Ubaldo Rubio Gonzalez
Expediente 1111/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 32 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1111/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 23/11/2017
Partes del expediente
- Ubaldo Rubio Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Incidental
IV Vista la cuenta precedente y del estado que guardan los autos, se advierte que en el juicio principal del cual deriva este incidente se dictó el auto siguiente: "Toluca, Estado de México; veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso Ubaldo Rubio González, no recurrió la sentencia de treinta de octubre de dos mil diecisiete, por la cual se sobreseyó en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Por lo tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque se sobreseyó el juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto de referencia). El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, fracción III párrafo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Lo que se transcribe para los efectos legales conducentes.
- Principal
IV La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso Ubaldo Rubio González, no recurrió la sentencia de treinta de octubre de dos mil diecisiete, por la cual se sobreseyó en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Por lo tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque se sobreseyó el juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto de referencia). El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, fracción III párrafo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, agréguese sin mayor proveer, el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Publico de la Federación, Titular de la Mesa 01, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, toda vez que mediante auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, se dejó de tener con el carácter de autoridad responsable (foja 19). Notifíquese. Así lo acordó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VIII. S E N T E N C I A Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1111/2017-VII; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Ubaldo Rubio González, mediante escrito de demanda recibido el doce de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y autoridad que a continuación se menciona: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa I, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura. IV. ACTO RECLAMADO: La omisión de iniciar el procedimiento de investigación por los delitos de tortura y malos tratos." SEGUNDO. Preceptos constitucionales vulnerados. La parte quejosa señaló como preceptos constitucionales vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida que fue la demanda en este juzgado de Distrito, por auto de trece de julio de dos mil diecisiete, se registró bajo el expediente 1111/2017-VIII y se admitió a trámite; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete a la representación social de la federación de la adscripción; y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. CUARTO. Autoridad inexistente. Mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, se dejó de tener con el carácter de responsable a la autoridad que inicialmente señaló el quejoso como Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa I, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura; por las consideraciones ahí expuestas. En virtud de lo anterior, por auto de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, en atención a la petición formulada por la parte quejosa, se ordenó emplazar con el carácter de responsable al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa 19, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura; sin embargo, el cinco de octubre del presente año, se dejó de tener como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo en que se actúa. Por ende, previos diferimientos de la audiencia constitucional, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver del presente juicio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 12/2016 que modifica y adiciona el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio se debe precisar cuál es el acto reclamado en el presente juicio, antes de verificar lo relativo a su existencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo ha de observar para establecer cuál es el acto reclamado, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención de los promoventes, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en la demanda. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, página 32, registro 192097, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, página 255, registro 181810, cuyo contenido es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que por esta vía constitucional se reclama la omisión del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa I y/o 19, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, de iniciar el procedimiento de investigación por los delitos de tortura y malos tratos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo indirecto se debe pronunciar sobre la existencia o inexistencia del acto reclamado. Expuesto lo anterior, se precisa que no existe la omisión combatida, ya que no se probó la existencia de la autoridad a la que se le atribuye, porque de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que inicialmente el quejoso Ubaldo Rubio González, señaló como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa I, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, la cual se dejó de tener con el carácter de responsable por los motivos expuestos en proveído de veintidós de agosto de dos mil diecisiete. Motivo por el cual, por auto de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, en atención a la petición formulada por la parte quejosa, se ordenó emplazar con el carácter de responsable al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa 19, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura; sin embargo, el cinco de octubre del presente año, se dejó de tener como responsable por las consideraciones expuestas. Consecuentemente, procede sobreseer en el juicio de amparo, en conformidad con el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por los numerales 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la propia legislación, pues como ya se dijo no existe la omisión combatida por esta vía constitucional, porque la autoridad a la que se le atribuye es inexistente. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia V.2o.J/96, publicada en la página 55, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1994, Octava Época, Materia Común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que establece: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." La jurisprudencia VI.2o.J/2015, visible en la página 468, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época, Materia Común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Y la jurisprudencia VI. 3o. J/44, visible en la página 67, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 1994, Octava Época, Materia Común, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Ubaldo Rubio González, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.
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