Ubaldo Damián Rodríguez

Expediente 842/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
842/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Ubaldo Damián Rodríguez
  • Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, once de noviembre de dos mil veintidós. Admisión de recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual se informa que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra la resolución de nueve de septiembre de dos mil veintidós, el cual radicó bajo toca 1012/2022. Por otro lado, tal como lo solicita, se comisiona a la oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, a fin de que efectúe la revisión correspondiente en el sistema electrónico y, en caso de que no se encuentre vinculado el presente asunto con el toca del tribunal de alzada, efectúe el trámite respectivo en el expediente electrónico, para los efectos legales del caso. Cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio que remite la autoridad responsable, el presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de nueve de septiembre del año en curso; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión, en contra de la referida resolución. Distribúyase entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios respectivo, en el entendido que los concernientes a las autoridades responsables, serán remitidos mediante oficio, en tanto que para las demás partes queda a su disposición en la secretaría de este juzgado, así como en el expediente electrónico de este sumario y en su oportunidad, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el original y copia del escrito de expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de éste, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la representación social de esta adscripción y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Juicio de amparo 842/2022 A-II Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con doce minutos del nueve de septiembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de emplazamiento a las partes ?autoridades responsables, parte quejosa y fiscal federal adscrito-, la demanda de derechos y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de derechos. El juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existían terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, la secretaria da cuenta con los medios de convicción aportados por las partes, a saber: pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa, así como las pruebas documentales exhibidas por las autoridades responsables a solicitud de este órgano jurisdiccional. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra esta fase y al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Ubaldo Damián Rodríguez, contra el acto atribuido a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito recibido el veintidós de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día hábil siguiente por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Ubaldo Damián Rodríguez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a las autoridades que más adelante se precisarán. Se admite demanda. Por acuerdo de treinta de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al represente social federal adscrito la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes considerandos. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclaman actos atribuidos a sendas autoridades administrativas con residencia en esta ciudad; ámbito material y territorial en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: Cambio de nombramiento que ocupaba el quejoso como jefe de grupo adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sonora, al de policía tercero, derivado de la homologación de grados policiales, sin existir un procedimiento en el que se respetara la garantía de audiencia previa. Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables directora general del Sistema Integral de Desarrollo Policial de la Policía Estatal de Seguridad Pública; coordinadora de amparo adscrita a la Coordinación General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, en representación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora y comisario general de la Coordinación Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública y presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal, todas con residencia en esta ciudad. Certeza que se corrobora con las constancias remitidas por las autoridades responsables en cita, concretamente, del acta de sesión extraordinaria 05/2022, verificada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, la cual revela, en lo que interesa, la homologación del nombramiento del quejoso en su carácter de "Jefe de Grupo" al grado de "Policía Tercero". Documentales en cuestión, a las cuales merecen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por no existir probanza alguna que desvirtúe su contenido, por tratarse de documentación expedida por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. En el caso, cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de La Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, página ciento cincuenta y tres, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. Análisis de causas de improcedencia En este apartado debe examinarse si existe alguna causal que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el caso, el presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, hace valer la causal de improcedencia que deriva del artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, primer párrafo de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte los intereses jurídicos o legítimos del impetrante de amparo. Al efecto, los dispositivos en cita establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]". En relación con lo anterior, es menester señalar que el quejoso reclama, en lo sustancial, la realización de ajuste en el grado de carrera policial, en atención a que se realizó la homologación de su nombramiento de "Jefe de Grupo" migrándolo al grado jerárquico de "Policía Tercero", sin iniciarse algún procedimiento administrativo. En tales condiciones, resulta evidente que el acto privativo reclamado puede generar perjuicio en la esfera jurídica del quejoso, por ende, no resulta notoria e indudable la actualización de la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable en cita. Toda vez que vez que no existe diversa causa de improcedencia de las establecidas en el numeral 61 de la Ley de Amparo, se estima que el juicio de amparo indirecto es procedente y, por ende, a continuación se examinarán los conceptos de violación expresados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda de amparo. V. Innecesaria transcripción de conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por el quejoso, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Toda vez que las partes no hicieron valer causas de improcedencia y, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no advierte que se configure alguna, procede analizar el fondo de la controversia constitucionalmente planteada. Estudio de fondo de la cuestión planteada Los conceptos de violación son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado. El quejoso argumenta, en esencia, que las autoridades responsables vulneran en su perjuicio, los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como los artículos 163 al 183 y demás relativos y aplicables al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial Estatal del Estado de Sonora, en atención a que las autoridades realizaron la homologación de su nombramiento de "Jefe de Grupo" migrándolo al grado jerárquico de "Policía Tercero", lo que implica una degradación sin atender las formalidades esenciales del procedimiento, ya que relata que no se le informó sobre algún procedimiento instruido en su contra previo al acto privativo del cual fue objeto, lo que lo dejó en estado de indefensión pues no se garantizó su derecho de audiencia previa. Dichos planteamientos son fundados y suficientes para otorgar la protección constitucional solicitada, debido a que el acto reclamado vulnera en perjuicio del quejoso el derecho humano de seguridad jurídica tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que, al realizar la homologación del grado que desempeñaba el quejoso como "jefe de grupo", al de "policía tercero", no se le brindó la debida oportunidad de ser oído y vencido, al no haberse iniciado el procedimiento administrativo previsto en el artículo 174 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, y dicho acto fue impuesto sin audiencia previa del impetrante. Como punto de partida, resulta necesario citar el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su párrafo segundo establece: "Artículo 14. . Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." En efecto, de entre los diversos derechos humanos de seguridad jurídica que contiene el precepto constitucional invocado, destaca el de audiencia previa, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que de manera previa al dictado de un acto de menoscabo a un derecho cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. En tal virtud, el artículo 14 de la Carta Magna, reconoce el derecho fundamental de audiencia o "debido proceso", lo cual implica que a toda persona, previamente a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privarla de su libertad, de su propiedad, de sus posesiones o de sus derechos, deba brindársele la oportunidad razonable de defenderse en juicio. De tal manera, que el respeto al derecho en cuestión impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que el juicio se siga ante tribunales previamente establecidos y sea juzgado conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho y, en caso de que pueda culminar con un acto privativo, cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, que son las condiciones esenciales que deben satisfacerse en el proceso jurisdiccional para otorgar a la posible afectada por el acto privativo una razonable oportunidad de defensa técnica y adecuada. Al efecto, las formalidades esenciales del procedimiento, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: ? La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias fácticas y jurídicas; ? La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en defensa; ? La oportunidad de alegar; y, ? Que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas. Las consideraciones expuestas encuentran su origen en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe a continuación: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." De igual manera, resulta indispensable observar el contenido del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone: "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (.)" El referido precepto, en términos generales, señala que toda persona tiene derecho a ser oída con las "debidas garantías", por una autoridad competente, independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos. Por su parte, adicionalmente al derecho de debido proceso que debe observarse en la substanciación de controversias, cabe enfatizar que en tratándose del procedimiento administrativo sancionador es necesario que se atienda en igual preponderancia el principio de presunción de inocencia contenido sistemáticamente en los artículos 14, 16, 19 y 20, Apartados A, fracción V, y B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual releva al sujeto del proceso a demostrar su inocencia y, en cambio, impone a la parte persecutora la carga de demostrar la conducta por la que somete al funcionario o servidor público a las facultades correctivas o punitivas, mientras que el órgano del Estado encargado de la función jurisdiccional tendrá la obligación de revisar y exponer si tal condición se satisface. Así, aun cuando los elementos de los cuerpos policiales de los distintos órdenes de gobierno (federal, estatal o municipal), se encuentran sujetos a regímenes especiales por la prestación de sus servicios al Estado en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, ello no exime que los procedimientos en los que se aborde la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de dichos elementos, se dejen de observar tanto el derecho al debido proceso como el principio de presunción de inocencia con los que se satisfaga la garantía de legalidad que debe revestir la actuación de la autoridad. Sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 43/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2006590, consultable a página 41 del Tomo I del Libro 7, Junio de 2014, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso." A las formalidades apuntadas y su observancia, se unen además las relativas al derecho de legalidad contenido en el párrafo primero del artículo 16 de la Carta Magna se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad que no se emite de un modo arbitrario, sino por el contrario, en observancia del marco jurídico que la rige. Precisado lo anterior, en el caso concreto, de las constancias que integran los autos se advierte que: ? El nueve de julio de dos mil veinte, el subsecretario de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, otorgó a Ubaldo Damián Rodríguez ?aquí quejoso?, el nombramiento de jefe de grupo adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal de Seguridad Pública, dependiente del secretario ejecutivo de Seguridad Pública del Estado de Sonora, con fecha de ingreso al puesto el uno de junio de dos mil veinte. ? Posteriormente, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal de Seguridad Pública revisó los antecedentes laborales de Ubaldo Damián Rodríguez y pudo identificar, que dicho agente no contaba con las evaluaciones de control y confianza aprobadas, incumpliendo uno de los requisitos de permanencia señalados por el artículo 140 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, situación que condicionó al quejoso a su homologación al nuevo modelo policial. ? Por virtud de lo anterior, conforme al acta de sesión extraordinaria 05/2022, verificada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, revela, en lo que interesa, que se hicieron ajustes en los grados de carrera policial de algunos elementos de la corporación policiaca, entre ellos al aquí quejoso, y se realizó la homologación de su nombramiento de "Jefe de Grupo" migrándolo al grado jerárquico de "Policía Tercero". ? Finalmente, se ordenó remitir copia debidamente certificada del acta de sesión mencionada conjuntamente con sus anexos, al titular de la institución policial, a fin de realizar las acciones administrativas tendentes al cumplimiento de lo acordado por el órgano colegiado. En el caso, para dirimir si la determinación tomada fue con apego a las formalidades esenciales del procedimiento, específicamente si se dio debida observancia a la garantía de audiencia que asiste a cualquier persona (incluyendo los agentes de corporaciones policiacas) resulta pertinente traer a colación el contenido de algunos dispositivos aplicables al presente asunto contenidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sonora, los cuales disponen: Los artículos 84, 104 y 105 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecen: "Artículo 84.- La remuneración de los integrantes de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno." "Artículo 104.- El procedimiento ante las autoridades previstas en las leyes de la materia, iniciará por solicitud fundada y motivada del titular de la unidad encargada de los asuntos, dirigida al titular o presidente de la instancia correspondiente, remitiendo para tal efecto el expediente del presunto infractor. Los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse con estricto apego a las disposiciones legales aplicables y observará en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento." "Artículo 105.- La Federación, las entidades federativas y los municipios establecerán instancias colegiadas en las que participen, en su caso, cuando menos, representantes de las unidades operativas de investigación, prevención y reacción de las Instituciones Policiales, para conocer y resolver, en sus respectivos ámbitos de competencia, toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario." Los artículos 134, fracción XI, 154, fracción XVIII, 159, 160, 162, 166, 174 y 175 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, establecen: "ARTÍCULO 134. La carrera policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante del Servicio de carrera, y se regirá por las normas mínimas siguientes: (.) XI.- Las Comisiones de Honor, Justicia y Promoción correspondientes establecerán los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la carrera policial. ARTÍCULO 154. Los integrantes de las instituciones policiales, ajustarán invariablemente su conducta a los principios de legalidad, objetividad, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, para ese efecto se sujetarán a las normas de actuación y de disciplina siguientes: (.) XVII. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva; "ARTÍCULO 159. El Secretario de Seguridad Pública del Estado establecerá la Comisión de Honor, Justicia y Promoción para la Policía Estatal de Seguridad Pública, la cual se integrará de la siguiente manera: I.- Un Presidente, cuya función recaerá en la persona que ocupe el mayor rango jerárquico de la Institución Policial; II.- Un Secretario, que será el titular de la Dirección de Administración de la Institución Policial; III.- Tres vocales que serán: a) Dos miembros designados por el Presidente de esta Comisión, que deberán ser del grado jerárquico más alto de la Institución Policial; y b) El Director Jurídico de la Institución Policial. ARTÍCULO 160. La Comisión de Honor, Justicia y Promoción para la Policía Estatal de Seguridad Pública, es autónoma en su funcionamiento y gozará de las más amplias facultades para examinar a los miembros de la Institución Policial, sus expedientes y hojas de servicio, además para su operación y funcionamiento podrá auxiliarse de un Secretario de Acuerdos y Proyectos, que será designado por la misma, comunicando su decisión al Secretario de Seguridad Pública del Estado para efectos de la expedición de su nombramiento y protesta. El Secretario de Acuerdos y Proyectos podrá asistirse de los secretarios jurídicos auxiliares que el presupuesto de egresos de la Institución Policial permita, asimismo dicha dependencia deberá proporcionar a la Comisión, los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. (.) ARTÍCULO 162. La Comisión de cada Institución Policial, tendrá las siguientes atribuciones: I.- Conocer y autorizar el ingreso a la Institución Policial correspondiente, de los elementos seleccionados; II.- Conocer sobre las faltas e infracciones establecidas en la presente Ley, que cometan los miembros de las Instituciones policiales; III.- Determinar las sanciones que, en su caso, deban aplicarse a los miembros de las Instituciones policiales, de acuerdo con lo previsto en este ordenamiento; (.) ARTÍCULO 166. Los correctivos disciplinarios se aplicarán conforme a lo previsto en esta Ley y en los reglamentos correspondientes, y sólo podrán imponerse después de oír en defensa al interesado y tomando en cuenta las circunstancias en que tuvo lugar la infracción, así como los antecedentes del infractor y en todo caso, deberá tomarse en cuenta lo siguiente: (.) (.) ARTÍCULO 174. Para la imposición de las sanciones establecidas en los artículos 169, 170, 171 y 172 de esta Ley, se substanciará procedimiento ante la Comisión, el cual iniciará de oficio o a solicitud del titular de la institución policial o del Comité Ciudadano de Seguridad Pública correspondiente. El procedimiento deberá iniciarse dentro de los 60 días naturales siguientes a aquel en que se tuvo conocimiento por el superior jerárquico, de la comisión de las supuestas faltas o infracciones. El presidente de la Comisión convocará a audiencia a los miembros de ésta y notificará al presunto infractor, con una anticipación de cuando menos tres días hábiles previos a la audiencia, haciéndole saber a este último, en el acto de notificación, la infracción que se le imputa y los elementos en que ésta se sustenta, el lugar, el día y la hora en que tendrá verificativa la audiencia, así como el derecho que le asiste para ofrecer en el desahogo de dicha audiencia, pruebas y formular alegatos por sí o asistido de su defensor, quien podrá ser miembro o no de la Institución Policial. La audiencia se celebrará en un plazo no menor de cinco, ni mayor de veinte días naturales posteriores al inicio del procedimiento. La notificación a que se refiere el párrafo anterior, deberá realizarse al presunto infractor personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, en el domicilio que para tal efecto tenga señalado ante la Institución Policial correspondiente, surtiendo sus efectos el día en que la reciba. En el mismo acto de notificación, se hará del conocimiento del presunto infractor, que en caso de no comparecer, por sí o por la persona que lo represente legalmente, a la audiencia sin causa justificada, se tendrán por presuntamente ciertos los hechos que se le imputan. Una vez abierta la audiencia, se dará uso de la voz al presunto infractor o a su defensor si aquél así lo pide, para que dé contestación a las irregularidades y hechos que se le imputan, ofrezca y desahogue las pruebas que juzgue convenientes y presente sus alegatos. Durante el desarrollo de la audiencia, los integrantes de la Comisión podrán interrogar al compareciente y allegarse de otras pruebas tendientes al esclarecimiento del asunto. Si por la naturaleza de las pruebas ofrecidas, éstas no pudieren desahogarse en su totalidad en una sola audiencia, ésta se suspenderá y se dictarán las medidas que sean necesarias para su recepción, el día y la hora que se fije para la continuación de la misma, en caso contrario, se cerrará la audiencia y dentro de un término de cinco días hábiles, se dictará la resolución correspondiente. La resolución que se dicte deberá estar debidamente fundada y motivada, y deberá contener una relación sucinta de los hechos y una valoración de las pruebas aportadas, tomando en cuenta la conducta realizada por el presunto infractor, antigüedad en el grado, eficiencia en el servicio, créditos acumulados y examen de promoción, así como la circunstancias del caso, concluyendo si ha lugar o no imponer una sanción. La resolución deberá notificarse personalmente al presunto infractor. Serán aplicables al procedimiento que establece este artículo, las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo relativo a notificaciones y ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de pruebas. ARTÍCULO 175. Todas las resoluciones y sanciones impuestas por la Comisión, deberán ser notificadas de inmediato al Registro Estatal que corresponda y al titular de la Institución Policial correspondiente, para su conocimiento y ejecución. Los artículos 34 y 35 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sonora, establecen: (.) Artículo 34. Se entiende por grado, la jerarquía que tiene un miembro respecto de otro y que se desarrolla en el mismo entorno laboral. Por cargo se entiende a la obligación de desempeñar un mandato que le sea encomendado a un miembro, sin perjuicio del grado que tenga, pudiendo implicar un cambio de las funciones y del lugar donde las desempeña. Artículo 35. La autoridad competente de la Institución Policial podrá determinar dentro la estructura autorizada, el cambio de adscripción de sus integrantes, de una división a otra; de una división a un servicio; de un servicio a otro; y de un servicio a una división, así como la asignación a diferentes cargos y puestos acordes con el grado del policía, sin perjuicio de los derechos jerárquicos que correspondan, conservando la categoría y grados a que tenga derecho. De los preceptos legales antes trascritos se desprende que la carrera policial comprende, entre otros factores, el grado policial; asimismo, que será la Comisión de Honor, Justicia y Promoción quien establecerá los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la carrera policial. De la misma manera, se prevé que dicha Comisión, tendrá entre sus atribuciones conocer y autorizar el ingreso a la Institución Policial correspondiente, conocer sobre las faltas e infracciones que cometan los miembros de dichas corporaciones, y determinar las sanciones que en su caso deban aplicarse a dichos elementos. Asimismo, que los correctivos disciplinarios deberán imponerse conforme a lo previsto en el marco normativo aplicable, y solo podrán imponerse después de dar la garantía de audiencia al interesado y tomando en consideración las circunstancias en las que tuvo verificativo la infracción, entre otros factores. En ese sentido, dichos ordinales establecen que previo a la interposición de una corrección disciplinaria a un elemento de una corporación policiaca ?como puede acontecer a través de la homologación de grado?, deberá substanciarse un procedimiento ante la Comisión, el cual dará inicio de oficio o solicitud de la autoridad de seguridad pública respectiva, o bien, a través del comité ciudadano de ese rubro, dentro de los sesenta días posteriores al que tuvo conocimiento el superior jerárquico de las supuestas faltas o infracciones. El presidente de dicha Comisión convocará a audiencia a sus miembros y notificará al probable infractor de la instauración del procedimiento en su contra con una anticipación de cuando menos tres días hábiles previos a la celebración de dicha diligencia, en la que se le hará saber la infracción que se le atribuye, los elementos con los que se cuenta, el lugar, día y hora en la que tendrá verificativo la audiencia, así como el derecho que le asiste de ofertar pruebas, y formular alegatos por sí mismo o a través de su defensor. Una vez substanciado el procedimiento relativo, se deberá dictar una resolución debidamente fundada y motivada, la cual deberá notificarse personalmente al presunto infractor, y comunicar lo anterior al registro estatal que corresponda, y al titular de la Institución Policial correspondiente para su conocimiento y ejecución. Precisado lo anterior debe decirse que en el caso en estudio, de las constancias sumariales no se desprende que previo a la decisión de homologar el nombramiento del impetrante de "Jefe de Grupo" al grado de "Policía Tercero" se hubiera substanciado el procedimiento antes expuesto, lo cual constituye un correctivo disciplinario según los preceptos transcritos y razonados, por ende, una medida administrativa como la que exponen las responsables es insuficiente para privar al impetrante de garantías de sus derechos administrativos y laborales. En ese sentido, resulta evidente que no se respetó al quejoso la garantía de audiencia como titular de derechos fundamentales, traducidos en hacer de su conocimiento las causas o los hechos que motivaron dicho proceder de la autoridad, lo que le hubiera permitido desahogar pruebas y defensas a su favor, debiendo las responsables emitir una resolución debidamente fundada y motivada en dicho procedimiento. En efecto, lo anterior se considera de esa manera porque la garantía de audiencia contemplada en el artículo 14 de la Constitución Federal también aplica para los elementos de las corporaciones policiacas, habida cuenta de que dicho derecho fundamental también se encuentra previsto por los preceptos legales antes invocados en los que se estatuye que previo a la imposición de una decisión que afecte los derechos de la carrera policial. Como en el caso en estudio, en que se homologó el nombramiento del quejoso de "Jefe de Grupo" al grado de "Policía Tercero", deben seguirse las formalidades esenciales del procedimiento, ya que al no hacerlo así se hacen nugatorios los derechos de éste, tal como aconteció en el presente asunto y de ahí que el acto reclamado le causa los perjuicios que manifiesta. Máxime que de las documentales remitidas por las autoridades responsables, se inadvierte las razones por las que el quejoso resultó no aprobado, esto es, no se remitieron constancias relativas al expediente de origen, a partir de los cuales se haya llegado a esa conclusión; por tal motivo, se deja al impetrante en total estado de indefensión. Apoya a la anterior consideración, por analogía, la jurisprudencia XIX.2o. J/12 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con registro digital 196974, consultable a página 1005 del Tomo VII, Enero de 1997, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA, LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL TIENEN DERECHO A LA, POR SER INHERENTES A TODO GOBERNADO. El artículo 14 constitucional otorga la garantía de audiencia para todo gobernado sin distinción alguna; atento lo anterior, la Procuraduría General de la República no puede suspender o privar en sus derechos administrativos o laborales a los agentes de la Policía Judicial, aduciendo que la potestad del Estado para dar por terminados los efectos de su nombramiento es discrecional, por tratarse de trabajadores de confianza que no tienen estabilidad en el empleo, pues al amparo de la aludida garantía tienen derecho a ser oídos en un procedimiento anterior al acto de privación." Así también, sirve de fundamento al tema en estudio la jurisprudencia I.1o.A. J/4 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, página 2168, del tenor siguiente: "ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL. PARA RESPETAR LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO DEBE HACERSE CONSTAR EN ESE DOCUMENTO, CUÁLES SON LOS HECHOS O CONDUCTAS QUE DAN ORIGEN AL PROCEDIMIENTO, ESTO ES, LOS EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA NO APROBADOS. De la interpretación sistemática de los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31 de la Ley de la Policía Federal; 125, 142 y 143 del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, se advierte que para respetar los derechos de audiencia y debido proceso no basta que, formalmente, el ordenamiento objetivo establezca un plazo para que el interesado plantee su defensa; que contenga la posibilidad de ofrecer y desahogar medios de convicción, o bien, que en el propio acto de inicio se le autorice a consultar el expediente administrativo respectivo, sino que es necesario que en el acto que se notifica, es decir, en el acuerdo de inicio del procedimiento, se den a conocer y se precisen los hechos o conductas infractoras que se atribuyan, a fin de que el gobernado esté en posibilidad de realizar una adecuada y oportuna defensa de sus intereses. Por tanto, en los casos en que el procedimiento administrativo de separación se instruya con motivo de la no aprobación de los exámenes de control de confianza, es necesario que la autoridad informe con toda precisión los hechos o conductas que den origen a tal procedimiento, esto es, los exámenes que no aprobó, sin que baste que informe que el servidor público resultó no apto en el proceso de evaluación." Así, ante el desconocimiento íntegro de los elementos probatorios que pesan en contra del quejoso, relativos a las imputaciones que dieron como resultado de "no aprobado en el examen de control y confianza", trae como consecuencia la falta de oportunidad total de ejercer una defensa adecuada, volviéndose por tanto, nugatorio el derecho fundamental de tutela judicial, es decir, contar con un procedimiento sencillo y eficaz que le permita defenderse ante el acto emitido por la autoridad, transgrediendo así el debido proceso, en atención a que se debe garantizar plenamente la posibilidad de otorgar los medios y mecanismos suficientes que permitan una adecuada defensa. Bajo esa línea de pensamiento, procede conceder la protección constitucional al quejoso bajo la consideración de que este no fue llamado al procedimiento que trajo como consecuencia la homologación de su nombramiento de "Jefe de Grupo" al grado de "Policía Tercero". VII. Decisión De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que las autoridades responsables ?en el ámbito de sus competencias?, dentro del plazo de tres días contado a partir de que le sean notificadas del acuerdo por el que cause ejecutoria la presente sentencia, se realice lo siguiente: a) Dejen sin efectos el acta de sesión extraordinaria 05/2022 verificada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, en la parte relativa al ajuste realizado en el grado de carrera policial del quejoso, en la que se homologó su nombramiento de "Jefe de Grupo" al grado de "Policía Tercero"; y, b) Dado el evento de insistir en la homologación del nombramiento del quejoso, se le deberá otorgar debida observancia a las formalidades esenciales del procedimiento. En la inteligencia, que con la presente concesión del amparo no se priva a las autoridades responsables del ejercicio de sus facultades para vigilar el funcionamiento de los elementos operativos adscritos a corporaciones de la Policía Estatal de Seguridad Pública de esta entidad federativa. Por lo que, en el caso de que pretendan insistir en la homologación del puesto del quejoso aquí reclamado, deberán cumplir a cabalidad con los lineamientos trazados en el presente fallo, es decir, brindando al peticionario de amparo su derecho fundamental de audiencia y defensa, dentro de un procedimiento en el que se respeten las formalidades esenciales, atento a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, aplicada por analogía, la Jurisprudencia 2a./J. 16/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES". Finalmente, el cumplimiento de los efectos de la concesión del amparo serán exigibles, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se VIII. R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ubaldo Damián Rodríguez, por las razones, fundamentos establecidos en el apartado VI, y para los efectos referidos en el diverso VII de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe. Noriega En esta fecha se generaron los oficios 23310, 23311 y 23312, se asienta para constancia. Juicio de amparo 842/2022 A-II Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con doce minutos del nueve de septiembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de emplazamiento a las partes ?autoridades responsables, parte quejosa y fiscal federal adscrito-, la demanda de derechos y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de derechos. El juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existían terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, la secretaria da cuenta con los medios de convicción aportados por las partes, a saber: pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa, así como las pruebas documentales exhibidas por las autoridades responsables a solicitud de este órgano jurisdiccional. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra esta fase y al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Ubaldo Damián Rodríguez, contra el acto atribuido a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito recibido el veintidós de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día hábil siguiente por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Ubaldo Damián Rodríguez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a las autoridades que más adelante se precisarán. Se admite demanda. Por acuerdo de treinta de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al represente social federal adscrito la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes considerandos. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclaman actos atribuidos a sendas autoridades administrativas con residencia en esta ciudad; ámbito material y territorial en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: Cambio de nombramiento que ocupaba el quejoso como jefe de grupo adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sonora, al de policía tercero, derivado de la homologación de grados policiales, sin existir un procedimiento en el que se respetara la garantía de audiencia previa. Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables directora general del Sistema Integral de Desarrollo Policial de la Policía Estatal de Seguridad Pública; coordinadora de amparo adscrita a la Coordinación General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, en representación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora y comisario general de la Coordinación Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública y presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal, todas con residencia en esta ciudad. Certeza que se corrobora con las constancias remitidas por las autoridades responsables en cita, concretamente, del acta de sesión extraordinaria 05/2022, verificada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, la cual revela, en lo que interesa, la homologación del nombramiento del quejoso en su carácter de "Jefe de Grupo" al grado de "Policía Tercero". Documentales en cuestión, a las cuales merecen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por no existir probanza alguna que desvirtúe su contenido, por tratarse de documentación expedida por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. En el caso, cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de La Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, página ciento cincuenta y tres, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. Análisis de causas de improcedencia En este apartado debe examinarse si existe alguna causal que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el caso, el presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, hace valer la causal de improcedencia que deriva del artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, primer párrafo de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte los intereses jurídicos o legítimos del impetrante de amparo. Al efecto, los dispositivos en cita establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]". En relación con lo anterior, es menester señalar que el quejoso reclama, en lo sustancial, la realización de ajuste en el grado de carrera policial, en atención a que se realizó la homologación de su nombramiento de "Jefe de Grupo" migrándolo al grado jerárquico de "Policía Tercero", sin iniciarse algún procedimiento administrativo. En tales condiciones, resulta evidente que el acto privativo reclamado puede generar perjuicio en la esfera jurídica del quejoso, por ende, no resulta notoria e indudable la actualización de la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable en cita. Toda vez que vez que no existe diversa causa de improcedencia de las establecidas en el numeral 61 de la Ley de Amparo, se estima que el juicio de amparo indirecto es procedente y, por ende, a continuación se examinarán los conceptos de violación expresados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda de amparo. V. Innecesaria transcripción de conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por el quejoso, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Toda vez que las partes no hicieron valer causas de improcedencia y, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no advierte que se configure alguna, procede analizar el fondo de la controversia constitucionalmente planteada. Estudio de fondo de la cuestión planteada Los conceptos de violación son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado. El quejoso argumenta, en esencia, que las autoridades responsables vulneran en su perjuicio, los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como los artículos 163 al 183 y demás relativos y aplicables al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial Estatal del Estado de Sonora, en atención a que las autoridades realizaron la homologación de su nombramiento de "Jefe de Grupo" migrándolo al grado jerárquico de "Policía Tercero", lo que implica una degradación sin atender las formalidades esenciales del procedimiento, ya que relata que no se le informó sobre algún procedimiento instruido en su contra previo al acto privativo del cual fue objeto, lo que lo dejó en estado de indefensión pues no se garantizó su derecho de audiencia previa. Dichos planteamientos son fundados y suficientes para otorgar la protección constitucional solicitada, debido a que el acto reclamado vulnera en perjuicio del quejoso el derecho humano de seguridad jurídica tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que, al realizar la homologación del grado que desempeñaba el quejoso como "jefe de grupo", al de "policía tercero", no se le brindó la debida oportunidad de ser oído y vencido, al no haberse iniciado el procedimiento administrativo previsto en el artículo 174 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, y dicho acto fue impuesto sin audiencia previa del impetrante. Como punto de partida, resulta necesario citar el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su párrafo segundo establece: "Artículo 14. . Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." En efecto, de entre los diversos derechos humanos de seguridad jurídica que contiene el precepto constitucional invocado, destaca el de audiencia previa, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que de manera previa al dictado de un acto de menoscabo a un derecho cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. En tal virtud, el artículo 14 de la Carta Magna, reconoce el derecho fundamental de audiencia o "debido proceso", lo cual implica que a toda persona, previamente a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privarla de su libertad, de su propiedad, de sus posesiones o de sus derechos, deba brindársele la oportunidad razonable de defenderse en juicio. De tal manera, que el respeto al derecho en cuestión impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que el juicio se siga ante tribunales previamente establecidos y sea juzgado conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho y, en caso de que pueda culminar con un acto privativo, cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, que son las condiciones esenciales que deben satisfacerse en el proceso jurisdiccional para otorgar a la posible afectada por el acto privativo una razonable oportunidad de defensa técnica y adecuada. Al efecto, las formalidades esenciales del procedimiento, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: ? La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias fácticas y jurídicas; ? La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en defensa; ? La oportunidad de alegar; y, ? Que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas. Las consideraciones expuestas encuentran su origen en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe a continuación: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." De igual manera, resulta indispensable observar el contenido del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone: "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (.)" El referido precepto, en términos generales, señala que toda persona tiene derecho a ser oída con las "debidas garantías", por una autoridad competente, independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos. Por su parte, adicionalmente al derecho de debido proceso que debe observarse en la substanciación de controversias, cabe enfatizar que en tratándose del procedimiento administrativo sancionador es necesario que se atienda en igual preponderancia el principio de presunción de inocencia contenido sistemáticamente en los artículos 14, 16, 19 y 20, Apartados A, fracción V, y B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual releva al sujeto del proceso a demostrar su inocencia y, en cambio, impone a la parte persecutora la carga de demostrar la conducta por la que somete al funcionario o servidor público a las facultades correctivas o punitivas, mientras que el órgano del Estado encargado de la función jurisdiccional tendrá la obligación de revisar y exponer si tal condición se satisface. Así, aun cuando los elementos de los cuerpos policiales de los distintos órdenes de gobierno (federal, estatal o municipal), se encuentran sujetos a regímenes especiales por la prestación de sus servicios al Estado en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, ello no exime que los procedimientos en los que se aborde la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de dichos elementos, se dejen de observar tanto el derecho al debido proceso como el principio de presunción de inocencia con los que se satisfaga la garantía de legalidad que debe revestir la actuación de la autoridad. Sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 43/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2006590, consultable a página 41 del Tomo I del Libro 7, Junio de 2014, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso." A las formalidades apuntadas y su observancia, se unen además las relativas al derecho de legalidad contenido en el párrafo primero del artículo 16 de la Carta Magna se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad que no se emite de un modo arbitrario, sino por el contrario, en observancia del marco jurídico que la rige. Precisado lo anterior, en el caso concreto, de las constancias que integran los autos se advierte que: ? El nueve de julio de dos mil veinte, el subsecretario de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, otorgó a Ubaldo Damián Rodríguez ?aquí quejoso?, el nombramiento de jefe de grupo adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal de Seguridad Pública, dependiente del secretario ejecutivo de Seguridad Pública del Estado de Sonora, con fecha de ingreso al puesto el uno de junio de dos mil veinte. ? Posteriormente, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal de Seguridad Pública revisó los antecedentes laborales de Ubaldo Damián Rodríguez y pudo identificar, que dicho agente no contaba con las evaluaciones de control y confianza aprobadas, incumpliendo uno de los requisitos de permanencia señalados por el artículo 140 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, situación que condicionó al quejoso a su homologación al nuevo modelo policial. ? Por virtud de lo anterior, conforme al acta de sesión extraordinaria 05/2022, verificada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, revela, en lo que interesa, que se hicieron ajustes en los grados de carrera policial de algunos elementos de la corporación policiaca, entre ellos al aquí quejoso, y se realizó la homologación de su nombramiento de "Jefe de Grupo" migrándolo al grado jerárquico de "Policía Tercero". ? Finalmente, se ordenó remitir copia debidamente certificada del acta de sesión mencionada conjuntamente con sus anexos, al titular de la institución policial, a fin de realizar las acciones administrativas tendentes al cumplimiento de lo acordado por el órgano colegiado. En el caso, para dirimir si la determinación tomada fue con apego a las formalidades esenciales del procedimiento, específicamente si se dio debida observancia a la garantía de audiencia que asiste a cualquier persona (incluyendo los agentes de corporaciones policiacas) resulta pertinente traer a colación el contenido de algunos dispositivos aplicables al presente asunto contenidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sonora, los cuales disponen: Los artículos 84, 104 y 105 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecen: "Artículo 84.- La remuneración de los integrantes de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno." "Artículo 104.- El procedimiento ante las autoridades previstas en las leyes de la materia, iniciará por solicitud fundada y motivada del titular de la unidad encargada de los asuntos, dirigida al titular o presidente de la instancia correspondiente, remitiendo para tal efecto el expediente del presunto infractor. Los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse con estricto apego a las disposiciones legales aplicables y observará en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento." "Artículo 105.- La Federación, las entidades federativas y los municipios establecerán instancias colegiadas en las que participen, en su caso, cuando menos, representantes de las unidades operativas de investigación, prevención y reacción de las Instituciones Policiales, para conocer y resolver, en sus respectivos ámbitos de competencia, toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario." Los artículos 134, fracción XI, 154, fracción XVIII, 159, 160, 162, 166, 174 y 175 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, establecen: "ARTÍCULO 134. La carrera policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante del Servicio de carrera, y se regirá por las normas mínimas siguientes: (.) XI.- Las Comisiones de Honor, Justicia y Promoción correspondientes establecerán los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la carrera policial. ARTÍCULO 154. Los integrantes de las instituciones policiales, ajustarán invariablemente su conducta a los principios de legalidad, objetividad, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, para ese efecto se sujetarán a las normas de actuación y de disciplina siguientes: (.) XVII. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva; "ARTÍCULO 159. El Secretario de Seguridad Pública del Estado establecerá la Comisión de Honor, Justicia y Promoción para la Policía Estatal de Seguridad Pública, la cual se integrará de la siguiente manera: I.- Un Presidente, cuya función recaerá en la persona que ocupe el mayor rango jerárquico de la Institución Policial; II.- Un Secretario, que será el titular de la Dirección de Administración de la Institución Policial; III.- Tres vocales que serán: a) Dos miembros designados por el Presidente de esta Comisión, que deberán ser del grado jerárquico más alto de la Institución Policial; y b) El Director Jurídico de la Institución Policial. ARTÍCULO 160. La Comisión de Honor, Justicia y Promoción para la Policía Estatal de Seguridad Pública, es autónoma en su funcionamiento y gozará de las más amplias facultades para examinar a los miembros de la Institución Policial, sus expedientes y hojas de servicio, además para su operación y funcionamiento podrá auxiliarse de un Secretario de Acuerdos y Proyectos, que será designado por la misma, comunicando su decisión al Secretario de Seguridad Pública del Estado para efectos de la expedición de su nombramiento y protesta. El Secretario de Acuerdos y Proyectos podrá asistirse de los secretarios jurídicos auxiliares que el presupuesto de egresos de la Institución Policial permita, asimismo dicha dependencia deberá proporcionar a la Comisión, los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. (.) ARTÍCULO 162. La Comisión de cada Institución Policial, tendrá las siguientes atribuciones: I.- Conocer y autorizar el ingreso a la Institución Policial correspondiente, de los elementos seleccionados; II.- Conocer sobre las faltas e infracciones establecidas en la presente Ley, que cometan los miembros de las Instituciones policiales; III.- Determinar las sanciones que, en su caso, deban aplicarse a los miembros de las Instituciones policiales, de acuerdo con lo previsto en este ordenamiento; (.) ARTÍCULO 166. Los correctivos disciplinarios se aplicarán conforme a lo previsto en esta Ley y en los reglamentos correspondientes, y sólo podrán imponerse después de oír en defensa al interesado y tomando en cuenta las circunstancias en que tuvo lugar la infracción, así como los antecedentes del infractor y en todo caso, deberá tomarse en cuenta lo siguiente: (.) (.) ARTÍCULO 174. Para la imposición de las sanciones establecidas en los artículos 169, 170, 171 y 172 de esta Ley, se substanciará procedimiento ante la Comisión, el cual iniciará de oficio o a solicitud del titular de la institución policial o del Comité Ciudadano de Seguridad Pública correspondiente. El procedimiento deberá iniciarse dentro de los 60 días naturales siguientes a aquel en que se tuvo conocimiento por el superior jerárquico, de la comisión de las supuestas faltas o infracciones. El presidente de la Comisión convocará a audiencia a los miembros de ésta y notificará al presunto infractor, con una anticipación de cuando menos tres días hábiles previos a la audiencia, haciéndole saber a este último, en el acto de notificación, la infracción que se le imputa y los elementos en que ésta se sustenta, el lugar, el día y la hora en que tendrá verificativa la audiencia, así como el derecho que le asiste para ofrecer en el desahogo de dicha audiencia, pruebas y formular alegatos por sí o asistido de su defensor, quien podrá ser miembro o no de la Institución Policial. La audiencia se celebrará en un plazo no menor de cinco, ni mayor de veinte días naturales posteriores al inicio del procedimiento. La notificación a que se refiere el párrafo anterior, deberá realizarse al presunto infractor personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, en el domicilio que para tal efecto tenga señalado ante la Institución Policial correspondiente, surtiendo sus efectos el día en que la reciba. En el mismo acto de notificación, se hará del conocimiento del presunto infractor, que en caso de no comparecer, por sí o por la persona que lo represente legalmente, a la audiencia sin causa justificada, se tendrán por presuntamente ciertos los hechos que se le imputan. Una vez abierta la audiencia, se dará uso de la voz al presunto infractor o a su defensor si aquél así lo pide, para que dé contestación a las irregularidades y hechos que se le imputan, ofrezca y desahogue las pruebas que juzgue convenientes y presente sus alegatos. Durante el desarrollo de la audiencia, los integrantes de la Comisión podrán interrogar al compareciente y allegarse de otras pruebas tendientes al esclarecimiento del asunto. Si por la naturaleza de las pruebas ofrecidas, éstas no pudieren desahogarse en su totalidad en una sola audiencia, ésta se suspenderá y se dictarán las medidas que sean necesarias para su recepción, el día y la hora que se fije para la continuación de la misma, en caso contrario, se cerrará la audiencia y dentro de un término de cinco días hábiles, se dictará la resolución correspondiente. La resolución que se dicte deberá estar debidamente fundada y motivada, y deberá contener una relación sucinta de los hechos y una valoración de las pruebas aportadas, tomando en cuenta la conducta realizada por el presunto infractor, antigüedad en el grado, eficiencia en el servicio, créditos acumulados y examen de promoción, así como la circunstancias del caso, concluyendo si ha lugar o no imponer una sanción. La resolución deberá notificarse personalmente al presunto infractor. Serán aplicables al procedimiento que establece este artículo, las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo relativo a notificaciones y ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de pruebas. ARTÍCULO 175. Todas las resoluciones y sanciones impuestas por la Comisión, deberán ser notificadas de inmediato al Registro Estatal que corresponda y al titular de la Institución Policial correspondiente, para su conocimiento y ejecución. Los artículos 34 y 35 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sonora, establecen: (.) Artículo 34. Se entiende por grado, la jerarquía que tiene un miembro respecto de otro y que se desarrolla en el mismo entorno laboral. Por cargo se entiende a la obligación de desempeñar un mandato que le sea encomendado a un miembro, sin perjuicio del grado que tenga, pudiendo implicar un cambio de las funciones y del lugar donde las desempeña. Artículo 35. La autoridad competente de la Institución Policial podrá determinar dentro la estructura autorizada, el cambio de adscripción de sus integrantes, de una división a otra; de una división a un servicio; de un servicio a otro; y de un servicio a una división, así como la asignación a diferentes cargos y puestos acordes con el grado del policía, sin perjuicio de los derechos jerárquicos que correspondan, conservando la categoría y grados a que tenga derecho. De los preceptos legales antes trascritos se desprende que la carrera policial comprende, entre otros factores, el grado policial; asimismo, que será la Comisión de Honor, Justicia y Promoción quien establecerá los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la carrera policial. De la misma manera, se prevé que dicha Comisión, tendrá entre sus atribuciones conocer y autorizar el ingreso a la Institución Policial correspondiente, conocer sobre las faltas e infracciones que cometan los miembros de dichas corporaciones, y determinar las sanciones que en su caso deban aplicarse a dichos elementos. Asimismo, que los correctivos disciplinarios deberán imponerse conforme a lo previsto en el marco normativo aplicable, y solo podrán imponerse después de dar la garantía de audiencia al interesado y tomando en consideración las circunstancias en las que tuvo verificativo la infracción, entre otros factores. En ese sentido, dichos ordinales establecen que previo a la interposición de una corrección disciplinaria a un elemento de una corporación policiaca ?como puede acontecer a través de la homologación de grado?, deberá substanciarse un procedimiento ante la Comisión, el cual dará inicio de oficio o solicitud de la autoridad de seguridad pública respectiva, o bien, a través del comité ciudadano de ese rubro, dentro de los sesenta días posteriores al que tuvo conocimiento el superior jerárquico de las supuestas faltas o infracciones. El presidente de dicha Comisión convocará a audiencia a sus miembros y notificará al probable infractor de la instauración del procedimiento en su contra con una anticipación de cuando menos tres días hábiles previos a la celebración de dicha diligencia, en la que se le hará saber la infracción que se le atribuye, los elementos con los que se cuenta, el lugar, día y hora en la que tendrá verificativo la audiencia, así como el derecho que le asiste de ofertar pruebas, y formular alegatos por sí mismo o a través de su defensor. Una vez substanciado el procedimiento relativo, se deberá dictar una resolución debidamente fundada y motivada, la cual deberá notificarse personalmente al presunto infractor, y comunicar lo anterior al registro estatal que corresponda, y al titular de la Institución Policial correspondiente para su conocimiento y ejecución. Precisado lo anterior debe decirse que en el caso en estudio, de las constancias sumariales no se desprende que previo a la decisión de homologar el nombramiento del impetrante de "Jefe de Grupo" al grado de "Policía Tercero" se hubiera substanciado el procedimiento antes expuesto, lo cual constituye un correctivo disciplinario según los preceptos transcritos y razonados, por ende, una medida administrativa como la que exponen las responsables es insuficiente para privar al impetrante de garantías de sus derechos administrativos y laborales. En ese sentido, resulta evidente que no se respetó al quejoso la garantía de audiencia como titular de derechos fundamentales, traducidos en hacer de su conocimiento las causas o los hechos que motivaron dicho proceder de la autoridad, lo que le hubiera permitido desahogar pruebas y defensas a su favor, debiendo las responsables emitir una resolución debidamente fundada y motivada en dicho procedimiento. En efecto, lo anterior se considera de esa manera porque la garantía de audiencia contemplada en el artículo 14 de la Constitución Federal también aplica para los elementos de las corporaciones policiacas, habida cuenta de que dicho derecho fundamental también se encuentra previsto por los preceptos legales antes invocados en los que se estatuye que previo a la imposición de una decisión que afecte los derechos de la carrera policial. Como en el caso en estudio, en que se homologó el nombramiento del quejoso de "Jefe de Grupo" al grado de "Policía Tercero", deben seguirse las formalidades esenciales del procedimiento, ya que al no hacerlo así se hacen nugatorios los derechos de éste, tal como aconteció en el presente asunto y de ahí que el acto reclamado le causa los perjuicios que manifiesta. Máxime que de las documentales remitidas por las autoridades responsables, se inadvierte las razones por las que el quejoso resultó no aprobado, esto es, no se remitieron constancias relativas al expediente de origen, a partir de los cuales se haya llegado a esa conclusión; por tal motivo, se deja al impetrante en total estado de indefensión. Apoya a la anterior consideración, por analogía, la jurisprudencia XIX.2o. J/12 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con registro digital 196974, consultable a página 1005 del Tomo VII, Enero de 1997, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA, LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL TIENEN DERECHO A LA, POR SER INHERENTES A TODO GOBERNADO. El artículo 14 constitucional otorga la garantía de audiencia para todo gobernado sin distinción alguna; atento lo anterior, la Procuraduría General de la República no puede suspender o privar en sus derechos administrativos o laborales a los agentes de la Policía Judicial, aduciendo que la potestad del Estado para dar por terminados los efectos de su nombramiento es discrecional, por tratarse de trabajadores de confianza que no tienen estabilidad en el empleo, pues al amparo de la aludida garantía tienen derecho a ser oídos en un procedimiento anterior al acto de privación." Así también, sirve de fundamento al tema en estudio la jurisprudencia I.1o.A. J/4 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, página 2168, del tenor siguiente: "ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL. PARA RESPETAR LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO DEBE HACERSE CONSTAR EN ESE DOCUMENTO, CUÁLES SON LOS HECHOS O CONDUCTAS QUE DAN ORIGEN AL PROCEDIMIENTO, ESTO ES, LOS EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA NO APROBADOS. De la interpretación sistemática de los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31 de la Ley de la Policía Federal; 125, 142 y 143 del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, se advierte que para respetar los derechos de audiencia y debido proceso no basta que, formalmente, el ordenamiento objetivo establezca un plazo para que el interesado plantee su defensa; que contenga la posibilidad de ofrecer y desahogar medios de convicción, o bien, que en el propio acto de inicio se le autorice a consultar el expediente administrativo respectivo, sino que es necesario que en el acto que se notifica, es decir, en el acuerdo de inicio del procedimiento, se den a conocer y se precisen los hechos o conductas infractoras que se atribuyan, a fin de que el gobernado esté en posibilidad de realizar una adecuada y oportuna defensa de sus intereses. Por tanto, en los casos en que el procedimiento administrativo de separación se instruya con motivo de la no aprobación de los exámenes de control de confianza, es necesario que la autoridad informe con toda precisión los hechos o conductas que den origen a tal procedimiento, esto es, los exámenes que no aprobó, sin que baste que informe que el servidor público resultó no apto en el proceso de evaluación." Así, ante el desconocimiento íntegro de los elementos probatorios que pesan en contra del quejoso, relativos a las imputaciones que dieron como resultado de "no aprobado en el examen de control y confianza", trae como consecuencia la falta de oportunidad total de ejercer una defensa adecuada, volviéndose por tanto, nugatorio el derecho fundamental de tutela judicial, es decir, contar con un procedimiento sencillo y eficaz que le permita defenderse ante el acto emitido por la autoridad, transgrediendo así el debido proceso, en atención a que se debe garantizar plenamente la posibilidad de otorgar los medios y mecanismos suficientes que permitan una adecuada defensa. Bajo esa línea de pensamiento, procede conceder la protección constitucional al quejoso bajo la consideración de que este no fue llamado al procedimiento que trajo como consecuencia la homologación de su nombramiento de "Jefe de Grupo" al grado de "Policía Tercero". VII. Decisión De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que las autoridades responsables ?en el ámbito de sus competencias?, dentro del plazo de tres días contado a partir de que le sean notificadas del acuerdo por el que cause ejecutoria la presente sentencia, se realice lo siguiente: a) Dejen sin efectos el acta de sesión extraordinaria 05/2022 verificada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, en la parte relativa al ajuste realizado en el grado de carrera policial del quejoso, en la que se homologó su nombramiento de "Jefe de Grupo" al grado de "Policía Tercero"; y, b) Dado el evento de insistir en la homologación del nombramiento del quejoso, se le deberá otorgar debida observancia a las formalidades esenciales del procedimiento. En la inteligencia, que con la presente concesión del amparo no se priva a las autoridades responsables del ejercicio de sus facultades para vigilar el funcionamiento de los elementos operativos adscritos a corporaciones de la Policía Estatal de Seguridad Pública de esta entidad federativa. Por lo que, en el caso de que pretendan insistir en la homologación del puesto del quejoso aquí reclamado, deberán cumplir a cabalidad con los lineamientos trazados en el presente fallo, es decir, brindando al peticionario de amparo su derecho fundamental de audiencia y defensa, dentro de un procedimiento en el que se respeten las formalidades esenciales, atento a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, aplicada por analogía, la Jurisprudencia 2a./J. 16/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES". Finalmente, el cumplimiento de los efectos de la concesión del amparo serán exigibles, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se VIII. R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ubaldo Damián Rodríguez, por las razones, fundamentos establecidos en el apartado VI, y para los efectos referidos en el diverso VII de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe. Noriega En esta fecha se generaron los oficios 23310, 23311 y 23312, se asienta para constancia. Juicio de amparo 842/2022 A-II Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con doce minutos del nueve de septiembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de emplazamiento a las partes ?autoridades responsables, parte quejosa y fiscal federal adscrito-, la demanda de derechos y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de derechos. El juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existían terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, la secretaria da cuenta con los medios de convicción aportados por las partes, a saber: pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa, así como las pruebas documentales exhibidas por las autoridades responsables a solicitud de este órgano jurisdiccional. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra esta fase y al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Ubaldo Damián Rodríguez, contra el acto atribuido a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito recibido el veintidós de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día hábil siguiente por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Ubaldo Damián Rodríguez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a las autoridades que más adelante se precisarán. Se admite demanda. Por acuerdo de treinta de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al represente social federal adscrito la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes considerandos. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclaman actos atribuidos a sendas autoridades administrativas con residencia en esta ciudad; ámbito material y territorial en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: Cambio de nombramiento que ocupaba el quejoso como jefe de grupo adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sonora, al de policía tercero, derivado de la homologación de grados policiales, sin existir un procedimiento en el que se respetara la garantía de audiencia previa. Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables directora general del Sistema Integral de Desarrollo Policial de la Policía Estatal de Seguridad Pública; coordinadora de amparo adscrita a la Coordinación General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, en representación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora y comisario general de la Coordinación Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública y presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal, todas con residencia en esta ciudad. Certeza que se corrobora con las constancias remitidas por las autoridades responsables en cita, concretamente, del acta de sesión extraordinaria 05/2022, verificada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, la cual revela, en lo que interesa, la homologación del nombramiento del quejoso en su carácter de "Jefe de Grupo" al grado de "Policía Tercero". Documentales en cuestión, a las cuales merecen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por no existir probanza alguna que desvirtúe su contenido, por tratarse de documentación expedida por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. En el caso, cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de La Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, página ciento cincuenta y tres, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. Análisis de causas de improcedencia En este apartado debe examinarse si existe alguna causal que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el caso, el presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, hace valer la causal de improcedencia que deriva del artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, primer párrafo de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte los intereses jurídicos o legítimos del impetrante de amparo. Al efecto, los dispositivos en cita establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]". En relación con lo anterior, es menester señalar que el quejoso reclama, en lo sustancial, la realización de ajuste en el grado de carrera policial, en atención a que se realizó la homologación de su nombramiento de "Jefe de Grupo" migrándolo al grado jerárquico de "Policía Tercero", sin iniciarse algún procedimiento administrativo. En tales condiciones, resulta evidente que el acto privativo reclamado puede generar perjuicio en la esfera jurídica del quejoso, por ende, no resulta notoria e indudable la actualización de la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable en cita. Toda vez que vez que no existe diversa causa de improcedencia de las establecidas en el numeral 61 de la Ley de Amparo, se estima que el juicio de amparo indirecto es procedente y, por ende, a continuación se examinarán los conceptos de violación expresados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda de amparo. V. Innecesaria transcripción de conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por el quejoso, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Toda vez que las partes no hicieron valer causas de improcedencia y, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no advierte que se configure alguna, procede analizar el fondo de la controversia constitucionalmente planteada. Estudio de fondo de la cuestión planteada Los conceptos de violación son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado. El quejoso argumenta, en esencia, que las autoridades responsables vulneran en su perjuicio, los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como los artículos 163 al 183 y demás relativos y aplicables al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial Estatal del Estado de Sonora, en atención a que las autoridades realizaron la homologación de su nombramiento de "Jefe de Grupo" migrándolo al grado jerárquico de "Policía Tercero", lo que implica una degradación sin atender las formalidades esenciales del procedimiento, ya que relata que no se le informó sobre algún procedimiento instruido en su contra previo al acto privativo del cual fue objeto, lo que lo dejó en estado de indefensión pues no se garantizó su derecho de audiencia previa. Dichos planteamientos son fundados y suficientes para otorgar la protección constitucional solicitada, debido a que el acto reclamado vulnera en perjuicio del quejoso el derecho humano de seguridad jurídica tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que, al realizar la homologación del grado que desempeñaba el quejoso como "jefe de grupo", al de "policía tercero", no se le brindó la debida oportunidad de ser oído y vencido, al no haberse iniciado el procedimiento administrativo previsto en el artículo 174 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, y dicho acto fue impuesto sin audiencia previa del impetrante. Como punto de partida, resulta necesario citar el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su párrafo segundo establece: "Artículo 14. . Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." En efecto, de entre los diversos derechos humanos de seguridad jurídica que contiene el precepto constitucional invocado, destaca el de audiencia previa, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que de manera previa al dictado de un acto de menoscabo a un derecho cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. En tal virtud, el artículo 14 de la Carta Magna, reconoce el derecho fundamental de audiencia o "debido proceso", lo cual implica que a toda persona, previamente a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privarla de su libertad, de su propiedad, de sus posesiones o de sus derechos, deba brindársele la oportunidad razonable de defenderse en juicio. De tal manera, que el respeto al derecho en cuestión impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que el juicio se siga ante tribunales previamente establecidos y sea juzgado conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho y, en caso de que pueda culminar con un acto privativo, cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, que son las condiciones esenciales que deben satisfacerse en el proceso jurisdiccional para otorgar a la posible afectada por el acto privativo una razonable oportunidad de defensa técnica y adecuada. Al efecto, las formalidades esenciales del procedimiento, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: ? La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias fácticas y jurídicas; ? La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en defensa; ? La oportunidad de alegar; y, ? Que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas. Las consideraciones expuestas encuentran su origen en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe a continuación: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." De igual manera, resulta indispensable observar el contenido del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone: "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (.)" El referido precepto, en términos generales, señala que toda persona tiene derecho a ser oída con las "debidas garantías", por una autoridad competente, independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos. Por su parte, adicionalmente al derecho de debido proceso que debe observarse en la substanciación de controversias, cabe enfatizar que en tratándose del procedimiento administrativo sancionador es necesario que se atienda en igual preponderancia el principio de presunción de inocencia contenido sistemáticamente en los artículos 14, 16, 19 y 20, Apartados A, fracción V, y B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual releva al sujeto del proceso a demostrar su inocencia y, en cambio, impone a la parte persecutora la carga de demostrar la conducta por la que somete al funcionario o servidor público a las facultades correctivas o punitivas, mientras que el órgano del Estado encargado de la función jurisdiccional tendrá la obligación de revisar y exponer si tal condición se satisface. Así, aun cuando los elementos de los cuerpos policiales de los distintos órdenes de gobierno (federal, estatal o municipal), se encuentran sujetos a regímenes especiales por la prestación de sus servicios al Estado en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, ello no exime que los procedimientos en los que se aborde la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de dichos elementos, se dejen de observar tanto el derecho al debido proceso como el principio de presunción de inocencia con los que se satisfaga la garantía de legalidad que debe revestir la actuación de la autoridad. Sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 43/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2006590, consultable a página 41 del Tomo I del Libro 7, Junio de 2014, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso." A las formalidades apuntadas y su observancia, se unen además las relativas al derecho de legalidad contenido en el párrafo primero del artículo 16 de la Carta Magna se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad que no se emite de un modo arbitrario, sino por el contrario, en observancia del marco jurídico que la rige. Precisado lo anterior, en el caso concreto, de las constancias que integran los autos se advierte que: ? El nueve de julio de dos mil veinte, el subsecretario de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, otorgó a Ubaldo Damián Rodríguez ?aquí quejoso?, el nombramiento de jefe de grupo adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal de Seguridad Pública, dependiente del secretario ejecutivo de Seguridad Pública del Estado de Sonora, con fecha de ingreso al puesto el uno de junio de dos mil veinte. ? Posteriormente, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal de Seguridad Pública revisó los antecedentes laborales de Ubaldo Damián Rodríguez y pudo identificar, que dicho agente no contaba con las evaluaciones de control y confianza aprobadas, incumpliendo uno de los requisitos de permanencia señalados por el artículo 140 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, situación que condicionó al quejoso a su homologación al nuevo modelo policial. ? Por virtud de lo anterior, conforme al acta de sesión extraordinaria 05/2022, verificada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, revela, en lo que interesa, que se hicieron ajustes en los grados de carrera policial de algunos elementos de la corporación policiaca, entre ellos al aquí quejoso, y se realizó la homologación de su nombramiento de "Jefe de Grupo" migrándolo al grado jerárquico de "Policía Tercero". ? Finalmente, se ordenó remitir copia debidamente certificada del acta de sesión mencionada conjuntamente con sus anexos, al titular de la institución policial, a fin de realizar las acciones administrativas tendentes al cumplimiento de lo acordado por el órgano colegiado. En el caso, para dirimir si la determinación tomada fue con apego a las formalidades esenciales del procedimiento, específicamente si se dio debida observancia a la garantía de audiencia que asiste a cualquier persona (incluyendo los agentes de corporaciones policiacas) resulta pertinente traer a colación el contenido de algunos dispositivos aplicables al presente asunto contenidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sonora, los cuales disponen: Los artículos 84, 104 y 105 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecen: "Artículo 84.- La remuneración de los integrantes de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno." "Artículo 104.- El procedimiento ante las autoridades previstas en las leyes de la materia, iniciará por solicitud fundada y motivada del titular de la unidad encargada de los asuntos, dirigida al titular o presidente de la instancia correspondiente, remitiendo para tal efecto el expediente del presunto infractor. Los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse con estricto apego a las disposiciones legales aplicables y observará en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento." "Artículo 105.- La Federación, las entidades federativas y los municipios establecerán instancias colegiadas en las que participen, en su caso, cuando menos, representantes de las unidades operativas de investigación, prevención y reacción de las Instituciones Policiales, para conocer y resolver, en sus respectivos ámbitos de competencia, toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario." Los artículos 134, fracción XI, 154, fracción XVIII, 159, 160, 162, 166, 174 y 175 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, establecen: "ARTÍCULO 134. La carrera policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante del Servicio de carrera, y se regirá por las normas mínimas siguientes: (.) XI.- Las Comisiones de Honor, Justicia y Promoción correspondientes establecerán los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la carrera policial. ARTÍCULO 154. Los integrantes de las instituciones policiales, ajustarán invariablemente su conducta a los principios de legalidad, objetividad, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, para ese efecto se sujetarán a las normas de actuación y de disciplina siguientes: (.) XVII. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva; "ARTÍCULO 159. El Secretario de Seguridad Pública del Estado establecerá la Comisión de Honor, Justicia y Promoción para la Policía Estatal de Seguridad Pública, la cual se integrará de la siguiente manera: I.- Un Presidente, cuya función recaerá en la persona que ocupe el mayor rango jerárquico de la Institución Policial; II.- Un Secretario, que será el titular de la Dirección de Administración de la Institución Policial; III.- Tres vocales que serán: a) Dos miembros designados por el Presidente de esta Comisión, que deberán ser del grado jerárquico más alto de la Institución Policial; y b) El Director Jurídico de la Institución Policial. ARTÍCULO 160. La Comisión de Honor, Justicia y Promoción para la Policía Estatal de Seguridad Pública, es autónoma en su funcionamiento y gozará de las más amplias facultades para examinar a los miembros de la Institución Policial, sus expedientes y hojas de servicio, además para su operación y funcionamiento podrá auxiliarse de un Secretario de Acuerdos y Proyectos, que será designado por la misma, comunicando su decisión al Secretario de Seguridad Pública del Estado para efectos de la expedición de su nombramiento y protesta. El Secretario de Acuerdos y Proyectos podrá asistirse de los secretarios jurídicos auxiliares que el presupuesto de egresos de la Institución Policial permita, asimismo dicha dependencia deberá proporcionar a la Comisión, los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. (.) ARTÍCULO 162. La Comisión de cada Institución Policial, tendrá las siguientes atribuciones: I.- Conocer y autorizar el ingreso a la Institución Policial correspondiente, de los elementos seleccionados; II.- Conocer sobre las faltas e infracciones establecidas en la presente Ley, que cometan los miembros de las Instituciones policiales; III.- Determinar las sanciones que, en su caso, deban aplicarse a los miembros de las Instituciones policiales, de acuerdo con lo previsto en este ordenamiento; (.) ARTÍCULO 166. Los correctivos disciplinarios se aplicarán conforme a lo previsto en esta Ley y en los reglamentos correspondientes, y sólo podrán imponerse después de oír en defensa al interesado y tomando en cuenta las circunstancias en que tuvo lugar la infracción, así como los antecedentes del infractor y en todo caso, deberá tomarse en cuenta lo siguiente: (.) (.) ARTÍCULO 174. Para la imposición de las sanciones establecidas en los artículos 169, 170, 171 y 172 de esta Ley, se substanciará procedimiento ante la Comisión, el cual iniciará de oficio o a solicitud del titular de la institución policial o del Comité Ciudadano de Seguridad Pública correspondiente. El procedimiento deberá iniciarse dentro de los 60 días naturales siguientes a aquel en que se tuvo conocimiento por el superior jerárquico, de la comisión de las supuestas faltas o infracciones. El presidente de la Comisión convocará a audiencia a los miembros de ésta y notificará al presunto infractor, con una anticipación de cuando menos tres días hábiles previos a la audiencia, haciéndole saber a este último, en el acto de notificación, la infracción que se le imputa y los elementos en que ésta se sustenta, el lugar, el día y la hora en que tendrá verificativa la audiencia, así como el derecho que le asiste para ofrecer en el desahogo de dicha audiencia, pruebas y formular alegatos por sí o asistido de su defensor, quien podrá ser miembro o no de la Institución Policial. La audiencia se celebrará en un plazo no menor de cinco, ni mayor de veinte días naturales posteriores al inicio del procedimiento. La notificación a que se refiere el párrafo anterior, deberá realizarse al presunto infractor personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, en el domicilio que para tal efecto tenga señalado ante la Institución Policial correspondiente, surtiendo sus efectos el día en que la reciba. En el mismo acto de notificación, se hará del conocimiento del presunto infractor, que en caso de no comparecer, por sí o por la persona que lo represente legalmente, a la audiencia sin causa justificada, se tendrán por presuntamente ciertos los hechos que se le imputan. Una vez abierta la audiencia, se dará uso de la voz al presunto infractor o a su defensor si aquél así lo pide, para que dé contestación a las irregularidades y hechos que se le imputan, ofrezca y desahogue las pruebas que juzgue convenientes y presente sus alegatos. Durante el desarrollo de la audiencia, los integrantes de la Comisión podrán interrogar al compareciente y allegarse de otras pruebas tendientes al esclarecimiento del asunto. Si por la naturaleza de las pruebas ofrecidas, éstas no pudieren desahogarse en su totalidad en una sola audiencia, ésta se suspenderá y se dictarán las medidas que sean necesarias para su recepción, el día y la hora que se fije para la continuación de la misma, en caso contrario, se cerrará la audiencia y dentro de un término de cinco días hábiles, se dictará la resolución correspondiente. La resolución que se dicte deberá estar debidamente fundada y motivada, y deberá contener una relación sucinta de los hechos y una valoración de las pruebas aportadas, tomando en cuenta la conducta realizada por el presunto infractor, antigüedad en el grado, eficiencia en el servicio, créditos acumulados y examen de promoción, así como la circunstancias del caso, concluyendo si ha lugar o no imponer una sanción. La resolución deberá notificarse personalmente al presunto infractor. Serán aplicables al procedimiento que establece este artículo, las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo relativo a notificaciones y ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de pruebas. ARTÍCULO 175. Todas las resoluciones y sanciones impuestas por la Comisión, deberán ser notificadas de inmediato al Registro Estatal que corresponda y al titular de la Institución Policial correspondiente, para su conocimiento y ejecución. Los artículos 34 y 35 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sonora, establecen: (.) Artículo 34. Se entiende por grado, la jerarquía que tiene un miembro respecto de otro y que se desarrolla en el mismo entorno laboral. Por cargo se entiende a la obligación de desempeñar un mandato que le sea encomendado a un miembro, sin perjuicio del grado que tenga, pudiendo implicar un cambio de las funciones y del lugar donde las desempeña. Artículo 35. La autoridad competente de la Institución Policial podrá determinar dentro la estructura autorizada, el cambio de adscripción de sus integrantes, de una división a otra; de una división a un servicio; de un servicio a otro; y de un servicio a una división, así como la asignación a diferentes cargos y puestos acordes con el grado del policía, sin perjuicio de los derechos jerárquicos que correspondan, conservando la categoría y grados a que tenga derecho. De los preceptos legales antes trascritos se desprende que la carrera policial comprende, entre otros factores, el grado policial; asimismo, que será la Comisión de Honor, Justicia y Promoción quien establecerá los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la carrera policial. De la misma manera, se prevé que dicha Comisión, tendrá entre sus atribuciones conocer y autorizar el ingreso a la Institución Policial correspondiente, conocer sobre las faltas e infracciones que cometan los miembros de dichas corporaciones, y determinar las sanciones que en su caso deban aplicarse a dichos elementos. Asimismo, que los correctivos disciplinarios deberán imponerse conforme a lo previsto en el marco normativo aplicable, y solo podrán imponerse después de dar la garantía de audiencia al interesado y tomando en consideración las circunstancias en las que tuvo verificativo la infracción, entre otros factores. En ese sentido, dichos ordinales establecen que previo a la interposición de una corrección disciplinaria a un elemento de una corporación policiaca ?como puede acontecer a través de la homologación de grado?, deberá substanciarse un procedimiento ante la Comisión, el cual dará inicio de oficio o solicitud de la autoridad de seguridad pública respectiva, o bien, a través del comité ciudadano de ese rubro, dentro de los sesenta días posteriores al que tuvo conocimiento el superior jerárquico de las supuestas faltas o infracciones. El presidente de dicha Comisión convocará a audiencia a sus miembros y notificará al probable infractor de la instauración del procedimiento en su contra con una anticipación de cuando menos tres días hábiles previos a la celebración de dicha diligencia, en la que se le hará saber la infracción que se le atribuye, los elementos con los que se cuenta, el lugar, día y hora en la que tendrá verificativo la audiencia, así como el derecho que le asiste de ofertar pruebas, y formular alegatos por sí mismo o a través de su defensor. Una vez substanciado el procedimiento relativo, se deberá dictar una resolución debidamente fundada y motivada, la cual deberá notificarse personalmente al presunto infractor, y comunicar lo anterior al registro estatal que corresponda, y al titular de la Institución Policial correspondiente para su conocimiento y ejecución. Precisado lo anterior debe decirse que en el caso en estudio, de las constancias sumariales no se desprende que previo a la decisión de homologar el nombramiento del impetrante de "Jefe de Grupo" al grado de "Policía Tercero" se hubiera substanciado el procedimiento antes expuesto, lo cual constituye un correctivo disciplinario según los preceptos transcritos y razonados, por ende, una medida administrativa como la que exponen las responsables es insuficiente para privar al impetrante de garantías de sus derechos administrativos y laborales. En ese sentido, resulta evidente que no se respetó al quejoso la garantía de audiencia como titular de derechos fundamentales, traducidos en hacer de su conocimiento las causas o los hechos que motivaron dicho proceder de la autoridad, lo que le hubiera permitido desahogar pruebas y defensas a su favor, debiendo las responsables emitir una resolución debidamente fundada y motivada en dicho procedimiento. En efecto, lo anterior se considera de esa manera porque la garantía de audiencia contemplada en el artículo 14 de la Constitución Federal también aplica para los elementos de las corporaciones policiacas, habida cuenta de que dicho derecho fundamental también se encuentra previsto por los preceptos legales antes invocados en los que se estatuye que previo a la imposición de una decisión que afecte los derechos de la carrera policial. Como en el caso en estudio, en que se homologó el nombramiento del quejoso de "Jefe de Grupo" al grado de "Policía Tercero", deben seguirse las formalidades esenciales del procedimiento, ya que al no hacerlo así se hacen nugatorios los derechos de éste, tal como aconteció en el presente asunto y de ahí que el acto reclamado le causa los perjuicios que manifiesta. Máxime que de las documentales remitidas por las autoridades responsables, se inadvierte las razones por las que el quejoso resultó no aprobado, esto es, no se remitieron constancias relativas al expediente de origen, a partir de los cuales se haya llegado a esa conclusión; por tal motivo, se deja al impetrante en total estado de indefensión. Apoya a la anterior consideración, por analogía, la jurisprudencia XIX.2o. J/12 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con registro digital 196974, consultable a página 1005 del Tomo VII, Enero de 1997, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA, LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL TIENEN DERECHO A LA, POR SER INHERENTES A TODO GOBERNADO. El artículo 14 constitucional otorga la garantía de audiencia para todo gobernado sin distinción alguna; atento lo anterior, la Procuraduría General de la República no puede suspender o privar en sus derechos administrativos o laborales a los agentes de la Policía Judicial, aduciendo que la potestad del Estado para dar por terminados los efectos de su nombramiento es discrecional, por tratarse de trabajadores de confianza que no tienen estabilidad en el empleo, pues al amparo de la aludida garantía tienen derecho a ser oídos en un procedimiento anterior al acto de privación." Así también, sirve de fundamento al tema en estudio la jurisprudencia I.1o.A. J/4 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, página 2168, del tenor siguiente: "ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL. PARA RESPETAR LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO DEBE HACERSE CONSTAR EN ESE DOCUMENTO, CUÁLES SON LOS HECHOS O CONDUCTAS QUE DAN ORIGEN AL PROCEDIMIENTO, ESTO ES, LOS EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA NO APROBADOS. De la interpretación sistemática de los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31 de la Ley de la Policía Federal; 125, 142 y 143 del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, se advierte que para respetar los derechos de audiencia y debido proceso no basta que, formalmente, el ordenamiento objetivo establezca un plazo para que el interesado plantee su defensa; que contenga la posibilidad de ofrecer y desahogar medios de convicción, o bien, que en el propio acto de inicio se le autorice a consultar el expediente administrativo respectivo, sino que es necesario que en el acto que se notifica, es decir, en el acuerdo de inicio del procedimiento, se den a conocer y se precisen los hechos o conductas infractoras que se atribuyan, a fin de que el gobernado esté en posibilidad de realizar una adecuada y oportuna defensa de sus intereses. Por tanto, en los casos en que el procedimiento administrativo de separación se instruya con motivo de la no aprobación de los exámenes de control de confianza, es necesario que la autoridad informe con toda precisión los hechos o conductas que den origen a tal procedimiento, esto es, los exámenes que no aprobó, sin que baste que informe que el servidor público resultó no apto en el proceso de evaluación." Así, ante el desconocimiento íntegro de los elementos probatorios que pesan en contra del quejoso, relativos a las imputaciones que dieron como resultado de "no aprobado en el examen de control y confianza", trae como consecuencia la falta de oportunidad total de ejercer una defensa adecuada, volviéndose por tanto, nugatorio el derecho fundamental de tutela judicial, es decir, contar con un procedimiento sencillo y eficaz que le permita defenderse ante el acto emitido por la autoridad, transgrediendo así el debido proceso, en atención a que se debe garantizar plenamente la posibilidad de otorgar los medios y mecanismos suficientes que permitan una adecuada defensa. Bajo esa línea de pensamiento, procede conceder la protección constitucional al quejoso bajo la consideración de que este no fue llamado al procedimiento que trajo como consecuencia la homologación de su nombramiento de "Jefe de Grupo" al grado de "Policía Tercero". VII. Decisión De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que las autoridades responsables ?en el ámbito de sus competencias?, dentro del plazo de tres días contado a partir de que le sean notificadas del acuerdo por el que cause ejecutoria la presente sentencia, se realice lo siguiente: a) Dejen sin efectos el acta de sesión extraordinaria 05/2022 verificada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, en la parte relativa al ajuste realizado en el grado de carrera policial del quejoso, en la que se homologó su nombramiento de "Jefe de Grupo" al grado de "Policía Tercero"; y, b) Dado el evento de insistir en la homologación del nombramiento del quejoso, se le deberá otorgar debida observancia a las formalidades esenciales del procedimiento. En la inteligencia, que con la presente concesión del amparo no se priva a las autoridades responsables del ejercicio de sus facultades para vigilar el funcionamiento de los elementos operativos adscritos a corporaciones de la Policía Estatal de Seguridad Pública de esta entidad federativa. Por lo que, en el caso de que pretendan insistir en la homologación del puesto del quejoso aquí reclamado, deberán cumplir a cabalidad con los lineamientos trazados en el presente fallo, es decir, brindando al peticionario de amparo su derecho fundamental de audiencia y defensa, dentro de un procedimiento en el que se respeten las formalidades esenciales, atento a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, aplicada por analogía, la Jurisprudencia 2a./J. 16/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES". Finalmente, el cumplimiento de los efectos de la concesión del amparo serán exigibles, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se VIII. R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ubaldo Damián Rodríguez, por las razones, fundamentos establecidos en el apartado VI, y para los efectos referidos en el diverso VII de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Cumplen requerimiento. Glósense en autos los oficios de cuenta suscritos por el Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal de Seguridad Pública y la jefa de área del Servicio Civil de la Coordinación General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, mediante los cuales, en cumplimiento al requerimiento impuesto por auto de cuatro de agosto del año en curso, remiten constancias. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexan; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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