Ubaldo Terrazas Cardenas
Expediente 261/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 02/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ubaldo Terrazas Cardenas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dos de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la autoridad responsable Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penal, con residencia en la Ciudad de México, remitió copia certificada de las constancias del expediente S.I.P.E. 94/2018-III, con las que se formó el tomo I; por tanto, y toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra concluido, devuélvanse a la autoridad responsable citada el tomo I, que contienen las constancias de referencia.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en trece de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la parte quejosa, a la fecha, hubiere interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el precepto 214 de la ley de la materia, archívese el presente como asunto concluido. Ahora bien, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia dictada el uno de julio del presente año, dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó atención médica; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29, del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, del oficio suscrito por la autoridad responsable Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la Ciudad de México, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la resolución emitida el uno de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, dentro del amparo en revisión 132/2021, en el sentido se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Ubaldo Terrazas Cárdenas o Ubaldo Terraza Cárdenas, y se requiere a la autoridad responsable Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la Ciudad de México, por el cumplimiento de ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el uno de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, dentro del amparo en revisión 132/2021 se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la Ciudad; deberá: Deje insubsistente la resolución de seis de mayo de dos mil veinte, materia de reclamo, en la que se declaró procedente (vía) pero infundado el recurso de revocación interpuesto en contra el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veinte que desechó de plano el incidente no especificado de libertad preliberacional promovido por el sentenciado UBALDO TERRAZAS CÁRDENAS O UBALDO TERRAZA CÁRDENAS. Ordene reponer el procedimiento del trámite del incidente no especificado, a fin de que la autoridad judicial adecue su actuación conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal (vigente al momento en que se planteó la incidencia), para instrumentar el procedimiento y resolución respectivos. Seguidamente, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado en fecha trece de septiembre de dos mil veintiuno, firmada por el Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la Ciudad de México, en el cual se advierte que con fecha diez de septiembre del presente año, dejo insubsistente la resolución de seis de mayo de dos mil veinte, materia de reclamo, y en esa misma fecha se desecha de plano por notoriamente improcedente la solicitud del sentenciado relativa al beneficio de libertad preliberacional. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que ".La autoridad responsable deje insubsistente la resolución de seis de mayo de dos mil veinte, materia de reclamo, en la que se declaró procedente (vía) pero infundado el recurso de revocación interpuesto en contra el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veinte que desechó de plano el incidente no especificado de libertad preliberacional promovido por el sentenciado UBALDO TERRAZAS CÁRDENAS O UBALDO TERRAZA CÁRDENAS, y ordene reponer el procedimiento del trámite del incidente no especificado, a fin de que la autoridad judicial adecue su actuación conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal (vigente al momento en que se planteó la incidencia), para instrumentar el procedimiento y resolución respectivos...". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos. Por último, en virtud de que el quejoso Ubaldo Terrazas Cárdenas o Ubaldo Terraza Cárdenas, se encuentra privado de su libertad, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria judicial de la adscripción a fin de que notifique de manera personal al citado quejoso quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-Poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, este acuerdo, lo cual deberá realizar en cuanto sus labores se lo permitan; en la inteligencia de que deberá identificarlo plenamente y, en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario donde se encuentra interno el justiciable de mérito, para proceder a su plena identificación; entonces, con fundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por el Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual comunican el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; agréguese a los presentes autos para que surtan sus efectos legales. En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista con los mismos a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Por último, en virtud de que el quejoso ********************, se encuentra privado de su libertad, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria judicial de la adscripción a fin de que notifique de manera personal le pre ente proveído, al citado quejoso quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, este acuerdo, lo cual deberá realizar en cuanto sus labores se lo permitan; en la inteligencia de que deberá identificarlo plenamente y, en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario donde se encuentra interno el justiciable de mérito, para proceder a su plena identificación; entonces, confundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal.
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