UGOCM Jacinto López, asocación civil

Expediente 438/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2020.

Datos del expediente

Expediente
438/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
27/04/2020

Partes del expediente

  • UGOCM Jacinto López, asocación civil

Actuaciones

  1. Principal

    POR NO HABER ACUDIDO A NOTIFICARSE A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DENTRO DE LOS DOS HÁBILES SIGUIENTES A LA ENTREGA DEL CITATORIO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE.

  2. Principal

    ACUERDO Ciudad de México, veintisiete de abril de dos mil veinte. Desahogo de prevención Agréguese a los autos el escrito de cuenta promovido por la representante legal de la parte quejosa; mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de dieciocho de abril de dos mil veinte; en atención a su contenido, se le tiene desahogando en sus términos la prevención que se le formuló. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional provee sobre la demanda de amparo en los siguientes términos: Autoridades responsables y actos reclamados Previamente a proveer sobre la demanda de amparo, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que el referido ocurso es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y documentos anexos, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Subadministración Desconcentrada de Recaudación adscrita a la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "3", con sede en de la Ciudad de México La emisión del oficio 400-74-00-03-02-2018-7259 de catorce de junio del dos mil dieciocho por medio del cual se ordenó el aseguramiento y/o bloqueo de las cuentas bancarias de la parte quejosa. 2. Comisión Nacional Bancaria y de Valores La ejecución del oficio 400-74-00-03-02-2018-7259 de catorce de junio del dos mil dieciocho por el cual ordenó a las instituciones financieras Bancos Banorte Grupo Financiero Banorte y BBVA Bancomer Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero, inmovilizar los fondos de las cuentas 815332534 y 482241269 de la quejosa. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, toda vez que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide que el operador jurídico sustenta consideraciones profundas o de gran amplitud. Es aplicable la tesis aislada XXIV.2o.11 K (10a.) (registro 2021089), que establece: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre en los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que, frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio. Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: Para justificar lo anterior, debe hacerse referencia a la aludida causal de improcedencia, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." El precepto establece la improcedencia del juicio de amparo contra normas generales o actos consentidos tácitamente, definidos como aquéllos contra los que no se promueva amparo dentro de los plazos enunciados en el numeral 17 de la ley de la materia. Sobre el particular, el citado artículo 17 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo los siguientes casos: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, será de siete años; y, Cuando el acto reclamado implique el peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimientos, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, podrá presentarse en cualquier tiempo. Por otro lado, en términos del artículos 18 de la Ley de Amparo los plazos para presentar la demanda se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto o de su ejecución, salvo tratándose de normas autoaplicativas, en cuyo caso se computará a partir del día de su entrada en vigor. Señalado lo anterior, debe decirse que el consentimiento como causa de improcedencia del juicio de amparo busca cumplir el principio de seguridad jurídica y evitar que la parte quejosa haga uso de la acción constitucional para desconocer y sustraerse ilegítimamente de su conducta externada de manera libre y espontánea, que patentiza su conformidad con los efectos del acto o norma general reclamada, por no presentar la acción de amparo dentro de los plazos previstos en la ley. Caso concreto Establecido lo anterior, la parte quejosa reclama la emisión del oficio 400-74-00-03-02-2018-7259 de catorce de junio del dos mil dieciocho por medio del cual se ordenó el aseguramiento y/o bloqueo de sus cuentas bancarias, así como su ejecución. Al respecto, la parte quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado consistente en el oficio 400-74-00-03-02-2018-7259 de catorce de junio del dos mil dieciocho, el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. En ese sentido, el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo para combatir dichos actos, transcurrió de la siguiente manera: Fecha de conocimiento treinta y uno de julio de dos mil dieciocho Término inicial uno de agosto de dos mil dieciocho Días inhábiles cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Término final veintiuno de agosto de dos mil dieciocho Como se desprende del esquema que antecede, los plazos para promover juicio de amparo contra la emisión del oficio señalado con anterioridad, culminó el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Por consiguiente, si del sello que se encuentra plasmado en la demanda de amparo se desprende que dicho ocurso se presentó el diecisiete de abril de dos mil veinte, se afirma que es extemporánea respecto de dichos actos. Por los motivos expuestos anteriormente, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, este juzgador determina desechar la presente demanda de amparo. Desechamiento que se hace extensivo al acto consistente en la ejecución del oficio 400-74-00-03-02-2018-7259 de catorce de junio del dos mil dieciocho por el cual ordenó a las instituciones financieras Bancos Banorte Grupo Financiero Banorte y BBVA Bancomer Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero. Lo anterior, ya que fue impugnado en vía de consecuencia del primer acto reclamado, y por ende, al no desvincularse del mismo, sigue la suerte de lo aquí resuelto. Habilitación de días, horas inhábiles, así como de Secretarios y Actuarios Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente. De igual forma, con fundamento en el artículo 17 constitucional, en el diverso 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el numeral 67 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2° de la materia, para no retardar las actuaciones ordenadas en el presente proveído, se habilitan a los Secretarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que en caso de ser necesario, en ausencia de los actuarios realicen las notificaciones correspondientes. Asimismo, se les autoriza a los Secretarios y Actuarios firmar todos los oficios derivados del presente asunto. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente y vía correo electrónico

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo, se previene a la quejosa, bajo apercibimiento. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente

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