. Ahora, los artículos 6 y 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz establecen lo siguiente: Artículo 6. El Congreso tendrá como asuntos de atención preferente: I. En el Primer Período de Sesiones Ordinarias: a) Examinar, discutir y, en su caso, aprobar el presupuesto que en relación con ingresos y egresos del año siguiente, le sea presentado entre el seis y diez de noviembre por el Gobernador del Estado. Cuando sea año de renovación del Congreso, el Gobernador del Estado tendrá los primeros quince días hábiles del mes de noviembre para presentar el presupuesto. En caso de que día diez de noviembre sea inhábil, el término se trasladará al día hábil inmediato siguiente. Artículo 48. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: I. A los Diputados al Congreso del Estado; II. A los Diputados y senadores al Congreso de la Unión que se encuentren en funciones, y hayan sido electos en el Estado; III. Al Gobernador del Estado; IV. Al Tribunal Superior de Justicia, en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la impartición y la administración de justicia; V. A los ayuntamientos o concejos municipales, en lo relativo a sus localidades y sobre los ramos que administren; VI. A los organismos autónomos de Estado, en lo relativo a la materia de su competencia; y VII. A los ciudadanos del Estado, mediante iniciativa popular, en los términos que establezca la ley. A su vez, los numerales 102, 120 y 121 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, disponen lo siguiente: Artículo 102. Las iniciativas que se presenten al Congreso, deberán contener: I. El fundamento constitucional que precise la facultad del Congreso para legislar en la materia; II. Las razones en que se funden las propuestas de adición, reforma, derogación o abrogación de una ley o decreto; III. Los antecedentes que sirven de base a la propuesta; IV. Los elementos materiales y formales que sustenten la propuesta; V. Las consideraciones de tiempo, lugar, modo, oportunidad y demás circunstancias que la motiven; y VI. El articulado del decreto o ley que se propone, dividido y estructurado según lo aconseje la técnica legislativa. Artículo 120. Todo dictamen se discutirá primero en lo general y después en lo particular. Si consta de menos de diez artículos será discutido en ambas formas al mismo tiempo. En este último caso, si no se reserva algún artículo, toda la discusión se referirá a la aceptación o rechazo del proyecto en su conjunto sin poder proponer cambio alguno. Artículo 121. La duración de la discusión en lo general, no será mayor de dos horas, pero por decisión del Pleno, en votación económica, podrá prorrogarse por el tiempo que se acuerde. El Presidente declarará abierto el debate en lo general y, en el mismo, se hará uso de la palabra en los términos siguientes: I. Cada grupo legislativo o diputados que no formen parte de éstos, dispondrán de hasta diez minutos para fijar su posición; II. Derogada; III. Los oradores hablarán desde la tribuna conforme al orden que establezca el Presidente. Por cada orador en contra podrá hablar uno en pro, independientemente del grupo legislativo al que pertenezca, pero la intervención de cada uno no será mayor de diez minutos. No se permitirá el debate cuando un diputado haga uso de la tribuna para razonar su voto; IV. Un mismo diputado no podrá hacer uso de la tribuna en más de dos ocasiones para tratar el mismo asunto. Los miembros de la comisión que emitió el dictamen, podrán intervenir cuantas veces lo consideren necesario; V. Los diputados podrán solicitar el uso de la palabra para rectificar hechos o alusiones personales, en el momento del debate, cuantas veces sea necesario, no pudiendo exceder de diez minutos en cada una de ellas. La intervención del aludido tendrá el carácter de preferente; y VI. Los diputados inscritos en la lista de oradores podrán declinar el uso de la palabra en el momento de su turno y ser sustituidos por otro miembro de su grupo legislativo. Cuando un diputado no se encuentre en el momento de ser llamado, se entenderá que renuncia a intervenir. Como se puede apreciar de la interpretación funcional de los artículos transcritos se tiene que la legislatura veracruzana tiene como asuntos prioritarios examinar, discutir y, en su caso, aprobar el presupuesto en relación con ingresos del año siguiente; asimismo, se establece quiénes pueden presentar una iniciativa, se precisa que las iniciativas de ley deben contener las razones en que se funden las propuestas de adición, reforma, derogación o abrogación de una ley o decreto y se establece el proceso de discusión, sin que en el cuerpo normativo se establezcan los alcances o límites de la discusión, pues la Legislatura tiene la facultad plena para realizar los actos que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, ya que basta que ésta se presente en términos de dicho artículo 102 y se cumpla con el procedimiento establecido en los artículos 120 y 121 del Reglamento en cita. En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y del cuerpo normativo que faculta al legislador a emitir las leyes, no se advierte que exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar (discutir, analizar y dictaminar) en un determinado sentido y que esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente, de tal manera que el ejercicio de la facultad de legislar deje de ser discrecional y se haya convertido en una competencia de ejercicio obligatorio. En efecto, la parte quejosa reclama del Congreso del Estado de Veracruz, la omisión de guardar y hacer guardar las leyes supremas; esto, al estudiar, analizar y emitir el artículo 1º de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2019; sin embargo, de lo anterior no se colige que la parte quejosa comparezca reclamando alguna omisión atribuible al Poder Legislativo del Estado de Veracruz, que se constituya como una transgresión a algún mandato constitucional que lo vincule a actuar de determinada manera durante la substanciación del proceso legislativo de referencia; por el contrario, se advierte que lo que el quejoso reclama es -a su consideración- la insuficiente o incorrecta reflexión legislativa en torno al tema del Impuesto Adicional para el Fomento a la Educación, esto es, la determinación adoptada por el legislador veracruzano. En ese sentido, la omisión que le atribuye a la legislatura de Veracruz en todo caso sería el no haber realizado una acción legislativa de carácter potestativo, puesto que no existe ordenamiento legal alguno que constriña al legislador a efectuar el estudio y determinación en cierto sentido, sino que este se encuentra facultado para argumentar libremente lo concerniente a la elaboración de las leyes. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de forma manifiesta y notoria, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con el objeto de que el parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo acordó y firma el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario adscrito al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, según acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de enero de dos mil diecinueve, contenido en oficio CCJ/ST/122/2019, que remite el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial, quien firma ante el licenciado Pablo Alberto Ochoa Blanco, secretario de acuerdos con quien actúa. Doy fe. jemh

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso, contra actos del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con sede en esta ciudad y otras. Al respecto se acuerda: FÓRMESE EXPEDIENTE Y REGÍSTRESE bajo el número 57/2019. OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE LA DEMANDA. Ahora bien, este Órgano Federal analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 112 y 114, fracciones II, IV y V, así como el numeral 108, fracción V, que en lo referente establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; (.) (.) IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;" Como se advierte del último de los dispositivos mencionados, es obligación del gobernado indicar con precisión el acto reclamado, así como de manera completa y cronológica los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, además, el quejoso tiene la obligación de exhibir las copias de traslado para las partes; lo anterior, con la finalidad de reunir los requisitos que establece el numeral 114 de la Ley de la Materia. Ahora, de la lectura del apartado relativo al acto reclamado, el accionante esencialmente reclama lo siguiente: 1. La inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2019, específicamente el artículo 1° de la referida Ley en el que se establece que la entidad de Veracruz percibirá por concepto de Impuesto Adicional para el Fomento a la Educación la cantidad de $919,942,379.00 (Novecientos diecinueve millones, novecientos cuarenta y dos mil trescientos setenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional). 2. El oficio DSJ/229/2018, de once de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por el Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, a través del cual dan respuesta a su petición de siete de diciembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, en los antecedentes del acto reclamado el promovente narró que en fecha siete de diciembre del año pasado, presentó ante la Legislatura estatal un escrito en el que pidió, entre otras cosas, que se estudiara y eliminara de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2019 el concepto de ingresos por el Impuesto Adicional para el Fomento a la Educación; por otra parte, en el apartado de conceptos de violación el impetrante de amparo refirió que el Impuesto Adicional para el Fomento a la Educación encuentra sustento en los artículos 134 y 135 del Código Financiero para el Estado de Veracruz. En este orden de ideas, genera incertidumbre jurídica en el suscrito cuál es el acto que en esta vía se combate, es decir, si el quejoso combate únicamente la inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2019, específicamente el artículo 1° de la referida Ley, o bien, los artículos 134 y 135 del Código Financiero para el Estado de Veracruz, que prevén el Impuesto Adicional para el Fomento a la Educación. Por tanto, tomando en consideración que es obligación del impetrante de amparo indicar con precisión el acto reclamado y manifestar bajo protesta de decir verdad los antecedentes que constituyen el acto reclamado, a fin de reunir los requisitos que establecen los mencionados numerales de la ley de la materia, previo a acordar sobre la admisión del escrito de demanda, es menester, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracción II y IV, así como 108, fracción V, de la Ley de Amparo, requerir a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo, exhiba un escrito aclaratorio al que deberá acompañar las copias necesarias para correr traslado a las partes, en el que deberá cumplimentar lo siguiente: 1. Deberá indicar si únicamente reclama la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2019 o también los diversos numerales 134 y 135 del Código Financiero para el Estado de Veracruz, que prevén el Impuesto Adicional para el Fomento a la Educación, o bien, si lo que combate es la omisión legislativa de realizar un análisis de la integración del Impuesto Adicional para el Fomento a la Educación como uno de los ingresos estatales en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2019. 2. Si lo que reclama es el Impuesto Adicional para el Fomento a la Educación contemplado en los artículos 134 y 135 del Código Financiero para el Estado de Veracruz, deberá indicar si la señala como norma autoaplicativa o heteroaplicativa, y de ser el segundo caso, manifestar cuál es el acto de aplicación. 3. Deberá anexar una copia más del escrito de demanda, puesto que únicamente exhibió seis copias de la misma, cuando tenía que acompañar siete, en razón de que seis son para correr traslado a las autoridades responsables y una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Lo anterior, en virtud de que el artículo 110, párrafo segundo de la Ley de Amparo, establece lo siguiente. "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio." Ahora, del artículo transcrito se advierte que únicamente se exentará al impetrante de amparo de presentar las copias de la demanda de amparo para correr traslado a las partes cuando esta: a) Sea promovida vía telegráfica o por medios electrónicos; b) Cuando se trate de amparo en materias penal, laboral tratándose de los trabajadores; c) Cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces; d) Cuando se afecten los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los derechos ejidatarios o comuneros; y, e) Cuando el impetrante de amparo tenga pobreza o marginación de tal forma que se encuentre en clara desventaja social para emprender un juicio. Lo cual no acontece en el presente asunto, puesto que se trata de un amparo contra leyes. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia P./J.36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." APERCIBIMIENTO. En ese tenor, en caso de no cumplir cabalmente con lo requerido en el acto de la notificación o en el plazo de cinco días, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en la demanda de amparo que se provee. SE HABILITAN HORAS Y DÍAS HÁBILES AL ACTUARIO JUDICIAL. Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a cualquiera de los actuarios que le corresponda practicar alguna notificación relativa al presente expediente. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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