Ubaldo David López Hernández
Expediente 1044/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1044/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Ubaldo David López Hernández
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio número 2390/2019, mediante el cual, la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, devuelve los autos del juicio de amparo número 1044/2018-III-B y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso queja número 156/2018, en la que se resolvió: "PRIMERO. Se confirma el auto recurrido.- - - SEGUNDO.- Se desecha la demanda de amparo promovida por Ubaldo David López Hernández, por su propio derecho y en representación de la menor de edad cuya identidad se resguarda en esta ejecutoria, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando quinto de esta ejecutoria."; acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Finalmente, agréguese a sus autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de queja interpuesto por UBALDO DAVID LÓPEZ HERNÁNDEZ. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que signa el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual informa haber admitido el recurso de queja, interpuesto por el quejos, en contra del proveído por el cual se desechó la demanda de amparo, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Ábrase y fórmese expedientillo con copia del escrito registrado con el número 18638, suscrito por el quejoso Ubaldo David López Hernández, por su propio derecho y en representación de su menor hija A. B. L. A., mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto por el cual se desechó la demanda de amparo y expresa agravios; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia de los agravios, así como los autos al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en Turno, para la substanciación del mismo. Notifíquese.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por Ubaldo David López Hernández, por derecho propio y en representación de su menor hija América Betzaida López Arroyo, contra actos de los Senadores y Diputados; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, con el número de expediente 1044/2018. DIGITALIZACIÓN. De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese orden de ideas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra las normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Se afirma lo anterior, ya que de la lectura integra de la demanda se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: En este apartado, se establecen como actos combatidos a las autoridades siguientes: 1.- Del Senador Ricardo Monreal Ávila, la "Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo y se reforman los actuales párrafos segundo y tercero del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del a Federación"; publicada en la Gaceta del Senado el 04 de octubre de 2018. Por la que se propone que la adscripción por competencia geográfica de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, tenga una duración mínima de tres años, y una máxima de seis años, so pretexto de evitar el establecimiento de relaciones clientelares entre los juzgadores federal con poderes locales, así como desincentivar el nepotismo. 2.- Del Senador Ricardo Monreal Ávila, el "Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 112, recorriéndose los subsecuentes, y se adiciona una fracción XV, recorriéndose la actual, al artículo 131, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para prevenir y erradicar actos de nepotismo"; publicada en la Gaceta del Senado el 11 de octubre de 2018. Por lo que se busca inhibir cualquier acción o conducta particular que de manera excesiva y ventajosa otorgue beneficios personales indebidos a cualquier familiar de un funcionario, por el simple hecho de esa relación, para así garantizar que sean las y los profesionistas calificados que cumplan con los requisitos establecidos en ley, quienes puedan acceder a cargos públicos dentro del Poder Judicial, aun cuando tengan parentesco con algún servidor público que labore al interior del mismo. 3.- De los Senadores Gricelda Valencia de la Mora y Ricardo Monreal Ávila, el "La Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 81 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de Evaluaciones de Control de Confianza", publicada en la Gaceta del Senado el 18 de octubre de 2018. Por la que se propone atribuirle al Consejo de la Judicatura Federal, el diseñar y aplicar las evaluaciones de control de confianza a los aspirantes al ingreso, así como la promoción de la carrera judicial; señalando que, el ingreso, permanencia y promoción se integrará con los exámenes patrimonial y de entorno social; médico; psicométrico y psicológico; poligráfico; y toxicológico. 4.- De la Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, en representación del grupo parlamentario del Partido de Trabajo, se reclama la "Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para fortalecer y democratizar al Poder Judicial de la Federación"; publicada en la Gaceta del Senado el 06 de noviembre de 2018. 5.- De la Diputada María Chávez Pérez, se reclama la "Iniciativa que reforma los artículos 94 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir que los salarios del Poder Judicial se ajusten mediante los tabuladores del Presupuesto de Egresos por cada dependencia de la administración pública", publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el 08 de noviembre de 2018". Lo anterior, en virtud de que a juicio de este órgano jurisdiccional, no se advierte que las iniciativas de decretos reclamadas, que la parte quejosa pretende impugnar, afecten su interés jurídico o legítimo, por las razones que a continuación se explican. Conforme a la reforma del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se amplió el concepto de interés de parte agraviada bajo el que se definía el interés jurídico para promover el juicio de amparo, incorporando -en lo que interesa- el concepto de interés legítimo, cuando se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Ley Suprema y con ello se afecte la esfera jurídica del ciudadano, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por interés legítimo se entiende aquel interés -individual o colectivo-, de cualquier persona, pública o privada, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico, es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra, resultando intrascendente que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo. Al respecto, es relevante mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la distinción entre el interés simple y el interés legítimo, precisando que el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Apoya tales consideraciones, la tesis aislada 1a. XLIII/2013 (10a.)[3], emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido expresan: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Asimismo, la tesis aislada 2a. XVIII/2013 (10a.)[4], de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella". Al resolverse la contradicción de tesis 69/2002-SS por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hizo referencia a las características que permiten identificar el interés legítimo y que son las siguientes: Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Es particularmente relevante lo anterior, en virtud de que de la interpretación armónica y sistemática entre la Constitución Federal y la Ley de Amparo, se colige que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma, que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica de la parte quejosa. Destaca como requisito indispensable del interés legítimo la existencia de una afectación indirecta en la esfera jurídica del individuo, por lo cual, el legislador empleó la frase "especial situación frente al orden jurídico" con un sentido de racionalidad, esto es, refiriéndose a situaciones concretas o excepcionales que guarden características diferentes a las generales en que pueden encontrarse los gobernados frente al orden jurídico, por lo cual es esa circunstancia la que debe apreciarse en cada caso concreto para determinar si existe o no un interés legítimo, el cual exige, como requisito mínimo, que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le dé un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia señalada, toda vez que de la lectura integral de la demanda se desprende que la parte quejosa carece de interés jurídico y legítimo en función de su situación particular frente al orden jurídico cuya declaración de inconstitucionalidad pretendía generar a través de este juicio de amparo; lo anterior, ya que el peticionario de amparo sostiene que se viola la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación. No obstante lo anterior, es posible concluir, desde este momento, que la parte promovente guarda una situación genérica no especial frente al orden jurídico en cuestión (Iniciativas con proyecto de decreto reclamadas), es decir, su situación es simplemente igual a la de todos los gobernados a nivel nacional, estatal y municipal, de manera que no existe un interés particularmente distinto o diferenciado entre el entorno personal de la parte quejosa y el resto de la población. Ilustra a lo anterior, la tesis aislada 2a. LXVII/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[5], que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CUANDO EN AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES SE ALEGUE SU AFECTACIÓN, ES NECESARIO EXAMINAR LA NATURALEZA DE AQUÉLLAS PARA IDENTIFICAR SI EXISTE AGRAVIO A LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO. Acorde con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el interés legítimo individual o colectivo está condicionado a la afectación de la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ahí que, aun cuando en un juicio de amparo contra normas generales se alegue que se afecta el interés legítimo y que se violan derechos reconocidos en la Constitución Federal, debe examinarse si se trata de normas heteroaplicativas o autoaplicativas, para identificar si se genera o no una afectación en la esfera jurídica del quejoso, sin que la vigencia de las normas, por sí sola, incida en su naturaleza, pues ésta depende del contenido particular de cada una, en el sentido de si las obligaciones de hacer o no hacer que establezcan requieren o no de un acto de aplicación para actualizar un perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, o bien surgen con la entrada en vigor de la norma, caso en el cual lo que debe quedar de manifiesto es que quien acude al juicio de amparo se encuentre en el supuesto normativo correspondiente". Luego, si las mencionadas iniciativas no han incidido en su esfera jurídica, en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia en estudio. En tal virtud, como ya se ha explicado, resulta patente que el interés informado en la demanda, constituye únicamente un interés simple similar al que tiene todo gobernado residente en el territorio nacional en que la actividad legislativa se realice acorde a las leyes y reglamentos aplicables, sin embargo, los actos objeto de reclamo no son susceptibles de generar un perjuicio real y actual en los derechos de la parte quejosa; tampoco se observa que de prosperar esta instancia constitucional, se traduciría en un beneficio jurídico propio de la accionante; por lo que la anulación de los actos no produciría ningún efecto directo o indirecto en la esfera jurídica de la promovente de amparo. Además, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que de suyo puede llevar a una declaratoria de inconstitucionalidad pues, de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto y se llegaría al extremo de permitir que se reclamen derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos. En conclusión, la parte quejosa no tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, de ahí la determinación de improcedencia de la demanda de amparo. Ilustra a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[6], que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". Asimismo, aplica al caso en lo conducente, la tesis aislada IX.2o.2 K (10a.)[7], del rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ÉL QUIEN MANIFIESTA QUE UN ACTO VIOLA EN SU PERJUICIO EL DERECHO HUMANO DE LA SOCIEDAD DE CONTAR CON SERVIDORES IDÓNEOS PARA DESEMPEÑARSE COMO JUZGADORES, LOS CUALES ASEGUREN UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA IMPARCIAL, SIN PRETENDER UN BENEFICIO DIRECTO O INDIRECTO EN SU ESFERA JURÍDICA INDIVIDUAL. De la exposición de motivos de la reforma en materia de amparo realizada al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, en vigor a partir del 4 de octubre siguiente, se advierte un énfasis especial en resaltar como requisito indispensable del interés legítimo la existencia de una afectación indirecta en la esfera jurídica del individuo, por lo cual, el legislador empleó la frase "especial situación frente al orden jurídico" con un sentido de racionalidad, esto es, refiriéndose a situaciones concretas o excepcionales que guarden características diferentes a las generales en que pueden encontrarse los gobernados frente al orden jurídico, por lo cual es esa circunstancia la que debe apreciarse en cada caso concreto para determinar si existe o no un interés legítimo, el cual exige, como requisito mínimo, que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le dé un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente. Así, cuando el particular busca únicamente lograr un control de legalidad abstracto sobre un acto que, según manifiesta, viola en su perjuicio el derecho humano de la sociedad de contar con servidores idóneos para desempeñarse como juzgadores, los cuales aseguren una impartición de justicia imparcial, de acuerdo con el artículo 17 constitucional, sin pretender un beneficio directo o indirecto en su esfera jurídica individual, pues no refiere el modo en que esa impugnación le beneficiará ni demuestra cómo la concesión de amparo lo restituirá en el goce de un derecho violado, carece de interés legítimo, dado que tal afirmación no puede considerarse como una afectación real y actual en su esfera jurídica, sino que se traduce en una aseveración hipotética en cuanto al posible desempeño del funcionario judicial, pues a pesar de que a todos los individuos les interesa la legalidad de los actos realizados por el poder público, ese objetivo o intención es insuficiente, por sí mismo, para acudir al juicio de garantías. Es decir, el derecho en el que se sustenta dicha demanda se traduce en un interés simple que la ley reconoce a todo ciudadano, pero no puede asimilarse al interés legítimo previsto en el precepto constitucional inicialmente citado. Aunado a lo anterior, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que puede llevar a una declaratoria de inconstitucionalidad pues, de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto y se llegaría al absurdo de permitir que por cada uno se admitiera el amparo cuando se reclamaran derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos". También tiene aplicación, la tesis aislada[8] del rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. EL RECLAMO DE UNA OMISIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE OBLIGA AL QUEJOSO A EXPRESAR EL BENEFICIO QUE PUDIERA OBTENER DE RESULTAR BENEFICIADO DE CONCEDERSE EL AMPARO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió el interés legítimo, como aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Asimismo, precisó que dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Por tanto, si el quejoso plantea a título individual, la omisión del Ayuntamiento de efectuar una consulta pública previa la aprobación del Reglamento del Tribunal de Arbitraje del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, el que aún no ha sido publicado, sin expresar cuál es el beneficio que deja de obtener o cómo podría resultar beneficiado de concederse a su favor el amparo y la protección de la Justicia Federal, para entenderse que es objetivo su reclamo, es claro que únicamente existe un interés simple que no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido y, por tanto, resulta insuficiente para considerar que cuenta con un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que pudiera traducirse en un beneficio jurídico a su favor". Máxime que en la especie, los actos reclamados se hacen consistir en las iniciativas con proyecto de decreto; y por ende, se encuentra sub júdice su aprobación. Sirve de apoyo lo anterior la tesis visible en la página 8, Tomo X, Septiembre de 1999, Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INICIATIVA DE LEYES Y DECRETOS. SU NATURALEZA JURÍDICA. El examen sistemático del contenido de los artículos 71 y 72 de la Constitución, en relación con las disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y del Reglamento para su Gobierno Interior, que se vinculan con el trabajo legislativo de dicho órgano, lleva a concluir que si bien es cierto que la iniciativa de leyes o decretos representa la causa eficiente que pone en marcha el mecanismo de creación de la norma general, para satisfacer y atender las necesidades que requieren cierta forma de regulación, también se observa que su presentación no vincula jurídicamente de ninguna forma el dictamen que al efecto llegue a presentar la comisión encargada de analizarla, ni mucho menos condiciona el sentido de la discusión y votación que realicen los miembros de las Cámaras de origen y revisora donde se delibere sobre el proyecto de que se trate, dado que los diputados y senadores válidamente pueden resolver en sentido negativo a la proposición legislativa, mediante un dictamen adverso, o bien, una vez discutido éste y escuchadas las opiniones en favor y en contra de la iniciativa, a través de la votación que produzca el desechamiento o modificación del proyecto de ley o decreto sujeto a su consideración, pues es en estos momentos cuando se ejerce propiamente la facultad legislativa por los representantes populares, con independencia del órgano político que hubiese presentado la iniciativa que dio origen al proceso." En consecuencia, y tomando en consideración los criterios señalados en párrafos que anteceden, debe establecerse de manera manifiesta e indudable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES. Finalmente, de conformidad con los artículos 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental; y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que en cualquier momento del juicio, incluso cuando el expediente se encuentre en archivo, podrán por sí o por representante legítimo, manifestar expresamente su oposición a que aparezcan sus datos personales cuando se presente solicitud de acceso a la información de las resoluciones públicas, pruebas y constancias que obren en el expediente. Notifíquese personalmente.
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