Tzitziki Yunuén Sauza Bedolla

Expediente 957/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
957/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
03/11/2022

Partes del expediente

  • Tzitziki Yunuén Sauza Bedolla
  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 4. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a la autoridad responsable y agente del Ministerio Público, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, por tanto no le depara perjuicio alguno a esta. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 5. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo se advierte que la quejosa Tzitziki Yunuen Sauza Bedolla, a través de su apoderado jurídico, el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, presentó demanda de amparo en la que reclamó de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, la omisión de cerrar la instrucción, la formulación del proyecto del laudo, y el dictado de éste. El pasado veintisiete de septiembre se tuvo por recibido el informe justificado del Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado; en el mismo informó que en el juicio laboral 1B-1529/2020, el veintiuno de septiembre del año en curso, fue cerrada la instrucción, en términos del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que el auxiliar de proyectos tiene el término de diez días hábiles para emitir su proyecto de laudo y posteriormente, en términos del numeral 886 de la misma norma, ponerlo a la vista de los integrantes de la Junta en el término de cinco días; posteriormente dentro de ocho días siguientes se señalarán y desahogarán pruebas para mejor proveer; vencido ese término, dentro de los diez días siguientes se desahogará la audiencia de discusión y votación de laudo en términos del precepto 887 de la referida legislación. Atento a tal panorama, en obvio de mayores dilaciones procesales y certeza jurídica para las partes, se emite el pronunciamiento siguiente: Actualización de una causal de improcedencia. Se estima que en cuanto la omisión de cerrar la instrucción dentro del expediente ordinario 1B-1529/2020, sobrevino la causa de improcedencia del juicio prevista de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicho numeral establece como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto reclamado; es decir, tal figura opera cuando ocurre un acto de autoridad a través del cual los efectos del citado acto se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, con la cesación de sus efectos no dejan ninguna huella. Conforme al referido artículo existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primero se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. En tanto, el segundo, se materializa al sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Así, en el particular, se estima que se surte la citada causal de improcedencia, considerando que posterior a la presentación de la demanda de amparo, la Junta responsable el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictó el acuerdo de cierre de instrucción del juicio laboral y dejó los autos para emitir la resolución correspondiente. Lo que hace evidente que han cesado los efectos del acto reclamado al haber dejado de interferir en la esfera jurídica del quejoso, puesto que las consecuencias que derivaban de tal omisión ya no le causan agravio. Por tanto, con dicha actuación se restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar su constitucionalidad, si tal omisión ya no está surtiendo efectos, ni los surtirán, y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal. Es aplicable la Jurisprudencia de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que sea posible a través de este amparo verificar el cumplimiento de los plazos en la formulación del proyecto del laudo, y el dictado de éste, dado que, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se reclaman violaciones a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el alcance de la protección constitucional debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. Por lo que, se insiste, ha cesado el acto reclamado a la autoridad responsable, ya que la trasgresión al derecho de administrar justicia en los plazos legales, que derivó de la omisión de dictar el cierre de instrucción en el juicio laboral, cesó con el pronunciamiento relativo. Ante ello, se actualiza la causal de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XXI, y por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Maira Flor López Valencia, quien da fe.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo se advierte que la quejosa Tzitziki Yunuen Sauza Bedolla, a través de su apoderado jurídico, el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, presentó demanda de amparo en la que reclamó de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, la omisión de cerrar la instrucción, la formulación del proyecto del laudo, y el dictado de éste. El pasado veintisiete de septiembre se tuvo por recibido el informe justificado del Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado; en el mismo informó que en el juicio laboral 1B-1529/2020, el veintiuno de septiembre del año en curso, fue cerrada la instrucción, en términos del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que el auxiliar de proyectos tiene el término de diez días hábiles para emitir su proyecto de laudo y posteriormente, en términos del numeral 886 de la misma norma, ponerlo a la vista de los integrantes de la Junta en el término de cinco días; posteriormente dentro de ocho días siguientes se señalarán y desahogarán pruebas para mejor proveer; vencido ese término, dentro de los diez días siguientes se desahogará la audiencia de discusión y votación de laudo en términos del precepto 887 de la referida legislación. Atento a tal panorama, en obvio de mayores dilaciones procesales y certeza jurídica para las partes, se emite el pronunciamiento siguiente: Actualización de una causal de improcedencia. Se estima que en cuanto la omisión de cerrar la instrucción dentro del expediente ordinario 1B-1529/2020, sobrevino la causa de improcedencia del juicio prevista de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicho numeral establece como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto reclamado; es decir, tal figura opera cuando ocurre un acto de autoridad a través del cual los efectos del citado acto se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, con la cesación de sus efectos no dejan ninguna huella. Conforme al referido artículo existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primero se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. En tanto, el segundo, se materializa al sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Así, en el particular, se estima que se surte la citada causal de improcedencia, considerando que posterior a la presentación de la demanda de amparo, la Junta responsable el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictó el acuerdo de cierre de instrucción del juicio laboral y dejó los autos para emitir la resolución correspondiente. Lo que hace evidente que han cesado los efectos del acto reclamado al haber dejado de interferir en la esfera jurídica del quejoso, puesto que las consecuencias que derivaban de tal omisión ya no le causan agravio. Por tanto, con dicha actuación se restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar su constitucionalidad, si tal omisión ya no está surtiendo efectos, ni los surtirán, y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal. Es aplicable la Jurisprudencia de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que sea posible a través de este amparo verificar el cumplimiento de los plazos en la formulación del proyecto del laudo, y el dictado de éste, dado que, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se reclaman violaciones a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el alcance de la protección constitucional debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. Por lo que, se insiste, ha cesado el acto reclamado a la autoridad responsable, ya que la trasgresión al derecho de administrar justicia en los plazos legales, que derivó de la omisión de dictar el cierre de instrucción en el juicio laboral, cesó con el pronunciamiento relativo. Ante ello, se actualiza la causal de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XXI, y por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Maira Flor López Valencia, quien da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. 1. Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación que remite el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. 2. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Maira Flor López Valencia, quien da fe.

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