Ubaldo Regalado Martínez
Expediente 351/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 351/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/11/2020
Partes del expediente
- Ubaldo Regalado Martínez
Actuaciones
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- Principal
Vista la certificación de cuenta... se declara que la citada sentencia en la que por una parte se sobreseyó, y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA... archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido... el expediente principal será susceptible de depuración con excepción del escrito inicial de demanda, la sentencia emitida en autos, así como las resoluciones interlocutorias que en su caso se hayan dictado, en razón de que este juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Por otra parte, devuélvase a la parte quejosa las documentales que en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que se encuentran a su disposición dichas documentales en el local de este Juzgado a efecto de que las recoja, con el apercibimiento que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. NOTIFÍQUESE.
- Principal
a realizar el acto de molestia, siendo imprescindible que se plasmen en el escrito que se dirige al gobernado. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis número VI. 2o. J/248, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 64, del mes de abril de 1993, página 43, que a continuación se transcribe: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, , fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado." Para dar respuesta al primer motivo de disenso propuesto por el quejoso sintetizado con anterioridad, es menester tener en cuenta que de las constancias que integran los presentes autos, se advierte que se solicitó lo siguiente: "Atento al contenido de su escrito el 9 de enero de 2020 [.] en el que solicita se le informe si de ordenó suspender de su servicio y sueldo, de ser negativa su respuesta, se le reincorpore a sus servicios y se le paguen sus haberes. Por su parte, la autoridad responsable atendió la solicitud del quejoso, mediante el oficio SSC/DGCHJ/0384/2020 del treinta y uno de enero de dos mil veinte, en los términos siguientes: "[.] Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 61, último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, el suscrito en mi carácter de titular de la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia, [.]; me permito comunicar a usted que, derivado de una búsqueda en el archivo de trámite de esta Dirección General del Consejo de Honor y Justicia, NO se encontró procedimiento administrativo instaurado en su contra, por lo que en consecuencia no se cuenta con antecedente de que exista orden de suspensión de servicio, sueldo, así como de sus haberes. Por otra parte cabe aclarar que respecto a su solicitud de reincorporación o pago de haberes, este Órgano Colegiado carece de facultades para ello, por lo que no es posible atender su solicitud en ese sentido, se le orienta a efecto de considerarlo pertinente dirija su petición a la Dirección General de Administración de Personal, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 42 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública de l Distrito Federal, ya que es la instancia que cuenta con las atribuciones legales para informar respecto a su petición. [.]." De las transcripciones realizadas, se advierte que en esencia, el quejoso en su escrito de petición solicitó se le informe [1] si la autoridad responsable ordenó suspender su servicio y sueldo; y de ser negativa su respuesta [2] se le reincorporara a sus servicios y se le pagaran sus haberes. Al respecto, la autoridad responsable al dar respuesta citó como fundamento de su actuación, los artículos 36 y 61, último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, precisando que de la búsqueda realizada en el archivo de trámite de esa Dirección General del Consejo de Honor y Justicia, NO se encontró procedimiento administrativo instaurado en su contra, por lo que no se contaba con antecedente de que existiera orden de suspensión de servicio, sueldo, así como de sus haberes. Asimismo, agregó que respecto a su solicitud de reincorporación o pago de haberes, dicho Órgano Colegiado carecía de facultades para ello, por lo que no era posible atender su solicitud en ese sentido, y se le indicó que de considerarlo pertinente, dirigiera su petición a la Dirección General de Administración de Personal, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 42 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ya que era la instancia que cuenta con las atribuciones legales para informar respecto a su petición En efecto, de las constancias exhibidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que a través del oficio SSC/DGCHJ/0384/2020 del treinta y uno de enero de dos mil veinte, atendió de manera congruente, fundada y motivada la solicitud que el quejoso planteó en su escrito del nueve de enero del mismo año, al dar respuesta en los términos apuntados. Entonces, si de conformidad con el artículo 8° de la Constitución Federal, toda autoridad ante la que algún gobernado realice por escrito cualquier tipo de solicitud, siempre que sea de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar una ??????????????? interesado, también por escrito, el resultado de su petición; entendiendo por congruente que la respuesta relativa debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado, sin omisión de alguna cuestión y sin consideraciones contrarias entre sí. Este Juzgado Federal estima que con la respuesta dada por la autoridad responsable, sí se está dando contestación congruente, fundada y motivada a lo solicitado por el quejoso en su escrito de petición del nueve de enero de dos mil veinte, en virtud de que la autoridad responsable, en el oficio oficio SSC/DGCHJ/0384/2020 del treinta y uno de enero de dos mil veinte, procedió a informarle que en relación con que se le informara si la autoridad responsable ordenó suspender su servicio y sueldo, precisó que de la búsqueda realizada en el archivo de trámite de esa Dirección General del Consejo de Honor y Justicia, NO se encontró procedimiento administrativo instaurado en su contra, por lo que no se contaba con antecedente de que existiera orden de suspensión de servicio, sueldo, así como de sus haberes. No obsta a lo anterior, el hecho de que el quejoso argumente que la respuesta dada a su escrito de petición no es congruente porque no se le reinstaló en su servicio ni se ordenó el pago de sus haberes, pues de lo expuesto se advierte que dicha autoridad precisó que no se encontraba facultada para dar respuesta a su solicitud de reincorporación o pago de haberes en los términos que pretendía el quejoso, pues incluso, precisó que la aludida solicitud era una facultad que compete exclusivamente a la Dirección General de Administración de Personal. De ahí que este Juzgado Federal estima que la autoridad responsable contestó la petición de la parte quejosa de manera congruente con lo solicitado, pues contrariamente a lo que aduce, sí le informó lo solicitado, y respecto de la solicitud de reincorporación se expresaron los fundamentos y las razones por las que no podía actuar en los términos pretendidos por el quejoso. Lo anterior, pues si bien el derecho de petición obliga a las autoridades a contestar en breve término y por escrito las promociones que se presenten; lo cierto es que no las obliga a resolver en determinado sentido y tampoco las constriñe a pronunciarse sobre cuestiones sobre las cuales no tengan competencia o respecto de las cuales exista un impedimento legal para resolver. Esto es así, pues conforme al principio de legalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución Federal, las autoridades únicamente pueden resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia y sólo pueden actuar dentro del marco constitucional y legal que les sea aplicable, por lo que en estos casos, para que la autoridad dé una contestación congruente, deberá manifestar su imposibilidad para pronunciarse sobre los planteamientos formulados por los particulares, tal como aconteció en la especie. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido."8 De lo expuesto, se concluye que con la aludida respuesta, la autoridad responsable atendió y dio respuesta de manera congruente, fundada y motivada a la solicitud del impetrante del amparo, conforme a los artículos 8° y 16 de la Constitución Federal, al quedar satisfecho con lo expresado por la autoridad responsable en el oficio SSC/DGCHJ/0384/2020 del treinta y uno de enero de dos mil veinte. De ahí que resulte infundado el concepto de violación en estudio. Por otra parte, la parte quejosa alega en su segundo concepto de violación, en esencia, que la autoridad responsable únicamente se limitó a emitir el oficio reclamado manifestando que no se encontró procedimiento administrativo instaurado en su contra, pero aduce que el mismo es ilegal porque no ordenó su reinstalación en el puesto que venía desempeñando ni el pago de sus haberes, sin que exista procedimiento instaurado en su contra. Cabe destacar que la parte quejosa hace depender la ilegalidad del oficio reclamado del hecho de que la autoridad responsable no ordenó su reinstalación en el puesto que venía desempeñando ni el pago de sus haberes; no obstante, dicha alegación resulta inoperante, puesto que -tal como se precisó con anterioridad- mediante auto del trece de marzo de dos mil veinte, se previno a la parte quejosa para que aclarara el acto reclamado en su demanda de amparo, al advertirse de su lectura que debía especificar si era su intención señalar como acto destacado la omisión y/o negativa de permitirle ingresar a su lugar de adscripción a desempeñar el empleo, cargo o comisión que venía desempeñando; no obstante, mediante escrito de desahogo de la parte quejosa manifestó expresamente que: "Respecto al inciso B) MANIFIESTO QUE NO ES MI DESEO SEÑALAR COMO ACTO RECLAMADO LA NEGATIVA DE PERMITIRME INGRESAR A MI LUGAR DE ADSCRIPCIÓN", por lo que dicha alegación no puede ser materia de análisis en la presente sentencia, toda vez que la misma no forma parte de la litis al no haberse introducido por la parte quejosa dicho acto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "LITIS, LA INTRODUCCIÓN DE ARGUMENTOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA, RESULTAN INOPERANTES. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, el juzgador tiene el deber de tramitar las controversias que se le planteen, limitándose a tomar en cuenta únicamente los asertos que en los momentos procesales oportunos las partes expongan y está obligado a resolver solamente los puntos que sean materia de la disputa, esto es, aquellos que conformen la litis pues no puede ir más allá de los argumentos debatidos; afirmar lo contrario, sería terminar con la seguridad jurídica que es uno de los puntales primordiales que establece el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; en consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito se encuentra impedido para abordar su estudio, toda vez que a la Sala de apelación no se le da oportunidad de conocer y, en su caso, 8 Registro IUS: 173716. Época: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo ??????????????? de pronunciarse respecto de ellos."9 En este sentido, al ser infundados e inoperantes los conceptos de violación analizados, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Federal solicitado por la parte quejosa. Finalmente, este Juzgado de Distrito no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos formulados por la parte quejosa, toda vez que atento a lo dispuesto en los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo y ampliación de demanda y, los aducidos en el informe justificado pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda de amparo, o en su caso, ampliación y al informe con justificación, por lo que no constituyen una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los razonamientos ahí expresados. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia, aunado a que no variaría el sentido de la presente resolución.10 Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 124, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales se 9 Registro: 187488. Época: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 2020, Tomo XV. Materia(s): Civil. Tesis: I.6o.C. J/34. Página: 1236. 10 Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, página 14, tomo 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 205449, cuyo rubro y texto son: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." 03/07/24 11:58:27 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.37.38.33.31.31 JOSE ALFREDO ROJAS ZAMUDIO R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio amparo promovido Ubaldo Regalado Martínez, en términos de lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Ubaldo Regalado Martínez, contra los actos precisados en el considerando segundo, en términos del diverso quinto considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE; Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo resolvió y firma electrónicamente Beatriz Alcántara Jiménez, Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, previa autorización referida en el oficio CCJ/ST/2205/2020 del siete de septiembre de dos mil veinte, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta el día de hoy veintidós de septiembre de dos mil veinte, en que las labores del juzgado permitieron concluir el engrose, asistido por el Secretario José Alfredo Rojas Zamudio, quien autoriza, firma electrónicamente y certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente sentencia, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, mediante el cual el delegado de la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en atención al auto del dieciocho de agosto del año en curso solicita se conceda un término amplio y suficiente para poder estar en aptitud de desahogar la vista que se le dio con el dictamen rendido por la perito oficial; agréguese a los autos para que obre como corresponda. En consecuencia, en atención a las manifestaciones vertidas por la oficiante, se concede una prórroga a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, plazo previsto en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el dictamen pericial rendido por el perito oficial. Apercibida que de no realizar manifestación alguna al respecto, dentro del plazo precisado en el párrafo que antecede, este órgano jurisdiccional acordará lo que corresponda en la incidencia tramitada en el presente asunto NOTIFÍQUESE
- Principal
Vistos, agréguese en autos el oficio de cuenta suscrito por la apoderada general para la defensa jurídica en representación del Director General de la Comisión [1] y los Integrantes [2], ambos del Consejo de Honor y Justicia (ahora Comisión de Honor y Justicia), todos de la Secretaría de Seguridad Ciudad de la Ciudad de México; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido; y con éste dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, del ordenamiento legal en cita, se tienen como delegados a las personas que menciona y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de su parte, la documental que adjunta, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legala y humana, que refiere en su informe justificado, las cuales se tomarán en consideración en la audiencia constitucional NOTIFÍQUESE
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