U. Khrzyszkowiak Cuellar

Expediente 848/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
848/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • U. Khrzyszkowiak Cuellar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia de veintitrés de marzo del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente juicio, interpusiera el recurso de revisión en su contra, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente...se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia...archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora...resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haberse sobreseído el presente juicio de amparo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, deberá destruirse con posterioridad al VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO. En relación a los cuadernos incidentales...el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración al haberse concedido la suspensión definitiva del acto reclamado por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá a su depuración; en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO. Asimismo...resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a su destrucción; por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. ... Finalmente, como se advierte de autos que existen un tomo de pruebas que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, remitió en justificación de sus actos, sin embargo, resulta innecesaria su conservación, debido a que en esta fecha se ordenó el archivo definitivo del presente asunto; por tanto, se ordena devolver dichas constancias. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    Vistos, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto 848/2021-IV-B, promovido por ***, por propio derecho, contra actos que reclama del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, que considera violatorios de los derechos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales; y, ... C O N S I D E R A N D O ... CUARTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso particular, respecto al acto reclamado precisado como inciso a), consistente en el acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno, que decreta la providencia precautoria de embargo de bienes, en contra del quejoso *** y otra, por la suma de..., y ordena girar oficio a diversas instituciones bancarias, la suscrita juzgadora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que no observó el principio de definitividad previamente a la interposición de este juicio de amparo, precepto legal que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El reproducido precepto, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de garantías, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa así previsto dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede interponer en contra de la resolución impugnada; de allí que, el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracciones XIV, XVIII y XX, el numeral 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. ... .... En este orden de ideas, el quejoso no cumplió con el principio de definitividad para los efectos del juicio de garantías, dado que, de los autos del juicio ejecutivo mercantil oral 288/2021/IX, que el juez responsable remitió en justificación de sus actos, se infiere que es parte formal en el juicio (demandado); entonces, ineludiblemente se encontraba obligado a agotar el principio de definitividad, respecto al acuerdo que ordena el embargo precautorio, por tanto, la suscrita advierte que no se cumplieron con los requisitos previstos en la legislación respectiva, pues debió combatirse a través del recurso de apelación. En efecto, los artículos 1183 y 1345, fracción IV del Código de Comercio, establecen: "Artículo 1183.- En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339,1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente. "Artículo 1345.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo". De la anterior transcripción se colige que contra la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación en términos de los artículos 1339 del citado código, esto es, cuando la cuantía sea mayor a $705,379.03 (setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 M.N), por concepto de suerte principal. Bajo ese contexto, en el presente asunto la cuantía por concepto de suerte principal es ... por tanto, es inconcuso que procede el recurso de apelación en contra del acuerdo reclamado. ... De ahí que, es incuestionable que el auto reclamado, debía ser recurrido a través del recurso de apelación, conforme a los artículos 1183 y 1345, fracción IV del Código de Comercio, antes de acudir al juicio de amparo, por ser éste un medio defensivo extraordinario. En esas condiciones, si el quejoso no agotó dicho recurso previo a la promoción del juicio de amparo; es indudable que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado precisado como inciso b) consistente en la omisión y/o falta emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil oral 288/2021/IX., la suscrita estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. Dichas disposiciones estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Al respecto, debe decirse que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En efecto, la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que son actos procesales de ejecución irreparable, cuando sus consecuencias afectan directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, y que no son actos de ejecución irreparable cuando las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del justiciable, y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada, es decir, que sólo afectan derechos adjetivos o procesales... Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el procedimiento que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación, es decir, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe precisar que la Ley de Amparo establece lo que debe entenderse por un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, a saber, aquel que afecte derechos sustantivos del justiciable tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. De tal manera que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquéllos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo protegido (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) por la Constitución y los Tratados Internacionales. ... Por tanto, dado que el acto reclamado no puede considerarse de momento como de imposible reparación, en los términos expuestos, no afecta derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera. ... Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, por los actos que reclama del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, con sede en esta ciudad, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esa sentencia. Notifíquese personalmente al quejoso y tercero interesado, por oficio a la autoridad responsable y agente del Ministerio Público adscrita; asimismo, acorde a lo estimado en el último considerando, deberá entregarse copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite y acredite legitimidad para ello, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos.

  3. Principal

    (.) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL ACUERDO VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS: "(.) vistos, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto 848/2021-IV-B, promovido por ***, por propio derecho, contra actos que reclama del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, que considera violatorios de los derechos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales; y. C O N S I D E R A N D O ... CUARTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso particular, respecto al acto reclamado precisado como inciso a), consistente en el acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno, que decreta la providencia precautoria de embargo de bienes, en contra del quejoso *** y otra, por la suma de..., y ordena girar oficio a diversas instituciones bancarias, la suscrita juzgadora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que no observó el principio de definitividad previamente a la interposición de este juicio de amparo, precepto legal que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El reproducido precepto, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de garantías, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa así previsto dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede interponer en contra de la resolución impugnada; de allí que, el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracciones XIV, XVIII y XX, el numeral 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. ... .... En este orden de ideas, el quejoso no cumplió con el principio de definitividad para los efectos del juicio de garantías, dado que, de los autos del juicio ejecutivo mercantil oral 288/2021/IX, que el juez responsable remitió en justificación de sus actos, se infiere que es parte formal en el juicio (demandado); entonces, ineludiblemente se encontraba obligado a agotar el principio de definitividad, respecto al acuerdo que ordena el embargo precautorio, por tanto, la suscrita advierte que no se cumplieron con los requisitos previstos en la legislación respectiva, pues debió combatirse a través del recurso de apelación. En efecto, los artículos 1183 y 1345, fracción IV del Código de Comercio, establecen: "Artículo 1183.- En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339,1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente. "Artículo 1345.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo". De la anterior transcripción se colige que contra la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación en términos de los artículos 1339 del citado código, esto es, cuando la cuantía sea mayor a $705,379.03 (setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 M.N), por concepto de suerte principal. Bajo ese contexto, en el presente asunto la cuantía por concepto de suerte principal es ... por tanto, es inconcuso que procede el recurso de apelación en contra del acuerdo reclamado. ... De ahí que, es incuestionable que el auto reclamado, debía ser recurrido a través del recurso de apelación, conforme a los artículos 1183 y 1345, fracción IV del Código de Comercio, antes de acudir al juicio de amparo, por ser éste un medio defensivo extraordinario. En esas condiciones, si el quejoso no agotó dicho recurso previo a la promoción del juicio de amparo; es indudable que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado precisado como inciso b) consistente en la omisión y/o falta emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil oral 288/2021/IX., la suscrita estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. Dichas disposiciones estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Al respecto, debe decirse que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En efecto, la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que son actos procesales de ejecución irreparable, cuando sus consecuencias afectan directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, y que no son actos de ejecución irreparable cuando las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del justiciable, y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada, es decir, que sólo afectan derechos adjetivos o procesales... Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el procedimiento que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación, es decir, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe precisar que la Ley de Amparo establece lo que debe entenderse por un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, a saber, aquel que afecte derechos sustantivos del justiciable tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. De tal manera que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquéllos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo protegido (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) por la Constitución y los Tratados Internacionales. ... Por tanto, dado que el acto reclamado no puede considerarse de momento como de imposible reparación, en los términos expuestos, no afecta derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera. ... Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, por los actos que reclama del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, con sede en esta ciudad, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esa sentencia.

  4. Principal

    ... audiencia constitucional, en el presente juicio de amparo 848/2021-IV-B. La licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de la licenciada Blanca Ofelia Prieto Vega, secretaria que da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes. Enseguida, la Secretaria hace relación de las constancias de autos; haciendo constar que no existen promociones pendientes de acuerdo y CERTIFICA: Que obra agregada en autos la constancia de emplazamiento de la persona moral tercera interesada denominada Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Santander México; asimismo, que se encuentra agregado en autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable denominada: ...De igual forma, HACE CONSTAR: Que el término de tres días concedido a la referida persona moral tercera interesada, por auto de diez de noviembre del presente año, para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, transcurrió del veinticuatro al veintiséis de noviembre del año en curso, sin que haya dado cumplimiento a lo anterior. La Jueza acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede para los efectos legales procedentes; por cuanto hace a que la parte tercera interesada no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, en el término otorgado, con fundamento en el artículo 27, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintiuno, por consiguiente, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, deberán realizársele por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. PERIODO PROBATORIO: Abierto este período, la Secretaria hace constar que la parte quejosa adjuntó a su escrito de demanda una documental consistente en una copia simple de una credencial de elector; por su parte, la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, anexó copias certificadas del juicio natural a su informe en justificación de sus actos, acordadas en auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, formándose un tomo de pruebas. La Jueza acuerda: Se tienen por admitidas y desahogadas, dada su especial naturaleza, las pruebas relacionadas por la Secretaria. Por lo que, al no existir alguna otra probanza pendiente de relacionarse o desahogarse, se cierra el periodo. PERIODO DE ALEGATOS: Abierto este período, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Se cierra el presente período y se da por concluida la presente audiencia, ordenando se dicte la resolución que en derecho proceda. Doy fe.

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