Tulio Francisco Castillo Sánchez
Expediente 196/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 196/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Tulio Francisco Castillo Sánchez
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido de la primera certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que a la parte quejosa le transcurrió el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado en cinco de abril del año en curso (fojas 23 a 29), que desechó la demanda de amparo promovida por Tulio Francisco Castillo Valencia, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En esa tesitura, toda vez que de la segunda certificación de cuenta se advierte que el presente expediente se encuentra concluido y no existen documentos originales por devolver, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.
- Principal
(CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de seis de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de cinco de abril del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Tulio Francisco Castillo Valencia, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención impuesta por acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis (fojas 15 a 18), realiza lo siguiente: Precisa la autoridad a la que le imputa el acto reclamado siendo la Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo y a la actuaria de su adscripción. Manifiesta que el número de expediente de origen es el 1091/2012, relativo al Juicio Oral de Alimentos. En ese tenor de ideas, téngase a la parte quejosa desahogando cabalmente las prevenciones inmersas en autos. Sentado lo anterior, se estima oportuno atender lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Previo a determinar la causal de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio se hará interpretando la demanda de amparo en su integridad, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Bajo ese contexto, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, el cual dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Es decir, el numeral recién invocado establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, tenemos que la Ley de Amparo vigente, en su dispositivo 107, fracción IV, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos fuera de juicio, al tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". [Lo subrayado es propio]. Del estudio del segundo párrafo de la fracción antes transcrita se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de acto de ejecución de sentencia, cuando se reclame la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado. Es decir, el legislador acotó el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción IV del referido numeral, especificó que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; de igual forma, tratándose de remates, se entenderá como la última resolución la que, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Para tener plena comprensión de dicha circunstancia, resulta pertinente destacar lo siguiente: Primeramente, debe decirse que el acto reclamado en este asunto es: "IV.- ACTO RECLAMADO: A).- RECLAMO: Del C. Juez Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el auto de fecha diecisiete de febrero del año en curso, mismo que me fuera notificado el día veintiséis del mismo mes y año; en el cual se ordenó lo siguiente: "...Requiérase de nueva cuenta al ciudadano TULIO CASTILLO SANCHEZ en el domicilio ubicado en la esquina que forma la Avenida Chetumal con calle Sergio Butrón Casas, Lote 16, Manzana 110, de la Colonia Andrés Quintana Roo de esta ciudad, (Planta Purificadora AQUA - ACTIVA), para que en el acto de la diligencia pague o acredite haber pagado a la ciudadana ANA PAULA MARGARITA MARTIN CHI, la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 50/100, MONEDA NACIONAL, por concepto de pensión alimenticia definitiva vencida y no pagada correspondientes al periodo de tiempo comprendido del mes de AGOSTO del año DOS MIL TRECE al mes de DICIEMBRE del año DOS MIL QUINCE, a razón de la cantidad liquida de SEIS MIL PESOS MENSUALES, misma a la que fue condenado a pagar el deudor alimentario en la sentencia definitiva de fecha nueve de julio del año dos mil trece, por lo tanto se dicta este auto con efectos de mandamiento en forma y se comisiona al Actuario de este Juzgado para que en el acto de la diligencia proceda a embargar bienes suficientes de la propiedad del señor TULIO CASTILLO SANCHEZ..." el mandamiento de embargar bienes de mi propiedad, sin que tome en consideración que el suscrito ha cumplido a medida de sus posibilidades económicas el pago de la pensión alimenticia a favor de mi menor hija, siendo que el embargar bienes inmuebles de mi propiedad por la cantidad de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS S/C M.N.) se estaría violentando mis derechos, que como consecuencia se estaría causándome una perdida a mi patrimonio, en virtud de que conforme a derecho no se está llevando un correcto proceso, puesto que no se me da el derecho de defenderme conforme a derecho, es decir se manda directamente una orden sin que obre de por medio un incidente de ejecución de sentencia, sino que directamente la Ordenadora emite un auto en el cual haga pago llano o en su defecto se me embarguen bienes de mi propiedad, tal v como lo prevé el artículo 456 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el estado que a la letra dice: [.] Por lo que, bajo esta tesitura, se emite un auto de mandamiento en el cual se determina a pagar una cantidad, de la cual no se me ha vencido en un juicio, sino que se determina una cantidad la C. Juez Oral Familiar, violando flagrantemente el artículo 14 y 16 de Nuestra Carta Magna, sin escuchar a las partes, opta por emitir el auto que me causa un grave perjuicio: (sic). Ya que, este criterio que opta la Juez Oral, es violatorio de mis garantías, toda vez que si bien, el suscrito se encuentra habitando el mismo domicilio con la tercero perjudicada. B).- RECLAMO: Del C. Actuario adscrito al Juzgado Oral Familiar de Primera Instancia de esta Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, la ejecución del auto de fecha diecisiete de febrero del año en curso, ordenado por la C. Juez Familiar Oral de Primera Instancia de esta Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el cual he venido refiriéndome, toda vez que si bien, no existe una sentencia condenatoria que derive de un juicio incidental, en el cual se me haya condenado a pagar una cantidad total liquida, sino que la Juez Oral Familiar emitió un auto en el cual, es violatorio de mis garantías individuales, toda vez que si bien, no me da el derecho de defenderme, violando mi derecho de audiencia con suma notoriedad, así como de legalidad y certeza jurídica, siendo que se emite un auto del cual me aquejo toda vez que sino pago la cantidad que se me requiere me embargan bienes inmuebles de mi propiedad, por lo que de ejecutarse se estaría vulnerando mi derecho de audiencia y me causaría un grave detrimento en mi patrimonio, en virtud de que se me estaría vulnerando en mis derechos y posesiones, ya que independientemente el suscrito no se está negando a pagar, sino que se me requiere cantidades exorbitantes sin que medie un juicio incidental de por medio, toda vez que como he venido argumentando, es violatorio de mis garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 de Nuestra Carta Magna, en el cual el suscrito NO HA SIDO OIDO, NI VENCIDO, por lo que de ejecutarse o dar cumplimiento a dicho acuerdo dictado por La C. Juez Oral Familiar de Primera Instancia de esta Ciudad de Chetumal Quintana Roo, me causa un perjuicio y molestia en mi persona y en consecuencia tal acuerdo implica que debo pagar una cantidad de la cual reitero no existe un juicio incidental en el cual exista una sentencia condenatoria." Esto es, de la anterior transcripción se desprende que la parte quejosa combate por esta vía constitucional el proveído de diecisiete de febrero del año en curso, emitido en el juicio oral de alimentos 1091/2012. Además, atento al contenido de la demanda de amparo y escrito aclaratorio de cuenta, se observa que Ana Paula Margarita Martin Chi es parte actora en el juicio oral de alimentos de origen 1091/2012 del índice del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en tanto que el Tulio Francisco Castillo Valencia [aquí quejoso] es parte demandada en el citado juicio. Asimismo, que el nueve de julio de dos mil trece, se dictó sentencia definitiva en el juicio natural en comento, condenando a la parte quejosa a pagar en favor de Ana Paula Margarita Martin Chi, diferentes prestaciones indicadas en la sentencia que nos ocupa. Siendo el caso que mediante acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis [acto reclamado], la autoridad responsable ordenó las medidas pertinentes y necesarias, tendentes a llevar con prontitud la ejecución de la sentencia definitiva dictado en el juicio oral de alimentos 1091/2012. Analizado todo lo anterior, se tiene que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional, el acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, en el juicio oral de alimentos de origen 1091/2012 del índice del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual se fijaron las medidas pertinentes y necesarias, tendentes a llevar con prontitud la ejecución de la sentencia, en el aspecto monetario de Ana Paula Margarita Martin Chi. Siguiendo esa línea de ideas, es evidente que el acuerdo reclamado [el de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis], fue dictado dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva pronunciado en el juicio oral de alimentos 1091/2012. Entonces, se establece que el acto reclamado, no es el último acto de ejecución, ya que la última resolución en los procedimientos judiciales, para efectos del juicio de amparo, es aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva o, bien, la que declara la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento, y en el caso concreto, el procedimiento de ejecución de sentencia definitiva del juicio oral de alimentos de origen continúa, pues aún no se ha dado cabal cumplimiento a la sentencia de mérito, tal como lo reconoce la parte quejosa en su escrito de demanda. De ahí que el acuerdo que por esta vía se combate, de modo alguno encuadra en los supuestos de lo que se entiende por última resolución en etapa de ejecución para efectos del juicio de amparo. Así las cosas, no procede la vía constitucional biinstancial, pues el procedimiento se encuentra en fase de ejecución de sentencia, y dicho auto reclamado no aprueba o reconoce el cumplimiento total de la aludida sentencia dictado en el juicio oral de alimentos 1091/2012, como tampoco declaran la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio.". Entonces, las posibles violaciones que la parte quejosa considere que le fueron ocasionadas en el acuerdo que señala como acto reclamado, deberá reclamarlas de manera conjunta con la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia emitido en el juicio oral de alimentos de origen o, bien, la que declare la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento. Habida cuenta de todo lo expuesto, se estima que las posibles infracciones que pudieran contener el acto reclamado serían, en todo caso, meramente adjetivas o procesales pues no afectan de manera directa o indirecta derechos consagrados por la Carta Magna, lo cual impide la procedencia del amparo indirecto en su contra, de acuerdo a lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. A mayor abundamiento, debe decirse que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlo por las partes exclusivamente cuando: "a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se pueden afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva", pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable." Lo que significa que el juicio de amparo indirecto procederá excepcionalmente en fase de ejecución cuando I. Infrinja materialmente derechos sustantivos; II. Que tales derechos que se pretenden afectar no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que pretende ejecutarse y III. Que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo ya discutido. Aspecto último que no se satisface en el caso concreto, pues el quejoso manifestó, dentro del apartado del acto reclamado, que él ha pagado en la medida de sus posibilidades económicas el pago de la pensión alimenticia, de lo que se colige que no ha pagado los haberes económicos a los que fue condenado de manera total y que, precisamente, con el juicio de amparo pretende impedir se ejecute lo condenado. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En otro orden de idas, en términos de los artículos 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental y 5, 6, 7, 8 y 9, Título Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos a que se refieren los preceptos antes invocados. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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