Uendel da Silva Oliveira

Expediente 309/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
309/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
26/05/2023

Partes del expediente

  • Uendel da Silva Oliveira
  • Representante del Instituto Nacional de Migración. Tijuana, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto dictado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que en el expediente principal no obstante de que se sobreseyó en este asunto, es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Por lo tanto, se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por el promovente ************z, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en autos manifiesta que desconoce donde pueda ser localizado el quejoso ************, toda vez de que el mismo fue puesto en libertad en esta ciudad y posteriormente perdió comunicación que el mismo, motivo por el cual refiere desistirse del presente juicio de garantías. En tal virtud, tomando en consideración que el escrito firmado electrónicamente por el promovente ************, cuenta con evidencia criptográfica en la que se aprecia el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, por lo que ésta juzgadora tiene certeza de que no se suplantó al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial; por tanto, ante la voluntad expresa del promovente, con fundamento en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a/J. 31/2021 (11ª), de la Undécima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 8, diciembre 2021, tomo II, visible a página 1533, cuyo rubro se cita: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL." Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente por la parte interesada con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es igual o no al signado ante la autoridad judicial. Uno concluyó que si la firma autógrafa es insuficiente para generar certidumbre sobre el desistimiento y debe ser ratificada ante la presencia judicial, entonces, por identidad de razón, debe requerirse de la misma ratificación tratándose de una firma electrónica, pues esta última produce los mismos efectos que la primera; mientras que otros tribunales concluyeron que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, es igual al signado ante la presencia judicial. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial. Justificación: Conforme al artículo 63, fracción I, en relación con el 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, es necesaria la ratificación del escrito de desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos para que éste opere, lo cual tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó. En este sentido, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual el órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 82/2016 (10a.)1, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." Asimismo, con apoyo en la tesis jurisprudencial 2a/J.33/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página ciento cuarenta y siete, tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, de rubro siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA." Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto del quejoso ************; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese vía electrónica al promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por María Elizabeth Reyes Moreno, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Baja California "2" con sede en esta ciudad; mediante el cual informa la imposibilidad que tiene para hacer efectiva la multa impuesta en autos al promovente ********************, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes; sin que sea el caso proporcionar mayores datos a la autoridad remitente a los ya informados con antelación, toda vez que son los únicos con los que se cuenta conforme a las constancias de autos. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha feneció el término de tres días otorgado al promovente **********, a fin de que proporcionara un lugar donde pudiera ser localizado el directo quejoso **********, o bien lo presentara ante este órgano jurisdiccional a fin de que ratificara o no la demanda promovida a su favor; sin que haya hecho lo propio. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés y se impone al promovente **********, una multa cincuenta Unidades de Medida y Actualización por el equivalente a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés, acorde a la fracción I, del artículo 237, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, se ordena girar oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Baja California 2, con residencia en esta ciudad, para que haga efectiva la multa impuesta; haciéndole del conocimiento a dicha autoridad que este órgano jurisdiccional no cuenta con diversa información como, domicilio, clave única de registro de población (CURP) y Registro Federal de Contribuyente (RFC) del antes mencionado, por lo que se solicita que dicha información en todo caso se corrobore en su base de datos, lo que deberá de informar dentro del plazo de tres días hábiles al en que reciba el oficio que contenga la transcripción del presente proveído. Asimismo, de ser de utilidad, se informa que tal persona solamente proporcionó el número de cédula profesional **********, correos electrónicos **********, y **********, así como los número de teléfonos celular ********** y **********. No obstante lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión al promovente **********, para que dentro del término de tres días legalmente computados, informe si a la fecha conoce el lugar en el que pueda ser localizado el directo quejoso **********, o bien, lo presente ante este órgano jurisdiccional para que ratifique o no la demanda promovida a su favor. O de contar con datos de los familiares de contacto de dicho agraviado, como domicilio o número telefónico, los proporcione a fin de que este órgano jurisdiccional pueda lograr su localización y proveer lo conducente a la demanda referida. Se apercibe al promovente y a la autoridad recaudadora que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados o de no informar el impedimento jurídico que tengan para ello, a la omisa se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización por el equivalente a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés, acorde a la fracción I, del artículo 237, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Además, se apercibe al directo promovente que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/20171 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." En otro contexto, del estado de autos se advierte que en veinticuatro de marzo del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable Titular de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California de esta ciudad, informando que el quejoso **********, no se encuentra a disposición de +dicho instituto y que no se encuentra alojado en la Estación Migratoria de Tijuana. En tal virtud, tomando en consideración que no se ha localizado al quejosos **********, requiérase al Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración con residencia en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, informe si tiene conocimiento si dicho quejoso se encontró o se encuentra a disposición de una diversa estación migratoria del país; o bien, informe la imposibilidad jurídica que tenga para ello. Bajo el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados o de no informar el impedimento jurídico que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización por el equivalente a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés, acorde a la fracción I, del artículo 237, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte promovente de amparo y cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por María Elizabeth Reyes Moreno, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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