Ulises Aguilar Acosta
Expediente 298/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 298/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ulises Aguilar Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
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Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO DE AUTOS. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta y atento a su contenido, se tiene a la autoridad que lo suscribe, acusando recibo del oficio 16656 mediante el cual se hizo saber que la sentencia dictada en este juicio causó ejecutoria; asimismo, acusa recibo de tomo de pruebas y anexos que se adjuntaron a dicha comunicación, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmgCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta de junio de dos mil veintidós, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse a la autoridad responsable un tomo de prueba consistente en el original del toca penal número XI-14/2022, así como el archivo electrónico que contiene la resolución reclamada, así como los registros de constancias, audio y video de la causa penal 387/2021. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, incisos b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, en razón de haberse NEGADO el amparo y protección de la justicia federal, resolución que fue confirmada por el Tribunal de Alzada; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo II-298/2022, promovido por Ulises Aguilar Acosta, por su propio derecho, contra los actos de la: Magistrada de la Quinta Sala en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Ulises Aguilar Acosta, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y la autoridad que precisó en los siguientes términos: ". contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, por los criterios inversos y asentados, en la resolución de fecha 9 nueve de Marzo del 2022.." Acto que el promovente del amparo consideró violatorio, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno aleatorio, el conocimiento del asunto le correspondió a este Juzgado de Distrito y mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se ordenó formar el expediente II-298/2022; admitir a trámite el referido ocurso; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación; se ordenó la notificación del señalado proveído a la tercero interesada; y, se fijó fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Dicha audiencia se celebró el veintiséis de abril de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado, para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 9/2022 del propio Pleno. Igualmente se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra un acto que niega la vinculación a proceso, en materia penal emitido por una autoridad con sede dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable, es el siguiente: La sentencia pronunciada el nueve de marzo de dos mil veintidós, por la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca penal XI-14/2022, que confirmó el auto de no vinculación a proceso de veintisiete de enero de dos mil veintidós, pronunciado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, con residencia en esta ciudad, dentro de la causa penal 387/2021, por el que decretó la no vinculación a proceso a Isolina Aguilar Acosta, por estimar que no fueron acreditados los elementos del hecho fáctico de la imputación -Abuso de confianza equiparado- en agravio del ahora quejoso ULISES AGUILAR ACOSTA. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que le fue atribuido, por lo que se tiene plenamente probada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tales afirmaciones se corroboran con las constancias que integran el original del toca penal XI-14/2022, así como el disco compacto que contiene audio y video relativos a la causa penal 387/2021, que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado. Medios de convicción que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. A lo anterior resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En la misma forma apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, debe analizarse la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. Ahora, al no advertirse la actualización de alguna hipótesis que torne improcedente el presente juicio, ya sea de manera oficiosa o hecha valer por alguna de las partes, lo que se impone es realizar el examen del fondo del asunto, dando respuesta a los conceptos de violación. QUINTO. Transcripción innecesaria de los conceptos de violación. Este juzgado federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación, por considerar que para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen de los argumentos vertidos en la demanda de garantías con base en tales requisitos. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Como una cuestión previa conviene señalar que en el inciso b), de la fracción III, del Artículo 79 de la Ley de Amparo, prevé que en los casos en los que el promovente del juicio de control constitucional tenga la calidad de víctima en un proceso de índole penal deberá suplirse la deficiencia de la queja en su favor; por ese motivo, en caso de observarse alguna vulneración a los derechos fundamentales del peticionario de la protección constitucional, este órgano jurisdiccional realizará el pronunciamiento pertinente para que dicha violación sea subsanada. También es menester señalar que para un correcto examen de los argumentos vertidos por el quejoso, serán analizados en un orden distinto al en que fueron formulados, en tanto que algunos lo serán de manera conjunta, debido a la estrecha vinculación existente entre ellos, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación son infundados, sin que este juzgado advierta que deba suplirse su deficiencia acorde a lo dispuesto por el ya señalado artículo 79 de la Ley de Amparo. Del análisis integral de la demanda se desprende que el peticionario de la protección constitucional aduce medularmente que es contraria a derecho la sentencia pronunciada el nueve de marzo de dos mil veintidós, por la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dentro del toca penal XI-14/2022, que confirmó el auto de no vinculación a proceso de veintisiete de enero de dos mil veintidós, pronunciado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, dentro de la causa penal 387/2021, por el que la autoridad responsable decretó la no vinculación a proceso a Isolina Aguilar Acosta, por estimar que no fueron acreditados los elementos del hecho fáctico de la imputación - Abuso de confianza equiparado - en agravio del ahora quejoso ULISES AGUILAR ACOSTA. Lo anterior porque: La magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, al confirmar el auto de no vinculación a proceso emitido en favor de la imputada Isolina Aguilar Acosta, lo revictimizó. Que la resolución reclamada adolece de incongruencias, mentiras expuestas, aumento de argumentos y presenta suplencia indebida de la Magistrada responsable al confirmar el deficiente auto de no vinculación decretado pues "trata de arreglarle la página al Juez". Que la Magistrada y el Juez le escondieron constancias, ello debido a que el segundo no remitió a la alzada la causa penal de origen, en las que aduce, obra glosado el escrito de contestación de agravios que presentó el quejoso con relación a los motivos de disenso que formuló la fiscal contra el auto de no vinculación a proceso, en el que realizó diversas manifestaciones en torno a los testimonios de Humberto, Morayma y Corina, todos de apellidos Aguilar Acosta, así como los de Felipe Vega Aguilar y Tzitziki, ya que únicamente se remitió un disco óptico al tribunal de apelación, lo que provocó su falta de estudio en segunda instancia. Que el Juez de Control dio por sentada la veracidad del dicho de los testigos señalados sin apreciar que éstos pueden estar influenciados por diversos factores que inciden en su exactitud. En el caso, el transcurso del tiempo (cinco años). Por lo que el tribunal de alzada debió estimar que la valoración que realizó el juez de control de tales testimonios resultó deficiente y, por ende, revocar la determinación alzada y así reparar esa inexactitud, ya que al valorar un testimonio en lo individual el Juez debe analizar si concurre algún factor de influencia y si ello existe, será indicativo de la poca o nula fiabilidad; en caso contrario, es decir, si no concurre ningún factor de influencia, el testimonio debe además encontrarse corroborado con otros elementos probatorios, porque por sí solo no puede generar un alto grado de confirmación a las hipótesis fácticas que pretendan respaldar lo aquí asentado, en principio por el Juez y, a su vez, asimilando suplencia indebida por la ahora responsable, pues ésta aduce que sí inciden en el fallo recurrido para confirmarlo. Aunado a lo anterior, los testimonios citados no fueron materia de debate evitando el principio de contradicción. Lo anterior con fundamento en la tesis de rubro "VALORACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL CONFORME A UN MODELO PRESUNTIVISTA. IMPLICA NO DAR POR SENTADA LA VERACIDAD DE LO EXTERNADO POR EL TESTIGO, SINO ESCUDRIÑAR SI CONCURRE ALGÚN FACTOR QUE HUBIERE INCIDIDO EN LA EXACTITUD DEL RECUERDO CONFORME A LA PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO, ASÍ COMO DESARROLLAR UN EJERCICIO DE CORROBORACIÓN DE AQUELLA PRUEBA CON LOS DEMÁS ELEMENTOS DE JUICIO INCORPORADOS EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL." Que la responsable no fundó ni motivó el acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós que recayó al escrito presentado por el quejoso en la misma fecha, por el que desahogó la vista que se le dio respecto de la admisión de la apelación y solicitó que el tribunal de alzada requiriera la causa penal 387/2021 al Juez de Control e hiciera un análisis de todas y cada una de las cuestiones por él planteadas, atendiendo a sus derechos; esto es, que estudiara la carpeta de investigación y los diversos escritos de fondo (sic) presentados por éste y no en razón de uno de sus componentes (disco óptico). Que, además, tal acto no fue consentido porque en el escrito de desahogo expresó preparar el juicio de garantías. Que no es posible que con la argumentación que realizó el quejoso en su escrito de agravios, la Magistrada responsable "eche abajo" lo que dejó de estudiar y exponer el Juez en sus argumentos, ya que con tal exposición la responsable "trató" de esconder si es o no viable que el Juez haya estudiado como lo hizo lo expuesto por los atestes, en términos de la tesis de rubro: "PRINCIPIO DE ORALIDAD. LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES DEBEN DESCANSAR EN DATOS DE PRUEBA Y EL JUEZ DE CONTROL ESTÁ FACULTADO PARA CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SI REQUIERE CONSTATAR LA VERACIDAD DE LO PLANTEADO." Con registro digital 2021911. La Magistrada no debió calificar como inoperantes los agravios formulados por el fiscal identificados con las letras h), i) y c), así como los expresados por el quejoso visibles a fojas 12, 21 y 24 de la resolución alzada, porque los agravios sí cumplen la causa de pedir dándoles indebidamente un trato de estricto derecho. A más de que el tribunal de alzada no tiene permitido hacerlo acorde a la tesis de rubro: "AGRAVIOS EN EL RECURSO DE APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. ES IMPROCEDENTE CALIFICAR DE INOPERANTES LOS EXPUESTOS POR EL SENTENCIADO, AL CONTEMPLARSE DE MANERA IMPLÍCITA EL PRINCIPIO DE SUPLENCIA DE LA QUEJA A SU FAVOR EN EL ARTÍCULO 461, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Que la Magistrada responsable, al analizar el agravio formulado por el quejoso y que fue identificado por aquella como inciso c), debió reasumir jurisdicción y valorar cada uno de los datos de prueba de manera libre y lógica, justificando adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicar su valoración, con base en la apreciación conjunta integral y armónica de todos los datos de prueba, como lo dispone el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la tesis de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." Que la Magistrada responsable suplió la deficiencia de la queja adecuando (los errores del juez) en su perjuicio, ya que sobre el elemento del "requerimiento en forma" no existió debate en la audiencia de no vinculación, ya que tal elemento sólo fue destacado por el juez, pero no fue introducido por el fiscal, la asesora de la imputada o la víctima, de manera que al no participar en el debate, no es procedente que la Magistrada plasmara consideraciones no vistas en el video lo que va contra los derechos de la víctima aquí quejoso, vulnerando el principio non reformatio in peius. Que la Magistrada responsable al dar contestación a los agravios que ésta identificó como d) y q), inadvirtió que en la causa penal 387/2021, y en el debate se expuso la existencia de más de tres requerimientos en forma que se encuentran fundados y motivados y que fueron aceptados por autoridad judicial cuyo objeto fue notificar y requerir a la imputada, por lo que se cumplió cabalmente con los elementos del tipo, ya que la imputada fue requerida formalmente por autoridad judicial sobre la entrega de la cosa (rentas). Además, lo anterior fue materia de la ampliación de la querella tal como lo asentó el fiscal en la audiencia. El quejoso sostiene que nunca se debatió por la asesora de la imputada que los requerimientos en forma fueran idóneos para ello, por lo que tales requerimientos arrojan indicios o datos de prueba de que la imputada trata de desligarse de la contención de la cosa evadiendo su responsabilidad. Y si bien no hay solicitud de requerimiento de la cantidad total, eso por sí sólo no constituye un argumento eficaz para el fin que persigue. La responsable viola el principio de exhaustividad porque no estudia el inter (sic) criminis ya que debe realizar un análisis de la conducta delictiva, sin poder motivar aisladamente los datos de prueba ya que debió concatenar, adminicular y hacer uso de la prueba presuncional y del camino al delito para tener por acreditado el hecho punible y la probable responsabilidad. Se transgrede el principio de congruencia ya que al contestar los agravios señala que el juez no puede checar constancias que la víctima hizo patente en debate y constan en la causa; pero en cambio, sí permite que el Juez de Control los revise y atraiga los testimonios vertidos en favor de la imputada, ello sin haber sido introducidos para debatir. De ahí que procede su estudio acorde a los principios de contradicción e inmediación. Que tratándose de delitos de cuello blanco (abusos de confianza, fraudes, fiscales), se hace necesario por técnica jurídica de estudio desmembrar y descubrir el dolo, pues se puede encontrar en el tipo o en la conducta (violatividad), cosa que en la causa está explicado y lo señaló la quejosa, pero nunca fue atendido por el Juzgador de origen, menos por la ahora responsable. De lo contrario se hubiera obtenido como resultado que existe el hecho punible y la conducta típica. Anteriores circunstancias por las cuales el promovente de amparo solicita a este juzgado que se le conceda la protección de la Justicia de la Unión. Tales asertos, por una parte, resultan ineficaces y, por la otra, infundados, por los motivos que se exponen a continuación. Para un correcto entendimiento del asunto, conviene señalar que de la revisión de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtienen los siguientes antecedentes: El veintisiete de enero de dos mil veintidós, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, dictó auto de no vinculación a proceso en favor de Isolina Aguilar Acosta, por estimar que no fueron acreditados los elementos del hecho fáctico de la imputación - Abuso de confianza equiparado - en agravio del ahora quejoso ULISES AGUILAR ACOSTA. Inconforme con lo anterior, la fiscalía y la parte ofendida, ahora quejoso, interpusieron recurso de apelación, del que por turno correspondió conocer a la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el que lo registró con el número de toca penal XI-14/2022, y con fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, resolvió el medio de impugnación interpuesto al confirmar el auto de no vinculación a proceso dictado el veintisiete de enero de dos mil veintidós, materia de apelación y al efecto adujo: "(.) OCTAVO. Decisión. En base a las consideraciones invocadas, los agravios planteados por los apelantes resultan infundados, por lo cual, se confirma en sus términos la resolución recurrida de no vinculación a proceso, emitida por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Judicial Morelia, en la audiencia inicial desahogada el 27 de enero de 2022, dentro de la causa penal 387/2021, instruida en contra de Isolina Aguilar Acosta, por su probable participación en hechos que la ley señala como delito de abuso de confianza equiparado, en perjuicio de Ulises Aguilar Acosta. Por lo expuesto y fundado, se resuelve el medio impugnativo, de conformidad con los siguientes: P U N T O S R E S O L U T I V O S: PRIMERO. Esta Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. SEGUNDO. Los conceptos de inconformidad expresados por las partes apelantes resultaron infundados. TERCERO. Se CONFIRMA la resolución de no vinculación a proceso emitida por el A quo durante la audiencia inicial verificada el 27 de enero de 2022, dentro de la causa penal 387/2021, instruida en contra de Isolina Aguilar Acosta, por su probable participación en hechos que la ley señala como delito de abuso de confianza equiparado, en perjuicio de Ulises Aguilar Acosta. CUARTO. Gírense las comunicaciones conducentes. (.)" (Anterior determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional). Como se adelantó, resultan ineficaces los motivos de disenso marcados con los números III, IV y V, (únicamente en lo que corresponde al acto y violaciones atribuidas al Juez de Control). Ello toda vez que, en el particular, el acto reclamado lo constituye la diversa resolución de segunda instancia de fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, pronunciada por la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en el toca XI-14/2022, por la que se confirmó la de fecha veintisiete de enero de dos mil veintidós, emitida por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, por la que emitió auto de no vinculación a proceso en favor de Isolina Aguilar Acosta, por estimar que no fueron acreditados los elementos del hecho fáctico de la imputación - Abuso de confianza equiparado - en agravio del ahora quejoso ULISES AGUILAR ACOSTA. Lo cual conlleva a concluir que la resolución de primer grado y las actuaciones que se pretendieron combatir en ésta, no pueden ser motivo de análisis en esta sentencia, pues no constituyen la resolución reclamada, ya que ha quedado sustituida procesalmente por la determinación que emitió el magistrado responsable en la apelación. De ahí que esta potestad federal deba analizar únicamente los conceptos de violación que endereza en contra del acto efectivamente reclamado, es decir, la determinación de segundo grado. Máxime que, como puede advertirse del contenido del escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintidós, ante la responsable, en ningún momento solicitó que se remitieran las constancias que señala. Sin que se estime que es suficiente anunciar que se está preparando el juicio de amparo para que por ese solo hecho tenga que analizarse una determinación que quedó sustituida procesalmente, como ya fue señalado en los párrafos que preceden. Por ello son ineficaces tales argumentos. También resulta ineficaz el concepto de violación marcado con el número I, en el que se ubicó el agravio esgrimido por la quejosa, en el sentido de que la responsable lo revictimizó. Para evidenciar lo anterior es importante destacar que la revictimización o victimización secundaria según lo ha definido la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito es el conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo que derivan de la experiencia de la víctima en su contacto con el sistema de procuración de justicia, lo que y, supone un choque frustrante entre las legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada atención institucional recibida. En el caso de la resolución reclamada en esta vía constitucional, no se evidencia que la Magistrada responsable lo colocara en un plano acorde a dichos elementos o circunstancias, de ahí que no le asista la razón en el señalado concepto de violación. Máxime que en el particular el tribunal de alzada admitió y resolvió el recurso de apelación que el quejoso interpuso, sin que la sola resolución diversa a los intereses de aquel suponga una revictimización. Tanto es así que al valorar las pruebas sobre las que versaron los agravios y contestar éstos; no se advierte una nueva vulneración a los derechos fundamentales del quejoso o la comisión de nuevo delito en su contra. Incluso es meramente una afirmación sin sustento lógico o jurídico, que no trasciende al resultado del fallo, al no expresar razonadamente qué consideraciones del mismo lo revictimizan. Aunado a ello es válido resaltar que la Magistrada responsable únicamente atendió el procedimiento que fue sometido a su consideración, con lo que cumplió con el derecho que le asiste a la quejosa de una tutela judicial efectiva. En ese orden, resulta infundado el concepto de violación marcado con el número II, en el que se ubicó la afirmación del quejoso en el sentido de que la resolución reclamada adolece de incongruencias, mentiras expuestas, aumento de argumentos y presenta suplencia indebida de la Magistrada responsable al confirmar el deficiente auto de no vinculación decretado pues "trata de arreglarle la página al Juez". Lo infundado de tal concepto de violación resulta del análisis de la resolución reclamada, en la que en lo que aquí interesa la responsable señaló: ". Previo al estudio de las disidencias expuestas por la víctima y la fiscalía, es menester indicar que acorde con el contenido del artículo 461 del CNPP, este Tribunal sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso. En el caso concreto, luego de la revisión de los registros relacionados con la determinación impugnada, no se advirtió agravio que hacer valer de oficio por violación a derechos fundamentales; sin que sea obligación para la suscrita exponer argumentos para justificar tal consideración; por lo cual se procederá directamente a dar respuesta a las disidencias planteadas por los apelantes. (.)." De lo transcrito se advierte que la responsable, en primer término, destacó que la alzada fue instada por la víctima y la fiscalía. Que acorde con el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el estudio que realizaría, únicamente sería sobre los agravios expresados por los apelantes. Que por disposición legal, su estudio no podría extenderse a cuestiones no planteadas por los apelantes o más allá de los límites del recurso (salvo la aplicación de la suplencia de la queja en beneficio de la víctima). Así, destacó que luego de la revisión de las constancias no advirtió agravio que hacer valer de oficio por violación a derechos fundamentales, por lo que procedió a dar respuesta a los puntos de inconformidad que fueron esgrimidos por los apelantes, en los términos que expusieron. Finalmente, este órgano de control constitucional no advierte que la resolución reclamada presente las inconsistencias que aduce el quejoso, pues tal como lo refirió la responsable el análisis ahí realizado, se constriñó a atender los puntos que fueron sometidos a su consideración, y aquellos que en suplencia de la queja se advirtieron. De ahí lo infundado del concepto de violación analizado. En lo que corresponde al concepto de violación ubicado en el punto III, relativo a que la Magistrada le escondió constancias, ello debido a que el Juez de Control no remitió a la alzada la causa penal de origen, en la que aduce, obra glosado el escrito de contestación de agravios que presentó el quejoso con relación a los motivos de disenso que formuló la fiscal contra el auto de no vinculación a proceso, en el que realizó diversas manifestaciones en torno a las entrevistas de Humberto, Morayma y Corina, todos de apellidos Aguilar Acosta, así como los de Felipe Vega Aguilar y Tzitziki, ya que únicamente se remitió un disco óptico al tribunal de apelación, lo que provocó su falta de estudio en segunda instancia. Tal concepto es infundado. Lo anterior porque si bien refiere que en la causa penal 387/2021 del Juez de Control obra el escrito de contestación de agravios y que mediante diverso presentado ante la Magistrada responsable le solicitó se tomaran en cuenta tales manifestaciones. Empero, lo cierto es que no obra constancia de que efectivamente se hubiesen formulado. Incluso, de existir debe destacarse que no hay disposición que obligue al tribunal de apelación a analizar el escrito de contestación de agravios, ya que estos únicamente constituyen un medio por el cual la contraparte del apelante puede sostener, entre otras cuestiones, la legalidad de la sentencia impugnada. Además la litis de apelación en términos de lo dispuesto por los artículos 461 y 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se integra únicamente con la sentencia o auto impugnados y los agravios expresados en su contra por el recurrente. De manera que aún cuando no se hubiere hecho pronunciamiento sobre lo planteado por el promovente del amparo, la realidad es que tal circunstancia no se tradujo en una vulneración de sus derechos fundamentales, precisamente porque tales manifestaciones no podían generarle un mayor beneficio. Máxime que no se inobserva que el promovente de la acción constitucional es también coapelante, por lo que en su caso los motivos de disenso que éste formuló, vinculadas a la valoración de las entrevistas, también constituyen la litis de apelación; y en ellos, el quejoso pudo hacer valer (y sí sucedió) lo que a su derecho conviene, formando parte de la litis. A lo anterior se estima aplicable la Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "AGRAVIOS, CONTESTACION DE. EL TRIBUNAL DE ALZADA NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIARLOS. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla el tribunal de alzada no tiene el deber de ocuparse de los argumentos expresados en el escrito de contestación de agravios sino sólo de éstos." En el mismo sentido se estima aplicable la Jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "APELACIÓN, LA LITIS SE INTEGRA EN EL RECURSO DE, CON LA SENTENCIA IMPUGNADA Y LOS AGRAVIOS EXPRESADOS POR EL RECURRENTE. En el recurso de apelación, la litis se integra únicamente con la sentencia impugnada y los agravios expresados por el recurrente, de tal manera que el tribunal de alzada, no está obligado a tomar en cuenta el escrito de contestación a dichos agravios, exhibido por la contraparte del inconforme, toda vez que no existe precepto legal alguno en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal que así lo determine." Además, en lo que corresponde a que no se remitió la causa penal de origen a la alzada, lo cierto es que tampoco le asiste razón, toda vez que, por una parte, sí le fueron remitidos a la Magistrada responsable los autos que integran la causa penal, ya que éstos obran digitalizados en uno de los discos ópticos remitidos a la alzada por el Juez de Control. Por otra parte acorde a los artículos 471 y 475 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se colige que, como mínimo, para sustanciar la alzada resulta necesario contar con el registro óptico que contenga la audiencia apelada, así como el o los escritos de agravios correspondientes, el auto que les recayó, sus notificaciones a las partes y, de ser el caso, del escrito de contestación de agravios o de la apelación adhesiva. Por lo anterior es que la Magistrada responsable sí contó con todos los elementos necesarios para dirimir la alzada, contrario a lo que aduce el justiciable. En ese orden, también resulta ineficaz el concepto de violación marcado en el punto IV relativo a la valoración que realizó el juez de control de tales testimonios. Se concluye de esa manera toda vez que dicha cuestión es novedosa, pues no se hizo valer previamente ante la autoridad responsable en vía de agravio contenido en su recurso de apelación, lo cual lo vuelve ineficaz, pues en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto debe apreciarse tal y como se planteó ante la responsable. Apoya lo expuesto por analogía la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas." En ese sentido, al declararse ineficaz la parte del concepto de violación que se estudia, no resulta necesario realizar algún pronunciamiento respecto del criterio que se citó en la demanda de amparo, pues resulta insuficiente para superar el motivo de la inoperancia expuesto. Máxime si se toma en cuenta que en el proceso penal acusatorio y oral, rige el principio de contradicción de forma que si no se expusieron como agravios en la apelación los aspectos indicados, no fue posible correr traslado con ellos a la imputada para su conocimiento. El concepto de violación marcado con el número VI, en el que se anotó que el quejoso manifestó que no es posible que con la argumentación que realizó el quejoso en su escrito de agravios, la Magistrada responsable "eche abajo" lo que dejó de estudiar y exponer el Juez en sus argumentos, ya que con ello la responsable "trató" de esconder si es o no viable que el Juez haya estudiado como lo hizo lo expuesto por los atestes, en términos de la tesis de rubro: "PRINCIPIO DE ORALIDAD. LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES DEBEN DESCANSAR EN DATOS DE PRUEBA Y EL JUEZ DE CONTROL ESTÁ FACULTADO PARA CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SI REQUIERE CONSTATAR LA VERACIDAD DE LO PLANTEADO." Con registro digital 2021911. Resulta infundado toda vez que al analizar los agravios formulados por el quejoso por los que se inconformó con relación a las consideraciones del juez de control, respecto de las entrevistas de Humberto, Morayma y Corina, todos de apellidos Aguilar Acosta, así como Tzitziki, Mayra García García y Felipe Vega Aguilar, la Magistrada responsable estimó que, por una parte, las manifestaciones expresadas en torno a ello no atacaban la consideración del juez en cuanto a la fiabilidad de los testigos; además, sostuvo que resultaba subjetivo el hecho de que el quejoso aludiera que una de ellas no pudo haberle llevado el dinero por trabajar en el Poder Judicial Federal, así como en cuanto a la ausencia de recibos y otras pruebas como grabaciones del C5. Lo señalado porque, como válidamente lo sostuvo la Sala, cualquier elemento pertinente e idóneo es admisible y valorable en el Sistema Penal Acusatorio, por lo que si no se controvirtió la valoración de primera instancia, entonces deben subsistir las consideraciones realizadas en torno a ello por la responsable. Incluso debe destacarse que tal consideración no transgrede los derechos fundamentales del quejoso, porque la suplencia de la queja no implica admitir valoraciones inconducentes. Por otra parte, si bien es cierto que de conformidad con la tesis que invoca el justiciable, el Juez de Control está facultado para consultar la carpeta de investigación, también lo es que tal ejercicio debe realizarse únicamente cuando se requiere constatar la veracidad de lo planteado, como así se sostiene en el criterio que invoca. De forma que lo anterior no implica que el Juez de Control oficiosamente deba imponerse del contenido de la carpeta de investigación. Sino que, en atención a los principios de oralidad y contradicción, cuando se encuentre ante una situación que requiera aclarar el contenido o existencia de un dato de prueba, en primer término debe respetar el derecho que tienen las partes para esclarecer esa situación y, solo entonces, a petición de éstas podrá allegarse de los registros conducentes, a fin de contar con los elementos indispensables para poder dirimir la cuestión sometida a su consideración. De ahí que el criterio aludido no tenga la interpretación que pretende el gobernado. A lo anterior resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. POR REGLA GENERAL, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, NO DEBE REQUERIR DE OFICIO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, establece que en el auto de vinculación a proceso se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que aquél lo cometió o participó en su comisión. Así, conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, el Juez de Control, para determinar que existen elementos para iniciar un proceso contra el imputado, sólo debe considerar la formulación de la imputación y los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, porque tiene vedado revisar la carpeta de investigación para el dictado de esa resolución; sin embargo, tal impedimento desaparece, entre otros supuestos, cuando durante el debate solicita tener a la vista algún registro de la investigación contenido en dicha carpeta, para advertir alguna inconsistencia en los argumentos de las partes. Además, el artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, por ende, no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada; de ahí que, el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo promovido contra el auto de vinculación a proceso, no debe requerir de oficio la carpeta de investigación, porque ello originaría una resolución con elementos que no fueron rendidos ante el Juez de Control, sino que debe atender únicamente al contenido de la audiencia referida, sin que sea óbice que el tercer párrafo del artículo 75 citado faculte al juzgador de amparo para recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto, porque en materia penal dicha facultad está limitada a que tal solicitud no implique una violación a los principios que rigen el proceso penal acusatorio, lo que acontece precisamente cuando el Juez de Distrito requiere la carpeta de investigación para resolver el juicio de amparo indirecto; sin embargo, en caso de que el Juez de Control haya tenido a la vista algún registro de la investigación, que le permitió resolver determinada controversia o la situación jurídica del imputado, no existirá impedimento legal para que únicamente dicha constancia de la carpeta de investigación se remita en vía de informe justificado al Juez de Distrito, porque constituye una excepción, a la regla general, y aun en ese supuesto de excepción se cumplirá con el precepto indicado, en virtud de que el juzgador apreciará el acto reclamado como fue debatido ante el Juez de Control, en atención a los principios de contradicción e inmediación contenidos en el artículo 20 de la Constitución Federal, los cuales permiten el equilibrio entre las partes para sostener y debatir la teoría del caso respectiva." El concepto de violación marcado con el número VII, relativo a que la Magistrada no debió calificar como inoperantes los agravios formulados por el fiscal identificados con las letras h), i) y c), así como los expresados por el quejoso visibles a fojas 12, 21 y 24 de la resolución alzada, porque los agravios sí cumplen la causa de pedir dándoles indebidamente un trato de estricto derecho. A más de que el tribunal de alzada no tiene permitido hacerlo acorde a la tesis de rubro: "AGRAVIOS EN EL RECURSO DE APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. ES IMPROCEDENTE CALIFICAR DE INOPERANTES LOS EXPUESTOS POR EL SENTENCIADO, AL CONTEMPLARSE DE MANERA IMPLÍCITA EL PRINCIPIO DE SUPLENCIA DE LA QUEJA A SU FAVOR EN EL ARTÍCULO 461, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Lo anterior es fundado, pero ineficaz. Es cierto que tratándose de la materia penal por regla general, debe suplirse la deficiencia de la queja a favor de la víctima, incluso en igualdad de circunstancias que el imputado. Por lo que al realizar el estudio de alguna determinación judicial en apelación en el sistema penal acusatorio y oral, que viole los derechos fundamentales de la víctima, lo lógico es que, de ordinario, la suplencia opera acotada a la materia del recurso como se aprecia de la interpretación extensiva del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante, de las constancias que integran la determinación recurrida se desprende que la Sala responsable, luego de asignar tales calificativos, emprendió el estudio de cada uno de los motivos de disenso expresando de manera fundada y motivada las causas que la llevaron a estimar por qué resolvió en la forma en que lo hizo; esto es, que debería subsistir la determinación de primer grado, al compartir el criterio de que no se acreditó con los datos de prueba ofrecidos en la audiencia uno de los elementos que integran el hecho considerado como delito de abuso de confianza equiparado. En tales condiciones, en nada incide la asignación de dicho calificativo pues, según se observa, pese a ello, la Magistrada sí realizó el estudio correspondiente. Por otra parte, en el concepto de violación marcado como VIII, afirma el quejoso en el sentido que la Magistrada responsable al analizar el agravio formulado por el inconforme y que fue identificado por aquella como inciso c), debió asumir jurisdicción y valorar cada uno de los datos de prueba de manera libre y lógica, justificando adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicar su valoración con base en la apreciación conjunta integral y armónica de todos los datos de prueba, como lo dispone el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la tesis de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." Es infundado. Lo anterior porque como ya se adelantó, la Magistrada responsable, al analizar los recursos planteados, compartió los razonamientos del Juez de Control en los que estimó que con los datos de prueba aportados no fue demostrado uno de los elementos que integran el hecho punible. En esas condiciones la Sala sí puede asumir jurisdicción, pero únicamente cuando estime que a la luz de los agravios planteados existen elementos para revocar la determinación sometida a su jurisdicción, lo que en el particular no aconteció por los motivos que expuso en su determinación. En tanto que el tribunal de alzada no tiene la obligación de externar argumentos que evidencien por qué no procede la suplencia de la queja en el particular. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes." Además, debe destacarse que para emitir un auto de vinculación a proceso, el nuevo paradigma del sistema penal acusatorio señala que el estándar de prueba necesario es de probabilidad; es decir, que basta que se exhiban elementos que demuestren que existe una posibilidad de que se haya cometido una conducta descrita por la ley como ilícita y que es posible que la persona imputada la haya cometido o haya participado en su realización. De lo anterior se obtiene que los elementos que componen el auto de vinculación a proceso, son los siguientes: Que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. Que la ley señale como delito ese hecho. Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En ese sentido si no se justificó uno de los elementos que establece la ley para que se configure el delito de abuso de confianza equiparado, es válida la conclusión alcanzada por la responsable ya que no se satisfacen los elementos que exige la ley para la emisión de un auto de vinculación y por lo tanto la responsable no se encontraba obligada a proceder en los términos que alude el solicitante de la protección constitucional. Lo anterior acorde al precepto 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En igual forma resulta infundado el concepto de violación identificado como IX, en el que se ubicó la manifestación del quejoso en el sentido de que la Magistrada responsable suplió la deficiencia de la queja adecuando (los errores del juez) en su perjuicio, ya que sobre el elemento del "requerimiento en forma" no existió debate en la audiencia de no vinculación, ya que tal elemento sólo fue destacado por el juez, pero no fue introducido por el fiscal, la asesora de la imputada o la víctima, de manera que al no participar en el debate, no es procedente que la Magistrada plasmara consideraciones no vistas en el video lo que va contra los derechos de la víctima aquí quejoso, vulnerando el principio non reformatio in peius. Tal aserto es así porque, contrario a lo que se afirma, la Magistrada no se encontraba supliendo la deficiencia de la queja en perjuicio del quejoso, mucho menos "adecuando los errores del juez", ya que una de las atribuciones que tienen los Jueces de Control acorde a lo previsto por el mencionado precepto 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es resolver lo relativo a la solicitud de vinculación a proceso, para lo cual tiene la obligación constitucional de vigilar que se satisfagan los parámetros mínimos que se exigen para su emisión. Por lo que es irrelevante si en el caso existió o no debate sobre el elemento del requerimiento en forma, ya que ello le correspondía analizarlo en primera instancia al Juez de Control, pues en esa etapa la ley exige que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y, si a consideración del juez no se corroboró uno de los elementos de éste, era evidente que lo abordara, bajo el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de carga probatoria. Lo que significa que el Juez deba comprobar que, al menos, indiciariamente los datos de prueba ofertados presuman la existencia del hecho considerado como delito. De ahí que fue válido que el propio juez analizara tal cuestión, máxime que del contenido del disco óptico allegado por la responsable, se puede advertir que la defensa, en vía de alegato, destacó la inexistencia de uno de los elementos constitutivos del ilícito atribuido. Aunado a lo anterior, la Magistrada, en correcta aplicación de la suplencia de la queja a efecto de dilucidar si existieron o no violaciones procesales que afectaran al aquí quejoso, también emprendió el estudio de los datos de prueba allegados al proceso, concluyendo que la determinación del juez de origen fue correcta por las razones que ella expuso en su determinación. El concepto de violación ubicado en el número X, en el que se señaló la afirmación del quejoso consistente en que la Magistrada responsable al dar contestación a los agravios que ésta identificó como d) y q), inadvirtió que en la causa penal 387/2021, y en el debate se expuso la existencia de más de tres requerimientos en forma que se encuentran fundados y motivados y que fueron aceptados por autoridad judicial cuyo objeto fue notificar y requerir a la imputada, por lo que se cumplió cabalmente con los elementos del tipo, ya que la imputada fue requerida formalmente por autoridad judicial sobre la entrega de la cosa (rentas). Además, lo anterior fue materia de la ampliación de la querella tal como lo asentó el fiscal en la audiencia. El quejoso sostiene que nunca se debatió por la asesora de la imputada que los requerimientos en forma fueran idóneos para ello, por lo que tales requerimientos arrojan indicios o datos de prueba de que la imputada trata de desligarse de la contención de la cosa evadiendo su responsabilidad. Si bien no hay solicitud de requerimiento de la cantidad total, eso por sí sólo no constituye un argumento eficaz para el fin que persigue. Lo anterior resulta infundado. Es así porque al responder los agravios que alude el quejoso, la Magistrada precisó que compartía la determinación del juez de control por la que señaló que los datos de prueba expuestos en la audiencia no resultaban idóneos para justificar el requerimiento formal que, afirmó el quejoso, realizó a la imputada para que le entregara la parte que le correspondía de los pagos mensuales de los años dos mil quince y dos mil dieciséis, por concepto de renta del inmueble que ambos tienen en copropiedad. Ello porque de los registros de la audiencia advirtió que los datos de prueba del fiscal, entre los que se destacan la querella de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete; la ampliación de querella de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete; los medios preparatorios a juicio 92/2017; las diligencias de jurisdicción voluntaria 145/2017; las copias certificadas del juicio sumario civil 490/2017 y la jurisdicción voluntaria 432/2017, así como las diversas manifestaciones realizadas en la audiencia por el quejoso (en las que expresó groso modo, que mediante los juicios aludidos interpeló y requirió a la imputada sobre la entrega de las cosas, así como la existencia de treinta y dos recibos que obran en el expediente 490/2017, con los que según su dicho se evidencia que Isolina recibió diversos pagos por concepto de rentas, además de la existencia de un acta notarial por la que interpeló a su hermano Humberto, para ver si él había entregado tales rentas), no resultaban idóneos para acreditar el elemento del ilícito denunciado. Lo que sostuvo porque, según los razonamientos que expuso, el requerimiento formal debía entenderse como los actos de comunicación en virtud de los cuales un órgano jurisdiccional dirige a un litigante o a un tercero un mandato u orden judicial de realizar o dejar de realizar determinada actuación sea en el mismo acto de requerimiento o dentro de un plazo determinado. Así, compartió el razonamiento del juez en el sentido de que dicho elemento se podría justificar a través de un órgano jurisdiccional o un fedatario público; sin embargo, por una parte, descartó que el requerimiento realizado por la vía notarial fuera eficaz para el fin pretendido ya que éste no se dirigió a la imputada. Por otra parte, en lo que corresponde a los diversos procedimientos civiles, afirmó que de tales juicios no se desprendían datos que permitieran advertir que la autoridad jurisdiccional emitió comunicación oficial alguna con el fin de requerir formalmente a la imputada la entrega de la cosa, ya que todos se tramitaron con una finalidad distinta. Máxime que la propia Sala destacó que en uso de la voz, la defensa expresó que respecto al expediente 92/2017 sobre medios preparatorios a juicio, en la "demanda" no existía solicitud de requerimiento de la cantidad total y que eso se podía corroborar con el acta de notificación practicada por el actuario judicial respectivo. En tales condiciones, la autoridad no inadvirtió las manifestaciones que realiza, pues como se observó, fue exhaustiva al responder por qué compartía el criterio adoptado por el Juez de Control. En ese orden de ideas, también resultan infundados los conceptos de violación XI y XII, por los que adujo el quejoso que la responsable viola el principio de exhaustividad, porque no estudia el inter criminis ya que debe realizar un análisis de la conducta delictiva, sin poder motivar aisladamente los datos de prueba ya que debió concatenar, adminicular y hacer uso de la prueba presuncional y del camino al delito para tener por acreditado el hecho punible y la probable responsabilidad. Por otra parte, respecto al concepto de violación que se enmarcó en el punto XII en el que se anotó la manifestación del quejoso en el sentido de que se transgrede el principio de congruencia ya que al contestar los agravios señala que el juez no puede checar constancias que la víctima hizo patente en debate y constan en la causa; pero sí en cambio, permite que el Juez de Control, revise; atraiga los testimonios vertidos en favor de la imputada, ello sin haber sido introducidos para debatir. De ahí que procede su estudio acorde a los principios de contradicción e inmediación. Para demostrar lo anterior, conviene señalar que el contenido del artículo 17 Constitucional, es el siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales...". Tal dispositivo constitucional establece de forma explícita el principio de exhaustividad, así como implícito el de congruencia, ésta última atendiendo a sus dos concepciones interna y externa. La primera, atinente a que los actos de autoridad deben ser congruentes consigo mismos, es decir, no contener consideraciones contradictorias, además de que dichas consideraciones deben ser claras y accesibles para el justiciable. La segunda relativa a que el acto debe ser congruente con las constancias o con las pretensiones que se persigan en la contienda de que se trate. Además que la exhaustividad consiste en que se debe resolver sobre todos y cada uno de los aspectos sometidos a la consideración del órgano jurisdiccional, sin añadir ni excluir alguno de los tópicos que se hayan externado ante el órgano jurisdiccional y que puedan dejar sin defensa a alguna de las partes. En relación con el tema existe el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El artículo 17 constitucional consigna los principios rectores de la impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es el de la completitud, que impone al juzgador la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos. Para cumplir cabalmente con la completitud exigida por la Constitución, se impone a los tribunales la obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso puesto en su conocimiento, y esto se refleja en un examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio probatorio. El vocablo exhaustivo es un adjetivo para expresar algo que se agota o apura por completo. El vocablo agotar hace referencia a llevar una acción de la manera más completa y total, sin dejarla inconclusa ni en la más mínima parte o expresión como lo ilustra el Diccionario de la Lengua Española: "Extraer todo el líquido que hay en una capacidad cualquiera; gastar del todo, consumir, agotar el caudal de las provisiones, el ingenio, la paciencia, agotarse una edición; cansar extremadamente". Sobre el verbo apurar, el diccionario expone, entre otros, los siguientes conceptos: "Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente o exponerla sin omisión; extremar, llevar hasta el cabo; acabar, agotar; purificar o reducir algo al estado de pureza separando lo impuro o extraño; examinar atentamente". La correlación de los significados destacados, con miras a su aplicación al documento en que se asienta una decisión judicial, guía hacia una exigencia cualitativa, consistente en que el juzgador no sólo se ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una manera o forma cualquiera, sino que lo haga a profundidad, explore y enfrente todas las cuestiones atinentes a cada tópico, despeje cualquier incógnita que pueda generar inconsistencias en su discurso, enfrente las diversas posibilidades advertibles de cada punto de los temas sujetos a decisión, exponga todas las razones que tenga en la asunción de un criterio, sin reservarse ninguna, y en general, que diga todo lo que le sirvió para adoptar una interpretación jurídica, integrar una ley, valorar el material probatorio, acoger o desestimar un argumento de las partes o una consideración de las autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último cuando la sentencia recaiga a un medio impugnativo de cualquier naturaleza. El principio de exhaustividad se orienta, pues, a que las consideraciones de estudio de la sentencia se revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de consistencia argumentativa." (Lo subrayado es propio). El artículo y tesis transcritos revelan que la garantía de exhaustividad obliga al tribunal competente a decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos, de tal forma que se resuelva sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos materia del debate. De suerte que si al dictar la sentencia el órgano jurisdiccional omite el análisis y resolución de alguna de ellas, o incluye una no planteada por las partes, viola el referido principio y, en consecuencia, las garantías de legalidad y seguridad que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustentado lo anterior, de la resolución reclamada puede advertirse que los agravios que expresó el aquí quejoso y que señaló le causaron perjuicio en la resolución materia de apelación, fueron separados por la responsable y clasificados como incisos de las letras a) a la u). También se aprecia que tales agravios fueron debidamente analizados y respondidos a cabalidad por la Magistrada, expresando los motivos y fundamentos por los que estimó que no eran fundados. Toda vez que, como se observa, al promover el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, la Magistrada responsable acotó los agravios que formuló esencialmente el quejoso y al respecto precisó: "a) Contrario a lo resuelto por el Juez, se acreditan tanto el hecho con apariencia del delito de abuso de confianza equiparado, como la probabilidad de que la imputada lo cometió; esto a través de la prueba indiciaria que debió construirse a partir de los datos de prueba referenciados en audiencia y los que constan en la carpeta de investigación. b) La prueba idónea para acreditarlo es la confesión, de la misma se advierte el dolo con que se condujo la imputada en el inter-criminis. c) Debe valorarse la denuncia presentada por el querellante el 21 de marzo de 2017, porque constituye una confieso (sic), emitida por un letrado en licenciatura, mexicano, mayor de edad, consciente de lo que en ella narra, libre de malicia, sin vicios en la voluntad, que conoce a la activo, y que la misma ahora, conforma un instrumento público de acuerdo al CNPP y como tal adquiere valor, del mismo se conocen las circunstancias de forma, tiempo y lugar del hecho delictivo denunciado que conoció por sí y no por interpósita persona. d) También deberá ponderarse el expediente número 92/2017, del índice del Juzgado Quinto Civil de primera instancia en esta ciudad, sobre medios preparatorios de juicio, que constituye aviso indubitable; el actuario notificó a la activo que se había terminado -con ese aviso-, la sociedad; que se le requería de la entrega del numerario, se le otorgaba tiempo y se le señaló domicilio para efectos de la entrega del dinero. Elemento fundamental en el núcleo del delito de que se trata. e) Existe otro requerimiento judicial de pago sobre entrega de rentas ante el Juez 8° Civil, en la audiencia de conciliación art 118 procesal (sic); en la misma existe confesional de ella sobre la recepción de las rentas - cuaderno 32/2018- -esto el 17 de octubre de 2021-. Además, es un delito continuado. f) También, consta el expediente 432/2017, tramitado por la imputada ante el Juez Tercero Menor Municipal de Morelia, del 23 de marzo de 2017, en el que presentó escrito en jurisdicción voluntaria sobre liberación de obligaciones, para que el juez notificara al apelante que estaba hecho y consignado el porcentaje del 50% del pago de renta por $13,500.00; no obstante el Juez señaló que él no era el indicado, pues los trámites de contrato de arrendamiento eran ante Juez de Primera Instancia en materia civil. De ello se infiere que haya rentas por entregar a Ulises Aguilar Acosta, provenientes de un contrato, toda vez que si esas diligencias ampara una mensualidad del año 2017, es porque se adeudan las de los años 2015 y 1016. g) Existe también el expediente 490/2017 que se gestionó por el apelante, ante el Juez 8° de Primera Instancia en materia Civil, sobre recisión de contrato de arrendamiento para la entrega del bien y la renta, frente a Magdalena Beatriz León Marquéz, la imputada y otro, donde resultó a la activo la figura de consorcio pasivo necesario, puesto que ambos firmaron el contrato de arrendamiento; y si bien Isolina no puede entregarle el inmueble, sí puede oponer excepciones y defensas. Solo entregaron las rentas que quisieron; se desprende que tanto la arrendataria como el aval, señalaron y reprocharon que siempre entregaron las rentas a Isolina y anexaron 32 recibos. Además, en la audiencia de advenimiento - conciliación, entre la víctima y la activo, obra la confesional de Isolina Aguilar Acosta, en la que consta que ella admitió haber recibido el pago de esas rentas, así como que algunas las entregó a través de su hermano Humberto Aguilar Acosta, dando pie a que el ahora apelante acudiera ante el Notario Público número 1 para que interpelara a Humberto, quien ante ese fedatario indicó que sí recibió algunas rentas, pero que también las entregó a Ulises, sin exhibir el recibo que lo demostrara. h) Del testimonio de Moraima Aguilar Acosta, también se desprende que dijo haber entregado a Ulises algunas rentas, pero, tampoco exhibió ningún recibo para justificarlo. i) Tzitziqui Maira García García y Felipe Vega Aguilar, indican que también acudía a recibirlas al domicilio ubicado en la Avenida Madero esquina con Cuautla, pero no lo demostraron, no obstante que había cámaras de vigilancia de seguridad pública o C5. j) Existen en el expediente 490/2017 hojas que contienen capturas de whatsapp, las cuales son ilícitas, porque no fueron embaladas y además, son comunicaciones privadas entre Ulises Aguilar Acosta con su confrontada. k) El peritaje contable sobre el daño patrimonial causado, contiene una cantidad incorrecta, puesto que a él se le adeudan $398,000.00 pesos. l) Como dato para vincular a proceso a la imputada también obran las diversas audiencias (8) solicitadas al Juez de Control dentro de la carpeta 32/2018, y de donde se advierte que la imputada cometió el hecho con dolo y por sí misma, que se trata de un delito continuado y no existe causa de exclusión. m) El Juez de Control debió analizar las constancias de la carpeta de investigación, pues eso no le está vetado. n) El Juez erróneamente determinó que el querellante no impugnó los testimonios ofertados por la imputada, lo cual no es cierto porque del cuaderno de antecedentes 32/2018, consta que siempre los debatió, en virtud a que no les constan los hechos, no señalan circunstancias de tiempo, modo y lugar; además, dos de ellos, Corina y Humberto son profesionistas y, si entregaron el dinero ¿en dónde está el recibo correspondiente? Por su parte, Moraima, trabaja en un lugar en donde no le es permitido salir por lo que no pudo hacerlo para llevarle el dinero de la renta que le corresponde. En ese sentido el Juez no se pronunció. o) La causa y/o expediente conforman un todo que debe examinarse integralmente al momento de resolver; solicita congruencia y exhaustividad en la Alzada, que se analice la totalidad del expediente, no solo lo ocurrido en audiencia; que se estudie en su integridad. p) El criterio del Juez de Control es errado, al determinar que a él no le vincula el expediente 490/2017 del Juzgado Octavo Civil, porque se trata de un asunto civil, ignora que el contrato fue suscrito con dolo penal, porque la imputada sabía desde el inicio de la firma que no pagaría aquello a lo que se estaba comprometiendo con la víctima. q) También obra dentro del expediente número 92/2017, del índice del Juzgado 5° Civil de esta ciudad, relativo a los medios preparatorios de juicio, el requerimiento judicial realizado por Ulises Aguilar Acosta, donde el actuario le notificó a la activo que se había terminado con ese aviso la sociedad, que se le requería de la entrega del numerario, se le otorgaba tiempo, y la requirió formalmente; dicho requerimiento no fue valorado positivamente por el Juez, como un requerimiento formal; y ni el código penal, ni el procesal penal, refieren qué deberá entenderse por requerimiento formal. r) En el diverso expediente 490/2017 del Juzgado Octavo Civil, en específico, en la audiencia de conciliación, se volvió a requerir formalmente a Isolina del pago. s) En el cuaderno de antecedentes 32/2018, del índice del Sistema de Justicia Penal del Poder Judicial del Estado, en presencia del Juez y Ministerio Público, también la víctima requirió la entrega de la cosa. t) Es erróneo lo considerado por el juez de que en el expediente 490/2017 del Juzgado Octavo Civil, se encuentre pendiente de ejecutar la resolución, para determinar si resulta alguna obligación a Isolina; ese juicio se inició - en contra de Isolina-, no para que entregara la casa - porque ella no la tenía-, sino porque no se sabía quién tenía las rentas; pero, al saber que sí las tenía ella, se presentó en su contra la querella. u) El juez valoró erróneamente los 32 recibos de pago de rentas que exhibió Isolina Aguilar Acosta a los arrendatarios Magdalena Beatriz López Márquez y Diego Alejandro Czentorycky (sic) López, argumentado que por haber variado la firma, ello pudiera constituir otro delito y por ello no lo vincula." Ahora, en la resolución combatida en el presente caso, dictada en el toca de apelación XI-14/2022, la autoridad responsable sí atendió los agravios que fueron señalados. Al efecto, en lo que corresponde a los identificados con las letras a), m) y o), consideró que resultaban infundados, y para evidenciarlo destacó el contenido del artículo 20, apartado a), fracciones II, III, IV y X, de la Constitución Federal, que establece las bases y principios del sistema penal. Luego precisó que por regla general todas las audiencias preliminares y de juicio deben ser orales, estar presididas por el Juez o Tribunal; y, que se considera como prueba solo la que se haya desahogado en audiencia, en tanto que sólo podrán considerarse como datos de prueba a los que se expongan oralmente en dichas audiencias; por lo que, afirmó, no pueden considerarse elementos no expuestos en la audiencia de que se trate, ni tampoco el juez puede acceder directamente a la carpeta de investigación, ello porque la exposición de lo que en ella existe corresponde aportarlo a las partes de forma oral bajo el principio de contradicción. En esa línea de pensamiento, invocó los artículos 44, 52 y 307 al 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los que subrayó la oralidad en las actuaciones, que los actos procedimentales que deban ser resueltos por el Juez se llevarán a cabo por medio de audiencias orales; y, que el procedimiento a desarrollar cuando se solicita la imputación de un delito será de forma oral, en el que las partes tendrán la oportunidad de aportar los datos de prueba e incluso, refirió que en casos especiales, podrán desahogar medios de prueba, sin que las disposiciones invocadas permitan la verificación directa por parte del Juez de los registros escritos, siendo por tanto, errónea la apreciación del ofendido. Asimismo, sostuvo que la tesis que invocó el justiciable de rubro: "PRINCIPIO DE ORALIDAD. LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES DEBEN DESCANSAR EN DATOS DE PRUEBA Y EL JUEZ DE CONTROL ESTA FACULTADO PARA CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SI REQUIERE CONSTATAR LA VERACIDAD DE LO PLANTEADO", con registro digital 2021911, no resultaba aplicable al caso en concreto, toda vez que de su lectura se apreciaba que la consulta de la carpeta de investigación por parte del juez es excepcional y, en específico, para dilucidar un punto de controversia cuando tiene duda, lo que sostuvo, no ocurrió en el caso. Aunado a ello, al analizar los agravios identificados con los caracteres l), n) y s), determinó que debían correr la misma suerte que los anteriores, porque tal información no se dio a conocer en la audiencia de que se trata, no fue expuesta a la contradicción y, por tanto, no debía ser tomada en cuenta, ya que tanto la fiscal como el ofendido tuvieron oportunidad de incorporarla en el momento procesal oportuno y no lo hicieron; de ahí que éstos resultaran inundados. Por otra parte en lo que respecta a los agravios señalados en los incisos j), e) y l), en los que el quejoso señaló que las capturas de whatsapp existentes en el expediente 490/2017 de la estadística del Juzgado Octavo Civil son ilícitas, así como que el delito de abuso de confianza equiparado es de carácter continuado; la Magistrada responsable refirió que resultaban inoperantes, porque sobre tales aspectos no existió controversia. En otro contexto, con relación a los agravios expresados en el inciso c), respecto del valor que desde su perspectiva debió darse a su querella, la autoridad precisó que resultaba infundado. Para patentizar tal calificativo, en primer término sostuvo que en el sistema acusatorio no existe un valor tasado para las pruebas, por lo que acorde al 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales, éstas deben ser valoradas de manera libre y lógica; además, precisó que en ese momento procesal la información que se dio a conocer aún no se constituye en prueba, sino que sólo son datos de prueba sobre los que se debe analizar su pertinencia e idoneidad para establecer en su caso, la existencia del hecho delictivo y la probable participación de la imputada en su comisión; de esa forma, para que la querella tenga un peso suficiente, debe estar soportada en datos de prueba con esas características. Con relación a ello estimó que resultaban infundadas las impugnaciones del quejoso identificadas con los incisos d) y q), así como las del fiscal, centradas en que el juez de control estableció indebidamente que no se encontraba justificado el hecho de la imputación porque uno de los elementos no se encontraba acreditado, en específico lo relativo al requerimiento formal de la cosa retenida a que alude el numeral 216 del Código Penal del Estado de Michoacán, sostuvo que compartía la determinación del Juez de Control, por la que señaló que los datos de prueba expuestos en la audiencia no resultaban idóneos para justificar el requerimiento formal que afirmó el quejoso haber realizado a la imputada para que le entregara la parte que le correspondía de los pagos mensuales de los años dos mil quince y dos mil dieciséis, por concepto de renta del inmueble que ambos tienen en copropiedad. Lo anterior porque de los registros de la audiencia advirtió que el fiscal expuso como datos de prueba para sustentar el requerimiento de pago los siguientes: Querella de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, presentada por el quejoso en la que refirió ser copropietario junto con la denunciada del inmueble ahí precisado, haber realizado el quince de enero de dos mil quince al quince de diciembre del mismo año un contrato de arrendamiento respecto del mismo con Magdalena Beatriz López Márquez, acordando dividirse con la denunciada en partes iguales las ganancias; y, celebrar un segundo contrato de arrendamiento del quince de enero de dos mil dieciséis al quince de enero de dos mil diecisiete; que la imputada sólo le entregó por conducto de su hermano Humberto la renta de diciembre de dos mil dieciséis y enero de dos mil diecisiete, no así los montos antiguos correspondientes al año dos mil quince y dos mil dieciséis, por las cantidades de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/00 m.n.) y $148,500.00 (ciento cuarenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 m.n.). Que por lo anterior, promovió medios preparatorios a juicio de los que correspondió conocer al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia en esta ciudad quien los registró con el número 92/2017, a fin de requerir la entrega del numerario y/o la cuenta de administración, sin tener éxito; luego, en el juicio 813/2016 tampoco tuvo éxito porque la imputada negó los hechos. Ampliación de querella de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, el quejoso adicionó que las rentas de enero a febrero de dos mil diecisiete la imputada sí se las entregó. Medios preparatorios a juicio 92/2017 del índice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia en esta ciudad, en la que se dijo, la imputada negó los hechos. Diligencias de jurisdicción voluntaria 145/2017 en las que refirió el quejoso haber solicitado la terminación del contrato de arrendamiento por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato de quince de enero de dos mil dieciséis al quince de enero de dos mil diecisiete. Copias certificadas del juicio sumario civil 490/2017 que sobre desocupación de inmueble promovió la víctima apelante contra Magdalena Beatriz López Márquez, Diego Alejandro Zenzón López e Isolina Aguilar Acosta, en el que adujo se acreditó que la imputada recibió treinta y dos recibos de pago de rentas por parte de Magdalena por los periodos ahí destacados. Asimismo, en tal contencioso por una parte, se declaró procedente la acción intentada y se condenó a Magdalena al pago de las rentas no cubiertas y que se sigan venciendo hasta lograr la desocupación del inmueble; y, por otra parte, se absolvió a Magdalena de las rentas de enero de dos mil diecisiete a marzo de dos mil dieciocho que recibió Isolina. Jurisdicción voluntaria de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, que sobre liberación de obligaciones promovió Isolina, con el objeto de consignar en favor de Ulises el pago del cincuenta por ciento del pago de rentas, de las que correspondió conocer al Juez Tercero Menor Municipal quien lo registró bajo el número 432/2017 y determinó que ante dicho órgano no era la vía idónea para conseguir lo pretendido, ya que los trámites relacionados al contrato de arrendamiento correspondía conocerlos a un Juez Civil de Primera Instancia. Asimismo, que luego de la exposición de los datos de prueba de la fiscalía el ahora quejoso realizó diversas manifestaciones en las que expresó: "que hubo una duda en el expediente del juzgado tercero civil, es el 432/2017 donde Isolina Aguilar Acosta se trata de liberar de obligaciones a razón de la interpelación que yo le hice en el Juzgado 5° Civil, donde se le requirió de la entrega, y como un elemento esencial del tipo penal de abuso de confianza, y así lo refiere el código. Segundo, de la prueba indiciaria o indicial, podremos advertir que en el expediente 490/2017 existe la confesional de Isolina; existe una audiencia donde les hicieron saber que podrían llevar una audiencia donde les hicieron saber que podrían llevar una audiencia de conciliación y en la cual también la interpelé sobre la entrega de las cosas; en la prueba confesional ante el Juez 5° civil, es decir, ante autoridad civil judicial, también se le requirió. También los testimonios de Magdalena y de quien fungió en el contrato de arrendamiento como aval, también hace confesión y argumenta y dice ante el Juez que efectivamente le entregaron las rentas a Isolina. Además, de los 32 recibos que obran en autos, Isolina falseó la firma y también en su deponencia que hizo ante el Ministerio público cuando compareció por escrito, niega haber firmado un contrato, cuando es evidente que el contrato está ahí, y que ella firmó. Pero, el inter-criminis, se compone de eso, el camino del delito; ella desde siempre trató de falsear documentación, como son los mismos recibos que son 32 y aparentemente hay como 10 o 12 firmas diversas, con la intención de evadir su responsabilidad. Entonces, yo sí creo que la prueba circunstancial se debe aplicar en el caso, además de los indicios y los datos de prueba que arroja éste. También existe un acta Señor, en la cual yo, al momento de que en la confesional Judicial ante el Juzgado 5° Civil, Isolina refirió que las rentas, cuando yo la interpelé, me dice que las rentas las tenía Humberto; esta acta fuera de protocolo del Notario número 1, es de fecha 14 de septiembre de 2017, donde con inmediatez después de la confesional de Isolina, al siguiente día ocurrí ante el Notario para pedirle que interpelara a Humberto, para ver si efectivamente él me había entregado las rentas, lo cual dijo que sí, pero nunca lo justificó con prueba idónea bastante. Esta también es una prueba que está en el expediente, que forma un dato de prueba y que es lo que se compone como prueba indiciaria; además, como le vuelvo a repetir señor, es importante ver el inter-criminis, que la ahora Isolina realizó en este expediente, en esta causa." En ese orden, se destacó que en uso de la voz la defensa expresó que respecto al expediente 92/2017, sobre medios preparatorios a juicio, en la demanda no existe solicitud de requerimiento de la cantidad total y que eso se podía corroborar con el acta de notificación que realizó el actuario. En contestación a tal manifestación la fiscalía sostuvo ante el Juez de Control que sí existió requerimiento en el citado expediente, y que también en los diversos 490/2017 y 432/2017 promovido por Isolina, ya que fue ésta última quien inició las diligencias de jurisdicción de consignación aludidas, además de que también existe un acta notarial en la que se interpeló a Humberto, quien aceptó haber entregado las rentas. Destacado lo anterior, la Magistrada responsable precisó que al no existir en la ley una definición de qué debía entenderse por requerimiento formal, acudió a la doctrina y afirmó que por tal elemento significaba: "los actos de comunicación en virtud de los cuales un órgano jurisdiccional dirige a un litigante o a un tercero un mandato u orden judicial, de realizar o dejar de realizar una determinada actuación, sea en el mismo acto del requerimiento o dentro de un plazo determinado". En esa línea de pensamiento, afirmó que lo anterior se traducía en (I) una exigencia en sentido negativo o positivo emitida por un órgano jurisdiccional; además, que (II) también era posible hacerlo a petición de parte por conducto de un notario público, porque por una parte, sus actuaciones gozan de la presunción de certeza y por la otra, se encuentran facultados por la Ley para realizar requerimientos. Sentadas las anteriores premisas, la Magistrada descartó que el requerimiento formal se haya realizado por la vía notarial, porque la interpelación efectuada por esa vía no fue dirigida a la imputada, sino que se dirigió a su hermano, cuando lo que exige el tipo penal es que sea contra el sujeto activo del ilícito. En tanto que, por lo que corresponde a los diversos procedimientos civiles, estimó -al igual que el Juez de Control-, que no se dio a conocer información idónea que evidenciara la existencia del requerimiento formal exigido, porque no se desprendían datos que permitieran advertir que la autoridad jurisdiccional emitió comunicación oficial alguna con ese fin específico, ya que todos los procesos civiles fueron tramitados con una finalidad distinta. Así, en los medios preparatorios a juicio 92/2017 la imputada negó los hechos materia de ese procedimiento; además, en ningún momento se informó en la audiencia que durante ese trámite el actuario judicial adscrito al juzgado que las radicó, haya notificado a la activo que se había terminado la sociedad y que se le requería de la entrega del numerario, lo que aunado a la manifestación realizada por la defensa en el sentido de que en ningún momento se realizó tal requerimiento y, que tal expresión no se desmintió, no se tuvo por cierto tal requerimiento. Por otra parte, los motivos de disenso de la víctima identificados por la responsable con los incisos g), r) y t), fueron calificados como infundados. Lo anterior porque el propio quejoso aceptó en sus agravios g) y t), que a Isolina le asistía el carácter de litisconsorte pasiva necesaria, ya que no fue demandada y, por ende, condenada; de lo que dedujo, no pudo ser requerida en tal procedimiento. Ello con independencia de que se haya entregado a ésta el pago de las rentas que amparaban los treinta y dos recibos anexados a tal juicio, porque tal circunstancia no justifica el elemento no acreditado, esto es, el requerimiento formal de entrega de la cosa. En vinculación con tales razonamientos, expresó que los agravios que identificó con los incisos p) y t), en el sentido de que es errado que al Juez de Control para resolver no le vincula el expediente 490/2017 del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en materia civil, con residencia en esta ciudad, y que además se encuentra pendiente de ejecutar la resolución ahí emitida para determinar si le resulta o no alguna obligación a Isolina, son inoperantes. Y, al margen de la inconsistencia de tal calificativo, lo cierto es que la Magistrada responsable emprendió el estudio de los agravios planteados, estimando por una parte que al tener una finalidad distinta al requerimiento de entrega de la cosa no es idónea para la causa penal de la que deriva el acto aquí reclamado y, por la otra, que no se justificó que se haya requerido a la imputada la entrega del dinero de las rentas, lo que le correspondía al querellante. Además, en lo que concierne a los agravios identificados con los incisos a) y o), dijo que con independencia de que la imputada haya recibido de la arrendadora el pago de las rentas por los años dos mil quince y dos mil dieciséis, lo que puede corroborarse con los treinta y dos recibos que fueron exhibidos en el juicio 490/2017, así como el expediente 432/2017 por el que la imputada intentó consignar la parte proporcional de un mes de renta; no obstante ello, no existe requerimiento formal de la entrega de la cosa. En otro contexto, en lo que ve a los incisos h) e i), por los que se inconformó el ahora quejoso con las entrevistas de Humberto Aguilar Acosta, Moraima Aguilar Acosta, Corina Aguilar Acosta, Tzitziqui Mayra García García y Felipe Vega Aguilar, la Magistrada sostuvo que los mismos no atacaban las consideraciones del juez en cuanto a la fiabilidad de los testigos. Por lo anterior era infundado que los datos de prueba ofertados arrojaran indicios que pudieran constituir la prueba circunstancial para acreditar el hecho con apariencia del delito de abuso de confianza equiparado; pues sostuvo, no se desprendía información apta en lo individual o en su conjunto, para evidenciar que la imputada fuera requerida formalmente del pago de las rentas reclamadas. Ahora bien, con relación al agravio en el que sostuvo que el Juez de Control prescindió de analizar el dolo de la imputada en el iter criminis, afirmó que para la emisión del auto de vinculación a proceso es suficiente que se aporten datos de prueba de los que se advierta la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en su comisión o participación en el activo, por lo que la actualización del dolo, al ser un elemento de carácter subjetivo deberá ser valorado por el Juez hasta el dictado de la sentencia y no en la audiencia de control, etapa en la cual, resulta innecesario dicho estudio. Por otra parte, el agravio identificado con la letra n), fue desestimado, porque lo relativo al cuaderno de antecedentes 32/2018 a que hizo alusión la víctima no fue incorporado como dato de prueba, de ahí que estimó que tal constancia era un dato que pretendía incorporar en la alzada; lo que no era dable al no ser sujeto a contradicción de las partes. Finalmente, con relación al inciso k), estimó que no le causaba perjuicio al quejoso porque tal cuestión era secundaria, ya que lo fundamental era acreditar la existencia de un requerimiento formal a la imputada de la entrega de las rentas a fin de emitir un auto de vinculación a proceso; así, concluyó la responsable que por las razones expuestas no era dable dictar un auto en el sentido que pretendían los apelantes, porque de hacerlo se vulnerarían derechos de la imputada porque no existían datos de prueba suficientes para ello. Por lo anterior es evidente que la determinación de segundo grado sí fue exhaustiva porque se pronunció respecto de los agravios expuestos; y, fundó y motivó suficientemente tal fallo, además expresó los motivos que la llevaron a resolver en la forma en que lo hizo; de ahí que tales conceptos de violación sean infundados. Ello aunado a que el iter criminis es utilizado en el Derecho Penal para referirse al proceso de desarrollo del delito; es decir, las etapas que posee, desde el momento en que se idea la comisión de un delito hasta que se consuma. De manera que la Magistrada no se encontraba constreñida a analizar la conducta desplegada por la activa, ya que previo a ello, debía verificar si fue correcta la determinación del Juez de Control en el sentido de que hasta ese momento, con los datos de prueba ofertados, no se acreditaban los elementos del tipo, imposibilitando así el análisis de la probable comisión del ilícito, pues para ello, primero debían existir elementos que al menos hicieran probable la existencia del hecho denunciado. Resulta infundado el concepto de violación ubicado en el punto XIII, relativo al señalamiento que realiza el quejoso en el sentido de que tratándose de delitos de cuello blanco (abusos de confianza, fraudes, fiscales), se hace necesario por técnica jurídica de estudio desmembrar y descubrir el dolo, pues se puede encontrar en el tipo o en la conducta (violatividad), cosa que en la causa está explicado y lo señaló la quejosa pero nunca fue atendido por el Juzgador de origen, menos por la ahora responsable, de lo contrario se hubiera obtenido como resultado que existe el hecho punible y la conducta típica. Lo infundado deviene al tomar en consideración que, como válidamente lo sostuvo la Magistrada, en el sistema de justicia penal acusatorio y oral, para el dictado de un auto de vinculación a proceso es suficiente que se aporten datos de prueba de los que se advierta la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Por ende, basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa. Así, señaló la responsable, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero, dicho elemento, al ser de carácter subjetivo deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. En el caso, no debe inadvertirse que no existen datos de prueba que justifiquen la existencia de uno de los elementos que integran el hecho con apariencia de delito de abuso de confianza equiparado, por tal razón no podía realizarse el estudio del dolo al no haberse demostrado la existencia de conducta típica punible. Máxime que, como ya fue adelantado, este órgano jurisdiccional no advierte motivo para suplir la deficiencia de la queja. Finalmente, resulta infundado el concepto de violación relacionado con el numeral V, relativo a la afirmación que realiza el quejoso respecto a que el acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós que recayó al escrito presentado en la misma data, por el que desahogo la vista que se le dio respecto de la admisión de la apelación y en el que solicitó que el tribunal de alzada requiriera la causa penal de origen e hiciera un análisis de todas y cada una de las cuestiones planteadas. Lo anterior porque no obstante de ser una determinación que fue sustituida por la sentencia que dirimió el recurso de apelación tal como se precisó en parágrafos que anteceden, no debe inobservares que tal acuerdo se limitó a tener al inconforme por hechas las manifestaciones que realizó, las cuales dijo, serian tomadas en cuenta al momento de dictar la resolución correspondiente, sin que ello por si solo le cause un perjuicio. Ello porque por una parte, tal determinación es de mero trámite y, por la otra, como fue expuesto en la presente sentencia, la magistrada responsable emitió la resolución reclamada en estricto apego a la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 Constitucional. Resta decir que la determinación que ahora se adopta no contraviene el principio pro persona a favor del quejoso, pues ello no implica que las cuestiones planteadas ante una determinada autoridad deban ser resueltas indefectiblemente de manera favorable, ni aun cuando se trate de establecer una interpretación más amplia y extensiva a determinadas normas jurídicas. Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." En ese sentido, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ulises Aguilar Acosta, respecto de los actos reclamados a la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe, hoy treinta de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.Mrc*
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA ISOLINA AGUILAR ACOSTA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo II-298/2022, promovido por Ulises Aguilar Acosta, por su propio derecho, contra los actos de la: Magistrada de la Quinta Sala en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. ... Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ulises Aguilar Acosta, respecto de los actos reclamados a la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe, hoy treinta de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.Mrc*
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