Ulices Jorge Flores

Expediente 150/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
150/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Ulices Jorge Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio signado por el delegado del Congreso del Estado de Morelos y de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de dicho congreso, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de siete de noviembre del año en curso, informa que se remitió a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, el dictamen con proyecto de decreto aprobado del quejoso Ulices Jorge Flores, para continuar con el proceso legislativo correspondiente; y, para acreditar dicha circunstancia, remite copia simple y certificada, respectivamente, de los oficios LV/DTVR/CTPSS/5536/2023 y LV/DTVRR/CTPySS/5449/2023. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales conducentes; y se tiene a las autoridades responsables realizando actos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En ese sentido, con fundamento en lo establecido por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables Congreso del Estado de Morelos y Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, para que dentro del término de diez días, contado a partir de que queden legalmente notificadas del presente proveído, informen lo que determinó la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, respecto del dictamen con proyecto de decreto aprobado del quejoso Ulices Jorge Flores; debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Asimismo, se precisa que el plazo concedido se fija en términos del último párrafo del artículo 192 citado. Se apercibe a las responsables que en caso de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el diverso 258, ambos de la ley de la materia, se les impondrá una multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendientes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 Constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que, con exactitud, deberán cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio remitido en representación del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual se hace del conocimiento que por oficio LV/DTVR/CTPSS/5303/2023, el secretario técnico de la Comisión, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, informó que en sesión ordinaria de treinta de octubre del presente año, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto de pensión por jubilación del quejoso Ulices Jorge Flores, misma que se encuentra pendiente de firmarse por la totalidad de los integrantes de la referida comisión. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes; y, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Congreso del Estado de Morelos, para que dentro del término de cinco días posteriores a la notificación del presente proveído: Remita copia certificada del decreto probado, así como el acuse de recibo en el que conste que el mismo fue remitido al Gobernador del Estado de Morelos, para su publicación. Asimismo, se precisa que el plazo concedido a la autoridad responsable se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal. Se apercibe a la responsable que, en caso de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendientes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que, con exactitud, deberán cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio firmado por el delegado de las autoridades responsables, Congreso del Estado de Morelos y Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del mismo, mediante el cual informa que, por oficio LV/DTVR/CTPSS/4377/2023, de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, el Secretario Técnico de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos informó que el dictamen de proyecto de decreto del hoy quejoso, será puesto a consideración de los Diputados integrantes en la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de referencia, misma que será celebrada el treinta y uno de octubre del dos mil veintitrés, de acuerdo con el calendario previamente autorizado, debido a la excesiva carga de trabajo. En ese sentido, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Congreso del Estado de Morelos para que, al día siguiente hábil de haberse llevado a cabo la sesión que refiere, informe el resultado de la misma. Debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Asimismo, se precisa que, el plazo concedido a las autoridades responsables, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal. Se apercibe a la responsable que, en caso de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendientes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que, con exactitud, deberán cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Juicio de amparo: 150/2023 Audiencia Constitucional Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. En Cuernavaca, Morelos, a las once horas con cincuenta minutos del tres de julio de dos mil veintitrés, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario con quien legalmente actúa, declara abierta la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 150/2023, promovido por Ulices Jorge Flores, sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, el secretario hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, ampliación de demanda, autos admisorios de ambas e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: El secretario procede a dar cuenta con las pruebas ofrecidas por el quejoso y las autoridades responsables. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza tales pruebas documentales. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: En el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ejerció ese derecho ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, se procede al dictado de la siguiente resolución. S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 150/2023; y R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito depositado el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado al día siguiente a este juzgado, Ulices Jorge Flores, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra lo siguiente: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, (.) IV.- ACTO RECLAMADO: Constituye el acto que se reclama: la omisión de dar contestación al escrito mecanográfico signado por el impetrante en fecha 11 de noviembre de dos mil veintiuno, y recibido por la responsable en esa misma data." SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, este juzgado, admitió la demanda referida, y pidió a la autoridad responsable su informe justificado. Además, en el citado proveído se determinó que resultaban aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integraran al expediente, haciendo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Asimismo, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Posteriormente, una vez rendido el informe justificado de la autoridad responsable, mediante acuerdo de uno de marzo de dos mil veintitrés, este juzgado ordenó notificar personalmente dicho informe al quejoso y con fundamento en los artículos 111, fracción II, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, se le requirió manifestar si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, ello a fin de no dejar al amparista en estado de indefensión, toda vez que se advirtió la participación de la referida responsable en el acto reclamado. En atención a lo anterior, mediante escrito depositado el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado al día siguiente a este juzgado, el quejoso amplió su demanda de amparo señalando como autoridad responsable al Titular de la Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, por lo que en acuerdo de veintinueve de marzo siguiente se admitió dicha ampliación respecto de la mencionada autoridad responsable. Finalmente, previo diferimiento, la audiencia constitucional se celebró el día de hoy tres de julio de dos mil veintitrés; y C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo promovido en contra de actos omisivos, los cuales carecen de ejecución material, y de los cuales previno este juzgado, tal como lo establece el artículo 37, párrafo tercero de la Ley de Amparo. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio, consiste en: Autoridades responsables [1] Congreso del Estado de Morelos; y [2] Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de dicho órgano legislativo. Acto reclamado a ambas a) La omisión o falta de contestación del escrito presentado por el quejoso el once de noviembre de dos mil veintiuno, en el que solicitó se le conceda una pensión por jubilación. Lo anterior sin que se inadvierta que el quejoso haya señalado en su ampliación de demanda como autoridad responsable al Titular de la Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, no obstante, para efectos del presente juicio se tiene como responsable a la comisión referida y no al presidente o titular de dicha comisión, ello en observancia a los artículo 53, 55 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, los cuales en lo que interesa, señalan que las comisiones legislativas son órganos colegiados, integradas por lo menos de tres diputados de los cuales uno será el presidente y que las comisiones tomaran sus decisiones por mayoría simple de votos, y en caso de empate, será el presidente de la comisión quien tendrá el voto de calidad. Por lo que, las comisiones legislativas son quienes -de forma colegiada- se encargan de conocer, analizar, investigar, discutir y dictaminar las iniciativas de ley, proyectos de decretos y asuntos que les sean turnados, y es por ello que debe tenerse como responsable a la [2] Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, y no propiamente a quien preside de ella. III. Certeza del acto reclamado. Es cierta la omisión reclamada al [1] Congreso del Estado de Morelos y [2] Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de dicho órgano legislativo, pese a que la primera de ellas lo negó. En tanto que del marco legal aplicable se puede advertir la viabilidad de que cuentan con facultades que hacen que exista la obligación jurídica de actuar en la forma que el quejoso indica, ya que conforme al artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la última de las mencionadas es la encargada de conocer, estudiar y dictaminar las solicitudes de pensión, mientras que la primera de ellas se encarga de su aprobación y la emisión del decreto de pensión, resultando aplicable la tesis 1a. XXIV/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196080, del rubro "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO" así como el diverso criterio 1a. IV/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2022760, de rubro "ACTOS OMISIVOS. DETERMINACIÓN DE SU CERTEZA CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO EL NO EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE UNA AUTORIDAD." Además, su certeza se advierte en razón de que, al tener el carácter de acto omisivo el que se les imputa, en términos de los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la carga de la prueba para justificar su inexistencia, corresponde a las autoridades responsables, en el sentido de justificar que sí realizaron la acción cuya omisión se les reclama -realizar acciones para contestar el referido escrito-, ello pues en este tipo de actos para ser existentes se requiere únicamente la parte quejosa demuestre que exista el deber de dicha autoridad de realizar tal conducta, y que dicha autoridad esté en aptitud legal de atender lo solicitado conforme a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO", en el entendido de que corresponde a la autoridad responsable la carga de probar lo fáctico en lo relativo a si incurrió o no en una conducta dilatoria. En ese sentido, para que se pueda considerar que las autoridades fueron omisas en dar trámite a la solicitud del quejoso, es necesario que se encuentre acreditado que dicha autoridad tuvo conocimiento de la misma, pues sólo de esa forma puede considerarse que la obligación de contestarla es existente, tal como dispone el criterio de la Segunda Sala de nuestro tribunal constitucional, con registro 265314, de rubro "PETICIÓN, DERECHO DE. ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIÓ LA SOLICITUD. " Por tanto, en este caso se encuentra acreditada tal circunstancia, en virtud de que el amparista remitió copia simple del acuse de recibo de su solicitud, el cual cuenta con el sello oficial de recibo del Congreso del Estado de Morelos, usado por funcionarios públicos pertenecientes al mismo, lo que no fue objetado por las responsables, por lo que adquiere valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 203, 205 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, tal como lo establece la tesis 65, con registro 918228, de la ahora extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS NO OBJETADAS, DE ESCRITOS PRESENTADOS A LA AUTORIDAD.- El artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicable en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo, establece que el valor de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por otro lado, si la parte contra la que se presente un documento no objeta que la suscripción o fecha haya sido puesta por ella, se tendrán por reconocidas, conforme al artículo 205. Y conforme al artículo 203, el documento privado prueba contra su autor. En estas condiciones, si la parte quejosa presenta fotocopia simple de un escrito presentado a la autoridad, y que tiene el sello de recibido por ésta, esa copia prueba razonablemente que la autoridad recibió ese escrito, si ella no objetó en su informe justificado, ni negó haberlo recibido, ni lo hizo en ningún momento del juicio. Las autoridades tienen tanta obligación como cualquier otra de las partes de cuidar el juicio y de analizar las pruebas que se rindan en él. Así pues, si la quejosa, al impugnar una ley, exhibió un documento relacionado con el acatamiento o aplicación de esa ley, que ostenta el sello de recibido, y las autoridades no negaron haberlo recibido, ni que fuese suyo el sello que ahí aparece, el Juez no puede razonablemente desestimar la prueba por tratarse de una copia fotostática. Es cierto que la tesis de jurisprudencia visible con el número 115 en la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en 1985 señala que es acertado el criterio del Juez si considera insuficiente una fotocopia para probar el interés jurídico del quejoso, pero no debe extrapolarse esa tesis hasta el grado de hacerla aplicable a casos en que el documento procede, al menos parcialmente, de la autoridad, sin que ésta lo haya objetado." Documental que se encuentra adminiculada con las manifestaciones que realizaron dichas personas morales oficiales en sus informes justificados, en los que afirmaron que dicha petición fue recibida y que actualmente se encuentran tramitándola, sin que manifestaran cuestión alguna tendiente a desconocer su recepción, pues inclusive la [2] Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, aceptó que le fue turnada dicha solicitud por parte del [1] Congreso del Estado de Morelos el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno y remitió copia certificada de la misma, el cual cuenta con sello de recibido, de lo que se obtiene que el amparista realizó una petición de forma pacífica y respetuosa, sin que hasta este momento procesal se haya demostrado que la misma le fuera contestada y notificada. Documental a la cual se le confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en razón de que dicha documental fue expedida por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y de la cual se desprende la existencia de la omisión reclamada. En consecuencia, el material probatorio con que se cuenta, resulta suficiente para acreditar la certeza de la omisión que se les atribuye a las responsables, por lo que se continúa con el estudio del asunto. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda se promovió oportunamente, pues al no establecerse un plazo específico en la Ley de Amparo para reclamar actos omisivos y éstos producir, por su propia naturaleza, consecuencias jurídicas que se renuevan día con día, el plazo para impugnarlos se actualiza mientras persistan, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre término. V. Procedencia. El estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna en relación al acto reclamado y este juzgado no advierte de oficio que se actualice una de ellas, de modo que se procede ocuparse del fondo del asunto. VI. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado uno de los conceptos de violación alegado por el quejoso y suficiente para conceder el amparo solicitado. Precisamente, el amparista aduce en uno de sus conceptos de violación que la omisión reclamada infringe su derecho de petición, debido a que presentó, ante las autoridades responsables un escrito el once de noviembre de dos mil veintiuno, en el que solicitó una pensión por jubilación, sin que le hayan dado respuesta. Lo anterior es fundado, porque efectivamente las autoridades responsables no han dado respuesta a la petición del quejoso, ni mucho menos se la han notificado. Se afirma de tal forma, ya que el derecho de petición contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, básicamente consiste en que frente a toda petición que se formule a la autoridad por escrito, de manera pacífica y respetuosa, ésta tendrá la obligación de emitir un acuerdo y hacerlo del conocimiento del peticionario en breve término. En el caso, el quejoso presentó ante el [1] Congreso del Estado de Morelos, un escrito el once de noviembre de dos mil veintiuno, en el que solicitó se le conceda una pensión por jubilación. En esos términos, a pesar de que la [2] Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos señaló que con motivo de dicha petición inició el expediente LV0171/21, y que se encuentra en la etapa de integración e investigación correspondiente. No obstante, además de que ello no desvirtúa la omisión en que han incurrido, pues no anexaron ninguna prueba para acreditar que dieron una contestación completa y congruente a la petición de mérito, no obstante que se realizó por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Además, en el caso ha transcurrido el breve término que dispone el artículo 8º constitucional, pues desde la presentación del escrito de mérito a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, transcurrió más de un año y 2 meses, lapso que transcurrió en exceso para que se diera respuesta a la solicitud de mérito, considerando que los artículos 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 15 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 38, fracción LXVI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y 20 de las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos, establecen que un término de treinta días para dar tramitación a una solicitud de pensión, aunado a que resulta válido acudir por analogía a disposiciones que establecen plazos para peticiones material y sustancialmente iguales, como lo sostuvo el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.4o.A.507 A, con registro 176320, de rubro "DERECHO DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR EL BREVE TÉRMINO DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD, DEBE ACUDIRSE A LA ANALOGÍA SI NO EXISTE REGULACIÓN EXPRESA." Sin que se inadvierta que el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos cuenta con una declaración de invalidez derivada de las resoluciones de fechas ocho de noviembre de dos mil diez y tres de mayo de dos mil doce, dictadas en las controversias constitucionales 90/2008, 91/2008, 92/2008 y 50/2010. No obstante, tales sentencias fueron dictadas con motivo de diversas controversias constitucionales instadas por diversos municipios en el Estado de Morelos, en los que reclamaron distintos decretos pensionarios emitidos por el congreso de esta entidad federativa, y con motivo de ellos, diversos preceptos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los cuales facultaban a dicho órgano legislativo para emitir tales decretos pensionarios tratándose de trabajadores de esos ayuntamientos. En esos términos, es que nuestro máximo tribunal determinó que tal atribución lesionaba la hacienda municipal y su autonomía en la gestión de sus recursos, al permitir al Congreso del Estado de Morelos determinar sobre la procedencia y monto de las pensiones de los trabajadores municipales, por lo que declaró inconstitucionales tales disposiciones al ser contrarias al artículo 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De allí es pues que tales determinaciones únicamente tuvieron por efectos invalidar el último párrafo del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, en la parte en que permitía al Congreso del Estado de Morelos dictar decretos pensionarios respecto de trabajadores municipales, e incluso en la parte final de las mismas se señaló que con fundamento en el artículo 105, fracción I, penúltimo y último párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de invalidez surtía efectos sólo entre las partes -no así para terceros ajenos a los ayuntamientos promoventes-. De lo cual se colige que la norma en mención -artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos- sigue vigente tratándose del término para emitir decretos pensionarios que se emiten respecto de trabajadores burocráticos pertenecientes a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado de Morelos. De allí que resulte fundado y suficiente el concepto de violación de estudio para conceder la protección constitucional solicitada. Lo anterior sin que se inobserven los demás conceptos de violación hechos valer por el quejoso, no obstante, resultan de estudio innecesario, pues el pronunciarse sobre ellos -con independencia de resultar fundados- no superaría el resultado del fallo protector, pues el concepto de violación analizado ha sido el de mayor trascendencia y el que otorga al amparista el mayor beneficio, concediéndole la protección más favorable posible, ello en observancia al artículo 189 de la Ley de Amparo y atendiendo el principio de mayor beneficio. Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial P./J. 3/2005, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 179367 de contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional." En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal para los efectos señalados en el considerando siguiente. VII. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se especifica que la concesión del amparo es para el efecto de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, las autoridades responsables [1] Congreso del Estado de Morelos, y [2] Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de dicho órgano legislativo, en el ámbito de sus respectivas competencias, y con plenitud de atribuciones, de manera congruente y completa den contestación al escrito presentado por el quejoso el once de noviembre de dos mil veintiuno y se lo notifiquen, ello en el sentido de que resuelvan sobre la solicitud de pensión del amparisa. En el entendido de que lo anterior no las obliga a resolver en determinado sentido, pues cuentan con libertad para ello. Así con fundamento, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ulices Jorge Flores, contra las autoridades y acto precisados en el considerando II, por las razones y para los efectos expuestos en los diversos considerandos penúltimo y último, todos de esta sentencia. Notifíquese; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe. tres de julio de dos mil veintitrés

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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