Ubaldo Hernandez Hernandez

Expediente 884/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
884/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Ubaldo Hernandez Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el oficio de cuenta, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, del que se advierte acusa recibo del diverso ..., con el que se le remitió copia certificada de diversas constancias de este asunto, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por ********************, autorizado en términos amplios del promovente ********************, contra el proveído de uno de septiembre del año en curso; e informa que dicho medio de impugnación quedó registrado con el número 450/2023 de ese índice. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito firmado electrónicamente por ********************, autorizado en términos amplios del promovente ********************, atento a su contenido, se advierte que interpone recurso de queja contra el proveído de uno de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por este Juzgado en el presente juicio. Por tanto, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal de Segunda Instancia impresión del ocurso de cuenta, toda vez que fue recibido vía electrónica, rindiéndose el informe con justificación respecto del aludido medio de impugnación, manifestándole que es cierta la determinación impugnada, la cual fue notificada vía electrónica a la parte promovente el cinco del mes actual. En el entendido que a dicho informe deberá anexarse copia certificada de todas las constancias conducentes relativas al recurso de queja interpuesto en el expediente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de septiembre de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 884/2023. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase a la Secretaria a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen, según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. PARTE QUEJOSA UBALDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, parte demandada en el juicio de origen. AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlaxiaco, Oaxaca. ACTO RECLAMADO Medida provisional de alimentos decretada en auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el expediente tramitado en vías de controversia del orden familiar 139/2023, promovido por Marisol Cruz Cruz, en representación de los menores G. H. C., U. A. H. C. y E. H. C., para que aporte un salario y medio mínimo diario, que asciende a cuatro mil seiscientos sesenta y siete pesos, cero centavos, de manera quincenal, bajo ese concepto. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 4º, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal. DESECHAMIENTO En efecto, SE DESECHA la demanda de amparo, en virtud de que SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA relativa a que NO SE AGOTÓ EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo tratándose de actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso, o medio de defensa legal por virtud de cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" De acuerdo con la citada norma, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, dictados dentro de juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, siempre que previo a instar la acción constitucional de amparo se agoten los recursos que en su caso procedan. De aquí deriva el reconocimiento del principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. El agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. La regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etcétera, no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. La importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocida tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los tribunales internacionales de derechos humanos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 525, del Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002286, cuyo tenor literal es: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano" El agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Funda lo expuesto la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 350, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2005039, cuyo rubro y texto son: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por el artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Fuera de esos casos, el quejoso debe observar el principio de definitividad. De lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, con base en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El principio de definitividad que rige en materia de amparo, consiste en la obligación que tiene el gobernado de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, el cual, por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa; de ahí que dicho principio deba ser acatado previamente por el promovente. En el caso, se advierte que la parte quejosa no observó el citado principio previamente a la presentación de la demanda de amparo, ya que contra el acto reclamado, procede el recurso de apelación a que se refieren los artículos 673 y 973 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, que a la letra indican: "Artículo 673.- La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado.". "Artículo 973.- En los juicios del orden familiar, el recurso de apelación se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza." De los citados numerales, se aprecia que contra el acuerdo aquí reclamado, a través del cual se fija al aquí quejoso un salario y medio mínimo diario, que asciende a cuatro mil seiscientos sesenta y siete pesos, cero centavos, de manera quincenal, como medida provisional de alimentos, a favor de Marisol Cruz Cruz, en representación de los menores G. H. C., U. A. H. C. y E. H. C., es procedente en materia de recurso, todos los previstos en el código adjetivo procesal y su tramitación se sujetara a las disposiciones generales del mismo. Reglas conforme a las cuales, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Luego, contra el citado proveído procede el recurso de apelación, en razón de que el párrafo segundo del artículo 673 del ordenamiento legal citado, dispone que los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. Es así, ya que el auto controvertido es definitivo, en tanto está relacionado con el pago provisional de alimentos, por tanto, al ser los alimentos de tracto sucesivo, dado que la obligación de darlos y el derecho de percibirlos, se generan día con día, es inconcuso que la pensión solicitada en autos no será materia de estudio, de ahí que, como se anticipó, en su contra proceda el recurso de apelación. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, página 994, Quinta Época, Materia Común, con registro 363877, de rubro y texto siguientes: "APELACIÓN. Los autos sólo son apelables cuando tienen fuerza de definitivos y cuando la ley lo dispone, si además lo fuere la sentencia que en el juicio se dicte, y dichos autos tienen fuerza de definitivos cuando causan un gravamen que no puede repararse en la sentencia, y si ésta se dictó, el auto que mande dar vista de una promoción del reo, sí tiene fuerza de definitivo, puesto que ya no se está en condiciones de conseguir su reparación en la sentencia y, por tanto, contra él cabe el recurso de apelación". Lo que es acorde, con el hecho de que el numeral 973 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, dispone que en los juicios del orden familiar, el recurso de apelación se admitirá en el efecto devolutivo, y las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza; de lo que puede deducirse que al proceder la apelación en contra de la sentencia definitiva donde se decretaron los alimentos en forma definitiva, también lo es en contra de los autos en los juicios que involucren su otorgamiento provisional como sucede en el caso con el auto reclamado. Tan es así, que dicho ordenamiento legal reconoce que las "resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a sentencias, pues también abarca a los autos que se dicten en la contienda como se señaló anteriormente. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 1a. CCXIII/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, tomo I, página 357, que establece: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2011). De los artículos 79, 94, 684, 688, 691 y 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la Ciudad de México), deriva que el recurso de apelación procederá contra las resoluciones que no puedan ser revocadas o regularizadas; lo que implica que las identificadas como autos e interlocutorias serán apelables siempre que lo sea la definitiva. Por lo tanto, contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional procede el recurso de apelación; pues el código procesal local dispone que contra las sentencias definitivas de esa naturaleza procede la apelación en el efecto devolutivo y que las "resoluciones" de alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza. Luego, se deduce que al ser procedente la apelación en contra de la sentencia definitiva de alimentos, también lo es contra los autos e interlocutorias en los juicios que involucren su otorgamiento, porque el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reconoce que las "resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a sentencias, sino que también abarca a los autos que se dicten en la contienda" En consecuencia, dado que el promovente UBALDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, es parte en el juicio tramitado en vías de controversia del orden familiar 139/2023 -demandado-, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlaxiaco, Oaxaca, previamente a la presentación de la demanda de amparo debió interponer el recurso de apelación también por esta parte del acuerdo. Y a través de ese medio de defensa el acto reclamado pudo haber sido revocado de conformidad con el citado precepto 673 del código adjetivo invocado, que prevé la apelación del auto combatido; por lo que la parte agraviada debió combatir el auto reclamado a través del recurso de apelación previsto en el mencionado precepto legal, a fin de agotar previamente el principio de definitividad del juicio de amparo, pues el juicio de amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener remedio ante la autoridad del orden común Asimismo, cabe aclarar, como ya se dijo es cierto el acto reclamado pudiera causar un perjuicio irreparable a la parte quejosa, de ninguna manera la exime de agotar contra dicho acto el aludido recurso de revocación, pues es distinto el concepto de imposible reparación a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, y el de condición de definitividad de una resolución, a que alude la fracción XXI del artículo 61 del mismo ordenamiento, pues mientras que aquel concepto deriva de que el acto de que se trate afecte los derechos sustantivos de la parte quejosa, lo que caracteriza a una resolución definitiva es la circunstancia de que no existan ya recursos ordinarios conforme a los cuales pueda ser revocada, modificada o nulificada. De ahí que aun tratándose de un acto de imposible reparación, resulte indispensable agotar los recursos ordinarios que la ley contemple, antes de acudir al amparo. Tal criterio se sustenta en la tesis IV.4º.2K visible en la página 650 del Tomo VI, Agoto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Cuarto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Novena Época, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. PARA QUE PROCEDA EL AMPARO EN SU CONTRA DEBEN AGOTARSE LOS RECURSOS ORDINARIOS. Es distinto el concepto de imposible reparación a que se refiere la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, y el de condición de definitividad de una resolución, a que alude la fracción XIII del artículo 73 del mismo ordenamiento, pues mientras que aquel concepto deriva de que el acto de que se trate afecte los derechos sustantivos del quejoso, lo que caracteriza a una resolución definitiva es la circunstancia de que no existan ya recursos ordinarios conforme a los cuales pueda ser revocada, modificada o nulificada. De ahí que aun tratándose de un acto de imposible reparación, resulte indispensable agotar los recursos ordinarios que la ley contemple, antes de acudir al amparo." Asimismo, en la diversa tesis que aparece publicada en la página 521 del Tomo XIII, Mayo de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, del Segundo Tribunal Colegiado del Duodécimo Circuito, Octava Época, del tenor siguiente: "RECURSOS. AUN CUANDO SE RECLAMEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION EN EL JUICIO, DEBEN AGOTARSE LOS. Si bien es cierto que conforme a lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo es procedente el juicio de amparo indirecto contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, sin que sea necesario esperar a que se resuelva el juicio para hacer valer esas violaciones procesales en el juicio de amparo directo, precisamente por la gravedad de su ejecución; esta circunstancia, de ninguna manera exime al quejoso de agotar, contra dichos actos, los recursos ordinarios antes de acudir al juicio de garantías, en términos del artículo 107 constitucional que consagra el principio de definitividad, cuya omisión sanciona el diverso numeral 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo; de ahí que para la procedencia del amparo biinstancial se requiera, no únicamente que la ejecución de los actos reclamados cause daños de imposible reparación, sino que, además, sean agotados los medios de defensa legal cuando los referidos actos sean susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados." En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, pues el acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente tramitado en vías de controversia del orden familiar 139/2023, por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlaxiaco, Oaxaca, en el cual, se fijó un salario y medio mínimo diario, que asciende a cuatro mil seiscientos sesenta y siete pesos, cero centavos, de manera quincenal, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de Marisol Cruz Cruz, en representación de los menores G. H. C., U. A. H. C. y E. H. C., constituye una determinación judicial respecto de la cual, procede el recurso de apelación aludido; además, no existen las excepciones a que se refiere el aludido numeral, pues en el caso en estudio la promovente del amparo: a). No es tercero extraño al procedimiento judicial, sino es la parte actora en el juicio que se sigue en la vía de controversias familiares. b). El acto reclamado no se refiere a un acto que importe peligro de privación de la vida, a su deportación o a su destierro así como tampoco alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la parte quejosa reclama el acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente tramitado en vías de controversia del orden familiar 139/2023, por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlaxiaco, Oaxaca. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. AUTORIZADOS Conforme a la certificación realizada por la Secretaria de este Juzgado, se tiene por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Rufino Benites Sánchez y Salomón Pérez Valencia, mientras que únicamente para recibir notificaciones y documentos a las restantes personas que menciona, por así solicitarlo expresamente, inclusive a Liliana Cruz Paz, toda vez que no se encuentra inscrita cédula a su nombre en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Toda vez que conforme a la certificación de cuenta se advierte registrado el usuario "RUFINO_BS" en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con fundamento en los artículos 35, 36, 39 y 98 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la referida parte procesal la consulta del expediente electrónico de este asunto. Para ello la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, adscrita a este juzgado, deberá vincular el usuario que indica el promovente previa verificación de que los datos coincidan con los registros de la base que arroje el sistema. Asimismo, como lo solicita, se autoriza la notificación electrónica de las resoluciones emitidas en este asunto; por lo que dígase a la parte promovente que para ser notificada de los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Tome conocimiento el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que la promovente solicita el uso de medios electrónicos, no obstante que el uso de dichos medios para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa y sus autorizados para utilizar cámara digital o scanner, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que hagan de ellos los peticionarios, quienes estarán obligados a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página dos mil ochocientos cuarenta y siete del tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, materia civil, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En el entendido de que dicha reproducción deberá realizarse en la secretaría correspondiente, dejándose constancia en el expediente de los documentos que se hayan reproducido. JUICIO EN LÍNEA En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; a través del cual podrán presentar promociones y realizar la consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. FIRMA ELECTRÓNICA Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE OFICIOS Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firmen los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA.

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