Ubaldo González Casanova
Expediente 191/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 191/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/02/2018
Partes del expediente
- Ubaldo González Casanova
Actuaciones
- Principal
El doce de febrero de dos mil dieciocho, se da cuenta al juez con un oficio, registrado en la oficialía de partes de este juzgado de distrito bajo el consecutivo 3309, así como con el estado que guardan los presentes autos.- Conste.Zapopan, Jalisco, doce de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el escrito que firma Adán Domínguez Figueroa, en su carácter de autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual, cumple con el requerimiento formulado el seis de febrero de dos mil dieciocho, y en consecuencia, informa que la quejosa acudió a las instalaciones de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, a efecto de que le entregara el cheque por la cantidad ordenada en la sentencia de mérito, asimismo manifiesta su conformidad con el cumplimiento dado a la sentencia dictada en autos. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la ley de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. No es óbice para lo anterior que se encuentre trascurriendo el plazo otorgado al quejoso con la vista de nueve de febrero de dos mil diecisiete, toda vez que con base en lo expresado en su escrito de cuenta, así como con los elementos de prueba que obran en autos, se analizará si la sentencia de amparo se encuentra cumplida en sus términos. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ".Sea aplicada a la parte quejosa Emilio Bolaños Cacho Gil, la menor tasa contenida para el impuesto predial urbano (0.23) en el artículo 41, fracción II, inciso a) de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis. En consecuencia, el Tesorero o Encargado de la Hacienda Pública Municipal del Municipio de Zapopan, Jalisco, recalcule lo erogado por el quejoso Emilio Bolaños Cacho Gil, en los recibos oficiales 1912306 AA y 1912307 AA, tomando en cuenta la menor tasa aplicable para dicho tributo (0.23) y, en su caso, reintegre la diferencia que resulte de dicha liquidación, lo que incluye su actualización; en el entendido de que los efectos de la concesión del amparo incluyen los actos futuros en los que se pudieran aplicar los preceptos materia de la concesión." Mediante acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a las responsables por el cumplimiento al fallo protector. Asimismo, se dio vista a la parte quejosa en proveído de nueve de febrero de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por recibido el comunicado oficial 1400/2018-T-0628, en el cual, el Tesorero Municipal de Zapopan, Jalisco, informó que el dos de febrero del presente año, la parte quejosa compareció a efecto de recoger el cheque por la cantidad ordenada en la sentencia, y al efecto acompañó el recibo interno en original. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente sumario constitucional, acató el fallo protector en su totalidad, sin excesos ni defectos, lo que se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad, pues la parte quejosa compareció en las instalaciones de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco a efecto de recoger el cheque por la cantidad ordenada en la sentencia y expresó su conformidad con el cumplimiento dado a la sentencia de mérito. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental. Notifíquese; y, personalmente. Lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido por Rodrigo Guzmán López, secretario que autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/RGL/agh
- Principal
Zapopan, Jalisco, quince de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee; ténganse por recibido y agréguese a sus autos el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por lo que atento a su contenido, remítanse copias certificadas de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Dolores Araceli Navarro Huerta, que certifica que la presente actuación, el oficio que aquí se proveen coinciden en su integridad con los que obran en el expediente electrónico. Doy fe. LAPT/DANH/cjta
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: como está ordenado en el cuaderno principal del cual deriva este incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y en cuerda wseparada, el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2955/2017-II; promovido por Jorge Carlos Ruiz Romero, por propio derecho, contra actos que reclama de las autoridades que denominó: Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco. Presidente Especial del Sistema Estatal Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco. Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Jalisco. Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco Por considerarlo violatorio de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en el artículo 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberá rendir, por duplicado, dentro del término de cuarenta y ocho horas, sin que haya lugar a remitirles copias simples del escrito inicial de demanda de amparo, en razón de que las mismas fueron adjuntas a los oficios 1607, 1608, 1609 y 1610, que emanaron del acuerdo pronunciado el pasado dieciséis de enero de los corrientes, dentro del cuaderno principal del cual emanan la presente incidencia; asimismo, indíqueseles que la ley de amparo, en su artículo 260, fracción I, dispone que podrán ser objeto de multa en caso de que no rindan su informe previo. En el entendido de que las autoridades responsables se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados, además de que podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a éste órgano jurisdiccional establecer el monto de la garantía correspondiente. Se señalan para que tenga verificativo la audiencia incidental las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Por otro lado, téngase a la parte quejosa señalando como tercero interesado, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, a: Raúl Ernesto Quintero Peña del Centro Universitario UTEG. Juan Gerardo de la Borbolla Rivero, Rector de la Universidad Panamericana. Roberto Arias de la Mora, investigador. Héctor Manuel Robles Ibarra, rector de la Universidad Enrique Díaz de León. Mara Robles Villaseñor, rectora del CU Altos. René Justin Rivial León, propuesto por la Cámara de Comercio. María Isabel Lazo Corvera, propuesta por la Cámara de Comercio. Josefina Isabel Sepúlveda Campos, del Consejo Agropecuario de Jalisco y la Coparmex. Diego Petersen Farah, abanderado de Jalisco Cómo Vamos, asociación civil. Sin embargo, se reserva a ordenar la notificación de los mismos, hasta en tanto la autoridad denominada Presidente Especial del Sistema Estatal Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco, informe en el cuaderno principal del cual emana la presente incidencia los últimos domicilios señalados por los ahora aquí terceros interesados en comento. Ahora bien, tomando en consideración que la suspensión tiene como objeto primordial preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran y evitar que las consecuencias de los actos reclamados causen daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación, para que la sentencia que en su caso declare el derecho del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Previo a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuál es el acto reclamado cuya suspensión solicita. Del análisis acucioso de la demanda de garantías, se desprende que el peticionario de amparo medularmente reclama: La designación de nueve integrantes de la comisión de elección que designara el Comité de Participación Social y demás comités requeridos en términos de Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco. Las consecuencias jurídicas que acarrea acto señalado con antelación. En esa tesitura, se niega a la parte quejosa la suspensión provisional del acto reclamado que se precisó en el inciso a), en razón de que a este le reviste el carácter de consumado, contra los cuales resulta improcedente otorgar la medida cautelar solicitada, pues de hacerlo se darían efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que, en su caso, se dicte en el juicio de amparo de donde deviene este incidente de suspensión, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, dado que el quejoso reclama la designación que se realizó de los aquí terceros interesados como integrantes de la comisión de elección que designara el Comité de Participación Social y demás comités requeridos en términos de Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco Tiene sustento jurídico a lo anterior, la jurisprudencia número IV, 3º. J/21, que dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Cuando del informe previo rendido por la autoridad responsable se deriva que el representante legal del quejoso entregó voluntariamente el vehículo del que dice fue desposeído, por elementos del departamento de investigaciones de tránsito, quien a su vez lo remitió ante la responsable, con ello se trata de actos consumados, y en esas condiciones es correcto que el juez de distrito estimara que el acto de desposesión que reclama el quejoso con la entrega voluntaria del vehículo, quedó consumado, actos contra los cuales es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a dar efectos restitutorios, los cuales son únicos de la sentencia que en el juicio de amparo se pronuncie." También es aplicable a este respecto, la jurisprudencia 1871, que dice: "SUSPENSIÓN. EFECTOS DE LA.- Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla, y no en el de restituirlas al que tenían antes de la violación constitucional, lo que solo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al fondo". Ahora procede resolver sobre los actos identificados en el inciso b). En ese sentido, se advierte que la suspensión solicitada respecto del acto aquí estudiado se trata de actos a realizar en el futuro y, por ende, susceptibles de paralizarse, deben reunirse las exigencias previstas por los artículos 107, fracción X, 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:... X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social". Conforme al precepto legal transcrito, los actos reclamados en los juicios de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley reglamentaria para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la apariencia del buen derecho y el interés social. Los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, imponen como taxativas para el otorgamiento de la medida cautelar: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, d) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. En ese contexto, se precisa, el primero de ellos denota la instancia de parte agraviada principio rector del juicio de amparo, pues nadie mejor que el quejoso puede estimar hasta qué punto le perjudica dicha ejecución, por tanto a él compete el impulso procesal, el cual se colmó plenamente toda vez que en su demanda solicitó la medida suspensiva. En cuanto al segundo de los requisitos en comento, deriva de lo ostensible que el legislador concede a los intereses sociales o colectivos y de orden público sobre los individuales, pues éstos deben tutelarse sí y solo si no están en conflicto con la sociedad y el Estado. Al respecto, el segundo párrafo de la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, señala ejemplificativamente los casos en los cuales se entiende se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público, este señalamiento no es limitativo sino enunciativo. El orden público y el interés social no son nociones que se puedan integrar a partir de una declaración formal en la ley, pues por lo general todas las normas son de orden público y tienden a regular un interés de la sociedad que es la función específica del derecho; por tanto, corresponde al juzgador en cada caso concreto determinar de manera específica cómo se perfilan tales conceptos jurídicos indeterminados en atención a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscite el acto que se pretende suspender, así la determinación del orden público e interés social ha quedado confiada al buen criterio del juzgador, sin embargo, el alto tribunal de la Nación, en abundante jurisprudencia como la que enseguida se invoca ha delineado criterios orientadores de esos conceptos. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, cuya voz y texto rezan: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." Asimismo, atiéndase la tesis de jurisprudencia número I.3º.A.J/16, que la letra dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Así, debe tenerse presente que se trata de nociones íntimamente vinculadas, en tanto que el orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporten a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En conclusión de estos razonamientos, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa solicita la medida cautelar para efecto de que se suspenda la designación de los integrantes de la comisión de selección que a su vez designará al Comité de Participación Social y demás comités requeridos en términos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco; dicha solicitud deviene improcedente ya que de concederse se afectaría el interés colectivo. En efecto, de conformidad a lo que disponen los artículos 1º, 2°, 5º, 18, 19, 20, 21 y demás relativos a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, dispone entre otras cosas que, la citada norma jurídica es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio del Estado, tiene por objeto establecer y regular las acciones relativas a la coordinación entre el Estado y los Municipios, para el funcionamiento del Sistema Estatal previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 Ter de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con el propósito de que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y hechos que la ley señale como delitos en materia de corrupción. Los objetivos que persigue son: I. Integrar al Estado de Jalisco al Sistema Nacional Anticorrupción; II. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en el Estado y los municipios, armonizándose con el Sistema Nacional; III. Establecer las bases mínimas, para la prevención de las faltas administrativas y los hechos que la ley señale como delitos en materia de corrupción; IV. Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos, armonizándose con el Sistema Nacional; V. Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, investigación, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción armonizándose con el Sistema Nacional; VI. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, su Comité Coordinador y su Secretaría Ejecutiva, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes; VII. Establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del Comité de Participación Social; VIII. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos; IX. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público incluyendo la emisión de un código de conducta de los funcionarios públicos; X. Establecer la coordinación entre el sistema Estatal Anticorrupción y el de Fiscalización; y XI. Establecer las bases para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno. Además de que, el Sistema Estatal Anticorrupción tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos que la ley señale como delitos en materia de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia. Que los integrantes del Comité de Participación Social serán elegidos conforme al procedimiento que señala este artículo, conforme a la propia normatividad, a través de una diversa comisión de selección electa por el Congreso del Estado de Jalisco, a través del método establecido en la propia norma. El Comité de Participación Social tendrá las siguientes atribuciones: I. Aprobar sus normas de carácter interno; II. Elaborar su programa de trabajo anual; III. Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su programa de trabajo anual, mismo que deberá ser público; IV. Participar en la Comisión Ejecutiva en términos de esta Ley; V. Acceder sin ninguna restricción, por conducto del Secretario Técnico, a la información que genere el Sistema Estatal; VI. Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, sobre la política estatal y las políticas integrales; VII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, para su consideración: a. Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; b. Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación del Sistema Estatal y sus herramientas; c. Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los diversos órdenes de gobierno en las materias reguladas por esta Ley; d. Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación del sistema electrónico de denuncia y queja; VIII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción; IX. Llevar un registro de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación social para establecer una red de participación social, conforme a sus normas de carácter interno; X. Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones que implementen las autoridades que conforman el Sistema Estatal; XI. Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la academia y grupos ciudadanos; XII. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar al Congreso del Estado de Jalisco y a la Auditoría Superior del Estado, así como a las entidades municipales fiscalizables; XIII. Opinar sobre el programa de trabajo anual del Comité Coordinador; XIV. Realizar observaciones, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, a los proyectos de informe anual del Comité Coordinador; XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomendaciones; XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas; XVII. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal; XVIII. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias de contraloría social existentes, así como para recibir directamente información generada por esas instancias y formas de participación social; XIX. Nombrar de entre sus miembros y de manera rotativa a su Presidente conforme a las reglas establecidas en esta Ley; y XX. Las demás que dispongan las leyes. De lo anterior, se evidencia que la designación del Comité de Participación Social, es de vital importancia para el debido desarrollo del ejercicio del poder público del Estado de Jalisco, pues a sus integrantes se les encomienda la facultad de designar al Comité de Participación Social y demás comités requeridos en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, dado que todos los órganos públicos derivados de dicha norma tienen como objeto principal de que, las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y hechos que la ley señale como delitos en materia de corrupción; así como establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público incluyendo la emisión de un código de conducta de los funcionarios públicos. Aunado a lo anterior, es sabido que, la corrupción que vive el país, la cual por regla general es ejercida por los servidores públicos ha provocado un estado de inseguridad pública y jurídica, pobreza, marginación, desigualdad social, generando frustración y desaliento en la sociedad y por ende, descredito en las instituciones públicas en todos los ámbitos y competencias del poder público, cuyo riesgo es el resquebrajamiento del estado de derecho y un posible caos social, de ahí la importancia, urgencia y necesidad de formar los órganos públicos que vigilen el comportamiento de todo individuo que goce de un cargo público de cualquier jerarquía en todos los ámbitos del poder público para evitar la impunidad, que es sabido éste último fenómeno es lo que ha provocado que la corrupción se haya impregnado en la sociedad. Entonces, es inconcuso que, cualquier acto tendente a suspender la designación de los integrantes de los comités inmersos en el sistema de anticorrupción, resulta improcedente conceder la suspensión provisional, por no satisfacer el requisito establecido por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que sobre el particular, el perjuicio del interés social y la contravención a disposiciones de orden público quedan acreditados, dado que como se anticipó, el objeto principal de la norma es que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y hechos que la ley señale como delitos en materia de corrupción. Entonces, las molestias que pudiera sufrir la parte quejosa por ello, no está por encima de los intereses de la sociedad a quien le interesa que se integre un sistema de anticorrupción que tenga por objeto vigilar el comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, para evitar la corrupción que invade a este país, por ende, a esta entidad federativa. En el entendido que en el presente incidente, no se prejuzga sobre la inconstitucionalidad o constitucionalidad de los actos reclamados que la parte agraviada considera violatorios de sus derechos fundamentales, ya que dicho estudio se deberá hacer en el juicio principal de donde emana la presente incidencia. De igual manera, tampoco la decisión aquí adoptada puede considerarse de imposible reparación, porque en todo caso de que obtenga sentencia favorable dentro del juicio principal en todo momento podrán resarcirse los daños económicos que se pudieran haber sido afectados, restituyendo de esa manera el derecho a la garantía violada. Ahora bien, la parte quejosa ofertó como medios de prueba de su parte las documentales consistentes en: Escrito dirigido a la responsable con sello de recibido de dos de octubre de dos mil diecisiete. Copia simple del acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. Impresión simple de una nota periodística publicada el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, vía internet en el periódico conocido como "Página 24 Jalisco". Copia simple del acuerdo legislativo AL-1328-LXI-17. Medios de convicción que se tuvieron a la vista al momento de aperturar el incidente de suspensión que nos ocupa, los que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, mantienen valor probatorio pleno. Sin que en el caso, las pruebas aportadas por la parte quejosa pueda superar la afectación al interés social y al orden público detectado por este órgano jurisdiccional. Apoya lo expresado, la Tesis: 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 315, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO." En tal sentido, al considerar que no se satisfacen los requisitos previstos en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, relativo a que no se cumple con el requisito de que no se afecte el orden público ni el interés social, se niega a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada respecto de los actos atribuidos a las autoridades que señaló como responsables. Se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza los medios de prueba ofertados por la parte quejosa, las documentales relacionadas en párrafos que preceden, acorde a lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley de Amparo; con los que se ordena dar vista a las partes en términos de lo dispuesto por el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2; quedando los autos a su disposición en la secretaría de este juzgado de distrito para que se impongan de su contenido. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que cita en su escrito de demanda de amparo; y en atención a la certificación que antecede, como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Myriam Beatriz Martínez Sánchez, toda vez que sí cuenta con cédula profesional de abogado registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como sus autorizados en términos restringidos del mencionado numeral, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones a Manuel Antonio Maldonado Galván y a Angélica Yazmín Cabral López, por así haber sido designados por el quejoso. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídasele por duplicado copias certificadas de la presente resolución, previo recibo y razón que de su recepción sea otorgada en autos. En la inteligencia de que es a su costa la erogación económica que dichas constancias genere; siempre y cuando las mismas hayan sido solicitadas. Asimismo, se autoriza la reproducción de las actuaciones que obren en el expediente en que se actúa, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de medios electrónicos, tales como cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares con dispositivos fotográficos o similares. En el entendido, que deberá contar con los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión este reservada por disposición legal, le será negada la copia solicitada. Asimismo, dígasele al solicitante que el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Finalmente, con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, del mismo ordenamiento en cita, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Ángel Gabino Wood Corona. Doy fe. LAPT/AGWC/tmhb
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