Ubaldo Sánchez Manrique

Expediente 899/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
899/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Ubaldo Sánchez Manrique
  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, dos de septiembre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de diez de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden de ideas, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. d) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, pues existe el original, esto, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo. e) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el cuaderno principal e incidental permanecerán en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su destrucción y depuración, respectivamente. Finalmente, de conformidad con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, diez de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual, Iván Hernández Guadarrama, autorizado de la parte quejosa, informa que la menor de iniciales R.S.M., fue inoculada con las dos dosis de la vacuna Pfizer BioNTech, contra el virus SARS-Cov2. Circunstancia de la que se toma conocimiento. Atento a lo anterior, toda vez que de autos se evidencia que fue completado el esquema de vacunación en favor de la menor quejosa; por tanto, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ..." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Este Juzgador estima lo anterior, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades la omisión en aplicar la vacuna Pfizer BioNTech -en sus dos dosis- a la menor peticionaria del amparo. Ahora bien, de autos y de lo manifestado por Iván Hernández Guadarrama, autorizado de la parte quejosa, así como de las constancias anexadas al escrito de cuenta, se aprecia que los efectos de dicho acto reclamado cesaron en virtud de que se aplicó la primera y segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-coV2 para la prevención de la COVID-19 del Biológico Pfizer BioNTech, a la menor quejosa, lo que evidencia que fue completado el esquema de vacunación en favor de ésta. De tal manera, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En atención a la determinación anterior, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se deja insubsistente. Finalmente, no pasa desapercibido que del margen superior derecho del ocurso de cuenta, se advierta que éste se dirigió el cuaderno incidental, ello en virtud de que la actualización de la causa de improcedencia invocada se debía analizar en el presente juicio. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, AUTO QUE A LA LETRA REFIERE: MESA VI. Toluca, Estado de México, diez de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual, Iván Hernández Guadarrama, autorizado de la parte quejosa, informa que la menor de iniciales R.S.M., fue inoculada con las dos dosis de la vacuna Pfizer BioNTech, contra el virus SARS-Cov2. Circunstancia de la que se toma conocimiento. Atento a lo anterior, toda vez que de autos se evidencia que fue completado el esquema de vacunación en favor de la menor quejosa; por tanto, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ..." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Este Juzgador estima lo anterior, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades la omisión en aplicar la vacuna Pfizer BioNTech -en sus dos dosis- a la menor peticionaria del amparo. Ahora bien, de autos y de lo manifestado por Iván Hernández Guadarrama, autorizado de la parte quejosa, así como de las constancias anexadas al escrito de cuenta, se aprecia que los efectos de dicho acto reclamado cesaron en virtud de que se aplicó la primera y segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-coV2 para la prevención de la COVID-19 del Biológico Pfizer BioNTech, a la menor quejosa, lo que evidencia que fue completado el esquema de vacunación en favor de ésta. De tal manera, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En atención a la determinación anterior, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se deja insubsistente. Finalmente, no pasa desapercibido que del margen superior derecho del ocurso de cuenta, se advierta que éste se dirigió el cuaderno incidental, ello en virtud de que la actualización de la causa de improcedencia invocada se debía analizar en el presente juicio. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, ocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión por parte de las autoridades responsables de aplicar la vacuna BioNTech-Pfizer contra el virus SARS-CoV2, a la menor de edad de identidad reservada con iniciales R.S.M. En ese sentido, en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, para un Juez de Distrito un "hecho notorio" lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan, los cuales pueden ser invocados de oficio, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes, lo cual se afirma con las consideraciones que rige la Tesis de jurisprudencia XXLL J/2, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo segundo Circuito, publicada en la página 295 del tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y Novena Época, cuyo rubro a la letra dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS IVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN". Atento a lo anterior, se cita como hecho notorio el auto de cuatro de agosto, dictado en el juicio 1166/2021-I, del índice de este órgano federal, en el que se tuvo por recibido el oficio por el cual el Director General del Instituto de Salud del Estado de México, informó que el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se llevará a cabo la aplicación de la segunda dosis del biológico Pfizer-BioNTech, en el Hospital del Niño, Instituto Materno Infantil del Estado de México, ubicado en Paseo Colón s/n, Esquina paseo Tollocan, Colonia Isidro Fabela, en Toluca, Estado de México, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, para lo cual la menor ahí quejosa deberá acudir con uno de sus progenitores y/o representante legal y exhibir los siguientes documentos en original y dos copias: Identificación oficial del acompañante (INE, cartilla militar, pasaporte, cédula profesional). Comprobante de domicilio. Carta de consentimiento de los progenitores (carta responsiva) y (se elaborará en el momento de la vacuna) Identificación oficial con fotografía de la niña, en caso de tenerla, o constancia de identidad. Comprobante de domicilio. Por tanto, dado que el acto reclamado es la omisión de aplicar las dos dosis de la vacuna con el SARS-CoV2, y la autoridad responsable ha señalado fecha para la inoculación, previo a dictar la sentencia respectiva, este juzgado estima necesario recabar las constancias necesarias a fin de constatar una posible causa de sobreseimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 319 del Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL". Asimismo, se requiere al Director General del Instituto de Salud del Estado de México, para que en un término de veinticuatro horas legalmente computadas después de haber vacunado a la directa quejosa, remita a este órgano jurisdiccional las constancias que lo acrediten; en el entendido que, de no hacerlo o no informar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la ley de la materia, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual forma, se hace énfasis a la peticionaria de amparo, para que de ser el caso que ya cuente con la segunda dosis de la vacuna en comento, remita las constancias correspondientes, de no ser así se esté a lo informado en el presente auto, y una vez que sea inoculada con la segunda dosis de la vacuna contra el SARS-CoV2, dentro del término de veinticuatro horas siguientes remita la copia del comprobante de vacunación que lo acredite, lo cual podrá realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx y se le apercibe en idénticos términos que a la autoridad responsable (con multa) en caso de que no aporte la información anterior o no comparezca para que la menor citada reciba la inoculación correspondiente. En consecuencia, a efecto de que se cumpla lo expuesto, y de integrar correctamente el presente juicio, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de la fecha, y para su verificativo se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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