Ulfrano Landa Hernández

Expediente 1/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
18/01/2018

Partes del expediente

  • Ulfrano Landa Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, aceptó competencia planteada; archívese como asunto totalmente concluido, suceptible de destrucción.

  2. Principal

    Este órgano no es competente para conocer de la demanda de amparo, por razón de territorio, remítase a la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito con sede en Boca del Río.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE PROMOVENTE, EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, tres de enero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Ulfrano Landa Hernández, contra actos de los 1. Magistrados integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y 2. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, fórmese expediente y regístrese bajo el número de juicio de amparo 1/2018. Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente, debe decirse que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. --- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. --- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del precepto transcrito, se desprenden tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito, la primera, se refiere a la competencia que tiene el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; el segundo, establece que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, el tercero, contempla que es competente el Juez de Distrito, en donde se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Ahora bien, el acto reclamado en este asunto lo constituye: La resolución de veintiséis de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca 895/2017-A del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante la cual confirma el auto de libertad por falta de elementos para procesar dictado el treinta de marzo de la anualidad pasada, en la causa penal 129/2016-II del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz. En ese sentido, este juzgador, advierte que en la especie, se actualiza la primera de las hipótesis que contempla el artículo 37 de la Ley de Amparo; y que la competencia para conocer de la demanda se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado en turno, residente en Boca del Río, Veracruz. Se dice lo anterior, pues si bien es cierto que la ejecución material de la confirmación del auto de término constitucional, ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes, también lo es que, atendiendo a la naturaleza del acto (auto de libertad por falta de elementos para procesar), sus efectos se trasladan directamente al proceso, esto es en Veracruz, Veracruz, lugar dónde se prosigue la causa penal 128/2016-II, instaurada en contra de los terceros interesados en este asunto, y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión. De ahí que, se considere que este órgano jurisdiccional no es competente, por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, en virtud de que los actos reclamados tendrán ejecución en el municipio de Veracruz, Veracruz, lugar en el que este órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción, sino que resultan competentes para conocer los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca, Veracruz. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2183, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 160608, de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. En razón de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda de amparo y autógrafa de este acuerdo y remítanse sus originales al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, EN TURNO, CON SEDE EN BOCA DEL RÍO, a quien por razón de turno corresponda conocer de la demanda de amparo en comento, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente, a fin de estar en posibilidad de archivar este asunto como concluido. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos del artículo artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Arturo Yepez Duarte y Dario Méndez Rodriguez, debido a que no cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Guadalupe Domínguez Lagunes, Secretaria de Juzgado con quien actúa. Doy fe.

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