Ubaldo Ruiz Marin
Expediente 751/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 751/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/11/2023
Partes del expediente
- Ubaldo Ruiz Marin
- Juan Luis Nava Mora
- Juez de Distrito Especializado En el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal En Tijuana, Baja California, En Funciones de Juez de Control
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Certificación. Que de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hizo constar por la secretaria actuante que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse tenido por haberse desechado la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el citado precepto; realícese la anotación administrativa conducente. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
En cumplimiento a lo ordenado en autos, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, los proveídos de cinco de julio y uno de septiembre de dos mil veintitrés, que dice: Tijuana, Baja California, cinco de julio de dos mil veintitrés. Apertura del incidente. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta misma fecha en el juicio de amparo 751/2023-IV promovido por Juan Luis Nava Mora y Ubaldo Ruiz Marín, por propio derecho, contra el acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, Baja California, en funciones de Juez de Control, se abre a trámite el presente incidente de suspensión. Precisión del acto reclamado. La parte quejosa señala como acto reclamado: -La resolución dictada en audiencia de fecha seis de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual se les negó la revocación, cese o sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta, en la causa penal ******************** Efectos de la suspensión. La parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para los siguientes efectos: ".a) Deje sin efectos la determinación emitida en la audiencia de 06 de junio de 2023, únicamente respecto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. b) Señale fecha y hora para llevar una diversa audiencia -con intervención de las partes- en la que declare improcedente la imposición de la prisión preventiva oficiosa a la parte quejosa, conforme el marco convencional expuesto en esta resolución. c) Una vez hecho lo anterior, abra a debate de las partes el análisis de la solicitud de medidas cautelares a imponerse a la parte quejosa." Una vez precisado el acto reclamado y los efectos para los cuales la parte quejosa solicita la suspensión, se procede al análisis de la medida y los efectos para los cuales, en su caso, puede concederse. Sirve de apoyo a este razonamiento la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2019200, de rubro y de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." Procedencia de la suspensión. Resulta pertinente indicar que los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 y 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgar la medida cautelar solicitada, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, los cuales son: 1. Que la solicite el quejoso; 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, 3. Que deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. En la especie, la parte quejosa solicitó expresamente en su escrito inicial de demanda la suspensión del acto que reclama de la autoridad señalada como responsable, por lo que con ello se reúne el requisito establecido en la fracción I del artículo 128 anteriormente citado. Asimismo, se encuentra satisfecho el requisito establecido en la fracción II del artículo en comento, así como lo dispuesto por el numeral 138, toda vez que con la concesión de la medida cautelar se estima que no se sigue perjuicio al interés social, y no se contravienen disposiciones de orden público, como se expondrá a continuación. Concesión de la suspensión. Ahora, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado consistente en la prisión preventiva oficiosa, a fin de evitar un daño irreparable a la parte quejosa en las etapas del juicio se concede la suspensión provisional solicitada, por los siguientes motivos. Consideración previa. Como punto de partida, esta juzgadora se encuentra obligada a tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 1 de la constitución, en sus tres primeros párrafos, vigente a partir del once de junio de dos mil once. En ese sentido, en el Estado mexicano existen dos fuentes en las cuales se establecen derechos humanos y sus garantías, por una parte, en la constitución y, por otra, en los tratados internacionales de los que sea parte. En sede nacional el artículo 19 constitucional, prevé dos supuestos en los cuales se podrá decretar prisión preventiva, a saber: 1) justificada y, 2) oficiosa. La prisión preventiva oficiosa está prevista en el referido numeral 19 constitucional y la ordena el juez en los casos de delitos específicos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas y bajo esa relevancia constitucional se interpreta el sistema de medidas cautelares previsto en la Ley de Amparo. Es decir, un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa (artículo 17 constitucional) de los intereses jurídicos en juego, tomando en cuenta que la tardanza del procedimiento para obtener su salvaguarda no es un factor que justifique su lesión irreversible o grave a efecto de proveer sobre la suspensión solicitada. Por tal motivo, a efecto de generar que el sistema de medidas cautelares (suspensión) en los juicios de amparo sea efectivo, el legislador dispuso en el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, lo que doctrinal y jurisprudencialmente se ha denominado la "suspensión con efectos restitutorios". Esto, porque el legislador estableció que: "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo". En consecuencia, los órganos de control constitucional tenemos la obligación de analizar la naturaleza del acto reclamado y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce de su derecho violado hasta en tanto se dicte sentencia. Sin embargo, para que ello acontezca, se ha explicado que debe analizarse una circunstancia relevante, esto es, la apariencia del buen derecho. Así, la doctrina y la jurisprudencia han definido la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora como el conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad, respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, así como la amenaza de que por el tiempo de duración del proceso ese derecho aparente no sea satisfecho. Por tanto, esta resolutora estima que la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora se encuentra acreditada para efectos de conceder la suspensión solicitada. Lo anterior, porque de un análisis superficial de este asunto y a manera de probabilidad, se puede advertir que, con relación a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, asistirá la razón a la parte quejosa en la sentencia que se dicte en el fondo de este asunto; lo que actualiza la figura jurídica indicada y genera que sea procedente conceder la medida cautelar solicitada con efectos restitutorios; esto, esencialmente, derivado de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deben ser acatadas por los jueces mexicanos para lograr la efectiva protección de los derechos fundamentales de las personas. En ese contexto, debe destacarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos el siete de noviembre de dos mil veintidós, dictó sentencia en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, en la que en relación con la prisión preventiva, consideró que el artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de mil novecientos noventa y nueve, el cual establece la prisión preventiva, y que fue aplicado en el caso, no hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Además, estimó que el referido artículo establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. Por ello, consideró que el Estado vulneró su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención en relación al derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), y a la presunción de inocencia (art. 8.2) en perjuicio de las víctimas. Finalmente concluyó que al aplicar figuras que (per se) son contrarias a la Convención, las autoridades internas vulneraron los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas incumpliendo su obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 de dicho instrumento. En ese orden de ideas, mediante sentencia dictada el veinticinco de enero del presente año, la misma Corte Interamericana de derechos Humanos, en el caso García Rodríguez y otro Vs. México -en la que en relación con la prisión preventiva- indicó que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de dos mil y 19 de la Constitución de acuerdo a su texto reformado en el dos mil ocho, eran contrarios a la convención. Asimismo sostuvo que esas normas no mencionan las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. También señaló que en ambas disposiciones legales, se limita el rol del juez y supone un acto que deviene exento de todo control real impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento. Por lo que la Corte consideró que esas normas contenían cláusulas y siguen conteniendo en el caso del artículo 19 de la Constitución, que, (per se) resultaban contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana, tales como el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), a la presunción de inocencia (art. 8.2), y a la igualdad y no discriminación (artículo 24). De ahí que concluyó que el Estado vulneró esos derechos, en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecida en el artículo 2 de dicho tratado, en perjuicio de las víctimas. Finalmente, la Corte afirmó que al aplicar figuras que (per se) son contrarias a la Convención, y al mantener por más de diecisiete años a las víctimas en prisión preventiva, las autoridades internas vulneraron los derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia, y a la igualdad y no discriminación, en perjuicio de las víctimas incumpliendo su obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 de dicho instrumento. De las anteriores sentencias se puede concluir que en lo referente a la prisión preventiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) Existan elementos para formular cargos o llevar a juicio: deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida al proceso pudo haber participado en el mismo (es decir deberá atender a las particularidades del caso); b) Que la finalidad sea compatible con la Convención, a saber: procurar que la persona acusada no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia y que las medidas sean idóneas, necesarias y estrictamente proporcionales respecto de tal fin; y, c) Que la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. Es decir, la Corte Interamericana de derechos Humanos estableció que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la CIDH. Criterio que resulta obligatorio a este órgano jurisdiccional, tal como reiteró la referida Corte Interamericana en el punto 303 de la sentencia del Caso García Rodríguez y otro que dice: "303. Conforme a lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo el principio pro persona. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal, por lo que - en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes- las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana." Conclusión. En acato al marco de precedentes emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este órgano jurisdiccional considera -como lo resolvió dicho tribunal- que la figura de la prisión preventiva oficiosa no es acorde a los estándares internacionales contraídos por el Estado Mexicano y, por ende, es inconvencional; lo que genera que su aplicación vulnere diversos derechos de las personas que se encuentran sometidas a ésta. Por todo lo anterior, al estimarse que se actualiza la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, procede conceder la suspensión provisional a la parte quejosa, para que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, realice lo siguiente: a) Deje sin efectos la determinación emitida en la audiencia de seis de junio de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, únicamente respecto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. b) Señale fecha y hora para llevar una diversa audiencia -con intervención de las partes- en la que declare improcedente la imposición de la prisión preventiva oficiosa a la parte quejosa, conforme el marco convencional expuesto en esta resolución. c) Una vez hecho lo anterior, abra a debate de las partes el análisis de la solicitud de medidas cautelares a imponerse a la parte quejosa, en la que, con libertad de jurisdicción, decrete las que considere necesarias. Lo anterior, con la única limitación de que no pueda imponerse la de prisión preventiva de manera oficiosa; lo que no excluye la posibilidad de que pueda decretarse la relativa a la prisión preventiva justificada, en caso de que cuente con elementos para ello. Cita de precedente. En similares términos se pronunció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 101/2023 cuya sentencia constituye un hecho notorio para esta autoridad, dado que obran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En el referido precedente el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito estableció claramente los aspectos relevantes siguientes: 1. Que sí procede la suspensión con efectos restitutorios provisionales en contra de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. 2. Que sí hay apariencia del buen derecho contra la prisión preventiva oficiosa. En la inteligencia de que la suspensión provisional concedida no surtirá efecto legal alguno, en caso de que en la audiencia de catorce de junio de dos mil veintitrés, no se le hubiera impuesto o reiterado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pues no se estaría en el supuesto analizado y este juzgado no se encuentra en aptitud de examinar sobre la procedencia de la suspensión. Requisitos de efectividad. La suspensión provisional surte efectos desde luego, en términos del 136, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que haya lugar a fijar garantía dada la naturaleza y efectos concedidos de los actos reclamados. Señalamiento de la audiencia incidental. Se señalan las diez horas con cinco minutos del doce de julio de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Informe previo. Pídase informe previo a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; enviándoles para ello copia simple de la demanda de amparo; asimismo, deberán precisar si son ciertos o no los actos reclamados, la naturaleza del juicio, las partes en el mismo, el estado procesal que guarda, informar si ya se dictó sentencia; así como expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y demás datos que tengan a su alcance que permitan a este juzgado federal establecer el monto de la garantía correspondiente. Haciéndole saber que la falta de la rendición de su informe hará presumir de cierto el acto reclamado, de conformidad con el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, y se impondrá en su contra una multa de cien días, con apoyo en lo dispuesto en los preceptos 238 y 260 fracción I, de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Autorización de remisión de informe vía electrónica. Se autoriza a la autoridad responsable para que, en su caso, remita el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de que opte por realizarlo mediante oficio que envíe físicamente a este juzgado. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 fracción I de la legislación en consulta, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Datos de contacto. Ahora, en relación al correo electrónico y número telefónico que señala la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, se toma nota del mismo, a través del cual única y exclusivamente se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Tomando en cuenta las disposiciones del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica (juicio en línea), lo que significa que podrán imponerse del contenido de los autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, para lo cual deberán contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 del mencionado Acuerdo 12/2020, y realicen la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. Para efecto de lo anterior deberán proporcionar el nombre del usuario con el que se realizó el registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como la notificación electrónica de las resoluciones judiciales emitidas en este juicio, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo 12/2020. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente. Tijuana, Baja California, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Imposibilidad de notificación. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente al quejoso Juan Luis Nava Mora, el proveído de cinco de julio del presente año, en virtud de que la actuaria judicial de la adscripción fue informada por personal de los Centros de Reinserción Social "El Hongo I y II", con sede en Tecate, Baja California, que en el sistema que tienen habilitado no se registró que dicho quejoso estuviera interno. Estado de autos. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte un domicilio procesal, el cual se encuentra ubicado en Calle Ignacio Herrerías, esquina con dieciséis (16) de septiembre, número tres mil quinientos veinticinco (3525), interior cinco (5), Colonia Anexa veinte (20) de noviembre, en esta ciudad; por tanto, se ordena a la fedataria judicial adscrita para que se constituya en el domicilio señalado con antelación, y notifique al quejoso en cita el proveído de cinco de julio del año en curso. Notifíquese personalmente al quejoso Juan Luis Nava Mora.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Se ordena notificación por lista. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa Juan Luis Nava Mora, los acuerdos de cinco de julio y uno de septiembre de dos mil veintitrés, por los motivos que en la misma se exponen. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se ordena a la actuaria de este juzgado, notificar al referido quejoso por medio de lista los referidos acuerdos, el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aun los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Imposibilidad de notificación. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente al quejoso Juan Luis Nava Mora, el proveído de cinco de julio del presente año, en virtud de que la actuaria judicial de la adscripción fue informada por personal de los Centros de Reinserción Social "El Hongo I y II", con sede en Tecate, Baja California, que en el sistema que tienen habilitado no se registró que dicho quejoso estuviera interno. Estado de autos. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte un domicilio procesal, el cual se encuentra ubicado en Calle Ignacio Herrerías, esquina con dieciséis (16) de septiembre, número tres mil quinientos veinticinco (3525), interior cinco (5), Colonia Anexa veinte (20) de noviembre, en esta ciudad; por tanto, se ordena a la fedataria judicial adscrita para que se constituya en el domicilio señalado con antelación, y
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