Ulices Valenzuela Espinoza

Expediente 759/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
759/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
08/10/2018

Partes del expediente

  • Ulices Valenzuela Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo.

  2. Principal

    Se notifica por lista al quejoso Ulises Valenzuela Espinoza. Vista la razón que refiere la razón de cuenta, de la que se desprende que no fue posible notificar al quejoso Ulises Valenzuela Espinoza, el auto de veintiuno de septiembre del año en curso, por los motivos expuestos en la misma, en consecuencia, notifíquese por lista el auto en comento, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones. (auto 21 de septiembre de 2018) Vista la demanda de amparo promovida Ulices Valenzuela Espinoza, por derecho propio, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar y otra autoridad; anótese en el libro de gobierno; de igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. Desechamiento de la demanda. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte, que el quejoso reclama el auto de admisión del incidente de fijación de alimentos de en ejecución de sentencia, derivado del juicio ordinario familiar de reconocimiento de paternidad 506/2014, en el que se decreta la cantidad provisional a favor de un menor. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta a desechar de plano la demanda de garantías al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En el presente caso, resulta incuestionable que la demanda de amparo debe desecharse, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.] De esta disposición se obtiene, entre otras cosas, que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Así, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) El acto reclamado sea resolución proveniente de autoridad judicial; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Como se indicó, el acto reclamado se hace consistir en el auto de admisión del incidente de fijación de alimentos de en ejecución de sentencia, derivado del juicio ordinario familiar de reconocimiento de paternidad 506/2014, en el que se decreta la cantidad provisional a favor de un menor Luego, los artículos 210, fracciones I, V, y IX, y 214 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, prevén: 210.- Se ventilarán sumariamente: I. Los juicios de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban con el carácter de estabilidad por contrato, por testamento o por disposición de este Código, ya tengan por objeto el pago y el aseguramiento o sólo alguno de ellos, así como el aumento y la disminución de pensiones definitivas y la cesación de la obligación alimentaria; [.] V. Las diferencias que surjan entre el marido y la mujer sobre la administración de los bienes comunes, la educación de las hijas y los hijos, oposiciones de maridos, padres y tutores y en general, todas las cuestiones familiares de igual importancia, que reclamen la intervención judicial; [.] IX. Cuestiones de guarda y custodia compartida; [.] 214. Las reglas del juicio ordinario, se aplicarán al sumario en lo que no se opongan a lo dispuesto en el presente Título. En los sumarios no son admisibles la reconvención o la compensación, sino cuando las acciones en que se funden estén también sujetas a juicio sumario. Lo resuelto sobre alimentos que sea apelado se ejecutará sin fianza, y las resoluciones que recaigan en los casos de las fracciones V y IX del artículo 210 de este Código, son inapelables. Lo anterior pone de manifiesto que el acto que reclama el quejoso se ubica en la fracción I del artículo 210 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, como se constata del precepto transcrito previamente, lo que conlleva a establecer, de modo indudable, que esa determinación, sí es apelable, pues queda comprendida dentro de la hipótesis prevista en la primera parte del tercer párrafo del diverso ordinal 214 de ese propio Código. Así pues, el precepto mencionado en segundo orden, literalmente dispone, en la primera parte de su último párrafo, que: Lo resuelto sobre alimentos que sea apelado se ejecutará sin fianza [.]; lo que lleva a la inequívoca conclusión de que los juicios relativos a alimentos provisionales, son apelables. En tanto que lo establecido en la segunda parte del tercer párrafo del artículo 214 del multicitado ordenamiento, que dice: [.] y las resoluciones que recaigan en los casos de las fracciones V y IX del artículo 210 de este Código, son inapelables; son supuestos distintos a juicios de alimentos, por la básica razón de que esa distinción está plasmada expresamente en dicha codificación. Por tanto, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de apelación previsto en el precepto 214, párrafo tercero del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, así pues, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que, con apoyo en el precepto 113, del ordenamiento en cita, procede desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza. Transparencia y acceso a la información. Cabe precisar que cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos, conforme a la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la ley de la materia, se tiene como domicilio procesal el señalado en su escrito de demanda y como autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Eloy Armenta Leal, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Gonzalo Armenta Leal, por no tener registrada su cédula profesional para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En base a lo dispuesto por el tercer párrafo del ordinal 21 de la Ley de Amparo, con el fin de dar celeridad al asunto y no contravenir lo señalado en el artículo 17 Constitucional, este órgano jurisdiccional habilita los días y horas inhábiles que sean necesarios, a efecto de practicar las notificaciones que se deriven de la tramitación del presente juicio de garantía

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