Ubaldo Corona Domínguez
Expediente 199/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 199/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 28/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ubaldo Corona Domínguez
- Agente del Ministerio Público Investigador, Titular de la Unidad de Investigación de Tepeojuma, Puebla, de la Fiscalía General del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Puebla, Puebla, a veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de treinta de septiembre del año en curso, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa, no se realiza manifestación alguna respecto al destino de los mismos. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso a) del acuerdo general citado porque se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. DEVOLUCIÓN DE ANEXOS Finalmente, remítase a la autoridad responsable AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR, TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TEPEOJUMA, PUEBLA, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, las constancias que anexó como justificante de su informe (ANEXO I), consistente en copia cotejada de las constancias que integran la carpeta de investigación 63/2020/TEPEOJUMA, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veintidós. ANTECEDENTES DEL JUICIO Visto el estado de autos, se advierte que los quejosos Ubaldo Corona Domínguez y Eustorgio Corona Domínguez, en la demanda que dio origen a este asunto, señalaron como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Del agente del Ministerio Público Investigador, Titular de la Unidad de Investigación de Tepeojuma, Puebla, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. "PRIMERO. El ilegal acuerdo de fecha diecisiete de enero del año en curso emitido por el Agente del Ministerio Público Investigador, Titular de la Unidad de Investigación de Tepeojuma, Puebla, dentro de la carpeta de investigación 63/2020/TEPEOJUMA, mismo acuerdo que nos fuera notificado en lo personal por conducto de nuestro defensor particular el día primero de febrero del corriente año, acuerdo en el que sin fundar ni motivar debidamente niega nuestra solicitud de extinguir el ejercicio de la acción penal por prescripción del delito, violando con ello el principio de acceso a una justicia pronta, completa y expedita contenida en el artículo 17 de nuestra Carta Magna y en el diverso numeral 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales. SEGUNDO. La OMISIÓN de analizar en el acuerdo de fecha diecisiete de enero del presente año que los presuntos hechos que pretenden imputar a los suscritos quejosos como constitutivos del delito de fraude son inexistentes ya que en todo caso serán objeto de una cuestión meramente civil, así como la omisión de declarar el no ejercicio de la acción penal por inexistencia del delito de fraude, todo ello en el acuerdo de fecha diecisiete de enero del corriente año dictado por el Agente del Ministerio Público señalado como autoridad responsable dentro de la Carpeta de Investigación número 063/2020/TEPEOJUMA. TERCERO. Las violaciones al debido proceso cometidas dentro de la Carpeta de Investigación 063/2020/TEPEOJUMA por parte de la Representación Social, cuyas consecuencias no son otras que retardar de manera injustificada el procedimiento, lesionando con dicha actitud en perjuicio de los quejosos la garantía Constitucional de Justicia Pronta y Expedita, dichas violaciones al debido proceso las hacemos consistir en: ." Y del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla: "Haber dado cumplimiento a los oficios 376/2020 de fecha cinco de agosto de Agosto de dos mil veinte y al oficio 403/2020 de fecha diecinueve de Agosto del año dos mil veinte, este último dictado en alcance y como complemento del diverso oficio 376/2020, y haber colocado nota marginal en la partida 242 a fojas 242, tomo 63E, libro primero de fecha 15 de marzo de 2013, así como aquella que se inscriba o se haya inscrito en la escritura de aplicación de bienes número 7506, volumen 47 de fecha siete de Abril de dos mil veinte de los de la notaría pública número tres de Izúcar de Matamoros Puebla otorgada a favor de los señores Eustorgio y Ubaldo de apellidos Corona Domínguez derivada de la Sucesión Intestamentaria 214/2013 del Juzgado Civil de Izúcar de Matamoros Puebla, lo anterior con la finalidad de que se continúe con la integración de la carpeta de investigación." IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO Ahora, de las constancias remitidas por el agente del Ministerio Público responsable como justificante de su informe y en alcance de éste, se advierte la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia con relación a tales actos, lo que hace innecesaria la continuación del presente juicio de amparo. En efecto, de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna causa de improcedencia que condujera al sobreseimiento, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley reglamentaria de procedimiento constitucional. Así, en el caso se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en tanto que han cesado los efectos de los actos reclamados a las autoridades señalas como responsables. Para precisar los alcances de la expresión "cesado los efectos" resultan útiles las consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar lo dispuesto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, por que dicha disposición y la transcrita son idénticas. La sala en cita estimó que la improcedencia del juicio por cesación de efectos ocurre cuando éstos fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo a la parte quejosa; esto es, como si el acto no hubiera invadido su esfera jurídica o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, ya que la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá en la esfera de derechos de la quejosa. La interpretación aludida puede advertirse en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." La cual es aplicable al caso, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, pues su contenido no se opone a la misma, no obstante que interpretó un precepto de la Ley de Amparo derogada. Como se indicó, los quejosos ********** reclamaron del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, la anotación marginal en la partida 242, a fojas 242, tomo 63 E, libro primero, de 15 de marzo de 2013, así como en la escritura de aplicación de bienes 7506, volumen 47 de fecha siete de abril de dos mil veinte, de la Notaría Pública Tres de Izúcar de Matamoros, Puebla, otorgada en su favor, derivada de la sucesión intestamentaria 214/2013 del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, ordenada en la carpeta de investigación 63/2020/TEPEOJUMA; y la nota marginal para que no se permita hacer traslados de dominio sobre el inmueble conocido "parcela número 212/Z1 P2/3 del Ejido Tepeojuma, municipio de Tepeojuma, también conocido como "Paraje La Mora"; lo anterior, como ocnsecuenica de lo ordenado en los oficios 376/2020 y 403/2020 emitidos dentro de la carpeta de investigación CDI 63/2020/TEPEOJUMA. Respecto a tales actos, de las constancias remitidas por el agente del Ministerio Público, acordadas el veintinueve de este mes y año, se conoce que mediante oficio 245/2022 de diecisiete de mayo de este año, el agente del Ministerio Público también señalado como responsable, ordenó, dentro de la citada carpeta de investigación, al encargado del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, misma que tuvo por recibida el veinte de mayo de esta anualidad; dejar sin efectos los oficios 376 y 403 de cinco y diecinueve de agosto de dos mil veinte, toda vez que esa representción social determinó el archivo definitivo por no ejerciio de la acción penal el diecisiete de marzo de este año, resolución que no fue impugnada en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior evidencia que durante la substanciación de este juicio, cesaron los efectos de esas anotaciones reclamadas al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, como si se hubiera concedido el amparo solicitado, en tanto que desapareció el acto del registrador que lesionaba el derecho de propiedad respecto de los inmuebles que los quejosos defienden y que motivó la promoción de este medio extraordinario de defensa, al ordenar que dejara sin efectos el contenido de los oficios por los que realizó esas anotaciones marginales. Por otra parte, respecto a los diversos actos y omisiones reclamados al agente del Ministerio Público Investigador, Titular de la Unidad de Investigación de Tepeojuma, Puebla, debe destacarse que en el anexo que se formó con motivo de este asunto, se advierte que, dentro de la carpeta de investigación 63/2020/TEPEOJUMA, el diecisiete de marzo pasado determinó su archivo definitivo, con motivo del no ejercicio de la acción penal. Circunstancia que hizo cesar las consecuencias derivadas de los actos reclamados, pues estos se hicieron consistir, sustancialmente, en el acuerdo de diecisiete de enero del año en curso por el cual negó su solicitud de extinguir el ejercicio de la acción penal, la omisión de analizar en tal acuerdo los hechos que se les imputaron y, las violaciones procesales en que se incurrió en esa carpeta de investigación. Esto es así, porque la causal de improcedencia que se analiza, también se extiende a aquellos actos respecto de los cuales no es dable emprender el análisis de su legalidad al haberse sustituido por otros; esto es, cuando un acto reclamado a virtud de una determinación posterior no puede generar consecuencias legales, sino que la afectación que resiente el gobernado deriva de aquél que lo sustituyó, que, lógicamente, resulta posterior al acto primigenio del que derivó, en un primer momento, la afectación controvertida; o también, si tal afectación cesa, sin que el acto posterior le genere alguna molestia, como acontece en el caso. Ilustra tal consideración la jurisprudencia con rubro y texto: Época: Décima Época Registro: 2002188 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 77/2012 (10a.) Página: 841 RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva. Criterio jurisprudencial que es aplicable al caso, no obstante que se refiere al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada; pues su contenido es similar al del articulo y fracción citados al inicio de este considerando. Entonces, es posible afirmar que los actos y omisiones atribuidos al agente del Ministerio Público Investigador, Titular de la Unidad de Investigación de Tepeojuma, Puebla, dentro de la carpeta de investigación 63/2020/TEPEOJUMA cesaron al emitir la determinación de diecisiete de marzo del año en curso, pronunciada en la citada carpeta de investigación, en la que el mencionado agente del Ministerio Público responsable decretó el no ejercicio de la acción penal persecutoria en su contra y el consecuente archivo de la aludida carpeta de investigación; máxime que esta era una de las pretensiones de los quejosos, la cual no fue acogida en el acto reclamado, circunstancia que generó la promoción de este juicio. De ahí, se insiste, que los actos reclamados a dicho agente dejaron de surtir efectos, al ser sustituidos procesalmente por la resolución que decretó el no ejercicio de la acción penal, respecto a los hechos atribuidos a los quejosos. En consecuencia, al haber cesado los efectos de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, en conformidad con el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. SIN EFECTOS HORA Y FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinticuatro minutos del día catorce de octubre de dos mil veintidós. Hágase del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese en el presente asunto como totalmente concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Puebla, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veintidós. ANTECEDENTES DEL JUICIO Visto el estado de autos, se advierte que los quejosos Ubaldo Corona Domínguez y Eustorgio Corona Domínguez, en la demanda que dio origen a este asunto, señalaron como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Del agente del Ministerio Público Investigador, Titular de la Unidad de Investigación de Tepeojuma, Puebla, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. "PRIMERO. El ilegal acuerdo de fecha diecisiete de enero del año en curso emitido por el Agente del Ministerio Público Investigador, Titular de la Unidad de Investigación de Tepeojuma, Puebla, dentro de la carpeta de investigación 63/2020/TEPEOJUMA, mismo acuerdo que nos fuera notificado en lo personal por conducto de nuestro defensor particular el día primero de febrero del corriente año, acuerdo en el que sin fundar ni motivar debidamente niega nuestra solicitud de extinguir el ejercicio de la acción penal por prescripción del delito, violando con ello el principio de acceso a una justicia pronta, completa y expedita contenida en el artículo 17 de nuestra Carta Magna y en el diverso numeral 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales. SEGUNDO. La OMISIÓN de analizar en el acuerdo de fecha diecisiete de enero del presente año que los presuntos hechos que pretenden imputar a los suscritos quejosos como constitutivos del delito de fraude son inexistentes ya que en todo caso serán objeto de una cuestión meramente civil, así como la omisión de declarar el no ejercicio de la acción penal por inexistencia del delito de fraude, todo ello en el acuerdo de fecha diecisiete de enero del corriente año dictado por el Agente del Ministerio Público señalado como autoridad responsable dentro de la Carpeta de Investigación número 063/2020/TEPEOJUMA. TERCERO. Las violaciones al debido proceso cometidas dentro de la Carpeta de Investigación 063/2020/TEPEOJUMA por parte de la Representación Social, cuyas consecuencias no son otras que retardar de manera injustificada el procedimiento, lesionando con dicha actitud en perjuicio de los quejosos la garantía Constitucional de Justicia Pronta y Expedita, dichas violaciones al debido proceso las hacemos consistir en: ." Y del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla: "Haber dado cumplimiento a los oficios 376/2020 de fecha cinco de agosto de Agosto de dos mil veinte y al oficio 403/2020 de fecha diecinueve de Agosto del año dos mil veinte, este último dictado en alcance y como complemento del diverso oficio 376/2020, y haber colocado nota marginal en la partida 242 a fojas 242, tomo 63E, libro primero de fecha 15 de marzo de 2013, así como aquella que se inscriba o se haya inscrito en la escritura de aplicación de bienes número 7506, volumen 47 de fecha siete de Abril de dos mil veinte de los de la notaría pública número tres de Izúcar de Matamoros Puebla otorgada a favor de los señores Eustorgio y Ubaldo de apellidos Corona Domínguez derivada de la Sucesión Intestamentaria 214/2013 del Juzgado Civil de Izúcar de Matamoros Puebla, lo anterior con la finalidad de que se continúe con la integración de la carpeta de investigación." IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO Ahora, de las constancias remitidas por el agente del Ministerio Público responsable como justificante de su informe y en alcance de éste, se advierte la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia con relación a tales actos, lo que hace innecesaria la continuación del presente juicio de amparo. En efecto, de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna causa de improcedencia que condujera al sobreseimiento, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley reglamentaria de procedimiento constitucional. Así, en el caso se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en tanto que han cesado los efectos de los actos reclamados a las autoridades señalas como responsables. Para precisar los alcances de la expresión "cesado los efectos" resultan útiles las consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar lo dispuesto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, por que dicha disposición y la transcrita son idénticas. La sala en cita estimó que la improcedencia del juicio por cesación de efectos ocurre cuando éstos fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo a la parte quejosa; esto es, como si el acto no hubiera invadido su esfera jurídica o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, ya que la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá en la esfera de derechos de la quejosa. La interpretación aludida puede advertirse en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." La cual es aplicable al caso, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, pues su contenido no se opone a la misma, no obstante que interpretó un precepto de la Ley de Amparo derogada. Como se indicó, los quejosos ********** reclamaron del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, la anotación marginal en la partida 242, a fojas 242, tomo 63 E, libro primero, de 15 de marzo de 2013, así como en la escritura de aplicación de bienes 7506, volumen 47 de fecha siete de abril de dos mil veinte, de la Notaría Pública Tres de Izúcar de Matamoros, Puebla, otorgada en su favor, derivada de la sucesión intestamentaria 214/2013 del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, ordenada en la carpeta de investigación 63/2020/TEPEOJUMA; y la nota marginal para que no se permita hacer traslados de dominio sobre el inmueble conocido "parcela número 212/Z1 P2/3 del Ejido Tepeojuma, municipio de Tepeojuma, también conocido como "Paraje La Mora"; lo anterior, como ocnsecuenica de lo ordenado en los oficios 376/2020 y 403/2020 emitidos dentro de la carpeta de investigación CDI 63/2020/TEPEOJUMA. Respecto a tales actos, de las constancias remitidas por el agente del Ministerio Público, acordadas el veintinueve de este mes y año, se conoce que mediante oficio 245/2022 de diecisiete de mayo de este año, el agente del Ministerio Público también señalado como responsable, ordenó, dentro de la citada carpeta de investigación, al encargado del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, misma que tuvo por recibida el veinte de mayo de esta anualidad; dejar sin efectos los oficios 376 y 403 de cinco y diecinueve de agosto de dos mil veinte, toda vez que esa representción social determinó el archivo definitivo por no ejerciio de la acción penal el diecisiete de marzo de este año, resolución que no fue impugnada en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior evidencia que durante la substanciación de este juicio, cesaron los efectos de esas anotaciones reclamadas al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, como si se hubiera concedido el amparo solicitado, en tanto que desapareció el acto del registrador que lesionaba el derecho de propiedad respecto de los inmuebles que los quejosos defienden y que motivó la promoción de este medio extraordinario de defensa, al ordenar que dejara sin efectos el contenido de los oficios por los que realizó esas anotaciones marginales. Por otra parte, respecto a los diversos actos y omisiones reclamados al agente del Ministerio Público Investigador, Titular de la Unidad de Investigación de Tepeojuma, Puebla, debe destacarse que en el anexo que se formó con motivo de este asunto, se advierte que, dentro de la carpeta de investigación 63/2020/TEPEOJUMA, el diecisiete de marzo pasado determinó su archivo definitivo, con motivo del no ejercicio de la acción penal. Circunstancia que hizo cesar las consecuencias derivadas de los actos reclamados, pues estos se hicieron consistir, sustancialmente, en el acuerdo de diecisiete de enero del año en curso por el cual negó su solicitud de extinguir el ejercicio de la acción penal, la omisión de analizar en tal acuerdo los hechos que se les imputaron y, las violaciones procesales en que se incurrió en esa carpeta de investigación. Esto es así, porque la causal de improcedencia que se analiza, también se extiende a aquellos actos respecto de los cuales no es dable emprender el análisis de su legalidad al haberse sustituido por otros; esto es, cuando un acto reclamado a virtud de una determinación posterior no puede generar consecuencias legales, sino que la afectación que resiente el gobernado deriva de aquél que lo sustituyó, que, lógicamente, resulta posterior al acto primigenio del que derivó, en un primer momento, la afectación controvertida; o también, si tal afectación cesa, sin que el acto posterior le genere alguna molestia, como acontece en el caso. Ilustra tal consideración la jurisprudencia con rubro y texto: Época: Décima Época Registro: 2002188 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 77/2012 (10a.) Página: 841 RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva. Criterio jurisprudencial que es aplicable al caso, no obstante que se refiere al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada; pues su contenido es similar al del articulo y fracción citados al inicio de este considerando. Entonces, es posible afirmar que los actos y omisiones atribuidos al agente del Ministerio Público Investigador, Titular de la Unidad de Investigación de Tepeojuma, Puebla, dentro de la carpeta de investigación 63/2020/TEPEOJUMA cesaron al emitir la determinación de diecisiete de marzo del año en curso, pronunciada en la citada carpeta de investigación, en la que el mencionado agente del Ministerio Público responsable decretó el no ejercicio de la acción penal persecutoria en su contra y el consecuente archivo de la aludida carpeta de investigación; máxime que esta era una de las pretensiones de los quejosos, la cual no fue acogida en el acto reclamado, circunstancia que generó la promoción de este juicio. De ahí, se insiste, que los actos reclamados a dicho agente dejaron de surtir efectos, al ser sustituidos procesalmente por la resolución que decretó el no ejercicio de la acción penal, respecto a los hechos atribuidos a los quejosos. En consecuencia, al haber cesado los efectos de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, en conformidad con el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. SIN EFECTOS HORA Y FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinticuatro minutos del día catorce de octubre de dos mil veintidós. Hágase del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese en el presente asunto como totalmente concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Puebla, Puebla, a veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional en virtud de que mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se requirió al Agente del Ministerio Público Investigador, Titular de la Unidad de Investigación de Tepeojuma, Puebla, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que remita las constancias ahí solicitadas y, en esa misma data se ordenó dar vista al Fiscal General del Estado de Puebla para que ordene a ésta a cumplir sin demora lo establecido. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA Para dar oportunidad a lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se señalan las nueve horas con veinticuatro minutos del día catorce de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
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