Uble Mejía Mora
Expediente 1130/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1130/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 29/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Uble Mejía Mora
- Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Se declara que la sentencia definitiva; HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese el presente expediente y devuélvase a la parte quejosa las documentales indicadas... NOTIFÍQUESE; Y POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
En la Ciudad de México, a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, estando en audiencia pública Gabriel Regis López, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido del Secretario Pedro Arturo Guillén Flores, con quien actúa y da fe, como está ordenado en auto del nueve de octubre del año en curso (foja 327), con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a celebrar la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo número 1130/2017, sin la asistencia de las partes. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias que obran en autos; atento a lo anterior, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de las constancias que antecede para todos los efectos legales a que haya lugar. Enseguida, se declara abierto el período de pruebas, en el que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas conforme a su propia y especial naturaleza las documentales que obran en autos, así como la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto, legal y humana; al no haber pruebas pendientes por desahogar, se da por concluido este período. A continuación, procede abrir la fase de alegatos, en la que el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló de manera escrita o de modo verbal, dada su inasistencia, así como que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento; al respecto, el Juez acuerda: se declara precluido el derecho de las partes para formularlos, así como el de la aludida Agente para presentar su pedimento; dándose por concluida la presente audiencia y procediendo a dictar la sentencia que en derecho corresponda; y, V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 1130/2017, promovido por Uble Mejía Mora, por su propio derecho, en contra de actos de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México y de otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y turnado el día hábil siguiente a este Juzgado Primero en la misma materia y jurisdicción, Uble Mejía Mora, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos que a continuación se indican: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES En su carácter de Ordenadora: la segunda Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. En su carácter de Ejecutora: el Tesorero del Distrito Federal. IV. ACTOS RECLAMADOS De los Magistrados de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, se reclama el proveído de ocho de junio de dos mil diecisiete emitido por dicha responsable en el Juicio de Nulidad II/35505/2016, por lo que hace a la ilegal IMPOSICIÓN de una multa equivalente a CINCUENTA VECES LA UNIDAD DE CUENTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE. Del Tesorero de la ahora Ciudad de México, la EJECUCIÓN que pretende dar de dicha sanción pecuniaria en perjuicio del patrimonio del suscrito." La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Admisión de la demanda y emplazamiento al tercero interesado. Por auto del tres de agosto del año en curso (fojas 18 a 22), este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimento; así como señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En el mismo proveído, se tuvo con el carácter de tercero interesado a Jaime Díaz Blancas, y se ordenó su emplazamiento al presente juicio de amparo. TERCERO. Vista con nueva autoridad. Mediante proveído del doce de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 309 y 310), se requirió a la parte quejosa, para que informara sí era su interés señalar como autoridad responsable a la Dirección Ejecutiva de Cobranza de la Ciudad de México, al ser ella a quien la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal Administrativo de la Ciudad de México, le giró oficio a efecto de realizar el cobro de la multa impuesta mediante el proveído que por esta vía se impugna. CUARTO. Desahogo y emplazamiento de nueva autoridad. En cumplimiento al requerimiento referido, mediante escrito registrado con el folio 16868 (fojas 317 y 318), la parte quejosa manifestó que sí era su interés señalar a la Dirección Ejecutiva de Cobranza de la Ciudad de México como autoridad responsable en el presente juicio, por lo que mediante auto del veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 319 y 320), se emplazó a dicha autoridad en el presente juicio y se le requirió su informe justificado. Así, una vez integrado el presente expediente, se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con base en el punto primero del Acuerdo General 3/2013, referente a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en virtud de que se reclama un acto emitido por un tribunal en materia administrativa, con residencia en el lugar en que ejerce jurisdicción este órgano constitucional. SEGUNDO. Precisión de actos. Con fundamento en lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que del estudio integral que se hace al escrito inicial de demanda, se tienen como actos reclamados destacados: La emisión del proveído del ocho de junio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de nulidad número II/35505/2016 del índice de la Segunda Sala Ordinaria del ahora Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, a través de la cual se impuso a la parte quejosa una multa por el monto equivalente a cincuenta veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México. La ejecución de la multa impuesta. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 181810, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Una vez precisados los actos reclamados en este juicio de amparo, y atendiendo a que su existencia es un requisito esencial para efectuar el estudio de su constitucionalidad, es menester pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número de registro 212775, tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, página 68, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Acto no cierto. Al respecto, el Tesorero de la Ciudad de México al rendir su informe justificado (foja 29), negó la existencia del acto que se le imputa en al ámbito de su competencia. Negativa que no fue desvirtuada por la parte quejosa, aunado al hecho que de las actuaciones que obran en el presente juicio de amparo, no se advierte cuando menos algún medio de convicción que lleve a este órgano jurisdiccional a considerar que el acto que se le imputa, consistente en la ejecución de la multa impuesta por la Sala responsable sea cierto, toda vez que de las constancias que integran el juicio de nulidad número II/35505/2016, del índice del ahora Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que obra glosado en autos en copia certificada, las cuales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad a la que se le encomendó la ejecución de la multa citada fue a la Dirección Ejecutiva de Cobranza de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; con lo que queda de manifiesto la inexistencia del acto que se atribuyó a la autoridad señalada en al párrafo que antecede. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad indicada, y toda vez que la quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar tal inexistencia, este Juzgado de Distrito estima que debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido a dicha autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, emitida por la anterior integración del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra publicada en la página 236 del tomo VI, materia común, parte relativa a jurisprudencia, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". Así al no quedar demostrada la existencia del acto reclamado, este órgano jurisdiccional carece de materia para hacer un pronunciamiento sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64, fracción IV, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de la autoridad responsable de referencia. CUARTO. Actos ciertos. Por su parte, el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Ordinaria del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado (fojas 39 y 40), aceptó el acto que se le reclama, consistente en el proveído del ocho de junio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de nulidad número II/35505/2016 de su índice a través de la cual se impuso a la parte quejosa una multa por el monto equivalente a cincuenta veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México, por tanto, el mismo es cierto. Certeza que se corrobora con las documentales remitidas por la citada autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, consistentes en copia certificada de los autos del juicio de nulidad II/35505/2016 de su índice, de las que se advierte su certeza, al constatar que el ocho de junio de dos mil diecisiete se emitió el acuerdo en cuya constitucionalidad se impugna (fojas 287 a 289). En consecuencia, este Juzgado Federal determina en esos términos la existencia del acto reclamado. Cobra aplicación al caso, la tesis 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, tomo VI, parte SCJN, página 206, que señala: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otro lado, la autoridad responsable Dirección Ejecutiva de Cobranza de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en su informe con justificación (fojas 335), manifestó que no es cierto el acto de ejecución que se le reclama. No obstante ello, cabe señalar que de las copias certificadas de las constancias del juicio de origen, ya valoradas en esta sentencia, en particular del acuerdo reclamado (fojas 287 a 289), se observa que la Sala responsable ordenó girar oficio a la citada Dirección Ejecutiva de Cobranza la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México, para que ejecutara la sanción impuesta. Por tanto, se estima que el acto reclamado a la autoridad responsable referida, consistente en la ejecución de la multa por la cantidad de cincuenta veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México, decretada en el acuerdo del ocho de junio de dos mil diecisiete, dictado por la Segunda Sala Ordinaria del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, en el juicio de nulidad de origen, es un acto futuro e inminente al haber sido ordenado, de tal manera que debe tenerse por cierto el referido acto de ejecución. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y nueve, consultable en la página 56, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." De igual forma, es aplicable el caso la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo CXVII, visible en la página 839, que establece: "AUTORIDADES EJECUTORAS, EXISTENCIA DE SUS ACTOS. Aun cuando una autoridad haya negado el acto que se le atribuye, teniendo la misma el carácter de mera ejecutora, resulta cierto el acto indicado, si las ordenadoras admiten haber dictado las órdenes que se les atribuyen y la autoridad ejecutora, dentro de las atribuciones que le son propias, está obligada a velar por el cumplimiento de esas órdenes; pues es claro que la existencia de los actos ordenadores trae como consecuencia la de los de ejecución, tanto más si en los términos de la demanda, aunque futura, la ejecución reclamada es cierta e inminente." Asimismo, conviene citar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, de la Séptima Época, tomo 9 Primera Parte, visible en la página trece, cuyo rubro y texto indican: "ACTOS INMINENTES, CONCEPTO DE. El hecho de que el quejoso afirme que va a violar posibles resoluciones de una autoridad, no puede constituir motivo suficiente para otorgar el carácter de actos inminentes a los también posibles medios de apremio que vaya a autorizar la misma autoridad para que se observen sus resoluciones, porque, como ya ha expresado esta Suprema Corte de Justicia, se entiende por acto inminente aquél cuya existencia es indudable y sólo falta que se cumplan determinadas formalidades para que se ejecute, formalidades que corresponde satisfacer a las autoridades." QUINTO. Estudio de la causa de improcedencia. Previamente al estudio de la litis fijada en el asunto, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, procede examinar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o que de oficio advierta este Juzgado de Distrito, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, consultable en la página quinientos cincuenta y tres, tomo VI, Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa ya cinco, cuyo rubro y texto establecen: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, la Dirección Ejecutiva de Cobranza la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México, estima que debe sobreseerse el juicio, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que negó el acto que se le reclama; la cual resulta infundada, en términos de lo expuesto en el considerando inmediato anterior. En tales condiciones, y toda vez que no se invocó otra causa de improcedencia, y que este juzgado no advierte alguna diversa que deba estudiarse de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la quejosa. SEXTO. Estudio de fondo. Al no existir diversas causas de improcedencia hechas valer por las partes en contra de los actos reclamados, ni de autos advertirse alguna que de oficio deba ser analizada, se procede al estudio de la litis fijada en el presente juicio constitucional. En tales circunstancias, enseguida se procede al análisis de los conceptos de violación que formula la parte quejosa en contra de los actos reclamados, mismos que se encuentran dentro de su demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, siendo aplicable al respecto la jurisprudencia 2a./J 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, con registro 164618, cuyo rubro y sinopsis son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En ese sentido, se tiene que la parte quejosa en su demanda de amparo argumenta, en síntesis, lo siguiente: En el primer concepto de violación, aduce que la responsable viola en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al considerar que no se colmó lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley Orgánica del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pues afirma que sí informó las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la resolución de nulidad. Lo anterior, en virtud de que el nueve de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 256 y 257), el quejoso informó a la responsable las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia y solicitó un plazo pertinente para ello, pues se encontraba realizando el estudio de la sentencia de mérito, los antecedentes del servicio y del expediente del aquí tercero interesado Jaime Díaz Blancas, a efecto de emitir una respuesta debidamente fundada y motivada acorde a lo solicitado. Sostiene además que la Sala debió analizar si existió renuencia o no para acatar la sentencia ejecutoriada, pues refiere que al no existir una omisión en forma total para cumplimentar la sentencia de nulidad, no procedía imponerle una multa conforme lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica del anterior Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. En el segundo concepto de violación argumenta que la multa es ilegal, porque la responsable viola los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que también omitió tomar en consideración lo establecido en el artículo 453 del Código Fiscal del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, esto es, que para la procedencia de la multa se debe individualizar la misma, exponiendo todas las circunstancias del caso y detallar los elementos por los cuales se determinó la imposición. Que aun y cuando en el artículo 133 de la Ley Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, no precisa los criterios o bases conforme a los cuales la autoridad debe imponer la sanción, ello no la exime en el sentido de fundar y motivar su sanción pecuniaria observando la normatividad aplicable al caso. Lo cual hace evidente que la autoridad responsable no individualizó la multa a través de diversos factores como el carácter intencional o no de la infracción. En el tercer concepto de violación argumenta que la ejecución de la multa es ilegal, al considerar que proviene de actos viciados. Precisado lo anterior, para un mejor análisis de los argumentos formulados por el quejoso procede narrar los antecedentes que informan el acto reclamado, siendo los siguientes: 1. Jaime Díaz Blancas (hoy tercero interesado), demandó la nulidad de la resolución administrativa del nueve de abril de dos mil quince, contenida en el oficio número 702/2290/15, emitida por el Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (fojas 43 a 71). 2. La Segunda Sala Ordinaria del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, en proveído del veintiuno de mayo de dos mil quince, admitió a trámite la demanda de nulidad y la registró con el juicio contencioso administrativo II-35505/2015 (fojas 98 y 99). 3. Seguidas las etapas procesales del juicio de nulidad, el veinticuatro de junio de dos mil quince la Sala responsable emitió sentencia definitiva en la cual sobreseyó el juicio por las consideraciones ahí expuestas (fojas 215 a 217); sentencia que fue revocada por la Sala Superior del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, al resolver el recurso de apelación 7943/2015 en sesión del diecinueve de noviembre de dos mil quince (222 a 232), declarando la nulidad de la resolución impugnada quedando obligado el Director de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a realizar lo siguiente: ". a restituir a la parte actora en el goce de los derechos que indebidamente le fueron afectados lo que en la especie se hace consistir en dejar sin efectos el oficio impugnado y en su lugar emitir otro en el que se reconozca el derecho del promovente a percibir en forma incrementada el pago por concepto de profesionalización, disponibilidad y perseverancia, y de manera retroactiva desde el primero al sexto año de antigüedad y el pago de las diferencias que resulten a su favor, considerando que se cumplieron con los requisitos en él previstos, debiendo realizar el pago antes referido de manera retroactiva considerando la cantidad establecida en el tabulador vigente conforme a la antigüedad del actor." 4. Ante la omisión de la autoridad demandada de cumplir con dicha resolución, el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, la parte actora interpuso recurso queja por incumplimiento a la sentencia de nulidad (fojas 243 y 244) y por acuerdo del veintiuno del mes y año citado se admitió a trámite (foja 245), ordenando dar vista a la autoridad demandada con el escrito de agravios, para que en el plazo de cinco días manifestara lo que a su derecho conviniera, bajo el apercibimiento que en caso de no desahogar se resolvería la queja con las constancias y argumentos que obraran en autos. 5. Una vez desahogada la vista por la autoridad demandada, el veinte de octubre de dos mil dieciséis, la Sala responsable resolvió el recurso de queja declarándolo fundado; amonestando a la autoridad demandada Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para que no incurriera en conductas omisas a las disposiciones aplicables, y la conminó para que diera el debido cumplimiento a la sentencia de nulidad bajo apercibimiento que en caso de renuencia se le impondría una multa por la cantidad de cincuenta veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México (fojas 250 a 252). 6. Mediante proveídos del diez de noviembre y cinco de diciembre, ambos de dos mil dieciséis, así como del diecisiete de enero de dos mil diecisiete (fojas 258, 262 y 270), la Sala de origen concedió diversas prórrogas a la autoridad demandada a fin de que acatara la ejecutoria de nulidad. 7. Así, ante la renuencia de la autoridad demandada Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la Sala de origen en acuerdo del ocho de junio de dos mil diecisiete (fojas 287 a 289), le impuso una multa de cincuenta veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México, determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio. Establecido lo anterior, se procede al análisis del primer concepto de violación, en el cual la parte quejosa argumenta, medularmente, que el acuerdo reclamado carece fundamentación y motivación, al considerar que no se colmó lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Para contestar los conceptos esgrimidos por la autoridad hoy quejosa, se considera lo señalado por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho fundamental de audiencia que se traduce en la posibilidad de defensa de los gobernados frente a los actos que pretenden privarlo de la vida, libertad, propiedad, posesiones y derechos. El derecho fundamental de audiencia implica la existencia de un juicio previo frente a actos privativos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, el cual debe sustanciarse ante tribunales previamente establecidos observando las formalidades esenciales del procedimiento y el fallo que se dicte debe apoyarse en las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, consultable en la página 133 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Constitucional, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." De modo que las formalidades esenciales del procedimiento que todo juicio o procedimiento debe llevar a cabo para garantizar la defensa adecuada antes del acto privativo, en general, se pueden resumir en las siguientes: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En suma, si bien una adecuada y oportuna defensa requiere del cumplimiento de las etapas procesales que han de seguirse en todo procedimiento previo al acto privativo, independientemente de la materia de la que se trate y de la autoridad ante la que se ventile, tendrán el carácter de esenciales cuando resulten necesarios para la adecuada defensa; por el contrario, resultarán secundarios aquéllos cuya emisión o violación no produzcan indefensión y, por ende, su contravención no importe infracción a la garantía de audiencia. Estas formas o requisitos pueden variar en los diferentes juicios o procedimientos según el acto de privación de que se trate, siempre que resulten apropiados y suficientes para satisfacer plenamente la oportunidad de defensa del afectado. Es aplicable al respecto la jurisprudencia número 40/96 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 100, tomo I, constitucional, sección jurisprudencia S.C.J.N. del Apéndice mil novecientos diecisiete - dos mil al Semanario Judicial de la Federación, que lleva por rubro y texto los siguientes. "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." De igual manera, se trae al contexto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que también se considera vulnerado y que en la parte conducente contiene el derecho de seguridad jurídica en favor de los gobernados, exigiendo que la emisión de cualquier acto de molestia proveniente de una autoridad cumpla con los requisitos siguientes: 1. Que provenga de autoridad competente; 2. Que se encuentre fundado y motivado, y 3. Que conste por escrito. Atento a los argumentos propuestos en los conceptos de violación sintetizados, se alude a la segunda de las exigencias, esto es, de debida fundamentación y motivación, implica que en todo acto de autoridad ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Sobre el particular resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, en la parte correspondiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página ciento setenta y ocho, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca." Consecuentemente, todo acto de autoridad que genere molestia debe expresar las razones o circunstancias que la provocan (motivación), así como el ordenamiento legal en que se basa la autoridad para actuar en ese sentido, incluyendo los artículos, fracciones, incisos, párrafos de la ley invocada y que sean aplicables al caso concreto (fundamentación). En ese sentido, se tiene que la autoridad señalada como responsable determinó en el acuerdo impugnado hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto del diecisiete de enero de dos mil diecisiete (foja 270), toda vez que la autoridad demandada, cuyo titular es el hoy quejoso, no cumplió con la sentencia dictada por la Sala Superior del hoy Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México con la que resolvió el recurso de apelación 7943/2015 del diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como la resolución de queja del veinte de octubre de dos mil dieciséis, emitida por la Sala de origen en el juicio de nulidad II-35505/2015, por lo que procedió a imponerle una multa de cincuenta veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente, de conformidad con el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. En efecto, tal como quedó precisado en los antecedentes del acto reclamado y como lo sostuvo la Sala Ordinaria responsable, la autoridad demandada a la cual se le impuso la multa fue omisa en dar cumplimiento a la sentencia de apelación, que la obligó a restituir a la parte actora en el goce de los derechos que indebidamente le fueron afectados lo que en la especie se hace consistir en dejar sin efectos el oficio impugnado y en su lugar emitir otro en el que se reconozca el derecho del promovente a percibir en forma incrementada el pago por concepto de profesionalización, disponibilidad y perseverancia, y de manera retroactiva desde el primero al sexto año de antigüedad y el pago de las diferencias que resulten a su favor, considerando que se cumplieron con los requisitos en él previstos, debiendo realizar el pago antes referido de manera retroactiva considerando la cantidad establecida en el tabulador vigente conforme a la antigüedad del actor. Entonces, contrario a lo que aduce el quejoso, la determinación contenida en el acuerdo del ocho de junio de dos mil diecisiete (fojas 287 a 289), está debidamente fundada y motivada, en razón de que la Sala del conocimiento sustentó que la autoridad demandada Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, cuyo titular es el ahora quejoso, no dio cumplimiento a la sentencia de apelación ni a la resolución de queja, y con apoyo en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, hizo efectivo el apercibimiento decretado en diverso proveído del diecisiete de enero de dos mil diecisiete, esto es, le impuso una multa de cincuenta veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México. De manera tal, que la Sala colmó los extremos del artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pues en la especie, el actor en el juicio de nulidad acudió en queja por incumplimiento a la sentencia de nulidad, después por diversos acuerdos la sala requirió el cumplimiento; sin que la autoridad hubiese exhibido las constancias fehacientes con las que acreditara el acatamiento total dado a la ejecutoria. No obsta el hecho que por diversos oficios manifestara la imposibilidad que le asistía, ya que tal como lo sustentó la Sala, la autoridad demandada tiene la obligación de llevar a cabo todas las gestiones necesarias para cumplir la sentencia de nulidad pronunciada en el juicio, sin que pueda alterarse ni limitarse a lo estipulado en ella. Por consiguiente, se colige que la Segunda Sala Ordinaria del hoy Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, realizó las acciones idóneas siguiendo las formalidades del procedimiento de ejecución para imponerle al Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la multa reclamada. Entonces, la determinación contenida en el acuerdo del ocho de junio de dos mil diecisiete, sí se encuentra fundada y motivada, en la medida en que la autoridad citó el numeral aplicable al caso (fundamentación) y asentó las circunstancias que consideró al momento de emitir el acto reclamado, así como las razones por las que consideró que la conducta del impetrante encuadró en la hipótesis normativa que señaló (motivación). Así, se evidencia que no se trastocan los derechos fundamentales que alude la autoridad quejosa, pues a través de los requerimientos que emitió la Sala responsable estuvo informado en todo momento del fallo que tenía la obligación de cumplir, lo que en su momento, le permitió acatarlo y evitar que se le aplicará alguna sanción correspondiente. Por tanto, resulta infundado el concepto de violación en estudio. Continuando con el estudio de los conceptos se procede analizar el segundo concepto de violación, en el cual propiamente la parte quejosa argumenta que la autoridad responsable omitió tomar en consideración los elementos que obran en autos, para graduar e individualizar la multa que le fue impuesta. Al respecto, cabe recordar que el acto reclamado lo constituye el acuerdo del ocho de junio de dos mil diecisiete, a través del cual la citada Sala Ordinaria con apoyo en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, determinó imponer a la parte quejosa, en su carácter de Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, al considerar que a la fecha de su emisión no obraba constancia alguna con la que acreditara que dieron total cumplimiento a la sentencia de apelación, así como a la diversa de queja. De lo expuesto, este Juzgado de Distrito estima que al constituir la sanción pecuniaria impuesta a la parte quejosa la mínima que establece el artículo 133 de la Ley Organice del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, la Sala responsable no se encontraba obligada a actuar en el sentido que refiere. Lo anterior tomando en consideración que en diversas tesis los Tribunales Colegiados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sostenido el criterio de que cuando alguna autoridad impone una medida de apremio, en el caso una multa, que tenga como sanción un mínimo y un máximo, si se impone éste con una duración superior al mínimo, o si la redacción del precepto legal que lo contenga establece un límite superior con el uso de la preposición "hasta", la autoridad correspondiente debe cumplir con los principios de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos que le permitan fijar la duración de tal medida, tomando en cuenta para ello los elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los de naturaleza subjetiva que se refieran a las circunstancias personales del infractor. Supuesto que en el caso no se actualiza, en virtud de que la autoridad responsable determinó sancionar a la parte accionante del amparo con la multa mínima prevista en el artículo 133 de la citada legislación, es decir, con cincuenta veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México, motivo por el cual no estaba obligada a exponer las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas por las que estimó imponer dicha medida la parte quejosa, máxime que como ha quedado evidenciado, los motivos que sustentaron la sanción económica en cuestión, esencialmente fueron por la conducta contumaz en que incurrió el referido Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para dar cumplimiento a la sentencia de nulidad, lo que además se corrobora con la propia confesión del quejoso, en el sentido de que lo único que habían realizado, era dejar insubsistente la resolución declarada nula y girar oficios a las autoridades respectivas que correspondiera materialmente efectuar el. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2a./J. 127/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 219, tomo X, diciembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 192796, de rubro y texto siguientes: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima." De lo que se concluye que si la Sala responsable impuso al quejoso Uble Mejía Mora, la sanción mínima que establece el citado artículo 133, es incuestionable que no se encontraba obligada a pormenorizar la cuestiones que pretendía dicha parte fueran abordadas, y por tanto, el conceptos de violación analizado es infundado. Por último, el tercer concepto de violación en contra de la ejecución de la multa reclamada es ineficaz, ya que éste deriva del acuerdo por el que se ordena, el cual en términos precedentes resultó legal. En las relatadas condiciones, al resultar infundados e ineficaces los conceptos de violación formulados, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo en consulta, así como los demás relativos y aplicables, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio promovido por Uble Mejía Mora, por las razones expresadas, en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Uble Mejía Mora, en contra de los actos precisados en considerando cuarto, de conformidad con lo expuesto en el último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Gabriel Regis López, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Pedro Arturo Guillén Flores, quien autoriza y certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente sentencia y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe. V. TAMARA Gabriel Regis López Pedro Arturo Guillén Flores Juez Secretario
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SENTENCIA: PRIMERO; SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO. SEGUNDO: LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE. NOTIFÍQUESE.
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Autoridad responsable rinde su informe justificado, dese vista a las partes... Asimismo, señala de su parte delegados y domicilio. Por otra parte, se le autoriza el uso de medios electrónicos. NOTIFÍQUESE.
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